Ormuz Cerrado, bases inutilizadas, misiles intactos: la contabilidad real de Epic Fury
Transcurridos casi seis meses del inicio de la campaña conjunta contra la República Islámica de Irán, la distancia entre los objetivos que la Casa Blanca enunció el 28 de febrero y los resultados verificables en agosto admite una calificación técnica antes que ideológica: retroceso estratégico.
Síntesis ejecutiva
Transcurridos casi seis meses del inicio de la campaña conjunta contra la República Islámica de Irán, la distancia entre los objetivos que la Casa Blanca enunció el 28 de febrero y los resultados verificables en agosto admite una calificación técnica antes que ideológica: retroceso estratégico. El Estrecho de Ormuz, abierto y funcional en vísperas del conflicto, permanece cerrado; la Agencia Internacional de la Energía califica la disrupción como la mayor en la historia del mercado petrolero mundial. Al menos dieciséis instalaciones militares estadounidenses en el teatro sufrieron daños, con cuarenta y dos aeronaves destruidas. Aproximadamente la mitad de los lanzadores misilísticos iraníes permanece operativa, y el régimen sobrevivió a la decapitación de su Líder Supremo con una sucesión más dura que la precedente.
La vara de medición la fijó Washington
Previo a evaluar un resultado, corresponde establecer el estándar, y el estándar, en este caso, no lo impusieron los críticos sino el propio Ejecutivo estadounidense. En la conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales del pasado 5 de marzo, la analista Kari Bingen reprodujo la enunciación presidencial de los objetivos: destruir la infraestructura misilística y nuclear iraní, sus activos navales y sus fuerzas delegadas, con la formulación textual de que se destruirían sus misiles y se arrasaría su industria misilística hasta los tuétanos, quedando esta vez totalmente neutralizada. A ello se sumaba, de manera explícita o implícita según la ocasión, el derrocamiento del régimen o al menos de su conducción vigente.
La operación dio inicio el 28 de febrero de 2026 a la 1:15 de la madrugada bajo el mando del Comando Central, con la denominación Epic Fury del lado estadounidense y Roaring Lion del israelí. Su fase inicial fue de una intensidad excepcional: más de mil objetivos alcanzados en cuarenta y ocho horas, comprendiendo infraestructura de producción de misiles y UAVs, activos navales, defensas aéreas y liderazgo, y culminando en la eliminación del Líder Supremo Alí Jamenei.
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) evaluó posteriormente como remotas las probabilidades de alcanzar todos —o siquiera la mayoría— de esos objetivos. Conviene retener ese punto de partida, conforme la discusión pública ha tendido a desplazar la vara: se argumenta el éxito táctico de la fase inicial, indiscutible, para eludir la comparación con la finalidad declarada. En análisis estratégico, sin embargo, una campaña no se juzga por la ejecución de sus salidas, sino por el ratio entre el estado final buscado y el estado final obtenido.
La contabilidad del propio perjuicio
El primer capítulo del balance es el que menos circuló en la cobertura occidental, y es también el mejor documentado. Una investigación de CNN publicada el 1 de mayo confirmó que al menos dieciséis emplazamientos militares estadounidenses —la mayoría de las posiciones estadounidenses en Oriente Medio— acusaron serios daños durante las acciones cinéticas. NBC News informó que Irán golpeó más de un centenar de objetivos distribuidos en once bases de siete países. Múltiples sitios resultaron, de acuerdo a fuentes estadounidenses, prácticamente inhabitables durante las semanas iniciales.
El dato que más incomoda a la narrativa oficial no es el cómputo del perjuicio, sino la brecha informativa: las declaraciones públicas iniciales del Pentágono, que caracterizaron el perjuicio como mínimo, resultaron considerablemente discordantes con la imaginería satelital y con las evaluaciones clasificadas de daño. No se trata de una imputación de mala fe, sino de un hecho verificable de discrepancias certificables entre el comunicado y el registro, y son precisamente esas discrepancias las que explican por qué buena parte del periodismo internacional reprodujo durante semanas una versión que los propios documentos internos contradecían.
La cifra material más elocuente la aportó el American Enterprise Institute (AEI) el 15 de mayo: cuarenta y dos aeronaves militares estadounidenses destruidas durante el desarrollo de Epic Fury. No se trata de pérdidas en combate aéreo —donde la superioridad occidental nunca estuvo en discusión—: se asiste a un cómputo de de aparatos destruidos en tierra, lo que remite a un problema de protección de fuerza antes que de capacidad de combate.
Un episodio táctico en particular condensa la naturaleza del fallo con una elocuencia que ninguna estadística alcanza. Un caza Northrop F-5 Tiger II tripulado —célula de diseño de los años sesenta— penetró las defensas aéreas estadounidenses y de coalición sobre Kuwait y bombardeó las instalaciones de Camp Buehring en el marco de un ataque de saturación simultáneo. La aeronave explotó una ventana de detección a impacto de aproximadamente ciento veinte segundos, volando a muy baja altitud mientras las defensas se hallaban comprometidas con UAVs y misiles entrantes. Un artefacto de sesenta años de antigüedad atravesó la arquitectura defensiva más costosa jamás desplegada en la región. La lección no es sobre el F-5: es sobre la saturación como método y sobre los límites de una defensa concebida para amenazas discretas y no para enjambres simultáneos.
El costo financiero directo de los dos primeros meses de campaña se estimó en unos veinticinco mil millones de dólares, con un agotamiento de inventarios críticos de munición que los analistas calculan que demandará entre tres y cinco años de reconstitución. Esa cifra no es una nota al pie contable: define el margen de maniobra estadounidense en cualquier contingencia simultánea durante el resto de la década, y muy en particular en el cuadrante indo-pacífico.
III. El adversario que sobrevivió a su propia decapitación
El segundo capítulo concierne al estado del objetivo. De acuerdo a canales de la inteligencia estadounidense fechados en abril, aproximadamente el cincuenta por ciento de los lanzadores misilísticos iraníes permanecía intacto, y la fuerza naval de la IRGC conservaba alrededor de la mitad de sus activos previos al conflicto. Ese porcentaje adquiere significado a la luz de la doctrina declarada de Teherán durante la década precedente, que enmarcó explícitamente la escala de su programa en términos del requisito de retener una capacidad de second strike (segundo golpe): un inventario residual suficiente para entregar centenares de misiles aun después de un primer ataque sofisticado.
La aritmética confirma que ese umbral se había alcanzado antes del inicio del conflicto. La estimación israelí de febrero situaba el arsenal balístico iraní en unos dos mil quinientos vectores; incluso una destrucción del cincuenta por ciento dejaría más de mil disponibles, cantidad adecuada para saturar cualquier arquitectura regional concebible de defensa antimisiles mediante despliegues de vectores coordinados en masa.
La explicación de esa resiliencia es infraestructural y precede al conflicto por décadas. Irán mantiene aproximadamente treinta bases misilísticas subterráneas construidas en las cordilleras de Zagros y Alborz, a profundidades de entre ciento veinte y cuatrocientos cincuenta metros en lecho de granito, conectadas por más de cien sistemas de túneles interconectados y dotadas de transporte ferroviario automatizado. Contra ese tipo de blanco, la superioridad aérea produce daño en superficie y desgaste logístico, no destrucción de capacidad.
Teherán adaptó, además, su empleo. Con más de trescientos lanzadores destruidos y volúmenes de salva reducidos, viró hacia cabezas de racimo para saturación y supresión, conservando las ojivas unitarias de precisión para blancos críticos. La táctica tensiona los inventarios de interceptores —los sistemas de defensa de punto tienen dificultades contra submuniciones dispersas tras la liberación— y expone los radares estáticos a impactos cinéticos capaces de inhabilitarlos sin destruirlos.
Finalmente, la decapitación produjo el resultado inverso al buscado. El régimen sobrevivió a la eliminación de Jamenei, y los protocolos de sucesión generaron un liderazgo más duro, extraído íntegramente de la IRGC. Más significativo aún desde el punto de vista operacional: en cuestión de horas, las fuerzas iraníes lanzaron represalias simultáneas en múltiples frentes sin aguardar autorización centralizada, lo que evidencia autoridad de respuesta predelegada -coincidente con el complemento doctrinario del Mosaico. Contra una estructura que dispersó deliberadamente su mando durante meses, la estratagema de decapitación exhibe rendimientos decrecientes.
Ormuz: la conversión de un objetivo militar en un pasivo global
El tercer capítulo es el de mayor alcance, porque su perjuicio no recae sobre los beligerantes, sino sobre terceros que no participaron de la decisión. Previo al 28 de febrero, el EdO operaba con normalidad y por él transitaba alrededor del veinte por ciento del comercio petrolero mundial, junto con una proporción equivalente del gas natural licuado (LNG). Casi seis meses después, permanece cerrado.
El vocabulario que emplean los organismos técnicos es inusualmente enfático. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía calificó los impactos combinados como la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia, y describió la interrupción como la mayor disrupción de suministro registrada en la historia del mercado petrolero mundial. El Banco Mundial, en su informe de abril, coincidió en la caracterización: el mayor choque petrolero de la historia.
Las magnitudes lo sostienen. La oferta global se desplomó en 10,1 millones de barriles diarios en marzo. Hacia fin de ese mes el Brent había subido alrededor del sesenta y cinco por ciento —unos cuarenta y seis dólares por barril—, la mayor alza mensual jamás registrada. La producción mundial se contraería en el segundo trimestre en 6,9 millones de barriles diarios interanuales, la caída trimestral más pronunciada desde la pandemia. El Banco Mundial proyecta un alza del veinticuatro por ciento en los precios de la energía para 2026.
El estado actual, lejos de normalizarse, se deteriora. El informe de la Agencia del 12 de agosto elevó a 1,6 millones de barriles diarios la contracción prevista de la demanda mundial para 2026 —510.000 más que su proyección de julio—, y advirtió que los inventarios globales observados cayeron en julio por debajo de los 7.900 millones de barriles por primera vez desde abril de 2025, subrayando que la urgencia de reabrir el Estrecho se ha incrementado porque los residuales de stocks previamente disponibles se agotan con rapidez. La capacidad de refinación quedó severamente restringida, lo que se traslada de manera directa al precio de los combustibles al consumidor.
Las consecuencias de segundo orden exceden el ámbito energético. Los costos de los fertilizantes aumentaron cerca del treinta y uno por ciento, con estimaciones de hasta cuarenta y cinco millones de personas adicionales empujadas hacia la inseguridad alimentaria aguda. La reserva estratégica estadounidense de crudo, tras la liberación coordinada, se aproxima a los trescientos millones de barriles frente a un piso operativo estimado en ciento cincuenta millones por debajo del cual el sistema sufre daño estructural. Filipinas instrumentó una semana laboral de cuatro días. La guerra no produjo únicamente un problema de seguridad regional: produjo un shock estanflacionario de alcance y proyección planetarios.
La arquitectura defensiva del Golfo, en revisión
El cuarto capítulo concierne a la credibilidad del sistema de garantías. Los impactos sobre radares asociados a los sistemas de defensa de área terminal en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, sumados a los daños en otros emplazamientos del Golfo, profundizaron las deficiencias de la defensa antimisiles regional.
El American Enterprise Institute formuló la consecuencia con una franqueza que la diplomacia evita: tras la reconstrucción y las reparaciones, la postura de fuerza estadounidense en Catar, los Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Jordania e Irak probablemente cambiará de emplazamientos y se reducirá en el Golfo en términos agregados. Y planteó la pregunta que los aliados formulan en privado: si los inventarios de munición estadounidenses son escasos y sus defensas aéreas limitadas, ¿siguen constituyendo las bases norteamericanas un beneficio neto para la seguridad de quienes las albergan?
La respuesta que las capitales del Golfo comenzaron a dar es de naturaleza institucional, y este medio la analizó en detalle. El 7 de agosto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán suscribieron en La Meca un acuerdo de defensa conjunta cuya cláusula central replica el artículo 5 atlántico. Kuwait, en paralelo, negocia con Islamabad un arreglo de seguridad ampliado. Ninguno de esos instrumentos reemplaza materialmente la capacidad estadounidense en el corto plazo; todos, sin embargo, constituyen la tasación que aliados de Washington hacen de la fiabilidad de su garantía. La circunstancia de albergar bases estadounidenses, que durante décadas operó como seguro, se transformó en pasivo al convertirlas en objetivos.
El activo israelí en depreciación
El quinto capítulo es el que la prensa occidental aborda con mayor incomodidad, y su relevancia es estratégica antes que moral: la legitimidad de un socio es un componente material de la capacidad de una coalición.
El deterioro es anterior a Epic Fury y ha sido documentado por instituciones difícilmente sospechables de hostilidad. Un comentario de RAND publicado originalmente en el matutino The New York Times el 28 de mayo consignó que el aislamiento internacional israelí se profundiza aceleradamente, y lo evidenció con hechos concentrados en un solo mes: protestas y boicots de Irlanda, España, Países Bajos, Islandia y Eslovenia en el Festival de Eurovisión; la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de una orden de detención contra el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich; y la prohibición de ingreso impuesta por Francia y Polonia al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir. La conclusión del análisis es que los amortiguadores tradicionales —una red bipartidista de contención en Washington y relaciones cordiales aunque cautelosas en Europa— se están disipando.
El cuadro se completa con elementos de orden material. Israel enfrenta embargos de armas parciales o completos de Francia, Italia, Países Bajos, España, el Reino Unido y otros Estados; procedimientos en curso ante La Haya por genocidio y crímenes de guerra en Gaza; un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea cuya continuidad pende de un hilo; y sanciones europeas adicionales contra colonos violentos y sus organizaciones en Cisjordania. Un análisis conjunto de J Street y del instituto Mitvim señaló la consecuencia estratégica precisa: el aislamiento estrecha el margen de maniobra diplomática israelí, y acentúa su dependencia asimétrica respecto de los Estados Unidos de América.
La traducción operativa para la coalición fue inmediata. El príncipe heredero saudí rechazó las presiones estadounidenses para normalizar relaciones con Israel sin avances en la cuestión del Estado palestino, privando a Washington del arreglo regional que habría dotado a la campaña de cobertura política árabe. Un socio cuya legitimidad se erosiona no aporta capacidad: transfiere costo diplomático. Y el calendario agrava el problema, porque la elección general israelí de octubre desincentiva cualquier concesión del actual primer ministro antes de esa fecha.
El contraargumento y su alcance efectivo
El rigor exige exponer el mejor alegato de la posición contraria, y existe uno. Quienes defienden la operación sostienen que la campaña produjo un retraso sustantivo del programa nuclear iraní, y la evidencia respalda parcialmente esa afirmación. La planta principal de Natanz sufrió daños del orden del setenta y cinco por ciento, con más de seis mil centrifugadoras destruidas. Las evaluaciones mayoritarias de inteligencia estadounidense e israelí sitúan el retraso del programa en un mínimo de dos a tres años.
La Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) añadió el argumento de la necesidad: el organismo internacional de energía atómica no había podido verificar la ubicación ni el estado del arsenal iraní de uranio enriquecido a nivel próximo al militar desde la guerra de los doce días, y Teherán aceleraba la construcción de una instalación endurecida en Pickaxe Mountain, concebida para ser más profunda que Fordow y potencialmente fuera del alcance de las mayores municiones antibúnker disponibles. Bajo esa lectura, la ventana de acción se cerraba.
El alcance de ese logro, sin embargo, requiere calificación en cuatro planos. Primero: el búnker profundo de Fordow registró daños del orden del treinta por ciento, y sus salas centrales de centrifugadoras podrían permanecer intactas. Segundo: Irán terminó el 28 de febrero el acceso del organismo internacional, deshabilitando la totalidad de las cámaras de vigilancia y retirando todos los sellos, de modo que la campaña destruyó infraestructura y simultáneamente eliminó la capacidad de verificar qué quedó. Tercero: el arsenal de aproximadamente cuatrocientos cuarenta kilogramos enriquecidos al sesenta por ciento —suficiente, tras enriquecimiento adicional, para unos diez dispositivos— permanece de ubicación incierta. Cuarto, y decisivo: las estimaciones de tiempo de ruptura hacia uranio de grado militar posteriores a los ataques oscilan entre dos y doce semanas según el estado real de las centrifugadoras de Fordow, con un plazo de seis a dieciocho meses hasta una ojiva entregable una vez adoptada la decisión política.
La formulación más precisa del problema la ofreció un análisis de la London School of Economics: los ataques pueden haber transformado a Irán de un Estado con capacidad nuclear latente en un Estado con un agravio nuclear. Antes de la campaña, el tiempo de ruptura estimado era inferior a dos semanas y el programa se encontraba bajo observación; después, el programa sigue existiendo, es más disperso, resulta considerablemente más difícil de monitorear, y el incentivo político para dotarse de un disuasivo definitivo ha aumentado en lugar de disminuir. A ello se agrega un elemento de coherencia narrativa: la lógica preventiva fue posteriormente relativizada tanto por el director general del organismo internacional como por el propio Pentágono, introduciendo ambigüedad sobre cuál era en rigor la finalidad primaria de la operación.
Conclusión: el costo de la narrativa
Sumada la contabilidad, el balance es inequívoco en su dirección aunque discutible en su magnitud. Del lado del haber: daño severo a la infraestructura de enriquecimiento, eliminación del liderazgo supremo, destrucción de trescientos lanzadores y de la mitad de la flota de a IRGC, y un retraso nuclear estimado en dos a tres años. Del lado del debe: veinticinco mil millones de dólares en dos meses, inventarios de munición con tres a cinco años de reconstitución, cuarenta y dos aeronaves destruidas, dieciséis instalaciones dañadas, el mayor choque petrolero de la historia, la arquitectura defensiva del Golfo puesta en duda por sus propios beneficiarios, un régimen adversario más militarizado que antes, y un veinte por ciento del comercio energético mundial interrumpido durante casi medio año.
La aprobación pública estadounidense sobre la conducción de la guerra se sitúa en el veintiocho por ciento, con cerca de dos tercios de los consultados sosteniendo que no valió la pena. En vísperas de elecciones de medio término, ese registro constituye por sí mismo una evaluación estratégica.
Queda una observación final sobre el papel de la prensa. El problema no se reduce a que los medios occidentales mintieran; en rigor, reprodujeron colectivamente durante semanas una caracterización oficial que las imágenes satelitales y las evaluaciones clasificadas contradecían, y que sólo el trabajo de investigación posterior corrigió. La lección no es de moral periodística, sino de método: en conflictos de alta intensidad, el comunicado del beligerante es una fuente sobre lo que el beligerante desea comunicar, no sobre lo que ocurrió.
Restituir esa distinción elemental —entre el parte y el hecho— es la contribución más útil que el análisis independiente puede ofrecer cuando la contabilidad definitiva todavía se está escribiendo.
Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Publicidad. Es Editor y Director de El Ojo Digital desde 2005.