Argentina: inteligencia de primera, e inteligencia de segunda

En vistas de la reciente derogación del denominado Decreto Garré, que virtualmente dejaba inerme al país en materia de Defensa Nacional y limitando estrictamente su accionar ante alguna supuesta agresión de parte de un Estado extranjero, es posible inferir que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha tomado la decisión correcta, en el sentido de retornar, sin mediar preámbulos, a la ley de Defensa Nacional vigente al momento del mencionado decreto de la ex Ministro de Defensa identificada con el kirchnerismo. El ahora extinguido Decreto, a decir de fuentes habitualmente apropiadamente informadas, contenía una profunda carga ideológica filosetentista y portaba una profunda influencia de Horacio Verbitsky.

Incursionando ya en el meollo de la cuestión actual de esta reforma Militar, habrá de tenerse en consideración el rol a desempeñar próximamente por la Inteligencia Militar. En la práctica, no existe hoy ejército en el planeta que no cuente con la reunión de información que porporcione a los comandantes detalles sobre el estado de situación del teatro operacional. En tal sentido, también habrá de subrayarse que las directivas de la actual reforma no están para nada claras. Mucho menos se respaldan en marcos legales adecuados al siglo XXI y a las nuevas hipótesis de conflicto.

Revisando la legislación, desde la disolución de la SIDE y posterior creación de la AFI, se observa que su estatuto, Decreto 356/2015, publicado con fecha 09/05/2016, explicita las actividades a desempeñar por la mencionada agencia, a saber, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armamento y personas, ciberdelito, delitos contra el orden económico yfinanciero, financiamiento y lavado de activos con origen en las actividades descriptas. Tras lo cual, queda perfectamente establecido el marco legal de actuación para el personal de inteligencia.

Este referido marco legal es el imprescindible para la actuación de las fuerzas armadas argentinas, provisto que no puede existir inteligencia de primera, conviviendo con una inteligencia de segunda categoría, habida cuenta de que el personal -conocido bajo el acrónimo de PCI, o personal civil de inteligencia, tanto o más capacitado que su par civil en AFI- tiene taxativamente prohibido el prestar servicios en funciones operacionales como las detalladas en estatuto de AFI.

Sin embargo, la Ley 25.520 comprende a todo el personal de inteligencia de las distintas fuerzas y armas, pero en su oportunidad se solicitó que el estatuto que rige la Agencia Federal de Inteligencia debiera ser exactamente idéntico al que rija a la actividad de espionaje de las Fuerzas Armadas. Este hecho, al ser evaluado desde la óptica de la legislación que hace a contratos de trabajo, se respalda en la premisa básica de "A igual prestación de servicios, idéntica remuneración". Este punto remite a la madre de todas las batallas -en la óptica de algunos-, conforme los elementos pertenecientes a AFI cuentan con haberes notablemente superiores y regularizados. Mientras tanto, los agentes de las fuerzas armadas de la Nación deambulan por tribunales, invirtiendo el grueso de su tiempo en exigir justicia a partir de haberes mal liquidados. Por cuanto se los ha destratado durante años con la tristemente célebre etiqueta de "suma fija no bonificable ni remunerativa".

Quien esto escribe, se ha ocupado de indagar quién o quiénes serían los individuos que se niegan a establecer las condiciones del trabajo en el rubro en conformidad con los considerandos de la Ley 25.520. Ante las consultas, las múltiples respuestas coinciden en señalar como responsables a María Noel Costa, quien oficia de Directora en la DNIEM (Dirección Nacional Estratégica Militar). En rigor, se trata de una letrada oriunda de la Provincia de Córdoba que, como es sabido en el mundillo político, obedece al Ministro de Defensa Oscar Raúl Aguad.

De tal suerte que, al darse por confirmadas estas versiones, no será difícil concluir que la Administración Cambiemos ha preferido volcarse al archiconocido gatopardismo, esto es, a proponer cambios... para que nada cambie.

Al cierre, y si de lo que se trata es de arrojar luz sobre la cuestión, es lícito referir que la reforma, de no quedar amparada en un marco legal propicio y que contemple sin vueltas a las actividades vinculadas a la inteligencia, en definitiva, terminará asistiéndose a una reforma que rematará como todo lo que se empieza en la Argentina, es decir, de la peor manera. Lo evaluado hasta aquí certifica que la reforma exhibe un carácter declaradamente precario, perentorio e inocuo. Muchos conocemos de primera mano la explicación que subyace a la hora de explicarlo: la adhesión a revanchismos ideológicos -ya explícitamente anacrónicos y extemporáneos- han impedido que la cuestión vital de la Defensa Nacional sean abordados como corresponde. Después de todo, la República Argentina no ha dejado de ser un país que ocupa el octavo puesto a nivel mundial en lo que a extensión de territorio se refiere. Adicionalmente, sus fronteras son -todo mundo podrá comprobarlo- son inaceptablemente porosas. El nivel de credibilidad de la dirigencia política del país se agrava aún más en este rubro, al tenerse presente que la nación ha sido víctima de dos atentados terroristas de magnitud.

Tras lo cual, hemos de refrescar que un ejército victorioso se alza primero con la supremacía, y recién después de sopesar las posibilidades de victoria es que decide entablar batalla. Si este es el verdadero objetivo, pues entonces deberá encontrarse bien informado, al servicio de la Nación pero, a tal efecto, deberá recolectar información que pueda ser utilizada en tiempo y forma.