Justicia marplatense: la metamorfosis de la oruga

El entuerto judicial al que asiste el país en las últimas horas, se replica con remarcable perfección en la órbita de la justicia federal de localidades específicas del interior del país. Por caso, la ciudad de Mar del Plata.

En paralelo a las causas por corrupción, corren con ritmo cansino -pero con fuerza- las causas por crímenes de lesa humanidad, registrados durante la década del setenta. Si la Administración Macri aún no ha sabido posicionarse de cara al Poder Judicial, mucho menos supo hacerlo en el áspero terreno de los derechos humanos. Y, así como comienza a correrse el velo sobre el desquicio de las cuentas públicas que legara el kirchnerismo, también empiezan a descubrirse los vínculos entre el poder político y el poder judicial en procesos vinculados a la violencia política setentista. La ciudad balnearia, lejos de constituír una excepción, acaso se exhiba como la muestra más cabal de aquéllo. 

El interrogante, por estas horas, se centra en dilucidar si las sospechas que recaen sobre las conductas de aquellos cuya tarea es impartir justicia no generan un efecto contrario al buscado, en los procesos que instruyen. En otra palabras, si -como se presume- sería necesario poner sobre el tapete la autoridad moral de los acusadores.

Conforme se informara ya desde este espacio, en Mar del Plata se está llevando a cabo actualmente un juicio oral y público contra ex miembros de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), a raíz de un total de ocho homicidios registrados en la ciudad entre marzo y junio de 1975. No es la naturaleza de los hechos lo que está en discusión. Pero, toda vez que se indaga en los pormenores de aquellas noches aciagas con la debida profundidad, la autoría (tanto intelectual como material) sigue sin estar clara. Es en este punto cuando se multiplican las preguntas.

La causa CNU (número 13.793) y fue iniciada formalmente por una denuncia del fiscal Daniel Adler. Sin embargo, previo a esa presentación, tuvieron lugar los denominados 'juicios por la verdad' que, aún cuando no se caracterizaron por fuerza punitiva, sirvieron a la hora de proporcionar argumentos jurídicos para una potencial causa, en la forma de testimonios y acusaciones. Estos juicios -si acaso les cabe semejante nomenclatura- fueron instruídos oportunamente por los miembros del Tribunal Oral Federal, Doctores Roberto Falcone y Mario Portela, bajo el auspicio del camarista Dr. Jorge Ferro. La testigo 'reservada' que diera inicio a la causa fue Mirta Masid -en su momento, pareja de un ex CNU ultimado en San Juan hacia fines de 1975, de identidad Carlos González (alias 'Flipper'). El letrado designado ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) fue el Dr. César Sivo. El detalle se completa con el listado de los acusados: Gustavo Demarchi, Jose Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel, Marcelo Arenaza, Piero Asaro, Fernando Otero, Mario Durquet, Raúl Moleón, y Raul Viglizzo.

La discusión sobre el proceso de referencia pone el foco en tres aspectos: la autoría de los crímenes investigados, su tipificación como delito de lesa humanidad, y la plétora de denuncias cruzadas entre acusados y acusadores. Durante el mediodía del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni conducía su Citröen 3CV por la calle Formosa, aprestándose a cruzar Güemes. Se dirigía a la clínica a visitar a su hija, que había nacido a las 2 de la madrugada. Piantoni jamás llegaría a destino: ráfagas de ametralladora disparadas por, en apariencia, un comando de la organización Montoneros, pusieron fin a su vida. En cualquier caso, este crimen jamás fue investigado -por lo tanto, se desconoce la identidad real de los perpetradores. Aquella noche, en ocasión del velatorio del abogado -sindicado como líder de la CNU local-, los participantes habrían jurado vengarse, lo que se conocería luego como el '5 x 1'. Así fue como, en la madrugada del 21 de marzo, cinco individuos fueron asesinados: un militar retirado de nombre Jorge Videla, sus hijos y su sobrino, 'Pacho' Elizagaray (militante de la izquierda peronista), y un médico cirujano llamado Bernardo Goldemberg.

Del testimonio de la testigo Mirta Masid, surge el siguiente relato:

'A poco metros del féretro, la viuda de Piantoni está sentada y habla casi sin mover la boca. Masculla: "Quiero la cabeza de los responsables acá". Sus interlocutores comunican el deseo de la mujer. Sobre el cajón del muerto, se planea la venganza'.

La escena puede remitir perfectamente a alguna barroca secuencia de 'El Padrino', o bien a cualquier otra producción con mafiosos y consiglieri como protagonistas centrales. No obstante, testimonios recogidos por parte de personas que tomaron parte del velatorio de Piantoni, aseguran que esto nunca pudo haber pasado, en virtud de que la viuda del letrado difícilmente podía haber estado presente: acababa de dar a luz. 'Sólo fue al final, para cerrar el cajón', rememoran tres testigos diferentes.

En las últimas audiencias, se sucedió un cúmulo de testimonios, que colaboraron para arrojar dudas sobre la versión oficial de los hechos. 'En verdad, esta causa está sustentada sólo en declaraciones. Dicen esto, dicen aquello, me contaron…. Nada sólido. Ni una prueba', certifica un letrado local -profundo conocedor de la causa. En la audiencia del 11 de abril próximo-pasado, la jornada dio inicio con el testimonio del periodista Adrian Freijó, ex militante de CNU hasta el año de 1971. Resaltó que dicha agrupación era solo una más dentro de las tantas de la época pero que, en efecto, y luego de aquel año, el escenario cambió. 'Yo me fui a Buenos Aires en 1971. Cuando volví en 1975, empecé a ver caras desconocidas en la CNU', dijo. Y remarcó a posteriori que la Triple A, sindicada como el sostén estatal del accionar de la Concentración, sólo giraba en torno al Ministerio de Acción Social y que, por tanto, carecía de 'sucursales' en el interior del país. Finalmente, aseguró Feijó que Gustavo Demarchi, acusado de ser el líder de la 'asociación ilícita enmascarada dentro de CNU', ex Fiscal de Mar del Plata entre 1974 y 1977, y detenido desde Febrero de 2011, 'jamás pudo ser parte de la agrupación, porque era un ferviente militante contra la Iglesia. Quien no era católico, no encontraba punto de conexión con la CNU'.

Otro raconto individual de la referida audiencia fue el del abogado Luis Irós; éste afirmó haber concurrido al velorio de Piantoni, pero que no vio armas de fuego ni escuchó hablar de venganza. A continuación, aportaría un dato no menor, y ya tratado en esta serie de artículos en El Ojo Digital: 'Del 5x1, se comentaba que fue obra de los servicios', aseguró. Al concluir su testimonial, relató que, en una oportunidad, preguntó al propio Piantoni si Demarchi militaba en su compañía, a lo que el letrado asesinado replicó que el ex fiscal era ateo y renegado, y que nunca hubiese podido militar con él. 

Otro testimonio de la jornada fue el del Dr. Alberto Dalmasso, también ex miembro de CNU. Dijo que Demarchi era amigo de Piantoni pero no congeniaba con los integrantes de la agrupación. Agregó a su vez que concurrió al velorio, que no vio armas ni escuchó hablar de venganza y que la viuda llegó al final y estuvo solo 5 o 10 minutos. En relación a la causa, confesó haber sentido temor de quedar imputado y que el comentario extendido en los pasillos de Tribunales es que la causa fue armada para inculpar a Demarchi.

Complementariamente, en Mar del Plata ha comenzado a ganar fuerza el aporte testimonial de un encumbrado abogado, que ocupa un cargo trascendente en un juzgado federal de la ciudad. El testigo refiere: 'La causa se les está cayendo. Yo no sé nada de la CNU, pero da toda la sensación de que esto fue armado. Lo querían agarrar a Demarchi, y fueron deteniendo y acusando a todos los que militaron en CNU en 1975. Yo creo que van a quedar todos absueltos. Lo que pasa es que Demarchi fue siempre fue muy soberbio'. Un magistrado federal tomó la iniciativa, y comentó a este medio que la causa 'se fue armando a partir de testimonios que inculpan a Demarchi'. Las sospechas comienzan a acopiarse.

El resto de los imputados eran, en su mayoría, abogados de uniones sindicales en aquellos tiempos. Nada más. Otro ciudadano -vinculado al derecho, y que fuera involucrado en la causa- comparte su punto de vista: 'Esto no tiene pies ni cabeza'.

Un apartado que también es materia de discusión en el ámbito de la justicia marplatense remite al nebuloso pasado de jueces, abogados y fiscales que fueron instruyendo la causa. Quienes concentran toda la atención en este terreno son Roberto Falcone, Mario Portela, y César Sivo.

Falcone y Portela integran el Tribunal Oral Federal en lo Criminal desde 1994; fueron ellos quienes llevaron a cabo los 'juicios por la verdad', escalón primigenio de la causa. Sobre ambos magistrados se han formulado no pocas acusaciones. Previo a desempeñarse como juez del tribunal de referencia, Roberto Falcone supo defender en la causa 18.348, caratulada 'Schwartzman, Celia Beatriz; Ghisaura, Ester Edith y Manes, Julia Inés s/ vejámenes ilegales y apremios ilegales, abuso de autoridad, daño', a funcionarios policiales acusados de delitos de torturas, apremios, vejámenes ilegales y privación ilegal de la libertad. La sentencia condenatoria data del 18 de agosto de 1980, y el Juez de Instrucción fue Pedro Federico Hooft, acusado en 2006 de delitos de lesa humanidad, a la postre absuelto por el jury de enjuiciamiento en 2014, con un contundente 8 a 2. El actor central en la parte acusadora era el Dr. César Sivo.

El 7 de mayo de 1984, fueron detenidos en Mar del Plata dos individuos, en posesión de armas de fuego y de un vehículo robado; uno de ellos alegó ser Mayor del Ejército y miembro de la entonces SIDE. Se desprende de sus propias afirmaciones que se habían trasladado a la ciudad para cumplir una misión de carácter 'importante y reservado'. A fin de cuentas, uno de los detenidos resultó ser Juan Martín Ciga Correa, cómplice del asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires, miembro de la Alianza Anticomunista Argentina y oficial de enlace entre la tentacular DINA chilena y la dictadura argentina. El detalle de color podría sorprender a analistas y entendidos por igual: el abogado defensor de Ciga Correa fue Roberto Falcone.

En su recordada 'Carta abierta a Mario Portela' (fechada el 11 de octubre de 2002), el periodista Amílcar González, secuestrado el 25 de marzo de 1976 y ya fallecido, criticó con suma dureza al Juez del Tribunal. Con filosa ironía, le cuestiona severamente el haberse autoproclamado como paladín de los derechos humanos, habiendo sido funcionario judicial durante la dictadura: 'En marzo de 1976, fue designado profesor interino de Introducción al Derecho Aplicado al Turismo (...) No se podía estar en la Universidad en aquellos años sin el acuerdo de los militares (...) ¿Qué arreglo hizo para ganar en la Universidad cuando todos perdían? ¿Qué tuvo Usted que no tuvieron los cientos de activistas estudiantiles capturados, los profesores perseguidos, los abogados muertos, los fusilados, gracias a cuya sangre usted se trepó al podio del Juicio por la Verdad?'. En otro igualmente punzante párrafo, el hombre de medios refiere: 'Portela pasó seis años de la peor dictadura del continente sin que la burocracia universitaria lo supiera. A su lado, la gente moría, era torturada, desaparecía, pero Usted lucía ignoto, desconocido'. En 1978, Mario Portela fue ascendido a Secretario de Cámara, en la Cámara Penal de Apelaciones.

Uno de las identidades que se repite con recurrencia en la causa CNU es la del Dr. Eduardo Cincotta, acusado no sólo por autoría en las muertes del '5 x 1', sino también por registrar una activa participación durante la dictadura, en especial en la llamada 'Noche de las corbatas', en la que un grupo de abogados fuera secuestrado (siempre en Mar del Plata), en junio de 1977. Por este hecho, también sería imputado el Juez Hooft -aunque luego obtendría la absolución. Cincotta fue arrestado el 16 de septiembre de 2008 en su estudio jurídico. Un año más tarde, falleció de cáncer en la cárcel. Nuevamente: no existe cuestionamiento alguno sobre los hechos. Pero pocos mencionan que Cincotta fue socio en un estudio jurídico con el Dr. Mario Portela. 'Tal vez esto no sea grave en sí mismo. El problema es que lo quieren ocultar en nombre de los derechos humanos', afirma otro prominente letrado marplatense.

Eduardo Ullúa se mantiene prófugo de la justicia por esta causa. En paralelo, es acusado por haber integrado los 'grupos de tareas' de la dictadura militar. En 1988, fue detenido por ser parte de la 'Operación Langostino', tal vez la primera causa más resonante de narcotráfico en la República Argentina. Falcone y Portela fueron los abogados defensores de Oscar Poletti y Héctor Antonio, involucrados en el proceso judicial posterior. La acción penal contra estos dos empresarios prescribió, y quien tuvo una actuación destacada para que esto ocurra fue el Dr. César Sivo, letrado de APDH, y que observara un activo papel, tanto en la instrucción de la causa versus el Juez Hooft como contra ex integrantes de la CNU. Sivo también estuvo involucrado en la causa 'Pescado Blanco', donde un grupo de personas fue detenido en Marbella, España, sorprendidos con varias toneladas de cocaína (disimuladas en el cargamento de un buque pesquero de altura). Logró acreditarse que Sivo solventó con su propia tarjeta de crédito los gastos de los condenados durante curiosos viajes a Francia y España. Retomando el rol de Ullúa, en la carta abierta de Amilcar González, el periodista recuerda que las esposas de Portela y Ullúa trabajaban juntas en la Secretaría Privada del Rector de la Universidad Nacional Josué Catuogno y, en apariencia, no solo eran compañeras de trabajo: '¿De qué hablaban las consortes de maridos tan antagónicos (según Usted) cuando tomaban té con bizcochitos en las tertulias del rectorado?'.

Fernando Otero, procesado en esta causa como miembro de CNU, estuvo involucrado con el ex oficial de Inteligencia del Ejército Argentino Ricardo Oliveros, en una presunta extorsión contra familiares de desaparecidos en la dictadura. En España, en 2005, Oliveros confesó haber terminado con la vida de tres personas en la ciudad de Mar del Plata en 1977. Hace pocos años, el sitio 'Noticias y Protagonistas' hizo pública una foto de un grupo de personas comiendo. En la instantánea, se ve a Roberto Falcone y al mencionado Oliveros. En dicha confesión, el ex agente de inteligencia explicó que se desempeñó como tal entre los años 1974 y 2000. Agregó que supo cumplir funciones para el ex senador Mario Cámara, por quien pasaban los pliegos de la totalidad de los jueces de la provincia, y que el Dr. Falcone le solicitaba permanentemente al Sr. Cámara su interés por el cargo de Magistrado.

El ex espía castrense Oliveros añadiría después que sus informes de inteligencia fueron negativos, conforme sus fuentes fueron los clientes de Falcone con los cuales mantenía relaciones non santas y que dichos clientes eran traficantes de estupefacientes a gran escala.

En otro párrafo de su 'Carta abierta…', A. González señala: 'El Tribunal Oral ha privilegiado, por sobre todos los temas de la represión en la Subzona Militar 15 con más de 500 muertos y miles de detenidos y perseguidos, la búsqueda de alguna incriminación a Gustavo Demarchi y, sobre todo, su inexistente conexión con la CNU'. Un sindicalista local de renombre y larga trayectoria dice sin dudar que 'la mayoría de los tipos que están sentados ahí [se refiere al juicio] no tienen nada que ver. No te puedo decir todos, pero algunos sólo eran abogados de sindicatos de la ciudad. Nada más''.

Las paredes del laberinto comienzan a cerrarse. La 'Ciudad Feliz' debió padecer jornadas en extremo sangrientas durante la década del setenta. La CNU, por su parte -y con toda probabilidad- no se constituó en un mero grupúsculo de estudiantes que comulgaban con el ideario de la derecha peronista. Todo se entremezcla y se torna más complejo, al examinarse los hechos con la debida profundidad; las dudas se multiplican, a la sombra de la escasez de las pruebas presentadas por todas las partes interesadas. Relatos y testimonios confrontan con el inevitable paso del tiempo. Las zonas oscuras de los acusadores también aportan al desconcierto general.

En un reportaje publicado el 31 de agosto de 2001 en el matutino local 'El Atlántico', el ya citado Amílcar González aseguraba: 'El juicio por la verdad no es cualquier juicio que necesita cualquier juez. Es un juicio sobre la ética y la moral. Los que lo administren, deben ser insospechados de conductas impropias, en cualquier momento de sus vidas. ¿O acaso los jueces son como las mariposas que ignoran su vida anterior a la metamorfosis de la oruga?'.