La Apuesta al Reloj: Kicillof rechaza la unidad ahora, para negociarla mejor en marzo

El gobernador bonaerense resolvió postergar todo acuerdo electoral definitivo con el Frente Renovador y con el sector que conduce Máximo Kirchner, y aceleró en su lugar la construcción de una estructura nacional propia mediante el Movimiento Derecho al Futuro, incorporando dirigentes del peronismo federal, sindicalistas, intendentes y referentes provinciales distantes del kirchnerismo duro. El razonamiento que trasciende de su entorno es de cálculo temporal: acordar hoy implicaría hacerlo en paridad, mientras el escenario de marzo de 2027 lo encontraría fortalecido. 
 

El movimiento y su lógica declarada

Los hechos verificables son tres. El gobernador difirió la formalización de entendimientos con las dos vertientes con las que debería componer una candidatura competitiva. Simultáneamente, intensificó la expansión territorial de su vehículo propio, sumando sectores que no responden a la conducción histórica del espacio. Y sostuvo públicamente la vigencia del sistema de primarias abiertas como mecanismo para dirimir una eventual competencia presidencial.

El razonamiento que circula desde La Plata es explícito y de aritmética elemental: un acuerdo suscripto en el presente se cerraría en condiciones de igualdad, cuando la expectativa consiste en llegar al año electoral con mayor poder relativo. La misma lógica se extiende a la conformación de las listas, que es donde el poder relativo se convierte en cargos.

La conducta resulta inhabitual en la tradición del espacio, y ese es precisamente su interés analítico. El justicialismo ha construido históricamente su competitividad mediante la unidad anticipada, incluso al costo de programas contradictorios. Rechazar la unidad como estrategia de negociación supone invertir esa premisa fundacional.

La contradicción interna de la apuesta

En este punto, identificamos la vulnerabilidad central del diseño, y no ha sido señalada en la cobertura disponible.

La estrategia demanda dos condiciones simultáneas. La primera es tiempo: el fortalecimiento territorial necesita meses de despliegue. La segunda es la supervivencia de las primarias abiertas, porque ese instrumento le permite construir autonomía sin quebrar la unidad formal del espacio, compitiendo en las urnas en lugar de negociar en una mesa que no controla.

El problema reside en que la segunda condición no depende de él. La suspensión de las primarias se dirime en el Congreso, donde el oficialismo nacional dispone de la iniciativa, fijó el objetivo de resolverlo antes de octubre y negocia activamente con gobernadores dialoguistas. Si la norma cae, el gobernador quedaría obligado a dirimir su candidatura en una instancia partidaria donde el sector que conduce el órgano deliberativo bonaerense y la conducción nacional del partido tienen mayoría estructural. En términos estrictos: está apostando su estrategia a la persistencia de una regla que su adversario puede derogar.

Cabe agregar una restricción material que agrava el cuadro. El espacio carece de las condiciones prácticas para organizar una interna autogestionada de alcance nacional: gobierna un número reducido de provincias, tiene el partido intervenido en varios distritos, y no dispone de padrón actualizado. La alternativa de reemplazar la validación estatal por una compulsa propia no es técnicamente viable en el plazo disponible.

El Método: penetración en lugar de negociación

La expansión del vehículo propio no se ejecuta sobre territorio neutral. El episodio más ilustrativo de la semana ocurrió en Salta, donde el vicegobernador Antonio Maroco planteó, ante una mesa cabecera que integraban Julio Alak, Verónica Magario y Juan Manuel Abal Medina, que corresponde organizar primero al peronismo y después seleccionar al mejor candidato. La provincia está gobernada por un aliado histórico del titular del Frente Renovador, que además ha acompañado varias iniciativas del oficialismo nacional.

Nuestra lectura del episodio es la siguiente: el armado bonaerense avanza sobre las bases provinciales de sus competidores internos en lugar de negociar con ellos en el nivel central. Se trata de una técnica eficaz de acumulación de corto plazo, y produce un pasivo previsible. Los dirigentes cuyos territorios son penetrados no reaccionan con neutralidad, y su resentimiento resulta convertible en veto, llegado el momento de las definiciones. La construcción territorial genera votos internos y, al mismo tiempo, adversarios con capacidad de bloqueo.

Existe un elemento adicional que refuerza la lectura. La incorporación de dirigentes sindicales y de intendentes provenientes de estructuras ajenas al kirchnerismo duro configura una coalición cuyo denominador común es negativo: lo que une a sus integrantes es la distancia respecto de la conducción histórica, no una plataforma compartida. Las coaliciones edificadas sobre denominadores negativos exhiben cohesión notable durante la fase de acumulación y fragilidad marcada en el momento de repartir posiciones, precisamente porque carecen de criterio programático para dirimir prioridades.

Corresponde registrar que el gobernador acompañó esa expansión con iniciativas de gestión de alto impacto social, entre ellas un plan orientado a atenuar la crisis de los deudores en situación de mora incobrable. La articulación entre agenda pública y construcción partidaria constituye el rasgo más profesional de su despliegue.

El antecedente que conviene no ignorar

La historia del justicialismo ofrece un patrón que ilumina el riesgo asumido. Los liderazgos que edificaron estructuras paralelas al aparato partidario obtuvieron con frecuencia victorias internas y encontraron dificultades severas en la elección general, cuando el aparato desplazado retiró su colaboración o la prestó de manera deliberadamente ineficaz. La maquinaria territorial peronista no requiere ganar una interna para determinar un resultado nacional: le basta con abstenerse de trabajar.

Ese antecedente sugiere que la disyuntiva del gobernador no se resuelve con más construcción. Un vehículo propio muy fuerte que llegue a la elección general enfrentado con el aparato histórico reproduce el escenario de 2015 y de 2019 en versiones distintas. La eficacia del proyecto depende, en última instancia, de una reconciliación que la propia estrategia de postergación vuelve progresivamente más costosa.

Escenarios y variables de verificación

Identificamos tres desenlaces. El primero contempla que la reforma electoral no prospere, el gobernador llegue fortalecido a marzo y dirima su candidatura en primarias con probabilidades favorables. El segundo, que a nuestro juicio conserva probabilidad equivalente, supone la aprobación de la suspensión de las primarias y la consiguiente obligación de aceptar un candidato consensuado en instancias partidarias donde su influencia es menor. El tercero, de menor probabilidad, contempla la ruptura y la competencia con sello propio, alternativa que lo expondría ante su electorado como responsable de la división.

Tres indicadores permitirán seguir la trayectoria. El primero es el tratamiento parlamentario de la suspensión de las primarias, que constituye la variable ordenadora de todo el expediente. El segundo es la capacidad del vehículo propio de incorporar una segunda gobernación, prueba concreta de que la expansión excede el territorio de origen. El tercero, más sutil, es la evolución del vínculo con la conducción histórica del espacio: la ausencia sostenida de encuentros formales operará, llegado el momento de las definiciones, como el pasivo más oneroso de la estrategia.

La conclusión que extraemos es de economía política antes que de coyuntura. El gobernador está administrando correctamente los activos que controla —territorio, gestión, agenda social— y ha subordinado el resultado a un factor exógeno cuya definición corresponde a su principal competidor nacional. Esa asimetría constituye el verdadero riesgo del diseño.