De la Mesa de Negociación a la Mesa de Ingeniería: el arquitecto del plan estadounidense impugna a su propio beneficiario

El 26 de agosto, ante el Consejo de Seguridad, el alto representante de la Junta de la Paz —el órgano creado para supervisar el plan estadounidense de veinte puntos para Gaza— cuestionó públicamente los ataques israelíes sobre el enclave y advirtió que la alternativa a la propuesta norteamericana es la próxima guerra. La singularidad del episodio no reside en el contenido de la crítica, formulada antes por múltiples actores, y sí en su procedencia institucional: proviene del funcionario encargado de administrar el propio plan, en una sesión donde la representación israelí reafirmó su compromiso con ese mismo instrumento. 

Los hechos de la sesión

Nikolay Mladenov, alto representante de la Junta de la Paz, sostuvo ante el Consejo de Seguridad que el plan de veinte puntos no se encuentra estancado y que ha pasado de la mesa de negociación a la mesa de ingeniería. Informó que Hamás aceptó la disposición central de la propuesta —desarmarse y transferir Gaza a una administración civil— y consignó que los ataques israelíes posteriores al alto el fuego de octubre continúan causando muertes palestinas, aunque en número considerablemente menor, con el efecto de que la población del enclave no percibe que el conflicto esté concluyendo.

La formulación más severa adoptó forma interrogativa: tras tres años de guerra y veinte años de operaciones militares, se preguntó si un ataque adicional contra un depósito de municiones impedirá que Hamás se rearme o afiance su control sobre Gaza. Y planteó la disyuntiva en términos binarios: una Gaza desarmada, reconstruida y reconectada con el mundo, o una Gaza rearmada, dividida y en escombros, con una generación radicalizada criada en su interior y la próxima guerra ya en el horizonte.

Informó asimismo que la semana anterior participó de una reunión con el primer ministro israelí y con el enviado presidencial Jared Kushner, en la cual recorrieron una por una las preocupaciones del gobierno israelí y acotaron las áreas que requieren trabajo técnico. Añadió que el plan contempla una vía creíble hacia un horizonte político y hacia una solución de dos Estados.

Las respuestas completaron el cuadro. La representación israelí ante el organismo reiteró el compromiso de su país con el plan y subrayó que resulta inviable mientras Hamás permanezca armado. Netanyahu, por su parte, sostuvo que sus fuerzas no se retirarán de las líneas actuales hasta que la organización entregue la totalidad de su armamento, y mantiene su oposición frontal a un Estado palestino.

La procedencia institucional de la crítica

Corresponde precisar por qué el episodio importa, dado que objeciones equivalentes circulan desde hace meses.

La crítica no provino de un gobierno adversario, de una organización humanitaria ni de un relator independiente. Provino del funcionario designado para administrar el instrumento, en el foro de mayor jerarquía del sistema multilateral, y en presencia de la delegación del Estado cuestionado, que en esa misma sesión ratificó su adhesión al plan. Esa configuración es analíticamente relevante: administrador y parte coinciden en el objetivo declarado y divergen públicamente sobre el método, sin que exista instancia capaz de dirimir la diferencia.

Ese es, a nuestro juicio, el diagnóstico exacto de un plan que carece de mecanismo de exigibilidad. Cuando el encargado de supervisar un acuerdo debe recurrir a la advertencia pública para influir sobre uno de los firmantes, la advertencia misma constituye el reconocimiento de que no dispone de herramientas coercitivas. La declaración fue leída como reproche; su lectura correcta es la de una admisión.

El bloqueo secuencial

La sustancia del desacuerdo se reduce a un problema de secuencia, y su estructura merece enunciarse con precisión, por cuanto explica la parálisis con una profunidad superior antes que cualquier atribución de mala fe.

Israel condiciona el repliegue de sus fuerzas a la entrega íntegra del armamento de Hamás. La organización, por su parte, aceptó el desarme por fases y lo subordina a la ejecución previa del retiro israelí. Ninguna de las dos posiciones es irracional desde la perspectiva de quien la sostiene: cada parte teme que el cumplimiento anticipado de su obligación la deje expuesta ante un incumplimiento de la otra.

Se trata de la estructura clásica de un dilema de compromiso creíble, y su rasgo definitorio es que no admite solución interna. Dos actores que desconfían recíprocamente y carecen de mecanismo de verificación y sanción no pueden pactar una secuencia, con independencia de la buena voluntad que ambos declaren. La resolución exige un tercero con capacidad efectiva de garantizar el cumplimiento de la contraparte, y la existencia de ese tercero es precisamente lo que se halla bajo escrutinio.

La reunión descrita por Mladenov —recorrer una por una las preocupaciones israelíes y acotar las áreas que requieren trabajo técnico— ilustra el procedimiento adoptado frente a esa imposibilidad. Reclasificar una disputa política como cuestión técnica permite sostener la apariencia de avance y difiere la decisión sobre los dos puntos irreductibles: el retiro y el estatuto político palestino. La metáfora de la mesa de ingeniería, presentada como progreso, describe con exactitud esa operación.

La utilidad marginal de la fuerza

El argumento más consistente de la intervención fue de naturaleza estratégica antes que humanitaria, y conviene rescatarlo de la lectura moralizante que predominó en la cobertura.

Preguntarse si un ataque adicional contra un depósito de municiones impedirá el rearme equivale a plantear la cuestión de los rendimientos decrecientes. Tras tres años de campaña y dos décadas de operaciones, cada acción cinética adicional produce un beneficio de seguridad progresivamente menor y un costo político progresivamente mayor, porque erosiona la percepción de que el conflicto concluye y alimenta la reconstitución del adversario por vía de reclutamiento. Ese razonamiento no invoca el derecho humanitario ni la proporcionalidad; invoca la eficacia.

Los registros disponibles respaldan la premisa fáctica. Desde la entrada en vigor del alto el fuego de octubre, la cifra de muertes palestinas atribuidas a ataques israelíes supera el millar; el seguimiento especializado consignó dieciséis violaciones del cese del fuego entre el 31 de julio y el 18 de agosto; y episodios recientes alcanzaron un depósito de ayuda alimentaria en Deir al-Balah y una comisaría con nueve muertos. El propio presidente estadounidense manifestó públicamente que Israel debería cesar los ataques.

El órgano y su déficit de diseño

La debilidad estructural del instrumento antecede al conflicto entre las partes y reside en la concepción de la Junta de la Paz.

El órgano fue proyectado inicialmente como un grupo reducido de jefes de Estado encargado de supervisar el alto el fuego. Su carta constitutiva, conocida por filtración, revela una mutación considerable: un cuerpo con mandato de alcance mundial orientado a la resolución de conflictos en general. En ese proceso, se cursaron invitaciones a la Unión Europea, a la Federación Rusa, a Bielorrusia y a Tailandia, y el propio primer ministro israelí aceptó integrarlo. Especialistas en derecho internacional han señalado que sus atribuciones efectivas serían limitadas.

En tal marco, cabe formular una objeción central. Un organismo que amplía su ámbito material mientras carece de facultades coercitivas diluye su autoridad en lugar de concentrarla. La incorporación de la parte supervisada al órgano supervisor agrava el problema, porque suprime la exterioridad que constituye el fundamento de toda función arbitral. Y la invitación a Estados cuya conducta internacional está simultáneamente bajo cuestionamiento introduce una tensión de legitimidad que el propio cuerpo no ha resuelto.

De allí se desprende que la advertencia del alto representante posee un destinatario menos evidente que el gobierno israelí: describe las limitaciones del instrumento que él mismo encabeza.

El horizonte político y los indicadores

Existe un elemento adicional que compromete la viabilidad del esquema en el mediano plazo. El plan incorpora una vía hacia una solución de dos Estados, y el jefe de gobierno de una de las dos partes ejecutoras se opone frontalmente a esa finalidad. Un instrumento cuyo estado final político es rechazado por quien debe implementarlo funciona, en rigor, como protocolo de administración de un alto el fuego con un anexo aspiracional. La distinción no es semántica: determina qué puede exigirse y qué queda librado a la voluntad de las partes.

Tres indicadores permitirán medir la evolución en los próximos meses. El primero es la constitución efectiva de los dos grupos de trabajo acordados —desarme y salud pública—, y en particular si el primero produce un cronograma verificable de entrega de armamento con mecanismo de custodia definido. El segundo es la evolución de las violaciones del cese del fuego documentadas por observadores independientes, que constituye el termómetro más honesto del compromiso real de las partes. El tercero, y decisivo, es si acaso la Junta de la Paz obtiene alguna facultad de enforcement, por vía de resolución del Consejo de Seguridad, o bien de acuerdo específico entre los firmantes.

La conclusión que corresponde extraer es sobria. El plan conserva la adhesión declarada de ambas partes, aunque carece de mecanismo para hacerlo cumplir; su administrador lo advirtió públicamente ante el máximo órgano de seguridad internacional, con un lenguaje que la diplomacia reserva para las situaciones que se aproximan a su límite. 

La pregunta pertinente no es si el plan se ejecutará, y sí qué actor asumirá el costo de garantizarlo. Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, la advertencia sobre la próxima guerra conserva la condición de pronóstico razonable.