Luchando contra la desigualdad: Estado de Derecho versus robo legalizado

La publicación del libro más reciente de Thomas Piketty -Capital en el siglo XXI (Harvard University Press)- ha causado un torrente de atención en la prensa para el profesor de 42 años, que da clases en la Escuela de Economía de París.

 

Piketty propone un impuesto progresivo sobre la renta con una tasa máxima de 80% junto con un impuesto a la riqueza para reducir la desigualdad, que considera que está aumentando a nivel mundial.

 

Si su esquema fuese implementado, “el robo legalizado” (frase acuñada por el liberal francés del siglo diecinueve Frédéric Bastiat) socavaría el Estado de Derecho, que se supone que debe proteger a las personas y a la propiedad, y pondría de cabeza el significado de justicia —de significar la prevención de la injusticia a referirse al uso de la fuerza para determinar alguna distribución del ingreso políticamente favorecida.

 

Piketty dice que no es un marxista sino más bien un socialista con una creencia en la propiedad privada. Aún así, la contradicción debería ser aparente: uno no puede defender la propiedad privada y al mismo tiempo hacer un llamado a la toma masiva de ella.

 

Piketty revela sus preferencias cuando dice: “El capitalismo y los mercados deberían ser esclavos de la democracia y no al revés”.

 

En su opinión, la propiedad no es un derecho natural que antecede la ley; es una creación del Estado. De manera que la mayoría debería poder utilizar el poder del Estado mediante legislación para cobrar impuestos altos a los ricos y a los casi ricos. El propósito sería eliminar la desigualdad en el mundo. Esta es su imperativa moral.

 

El resultado probable de este esquema utópico sería ahuyentar a las personas creativas de los países con impuestos altos, un crecimiento económico lento y empobrecer a las sociedades a largo plazo.

 

Más importante todavía, conforme el tamaño y la envergadura del Estado creciera, habría una consecuente pérdida de libertad personal y económica. La búsqueda de rentas, la corrupción y el declive de la responsabilidad individual —conforme se debilitaran los derechos de propiedad— destruirían el tejido de la sociedad civil.

 

EE.UU. fue concebida como una nación con un gobierno de poderes limitados, como una república constitucional, cuya función primordial es proteger a los individuos y a la propiedad de tal manera que la libertad y la justicia reinen; no se pretendía que fuese un Estado redistributivo.

 

Piketty de ninguna manera está solo en su búsqueda de una mayor igualdad de ingresos. El economista Premio Nobel y profesor de Yale, Robert Shiller, utilizaría un indicador de desigualdad para determinar la progresividad de los impuestos sobre la renta: mientras más alto sea el grado de desigualdad, más altas deberían ser las tasas marginales de ingreso. En una entrevista reciente con David Wessel para la sección “Money” del Wall Street Journal, Shiller dijo: “si los billonarios se convierten en multibillonarios, no dejamos que eso pase. Si tu quieres ganar $10.000 millones y gastártelos en ti mismo, no te lo permitiremos. Tomaremos una gran porción de eso y todavía serás un billonario. De manera que, ¿qué importa?”.

 

La presunción es que los ricos no necesitan más dinero y que otros tienen derecho a su riqueza.

 

En otras palabras, el Estado tiene el derecho a tomar el ingreso de una persona por encima de cierto nivel y redistribuirlo.

 

Este es el socialismo democrático puro y simple, que viola el principio de libertad/no-intervención. También asume que los empresarios no responden a los incentivos y que los intercambios económicos son un juego de suma cero —esto es, que los productores ricos ganan a costa de otros.

 

Shiller agrega que si los ricos desean donar su dinero, entonces deberían recibir un importante crédito tributario.

 

Pero para “las personas egoístas en la cima que no quieren donarlo”, deberíamos simplemente tomarlo. El ignora el hecho de que cuando el dinero es reinvertido en el negocio del propietario o en otro lugar, nuevos empleos y riqueza se crean, beneficiando así a la sociedad.

 

Y si los ricos desean consumir sus ingresos, deberían tener la libertad de hacerlo.

 

A Piketty y a Shiller se les aplaude por preocuparse acerca de los males de la desigualdad de ingresos sin reconocer que sus mismos planes para lograr la igualdad violarían los mismos principios de propiedad y libertad que son característicos de la grandeza de EE.UU.

 

Solo la redistribución voluntaria satisface el criterio de justicia. Como Bastiat indicara, la función del gobierno es prevenir la injusticia —esto es, la toma de la propiedad— no promover algún ideal de justicia redistributiva.

 

El gran pensador de la Ilustración Escocesa Adam Smith, un filósofo moral que algunas veces es descrito como “el padre de la economía moderna”, escribió en 1762: “El primero y principal propósito de cada sistema de gobierno es mantener la justicia; para prevenir que los miembros de una sociedad irrespeten sus propiedades, o tomen lo que no les pertenece”.

 

La verdadera moralidad y justicia requieren de la protección, no de la toma de la propiedad. Seguir las prescripciones de políticas públicas de Piketty y Shiller no conduciría a la armonía social y a la prosperidad, sino más bien a la injusticia y a la pérdida de libertad.

 

Lo que EE.UU. y otros países necesitan son instituciones que protejan los derechos de propiedad e impuestos más bajos para que las personas puedan prosperar en virtud de un Estado de Derecho estable y justo.

 

Al marcar la línea entre el individuo y el Estado, uno necesita volver primero a los principios básicos, no a lo que digan los economistas de moda.