Peronismo 2027: la batalla por las PASO define la arquitectura de la sucesión en la Argentina

El martes 9 de septiembre condensó, en una misma jornada, las dos coordenadas que ordenarán la competencia presidencial de 2027. En la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Massa quebró casi tres años de silencio público: participó de un homenaje a José Manuel de la Sota en el hotel Savoy junto a los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, el santiagueño Gerardo Zamora y Carlos Bianco —mano derecha de Axel Kicillof—, y cerró la noche en una reunión reservada con la Liga de Intendentes bonaerenses en la costa de San Fernando. Allí volvió a enunciar la fórmula que repite ante sus interlocutores: “unidad con competencia”, esto es, primarias abiertas en el plano nacional y provincial para dirimir candidaturas.

En paralelo, desde Posadas y flanqueado por el gobernador Hugo Passalacqua, Kicillof sostuvo que el oficialismo pretende eliminar las PASO para impedir que la oposición se organice, y deslizó que dentro del propio Gobierno existen aspirantes a reemplazar a Javier Milei por una versión más amable del mismo programa económico. Acusó, además, al jefe de Gabinete Diego Santilli de negociar recursos con los gobernadores a cambio de votos para la reforma.

La coincidencia no es fortuita. Desde abril, el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de reforma electoral cuyo núcleo es la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El texto permanece estancado en el Senado, donde La Libertad Avanza contabiliza 21 bancas propias y necesita 37 votos —la mayoría absoluta del cuerpo que la Constitución exige para modificar el régimen electoral—. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fijó para el 15 de septiembre la reanudación del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque admitió públicamente que todavía no dispone de los apoyos. A la presión política se sumó una institucional: la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a definir las reglas con suficiente antelación, entre tres y seis meses antes del inicio de 2027.

La hipótesis de trabajo de este informe es que el mecanismo de selección de candidatos determinará si la elección de 2027 enfrenta a un oficialismo cohesionado con una oposición fragmentada, o a ese mismo oficialismo con un peronismo reordenado a través de la competencia interna. Para el Gobierno, eliminar las primarias significa cerrar la oferta electoral en torno a la figura presidencial. Para el peronismo, conservarlas equivale a disponer de un árbitro externo —el electorado— capaz de zanjar una interna que sus propios órganos partidarios no logran resolver.
 

Anatomía de una reforma: el argumento fiscal y el argumento estratégico

El proyecto que la Oficina del Presidente remitió al Congreso el 22 de abril de 2026 tiene cerca de ochenta artículos. Además de derogar las PASO, reformula el financiamiento de los partidos, introduce cambios en la Boleta Única de Papel —entre ellos, un casillero para votar todas las categorías de una misma fuerza—, incorpora el mecanismo de Ficha Limpia para impedir candidaturas de condenados en segunda instancia y endurece los requisitos para obtener y conservar la personería partidaria. El comunicado oficial que acompañó el envío fundamentó la derogación en términos fiscales y de eficacia: las primarias de 2023 habrían costado $45.000 millones sin haber servido para dirimir ninguna interna relevante, de modo que la selección de candidatos debía regresar a la órbita de los partidos y dejar de ser financiada por el contribuyente.

El argumento tiene sustancia. Las PASO se celebraron de manera ininterrumpida entre 2011 y 2023 y, por su carácter obligatorio, forzaban la participación de fuerzas que ya habían acordado listas únicas, lo que en la práctica las convertía en una encuesta nacional de costo elevado. En 2025, el Congreso optó por suspenderlas sin derogarlas, solución de compromiso que dejó abierta la discusión de fondo. La dimensión fiscal, sin embargo, explica menos de lo que oculta.

En un sistema con Boleta Única y un fuerte efecto de arrastre de la categoría presidencial, suprimir las primarias transfiere el poder de confección de listas a las cúpulas partidarias y, en particular, a quien encabeza la boleta. Esa transferencia favorece estructuralmente a una fuerza con un liderazgo indiscutido, como La Libertad Avanza, y penaliza a las coaliciones con conducción policéntrica, que es exactamente la condición del peronismo en 2026. Las PASO cumplían, además, una función de coordinación: revelaban el peso relativo de cada sector antes de la elección general, reducían la dispersión del voto opositor y ofrecían a los perdedores una salida con legitimidad para sumarse al ganador. Eliminarlas no suprime las internas; las devuelve a los despachos, donde la resolución depende del control de los aparatos antes que del respaldo electoral. Emerge un inconveniente de peso, sin embargo: los defensores del sistema hacen a un lado el creciente malestar de una ciudadanía compelida a sufragar con intolerable cadencia.
 

La aritmética del Senado y el precio de los gobernadores

La composición de la Cámara alta explica el estancamiento. Frente a las 21 bancas libertarias, el radicalismo reúne diez senadores y Pro otros tres, y ambos bloques mantienen su rechazo a la derogación. El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, presentó una alternativa para convertir las primarias en optativas, pero anticipó que su espacio no acompañará su eliminación lisa y llana. Según la propia Bullrich, las fuerzas provinciales —entre cuatro y cinco votos— no tienen objeciones de principio, e incluso en algunos casos consideran molesta una instancia electoral adicional en calendarios que se desdoblarán de los nacionales. El problema reside en radicales y PRO, cuyos gobernadores tienen intereses territoriales que exceden las negociaciones parlamentarias.

Esos intereses tienen una formulación precisa. Un mandatario provincial lo resumió sin eufemismos en una reunión con Santilli: sin primarias, las listas quedan en poder de quien las encabeza y los gobernadores pierden la posibilidad de colocar diputados nacionales. La primaria es, para los ejecutivos provinciales, una herramienta de negociación de lugares en la boleta; su supresión los obliga a pactar con el candidato presidencial en condiciones de inferioridad.

La Casa Rosada lo sabe, y por eso la reforma electoral quedó entrelazada con la negociación del Presupuesto 2027, que el Ejecutivo debe remitir al Congreso el 15 de septiembre, el mismo día en que se reanuda el debate en comisión. La coincidencia de calendarios convierte la discusión sobre las PASO en una transacción fiscal implícita, que es precisamente lo que Kicillof denunció como “extorsión”. Su gira por Misiones tuvo, en este sentido, una lectura adicional: el gobernador bonaerense respaldó a Passalacqua en la interna que este mantiene con Carlos Rovira, cuyo espacio había comprometido en junio el voto de sus legisladores a favor de la eliminación. Erosionar esos apoyos provinciales es la manera más eficiente de bloquear la reforma sin necesidad de ganar una votación.

Dentro del propio oficialismo conviven lecturas divergentes. Una fuente con acceso al despacho presidencial anticipó que la reforma probablemente no prospere y que el desenlace sea una nueva suspensión de las PASO para 2027; Bullrich, por su parte, sostuvo que suspender o eliminar las primarias resulta parecido. No lo es: la suspensión resuelve el problema táctico de 2027 sin clausurar el instrumento, mientras que la derogación modifica de manera permanente la estructura de incentivos del sistema de partidos. La caída de la sesión del Senado del 9 de septiembre, por falta de acuerdo con los aliados sobre el régimen de biocombustibles, confirma que la mayoría legislativa del oficialismo se construye tema por tema y que cada votación de alto costo exige compensaciones específicas.
 

Massa y la doctrina de la “unidad con competencia”

La reaparición de Massa se produjo en un momento de envión para el justicialismo: el domingo anterior, un candidato vinculado al peronismo ganó la intendencia de Marcos Juárez —la localidad cordobesa que había sido el kilómetro cero de Juntos por el Cambio— gracias a un acuerdo de unidad entre el cordobesismo y el Frente Renovador. Ante los intendentes, el ex ministro de Economía evitó confirmar si competirá por la candidatura presidencial y se limitó a señalar que su lugar es una cuestión a decidir; sí afirmó que su objetivo es construir la unidad del peronismo en la provincia y a nivel nacional, e invitó a aprender de lo que salió mal en la experiencia del Frente de Todos.

Según participantes del encuentro, Massa se definió como el arquitecto de esa unidad y realizó un análisis provincia por provincia, con énfasis en el endeudamiento de las familias. Su movimiento se inscribe en una dinámica más amplia: quienes no se alinean con Kicillof comenzaron a converger, y en esa convergencia aparecen Zamora —que también aspira a la candidatura presidencial— y la Liga de Intendentes, que se planta como espacio propio frente a la disputa entre el gobernador y Máximo Kirchner. En paralelo, circularon versiones sobre un eventual reparto que ubicaría a Kicillof como candidato presidencial y a Massa como aspirante a la gobernación bonaerense, así como sobre los esfuerzos del líder del Frente Renovador para asegurarse el respaldo de Cristina Kirchner.

La defensa de las PASO es coherente con la posición de Massa. Carece hoy de un aparato partidario comparable al de La Cámpora o al de la gobernación bonaerense, pero dispone de algo que ninguno de sus competidores reúne en igual medida: vínculos transversales con el cordobesismo, con los intendentes del conurbano, con gobernadores del norte y con segmentos del empresariado. La primaria es el único mecanismo que convierte esa red en votos contables. Sin ella, su capital se reduce a capacidad de intermediación. Su pasivo, por otra parte, es conocido: el recuerdo de la gestión económica de 2023. La invitación a aprender de los errores del Frente de Todos puede leerse como el primer intento de administrar esa carga antes de que sus adversarios internos la utilicen.
 

La lapicera en disputa: Kicillof, La Cámpora y la sombra de San José 1111

La interna bonaerense tiene una cronología reveladora. Kicillof recién asumió la presidencia del PJ provincial en el séptimo año de su mandato, en el marco de una lista de unidad que dejó a Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario, el órgano con facultad para convalidar alianzas y candidaturas. La tregua fue breve. El 1 de septiembre, en el acto por el cuarto aniversario del atentado contra Cristina Kirchner frente a su domicilio de San José 1111, Máximo fue el único orador, alentó la reiteración de cánticos que reivindican a su madre como conducción del peronismo —interpretados en la gobernación como una afrenta— y aseguró que la ex presidenta se prepara y que recurrió a Naciones Unidas para reclamar por sus derechos políticos. El kirchnerismo espera un pronunciamiento de ese organismo para octubre.

El episodio sumó un capítulo: el documento de respaldo a la ex presidenta, firmado entre otros por José Mayans, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois, no incluyó a Kicillof ni a los gobernadores justicialistas. La explicación oficial de la gobernación fue escueta: “No nos avisaron”. Kicillof, por su parte, avanza con una agenda propia: consolidación del Movimiento Derecho al Futuro, una gira por provincias gobernadas por el peronismo —Misiones, La Pampa— y un reclamo a la CGT para reabrir paritarias. Consultado sobre una candidatura, sostuvo que es prematuro y que este es un año para construir una alternativa desde las provincias.

El dato más significativo es una paradoja. Según trascendió de la última cumbre entre Massa, Kicillof y Máximo Kirchner, los tres sectores acordaron defender las PASO y el principio de unidad con competencia. Coinciden en el instrumento, pero no en quién administra la lapicera. La explicación es estructural: la primaria desplaza el arbitraje desde los órganos partidarios —donde La Cámpora conserva posiciones decisivas y donde el capital simbólico de Cristina Kirchner opera como poder de veto— hacia el electorado, donde pesan la gestión territorial y la instalación pública. Para Kicillof, la primaria es la vía para convertir su condición de gobernador de la provincia más poblada en una candidatura que no dependa de la bendición de San José 1111. Para el kirchnerismo, aceptar la primaria implica asumir el riesgo de que esa bendición deje de ser condición suficiente. Por ello, la eventual derogación impulsada por Milei tendría un efecto de segundo orden relevante: devolvería la definición al terreno donde el kirchnerismo es más fuerte.

El oficialismo ante el espejo: encuestas, sucesión y el temor al “serrucho”

La ofensiva contra las primarias no puede disociarse del estado de la opinión pública. El relevamiento de AtlasIntel y Bloomberg, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 casos, registró una leve mejora en la aprobación del desempeño presidencial, del 37% al 38,1%, con una desaprobación que descendió del 62% al 58%. La imagen personal de Milei, en cambio, retrocedió del 39% al 35% en su valoración positiva, y la negativa trepó al 62%. Las expectativas tampoco acompañan: el 49% de los consultados anticipa un empeoramiento de la situación económica en los próximos seis meses, contra un 37% que espera una mejora. Otro estudio, de Pulso Research, había detectado en julio que por primera vez desde el inicio de la gestión quienes responsabilizan al Gobierno por la situación económica superaban a quienes seguían apuntando a la administración anterior.

En ese contexto, la eliminación de las PASO cumple una doble función para la Casa Rosada. La primera es la que denuncia la oposición: dificultar la coordinación de un peronismo sin liderazgo único. La segunda, menos explicitada, es interna: impedir que una primaria abierta en el espacio no peronista habilite la emergencia de un competidor capaz de disputarle a Milei el voto antikirchnerista. Kicillof formuló esa segunda hipótesis de manera deliberadamente provocativa, pero su diagnóstico tiene lógica. Con una aprobación que oscila en una franja de entre 30 y 38 puntos, la estrategia óptima del oficialismo es una primera vuelta polarizada en la que Milei sea la única opción disponible frente al peronismo. Cualquier instancia que abra la posibilidad de una alternativa dentro de su propio electorado —un dirigente de Pro, un radical con gestión provincial o una figura del propio Gobierno— erosiona esa estrategia.

El propio oficialismo no es ajeno a ese dilema. Hasta fines de agosto, un sector del Gobierno dudaba de avanzar con la eliminación por temor a que la oposición diera un batacazo en 2027 sin margen para una recuperación posterior. La decisión finalmente adoptada —insistir con la derogación, con la suspensión como plan de repliegue— revela que la conducción política encabezada por Karina Milei y Santilli prioriza el control de la oferta electoral por sobre la flexibilidad que ofrecerían las primarias ante un eventual deterioro de la imagen presidencial.


Conclusiones accionables

Escenario más probable: suspensión negociada. La combinación de la presión de la Cámara Nacional Electoral, la falta de votos para la derogación y el calendario presupuestario favorece una salida intermedia: la suspensión de las PASO para 2027, a cambio de concesiones fiscales a los gobernadores y del tratamiento de Ficha Limpia, reclamo prioritario de PRO y la UCR. Este desenlace permitiría al Gobierno exhibir un logro parcial sin clausurar el instrumento.

Escenario posible: primarias vigentes. Si radicales y Pro sostienen su rechazo, las PASO se celebrarían en 2027. El peronismo tendría entonces un mecanismo para resolver la competencia entre Kicillof, Massa y eventuales candidatos del interior, y el oficialismo debería decidir si presenta a Milei sin competencia o tolera una primaria en su espacio.

Escenario menos probable: derogación definitiva. Requiere quebrar la resistencia de al menos una parte del radicalismo y de Pro. De concretarse, trasladaría la definición peronista a los órganos partidarios, donde el kirchnerismo conserva poder de veto, e incrementaría el riesgo de fragmentación opositora.

Indicadores a monitorear. El resultado de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 15 de septiembre; la reacción de los gobernadores al proyecto de Presupuesto 2027; el eventual pronunciamiento de Naciones Unidas sobre la situación de Cristina Kirchner, previsto para octubre; la evolución de la imagen presidencial en las mediciones mensuales; y el resultado de las elecciones brasileñas. Para tomadores de decisión, la variable crítica es la fecha de definición de las reglas: cuanto más se demore, mayor será la prima de incertidumbre que el mercado asigne a 2027.