Del subsuelo a las urnas: el RIGI como prenda fiscal de la promesa agroexportadora y la metabolización del PRO por La Libertad Avanza

Resumen ejecutivo

En la 138ª Exposición Rural de Palermo, el Presidente Javier Milei ratificó su voluntad de suprimir la totalidad de los derechos de exportación y designó al complejo energético-minero como fuente de sustitución de la renta resignada. La operación descansa sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuya maduración es más lenta —y cuya arquitectura de exenciones más generosa— que aquello que el calendario electoral tolera. En paralelo, el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete consolidó la metabolización del PRO por La Libertad Avanza, cuando el pasivo reputacional del caso Adorni todavía corroe el activo moral fundacional del oficialismo. Ambos expedientes responden a una misma pregunta: si el Gobierno convertirá expectativas en hechos consumados antes de octubre de 2027.
 

I. Palermo, o la promesa como sucedáneo del anuncio

El acto inaugural cumplió un guion previsible en la forma y elocuente en el fondo. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reclamó que los derechos de exportación dejen de existir por ley y de manera definitiva, desplazando el eje desde la coyuntura arancelaria hacia la irreversibilidad normativa. Milei replicó sin anuncios ni cronogramas: ratificó el rumbo hacia la eliminación total, calificó al tributo como una aberración que nunca debió existir y adjudicó al petróleo, el gas y la minería la capacidad de compensar la merma recaudatoria. Sumó una iniciativa legislativa de protección de la propiedad privada que estimó capaz de movilizar unos 15.000 millones de dólares.

La escena admite una lectura menos ceremonial. Al remitir la eliminación del tributo a la expansión de otros sectores exportadores, el Ejecutivo convirtió un compromiso fiscal en una hipótesis sectorial: el agro dejará de pagar cuando el subsuelo pague en su lugar. La promesa deja así de depender de una decisión política y pasa a depender de una curva de producción.
 

II. La aritmética del reemplazo: un tributo en retirada

El dato que vuelve verosímil la promesa es, paradójicamente, la propia erosión previa del tributo. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la presión tributaria efectiva nacional proyectada para 2026 se ubica en 20,8% del PBI, frente al 22,6% de 2023 y al 24,3% de 2022: el registro más bajo desde 2006. Tomando 2022 como base —para neutralizar la distorsión que introdujo la sequía de 2023—, los impuestos al comercio exterior retrocedieron de 3,19% a 1,34% del PBI, y el 70% de esa caída se explica por los derechos de exportación. Su participación dentro del sistema tributario se redujo a la mitad: del 13,1% al 6,6%.

El relevamiento de RIA Consultores sobre datos de ARCA y del BCRA agudiza el diagnóstico: entre enero y abril de 2026 la recaudación por derechos de exportación alcanzó 1.380 millones de dólares, una contracción interanual del 37% y la segunda peor marca desde 2019. Su incidencia sobre la masa fiscal cayó del 4,7% promedio entre enero y septiembre de 2025 al 2,4% en octubre de 2025-abril de 2026. La soja, con una alícuota del 24%, es el último bastión relevante de un impuesto que ya perdió centralidad recaudatoria.

El corolario es de manual: el costo fiscal marginal de la eliminación total resulta hoy sustancialmente menor al que hubiera implicado en 2023. Pero esa aritmética benigna colisiona con un frente abierto: la meta comprometida ante el Fondo Monetario Internacional exige, según el Centro de Economía Política Argentina, un superávit de 16,3 billones de pesos hacia diciembre, mientras la proyección estacional ubica al Tesoro en torno a los 10,5 billones. Resignar ingresos con la meta ya comprometida es una decisión de economía política antes que de técnica presupuestaria.
 

III. El RIGI como vehículo: escala, origen del capital y latencia

El instrumento invocado es el RIGI, sancionado dentro de la Ley Bases. Un relevamiento de la consultora Paspartú computa 94.922 millones de dólares entre proyectos aprobados y en revisión. Del universo autorizado —quince Vehículos de Proyecto Único—, la minería concentra el 51% de las asignaciones y el petróleo y el gas el 42%. Las inversiones habilitadas contemplan un desembolso inicial de 6.860 millones de dólares en dos años y una obligación mínima en activos computables de 13.970 millones con plazo hasta 2035. Durante su visita a Buenos Aires, Kristalina Georgieva cifró la cartera vinculada al régimen en unos 45.000 millones.

Un dato geoeconómico suele pasar inadvertido en la cobertura doméstica: el capital predominante en los proyectos aprobados proviene de Europa, Canadá, Australia y China, mientras las compañías estadounidenses figuran como accionistas minoritarios en apenas dos vehículos. La arquitectura de incentivos que Washington celebra retóricamente está siendo capitalizada por competidores directos en la disputa por minerales críticos.

La objeción central, sin embargo, es temporal. El RIGI garantiza estabilidad fiscal por treinta años y su escalón ampliado —el Súper RIGI— exige un piso de 1.000 millones de dólares con un 20% desembolsado en el primer bienio, orientado a litio, hidrógeno verde, reactores modulares y petroquímica; la ventana de presentación se extiende hasta julio de 2027. Allí reside la asimetría que el discurso oficial elude: las retenciones producen caja inmediata y anual, mientras la renta del subsuelo llega con rezagos que en el cobre se miden en lustros y arriba amputada por las exenciones que el propio régimen concede para atraerla. El instrumento diseñado para ampliar la base exportable restringe simultáneamente, por tres décadas, la pretensión fiscal sobre ella. El Vaca Muerta Oleoducto Sur —2.486 millones de dólares y 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada— confirma la escala del fenómeno, no su sincronía con el ciclo político.
 

IV. El PRO, de socio parlamentario a insumo orgánico

La segunda transformación no es económica sino morfológica. La Libertad Avanza inició su gestión en diciembre de 2023 con treinta y nueve diputados y siete senadores, una minoría estructural que la obligó a arrendar gobernabilidad. El PRO proveyó ese arriendo: treinta y cuatro de sus diputados blindaron los vetos presidenciales en 2024 y la bancada de Cristian Ritondo resultó decisiva para la Ley Bases y el Presupuesto 2026.

Lo que siguió no fue una coalición, sino una absorción. Patricia Bullrich y Luis Petri no retornaron al partido amarillo: se integraron al oficialismo libertario, y la primera preside hoy el bloque en el Senado. Intendentes como Diego Valenzuela y Francisco Egüen migraron con sus estructuras territoriales. La designación de Santilli —con Ignacio Devitt como segundo y la disolución del Ministerio del Interior— clausuró la ambigüedad: el dirigente del PRO con línea directa a la Casa Rosada quedó al frente de la coordinación del gabinete. Carlos Pagni sintetizó la consecuencia estructural: el margen de ruptura entre ambas fuerzas tiende a cero y de esa alianza queda excluida una sola persona: Mauricio Macri.

El fenómeno se describe mejor como vaciamiento por cooptación que como fusión. El PRO conserva la cáscara jurídica, el sello electoral y la casa matriz porteña, mientras cede el recurso que define a un partido: sus cuadros de gestión y su capacidad de armado territorial. La conducción amarilla oscila entre el entendimiento anticipado que promueven Jorge Macri, Ritondo y los gobernadores, y el blindaje de la Ciudad que prioriza el expresidente; ninguna de ambas posiciones disputa ya el liderazgo de la centroderecha. En noviembre de 2025, Macri proclamó que no hubo ni habría fusión con La Libertad Avanza: una afirmación literalmente exacta y políticamente irrelevante, porque no hizo falta.
 

V. El pasivo Adorni y la erosión del activo moral

Esta expansión orgánica ocurre, sin embargo, sobre un terreno reputacional en deterioro. El caso que derivó en la renuncia de Manuel Adorni tras ciento doce días de exposición —imputado por enriquecimiento ilícito— no operó como un episodio individual sino como un solvente de la narrativa fundacional. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, sobre 4.711 casos en el AMBA, registró un conocimiento del 97% sobre el asunto; el 66,5% percibió hechos reales y graves de corrupción y, sobre todo, el 79,9% consideró que el episodio afecta mucho o algo el principal argumento moral con el que Milei accedió al poder.

Los relevamientos convergen. Management & Fit constató en mayo que siete de cada diez encuestados redujeron su confianza en el Gobierno a raíz del caso, y que la corrupción trepó al 18,6% entre las principales preocupaciones nacionales, con un alza de 2,7 puntos; Synopsis la ubicó como segunda inquietud, con 28,3%, detrás del desempleo. En junio, la misma consultora midió una desaprobación del 58,2%, el registro más alto del mandato, contra un 37,3% de aprobación. Giacobbe & Asociados, en marzo, ya había detectado que el 31,3% de los consultados identificaba a la actual gestión como la más corrupta desde 1983, sólo por detrás del kirchnerismo.

Conviene, no obstante, la cautela que introduce el politólogo Ignacio Labaqui: la imagen presidencial había iniciado su declive antes de los escándalos, de modo que el caso operó como catalizador y no como detonante. El daño relevante no se mide en puntos de aprobación sino en la pérdida de un monopolio. La ventaja comparativa de La Libertad Avanza nunca fue administrativa sino ética. Incorporar cuadros del sistema partidario tradicional mientras se desvanece esa distinción produce un efecto compuesto: el oficialismo se vuelve más convencional justo cuando su reclamo diferencial se debilita.
 

VI. Convergencia: dos relojes desacompasados

Ambos expedientes remiten a una misma tensión entre calendarios. El RIGI promete una renta que se materializará mucho después de octubre de 2027; la absorción del PRO consolida un dispositivo electoral cuya legitimación discursiva se erosiona antes de esa fecha. El gobierno apuesta a que la expectativa sustituya al hecho consumado, tanto en la caja fiscal como en la percepción pública. La apuesta es razonable, pero no gratuita: cuando la promesa se convierte en el principal activo de una administración, cada trimestre sin verificación empírica encarece la siguiente.

Preguntas frecuentes

¿Anunció Milei la eliminación efectiva de las retenciones en La Rural?

No. Ratificó el objetivo y afirmó que el sector avanza hacia una liberación completa, pero no fijó plazos, alícuotas ni instrumento normativo. La Sociedad Rural, por su parte, reclamó una supresión por ley y de carácter permanente.

¿Cuánto representan hoy los derechos de exportación en la recaudación?

Su participación en la masa fiscal descendió a alrededor del 2,4% entre octubre de 2025 y abril de 2026, frente a un promedio del 4,7% en los primeros nueve meses de 2025. Los impuestos al comercio exterior, en conjunto, pasaron del 13,1% del sistema tributario en 2022 al 6,6% proyectado para 2026.

¿Puede el RIGI compensar fiscalmente la eliminación de las retenciones?

No en el horizonte inmediato. El régimen otorga estabilidad fiscal por treinta años y exenciones amplias, de modo que la ampliación de la base exportadora no se traduce proporcionalmente en recaudación. Los ciclos de maduración de los proyectos de cobre, además, exceden el ciclo electoral.

¿Existe formalmente una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza?

No en términos partidarios. Lo que se verifica es una transferencia progresiva de cuadros, intendencias y capacidad de armado territorial hacia el oficialismo, con el PRO conservando su sello y su bastión porteño. La conducción amarilla mantiene posiciones divergentes sobre cómo administrar ese proceso de cara a 2027.

¿Qué impacto concreto tuvo el caso Adorni sobre el oficialismo?

Los sondeos registran una desaprobación récord del 58,2% en junio, un aumento de la corrupción como preocupación pública y, principalmente, un daño al argumento anticasta: casi el 80% de los consultados por la UBA consideró que el episodio afecta ese eje discursivo. Analistas advierten, sin embargo, que la caída de imagen precedió al escándalo.