Antiguos socios sudamericanos de los EE.UU. profundizan hoy su acercamiento a China e Irán

A comienzos de este mes, la firma China Southern Power Grid -tutelada por Pekín- anunció la adquisición de casi US$ 3 mil millones en activos de la red eléctrica del Perú, quedándose China con elc control de, al menos, el 70% del mercado de la distribución de energía en esa nación de América del Sur. El convenio de referencia es digno de atención; entre otras razonez, porque tiene lugar luego de registrarse meses de violentas protestas que conmocionaron al Perú desde diciembre pasado -instancia en la que se produjo la destitución y el posterior arresto del presidente (de extracción política socialista) Pedro Castillo. Esto no es un accidente. La desestabilización del Perú ha abierto las puertas para que fuerzas antiestadounidenses de la talla de China e Irán ingresen y establezcan posiciones permanentes en el Hemisferio Occidental.


Mientras que las turbamultas pro-Castillo que se movilizaron durante enero y febrero se disiparon finalmente, se registraron oleadas menores de protestas y de interrupciones de rutas -con cinco meses de duración- en la región sureña de Puno, cerca del límite fronterizo peruano-boliviano. Desarrollo que no es más que un recordatorio al respecto de que la crisis política que sacude a la nación andina está lejos de finalizar.

En el cénit de las manifestaciones, se obstaculizaron 117 rutas en todo el territorio nacional. Hasta el momento, al menos 66 personas perecieron -incluyendo un agente de policía que fue quemado vivo, y seis soldados, quienes se ahogaron. En simultáneo, docenas de edificios públicos fueron atacados. En diciembre pasado, cuando tuvo lugar el golpe de Estado, y a lo largo de enero, 859 oficiales de policía fueron heridos y 43 estaciones de policía fueron incendidas, o bien saqueadas.

El asumir que la crisis del Perú se sucede en medio de un vacío de poder, o bien que finaliza meramente en manifestaciones callejeras, ignora las lecciones aprendidas a partir de los recientes episodios de violencia que azotaron la región.

En marzo de 2020, por ejemplo, el Centro Perry para Estudios de Defensa Hemisférica en la Universidad Nacional de la Defensa de los EE.UU., dio a conocer un informe que probó el rol desempelado por la 'Empresa Criminal Conjunta Bolivariana' -en inglés, Bolivarian Joint Criminal Enterprise'- a la hora de incitar disturbios en el concierto social de Chile, Colombia y Ecuador (otrora socios de los Estados Unidos de América durante largo tiempo), desde 2019.

La Empresa Criminal de referncia remite a apenas una de las distintas terminologías empleadas para referirse a la amenaza consignada por la red de la izquierda autoritaria latinoamericana, y a sus aliados no-estatales. Con claridad, la misma puede definirse como una amenazante red de confesión antiestadounidense.

La red incitó disturbios -durante 2019- en Chile, Colombia y Ecuador, recurriendo a grupos de narcoterroristas armados y a denominadas 'conferencias de solidaridad', cuya meta era entrenar y movilizar a 'fuerzas de choque' que luego tomaron parte de los violentos incidentes. Asimismo, este consorcio empleó a facilitadores individuales que financiaron y coordinaron la ejecución de disturbios, y que desplegaron propaganda y desinformación a través de cuentas en redes sociales.

Naturalmente, esto no significa que las manifestaciones no involucraran reclamos legítimos; sin embargo, sí se certifica que la red de referencia explotó para propio beneficio esa realidad.

¿Cuál fue el resultado? Los gobiernos cercanos a los Estados Unidos en la región fueron forzados a realizar concesiones a manifestantes violentos, invirtiendo recursos ya de por sí escasos para lidiar con las protestas. Complementariamente, la red promocionó sus narrativas antidemocráticas y antiestadounidenses, inaugurando novedosos espacios para el crimen organizado y adversarios de los EE.UU., a fines de que estos núcleos pudieran operar sin interrupciones.

En los comicios que siguieron, Chile y Colombia votaron para eyectar a administraciones que solían ser cercanas a Washington, respaldándose estas sociedades latinoamericanas en líderes surgidos de la extrema izquierda. El anterior presidente chileno, por ejemplo, fue presionado para que diera lugar a una votación que interpondría reformas a la constitución (de décadas de vigencia), en una tensa batalla política que se ha extendido hasta estos días.

En Ecuador, turbamultas que operaban coordinadamente amplificaron las presiones contra el actual presidente -Guillermo Lasso, cercano al espectro del centroderecha. Ese esquema de presiones continúa incrementándose hoy.

Tal como la propia red lo ha entendido, la citada coordinación es un formato bélico -oportunamente descrito por el ex dictador venezolano Hugo Chávez como un formato de 'guerra de cuarta generación'. Este conflicto de cuarta generación -una variante de guerra asimétrica- apunta a contrarrestar y obstaculizar la influencia regional de los Estados Unidos, coadyuvando para que los países del cuadrante se vuelquen al campo socialista, sin necesidad de recurrir al empleo de fuerza convencional. La lucha es entendida como ejecutada deliberadamente, y de manera contínua.

La turbulencia que hoy asuela al Perú es el ejemplo más reciente de tales esfuerzos. De acuerdo al informe de la Universidad Nacional de la Defensa, Perú fue identificado públicamente como el 'próximo objetivo' por la red, hacia el año 2020.

Los episodios de diciembre, caracterizados por la destitución y el posterior arresto de Castillo -aliado del marxismo y de la comentada red- se siguieron a su falido golpe de Estado contra el congreso peruano. Los manifestantes -respaldados por la red- formularon exigencias inconstitucionales, planteando la necesidad de eyectar a la vicepresidente y, a la postre, sucesora, Dina Boluarte.

Al igual que ha sucedido con otras protestas, los desarrollos del Perú involucraron una combinatoria de grupos radicalizados pro-Castillo, manifestantes molestos con la corrupción gubernamental, y actores ilícitos. No obstante, las indicaciones de que la maniobra consignó un esfuerzo coordinado se acopian, revelando claridad. Según se ha informado, los aliados de Castillo giraban pagos diarios con el objeto de movilizar a los participantes de los episodios violentos. Asimismo, el intento con miras a capturar cinco aeropuertos evidencia un sofisticado nivel de coordinación.

Las autoridades peruanas detectaron que segmentos de manfiestantes involucraron a activos de Sendero Luminoso (en inglés, Shining Path) -el histórico movimiento maoísta- y a otros núcleos armados, contándose entre éstos a los Etnocaceristas -organización separatista del sur del país.

Edwar Quiroga, reconocido operativo del rico cuadrante minero de Apurimac -al sur del Perú- fungió como enlace entre los Etnocaceristas y la comunidad de inteligencia de la República Islámica de Irán. Previamente, Quiroga había tutelado el centro Inkarri Islam, templo cultural shiíta que ofrece entrenamiento político e ideológico a jóvenes peruanos. Aliado de Castillo, Quiroga fue luego puesto bajo arresto en el mes de agosto. El militante había acopiado 19 mil cartuchos de dinamita. Apenas cuatro meses después, las manifestaciones en suelo peruano dieron inicio con un foco insurgente en Apurimac. La pasada semana, Boluarte restableció relaciones diplomáticas con Teherán -inédito precedente para el país.

Adicionalmente, Carlos 'El Gallo' Zamora, embajador de Cuba en el Perú -notorio activo de la siniestra dirección de inteligencia (G2) de La Habana- es conocido por haber reclutado, durante décadas, a agentes que luego se infiltrarían en ecosistemas democráticos regionales, para luego provocar disrupción en ellos.

Más aún, el ex presidente boliviano -y figura clave de la red bolivariana- Evo Morales, fue impedido de ingresar a territorio peruano, por interferencia extranjera maliciosa. Las autoridades en Lima concluyeron que el ex jefe político de Bolivia tuvo una notoria participación en las violentas manifestaciones que tuvieron lugar en el Perú. Se detectó que operativos afiliados a Morales cruzaron ilegalmente la línea fronteriza peruano-boliviana en más de 27 oportunidades, entre 2021 y 2022.

Bolivia, nación sin salida al mar -en cuya geografía la República Popular China se muestra muy activa extrayendo litio, depende del Perú para su comercio exterior. Rusia e Irán se han mostrado muy activos en la minería de uranio en suelo boliviano. Las turbulencias registradas en la periferia de la porosa frontera peruano-boliviana beneficiaron al contrabando de estupefacientes, así como también al tráfico de output minero como oro, litio y otros, explotados ilegalmente. El contrabando de la totalidad de estos ítems sirvió para financiar operaciones políticas de la red en América del Sur.

Así, pues, la confluencia de intereses ilícitos, ideológicos y geopolíticos tras la turbulencia en el Perú funge como espejo de otros casos similares, que tuvieron eco en democracias vecinas. Esto también consigna que la crisis no termina con la finalización de las protestas. En lo que se presenta como una batalla de narrativas, los manifestantes hoy exigen que el Perú adelante las elecciones, bajo el falso pretexto de que la derecha política cogobierna junto a la presidente Boluarte.

Todo lo cual continúa desenvolviéndose, mientras los Estados Unidos de América pierden rápidamente aliados y gobiernos amigos en la región; en paralelo, el empuje antiestadounidense gana adeptos y simpatías. Aquellos que insisten en que la actividad económica de la República Popular China en el Perú se vio afectada negativamente por las manifestaciones se percataron de su error, al conocerse la noticia de que la red eléctrica peruana fue transferida, desde la firma italiana ENEL, a Pekín. Las turbulencias sociales bien pueden disuadir el arribo de capital privado para competir libremente en determinada nación pero, en simultáneo, las compañias estatales chinas -conocidas por su comportamiento predatorio- continúan beneficiándose.

Los Estados Unidos habrán de comenzar a contrarrestar el empeño de guerra asimétrica personificada por la red bolivariana -recurriendo a una réplica pública, de orden diplomático y que encarne un esfuerzo informativo. El Congreso de los EE.UU. debería presionar a la Casa Blanca para poner en marcha estos mecanismos, en tanto habrá también de ordenar que la Administración Biden ofrezca información actualizada en torno a los flujos del contrabando de estupefacientes peruano -y los vínculos de estas actividades con la política local. Acto seguido, habrá de urgir a la agencia peruana de protección al consumidor, INDECOPI, que denuncie y rechace la reciente adquisición monopólica china de la red eléctrica nacional.

La anterior oportunidad en la que un aliado de la red de la izquierda radicalizada gobernó el Perú, una firma estatal de la República Popular China logró garantizarse acceso a una importante instalación portuaria en mar abierto que hoy es clave para las ambiciones navales de Pekín en el cuadrante Pacífico, y el Perú se convirtió en otro de los tantos 'socios estratégicos' de la República Popular'.           

Artículo original, en inglés


El autor, Mateo Haydar, es asistente investigativo para asuntos latinoamericanos en el Centro Douglas y Sarah Allsion para Política Exterior, en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C.