Precios justos versus precios injustos: otra confrontación irreal en la galería de mitos criollos

Hace pocos días. el Estado anunció una novedosa campaña, esta vez, vinculada a 'precios justos'. Este maridaje entre sustantivo y adjetivo nos autoriza a creer que su opuesto debe de existir para justificar la contradicción: aparece en el horizonte el concepto de 'precios injustos'. Ahora, bien; un elemento ajeno a la ciencia económica ejercita un silencioso ingreso, aunque comporta una gravitación eventualmente riesgosa: la cuestión ética. Se trata de un objeto extraño que la investigación del tema precios obliga a expulsar si se pretende evitar que la cuestión mute en un mero entretenimiento para trasnochados (nuestra intención era insertar 'trasnochados de café', cuando nos acordamos que los sub-40 de hoy no conocieron cafés como La Paz, el Ramos, o el Politeama, arrasados por cierto decadente modernismo).
 

Compartiremos, en consecuencia, un listado tentativo sobre las posibles extensiones significativas en torno a los 'precios justos':

1. Según el texto oficial que acompañó el lanzamiento, son justos los precios estables. De ahí el compromiso de una adecuación controlada de los mismos durante ciento veinte días, a partir del acto voluntario de cierto número de empresas. Desde este punto de vista, en un país descalabrado por la segunda inflación más alta del orbe, el hecho de que los precios de 1.500 productos no observen incrementos unitarios superiores al 16% por un lapso de cuatro meses, remite a un curioso fenómeno de beatificación instantánea, por lo que pueden alardear de 'justos'.  La interpretación inicial es tan inconsistente, que cabe sospechar que se quiere decir algo más. Quizás se haya estimado que, si el aumento de precios de bienes inprescindibles y otros no tanto, coincide con un aumento paralelo del ingreso de los sectores medios y bajos, este magno acontecimiento volverá legítimo al adjetivo. No obstante y, en realidad, los salarios formalizados no crecerán este año más allá de lo convenido, habiéndose pactado en la mayoría de los acuerdos de paritaria sistemas de revisión para marzo y abril de 2023, y en cuanto los salarios no formalizados -un 50% del total de las contrataciones- crecerán en lo que queda de 2022 un 30% menos que sus hermanos blanquecinos. Ergo, un sistema de precios sería 'justo' si no agravara el poder de compra de la población que busca amparar. Sin embargo, emerge aquí otro problema: se estaría calificando como 'justo' a un sistema que convalida la caida del poder de compra de los sectores bajo-medios. El sistema se legitimaría porque, cuando menos, impediría la expansión de los niveles de pobreza, dando por perdida transitoriamente la batalla para reducir el porcentaje de un 50% de argentinos pobres, en la nación que tutela las praderas más feraces del planeta y que suele caracterizarse por un nivel de exportación de alimentos digno de atender cómodamente las necesidades de, aproximadamente, trescientos millones de seres humanos. 

2. El precio es la contraprestación en dinero que se entrega a cambio de bienes y servicios. En la composición del precio, se han señalado -de acuerdo a distintas escuelas económicas- la suma del costo de los elementos requeridos para la producción del bien o el nivel de trabajo incorporado a  los mismos, entre decenas de variables. Lo esencial consiste en consignar que, en una sociedad de mercado, sin las deformaciones incurridas por monopolios u oligopolios, en un marco de transparencia y con mínima injerencia de la regulación estatal, será el libre juego de la oferta y la demanda lo que determinará el precio. En un sentido, que podría parecer irritante, es justo aquel precio que se conformó en el contexto indicado. En un sentido teórico, la codicia deviene aquí en una motivación legítima de los actores, en razón de que la sumatoria del accionar condicioso entrará en una puja de preeminencia que acotará las ambiciones a lo que el mercado determine. Acto seguido, la incorporación del concepto de precio justo como precio moralmente aceptable destartala el sistema: el grupo dominante que en un momento dado monopoliza el control del Estado (por ejemplo, el Estado burgués, gerente de la clase dominante en la concepción marxista, o 'los capitanes de la industria nacional' en el nacional-liberalismo) interviene en el mercado con el objetivo de regular precios, bajo el argumento de que su accionar impide la revolución de los asalariados o la alteración del orden que preserva la continuidad de su estrctura de privilegios. En tal contexto, y entre nosotros, el remedio anestésico de la emisión descontrolada carcome los salarios vía inflación: los presuntos beneficiarios terminan cediendo participación en la gran torta nacional (PBI), como sucede en la Argentina desde hace unos cincuenta años, al menos, con la excepción de brevísimos períodos de recuperación -rápidamente fagocitados.

3. Dialogo verídico, registrado en algún arrabal no identificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

-¿A cuánto la lechuga..?

-$1.300.

-Pero, ¿por qué..?

-Porque la gente lo paga, Señora...

Es improbable que el verdulero haya cursado un MBA, pero en su brevísimo tratado de economía política ha resumido el problema teórico en torno a los precios. Amén de la cadena de insumos que integran un bien o la densidad de trabajo que incorporan, un bien puede variar de precios por encima de los pronósticos, a consecuencia de una sequía, de una expectativa devaluatoria en los exportables, de una crisis de gobierno, o de la caída inminente del Ministro de Economía, del establecimiento repentino de gravámenes a la importacion, de una crisis terminal de divisas disponibles, de la difusión de la noticia de que una bacteria que afecta al tomate criollo produce demencia senil... y siguen las firmas.

Es tan complejo definir precio justo, que los empresarios que aceptaron el convite del Estado por el comentado período de ciento veinte días, lo han hecho sólo porque el Leviatán les ha prometido facilidades cambiarias y crediticias que saciarán con creces el sacrificio prometido.

Un elemento para agregar a la confusión general: el sistema sólo sera monitoreado (aunque tampoco parece seria la mecánica de contralor) en los grandes supermercados. Mismos que, si hemos de tomar prestados datos oficiales (INDEC dixit), comercializan apenas el 16% del total de transacciones atadas al programa. De tal suerte que es dable esperar que la moral del almacenero en los arrabales del AMBA se convierta en fiel centinela del plan tutelar.