Colombia: saneamiento fiscal y libertad económica

Cuando se habla de salud fiscal en Colombia, no ha de pasarse por alto la ley de inversión social 2155 de 2021. La misma plantea cambios interesantes en materia de tributación, busca dinamizar la economía -sin dejar de lado la crisis derivada de la pandemia, tras un paro nacional que comportó efectos aún más nocivos que el propio COVID-19. 

 

La reforma de referencia presenta 65 artículos con diversas modificaciones, entre ellas, la tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, recortes del gasto público, subsidios para los colombianos, incentivos para la creación de empresas y la vinculación laboral. Entre las exenciones de beneficios tributarios, dispone una exención del impuesto nacional al consumo (INC) en restaurantes, exención transitoria para servicios de hotelería y turismo -extendiéndose hasta el 31 de diciembre del 2022- y una extensión de la exclusión de IVA en los incentivos de premios inmediatos de juegos de suerte y azar.

 

La propuesta se basa en dos objetivos centrales, con el fin de recaudar y proceder a un saneamiento fiscal. El primero consiste en el aumento de la tarifa del impuesto sobre la renta depersonas jurídicas del régimen ordinario -elevándose al 35% a partir del primero de enero del presente año. En el segundo, busca propiciar la normalización de los evasores que aún no declaran activos, al mes de enero de 2022. 

 

En un informe detallado realizado por PricewaterhouseCoopers, se explicitan ocho puntos centrales a efectos de comprender la presente reforma tributaria, proyectada para 2022. Allí, se establecen aspectos importantes que coadyuvan a la economía a dar un impulso frente a la crisis generada por el paro nacional del 2021 -del cual el país aún no ha podido recuperarse-, destacándose el incentivo tributario para empresas con economía Naranja; exenciones especiales a los días sin IVA, para ser establecidos de manera anual mediante decreto; el mismo apoyo a empresas afectadas por el paro nacional (Art. 26 de la L. 2155), incentivos para el pago oportuno de los impuestos, y por último, el Incentivo para la creación de nuevos empleos (Art. 24 de la L. 2155). 

 

El saneamiento fiscal y tributario de la presente reforma enfrenta, hoy por hoy, un reto electoral en 2022. Sin embargo, el panorama podría modificarse a partir de la asunción de un nuevo presidente, teniéndose en consideración que de la puja electoral tomarán parte candidatos que apoyaron el paro nacional y que se nutrieron de él mediando un discurso de tono populista y demagógico. El citado paro de actividades contribuyó a recrudecer la crisis económica, propiciando destabastecimiento, un aumento del desempleo, y la proliferación de empresas privadas en quiebra. 

 

Las políticas fiscales afectan de forma notoria a la economía, incluyendo la iniciativa privada. Impedir el crecimiento económico a través del aumento de impuestos cierra los caminos a la posibilidad de crear una empresa, lo cual se traduce en un retroceso de los índices de empleo. A mayores índices de tributación y mayor proliferación de entes estatales, mayor es la amenaza para la libertad económica; el resultado es un colapso de la economía nacional. En consecuencia, la exención de impuestos a pequeñas y medianas empresas es una salida razonable.

 

En vistas de lo anterior, resulta fundamental atender a la visión de país que portan los diferentes candidatos, particularmente el modo en que contemplan a la política fiscal y tributaria.