POLITICA ARGENTINA: PRIMARIAS, REPRESENTACIÓN Y PODER PARTIDARIO

Las PASO en disputa: reforma electoral, poder partidario y el nuevo equilibrio institucional argentino

El Gobierno busca suspender las primarias de 2027 y negocia apoyos en el Senado, mientras el PRO aproxima posiciones y persisten controversias sobre la selección de candidaturas. La cuestión de fondo excede el ahorro fiscal: quién administra el acceso a la competencia electoral y bajo qué reglas democráticas.

Martes, 17 de Noviembre de 2026
Ilustración editorial original 16:9 generada con inteligencia artificial de Javier y Karina Milei frente al Congreso argentino y papeletas electorales, representación conceptual de la discusión sobre las PASO.

 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2026. La discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias vuelve a situar al Congreso argentino ante un dilema que excede la organización administrativa de los comicios. El Gobierno de Javier Milei procura suspender las PASO nacionales de 2027, pero la negociación parlamentaria todavía no equivale a una reforma aprobada. Durante la jornada, el oficialismo buscó reunir apoyos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y decidió postergar la firma del dictamen mientras ajustaba los términos del proyecto con aliados. La alternativa de una eliminación definitiva permanece como horizonte político de algunos protagonistas, aunque la iniciativa negociada apunta específicamente a una suspensión temporal.

El rol de Karina Milei en la coordinación de la mesa política y el entendimiento atribuido al diálogo con Mauricio Macri explican parte de la dinámica, pero no agotan su significado. Suspender una elección primaria obligatoria no constituye solamente una decisión sobre gasto público: modifica los incentivos mediante los cuales partidos, dirigentes y ciudadanos intervienen en la selección de candidaturas. La cuestión esencial es quién obtiene mayor capacidad para definir la oferta electoral y qué mecanismos compensatorios preservarán la competencia interna y la legitimidad de esas decisiones.

 

Una reforma procedimental con consecuencias políticas

Las PASO fueron concebidas como un mecanismo institucional para organizar competencia partidaria y habilitar participación ciudadana en la selección de postulantes. Su implementación acumuló problemas: utilización de candidaturas únicas, costos administrativos, incentivos para medir fuerzas entre agrupaciones y una carga electoral adicional para votantes. Reconocer esas deficiencias no implica que su desaparición carezca de efectos sobre la competencia. Una regla puede funcionar imperfectamente y, aun así, limitar de manera relevante la discrecionalidad de las dirigencias.

La propuesta oficialista encuentra uno de sus argumentos más visibles en la necesidad de simplificar el calendario y reducir erogaciones. Sin embargo, el ahorro debe evaluarse sobre estimaciones presupuestarias completas, distinguiendo costos evitados y obligaciones que podrían trasladarse a mecanismos alternativos. La evaluación económica no debería detenerse en un número aislado: también debe considerar el valor institucional de mantener procesos abiertos de selección y los costos de controversias posteriores.

La pregunta por la eficiencia electoral requiere definir el objetivo de cada instrumento. Si las PASO se juzgan exclusivamente por el monto que demandan, su eliminación parecerá atractiva. Si se las considera parte del sistema de competencia interna, el juicio necesita indicadores adicionales: cantidad de internas genuinas, participación, transparencia de financiamiento y posibilidades reales para aspirantes sin control del aparato partidario.

 

Karina Milei y la centralización del poder de nominación

El peso de Karina Milei en la articulación política de La Libertad Avanza convierte la reforma en una cuestión de organización partidaria. La supresión temporal de primarias obligatorias puede fortalecer la negociación de cúpulas cuando no existen procedimientos internos competitivos, transparentes y verificables. Esto no demuestra que toda candidatura termine imponiéndose de manera unilateral; señala que la arquitectura institucional otorga mayor relevancia a las reglas internas de cada fuerza.

Los partidos poseen legítimo interés en definir programas, identidades y condiciones de pertenencia. Pero también son intermediarios necesarios entre ciudadanía y gobierno. Una concentración extrema del poder de nominación puede reducir la aparición de alternativas, convertir la lealtad a dirigentes en criterio predominante y debilitar mecanismos de rendición de cuentas. En sentido inverso, internas desordenadas pueden fragmentar recursos y dificultar la construcción de coaliciones. La solución no puede derivarse de una preferencia abstracta por más o menos competencia: exige examinar su diseño.

El Ejecutivo debe explicar cómo se asegurarán procedimientos razonables de selección sin PASO obligatorias. No basta con sostener que la ciudadanía volverá a votar en la elección general: para entonces, la oferta de candidaturas ya habrá sido establecida. La democracia electoral comprende tanto el momento de elegir entre listas como el proceso mediante el cual esas listas se conforman.

 

El PRO y la lógica de un acuerdo transaccional

La decisión del PRO de acompañar la suspensión, atribuida por portavoces a conversaciones entre Karina Milei y Mauricio Macri, exhibe la capacidad de una reforma procedimental para servir como terreno de negociación entre fuerzas con intereses parcialmente coincidentes. La Libertad Avanza busca gobernabilidad legislativa y disciplina de sus alianzas; el PRO procura conservar capacidad de incidencia en un sistema donde el oficialismo disputa parte de su electorado y cuadros políticos.

Este acuerdo no demuestra identidad estratégica plena. Un partido puede respaldar una modificación electoral por razones de calendario o negociación y mantener diferencias sustantivas en política económica, federalismo o selección de postulantes. La cobertura periodística debe evitar presentar coincidencias específicas como una fusión partidaria consumada.

El incentivo electoral de ambos actores merece atención. Sin primarias nacionales obligatorias, las listas pueden depender en mayor grado de pactos políticos previos y de negociaciones territoriales. Un acuerdo de cúpulas puede facilitar coordinación y reducir enfrentamientos internos públicos, pero también aumentar costos de ingreso para dirigentes emergentes y pequeños espacios partidarios.

 

Los gobernadores y la dimensión federal

El Senado constituye una arena especialmente sensible a demandas provinciales. Los gobernadores negocian políticas fiscales, obras, recursos y reglas electorales en un marco donde los incentivos nacionales no siempre coinciden con los territoriales. La eventual suspensión de las PASO nacionales puede modificar calendarios y estrategias de alianzas, aunque las provincias conservan regímenes y competencias electorales propios que no deben confundirse con la legislación federal.

La reforma puede resultar atractiva para fuerzas provinciales que desean reducir costos de movilización o disponer de mayor flexibilidad para formar acuerdos. Pero también puede complicar a actores con internas reales y tradiciones de competencia territorial. El resultado dependerá de la fortaleza institucional de los partidos, su implantación regional y los mecanismos alternativos de selección.

En un federalismo político fragmentado, la negociación de reglas electorales posee una dimensión distributiva: cambios aparentemente uniformes pueden beneficiar de modo desigual a partidos nacionales consolidados, organizaciones provinciales y agrupaciones de menor tamaño. Por ello, la evaluación no debería limitarse a la conveniencia de la coalición gobernante ni de sus adversarios inmediatos.

 

Patricia Bullrich, el Senado y la prueba del procedimiento

La actuación de Patricia Bullrich en la arquitectura legislativa oficialista agrega una variable institucional: obtener apoyo político informal no equivale a contar con un texto dictaminado ni con los votos necesarios en todas las instancias. Las mayorías deben verificarse durante el procedimiento parlamentario, con publicidad de modificaciones y debate suficiente acerca de sus efectos.

Las informaciones del 17 de noviembre indican que el oficialismo confiaba en reunir respaldo para discutir la suspensión la semana siguiente, aunque el dictamen no quedó concluido durante la jornada inicial. Esa diferencia temporal impide tratar el resultado como consumado. También obliga a examinar las posibles modificaciones incorporadas durante la negociación, entre ellas referencias a Ficha Limpia y mecanismos limitados de adhesiones electorales, sin afirmar que se hayan transformado en ley.

La técnica legislativa importa. Introducir asuntos heterogéneos en un mismo paquete puede facilitar acuerdos, pero también dificultar la evaluación separada de sus consecuencias. Una discusión transparente debe permitir distinguir qué parte modifica el calendario, cuál afecta la elegibilidad de candidatos y cuál altera reglas de adhesión o coordinación electoral.

 

El problema de legitimidad de las reformas cercanas al calendario electoral

Las reglas electorales ordenan la competencia entre quienes también tienen capacidad para modificarlas. Este rasgo crea un potencial conflicto de interés permanente: las mayorías legislativas pueden adoptar cambios que, aun siendo formalmente legales, generen ventajas competitivas asimétricas. Por esa razón, las buenas prácticas institucionales recomiendan estabilidad, debate amplio y justificación pública especialmente exigente cuando las reformas se aproximan a una elección.

No toda modificación electoral próxima a un comicio es ilegítima. Pueden existir motivos administrativos y consensos razonables que la justifiquen. Pero la carga argumentativa aumenta cuando el partido gobernante participa directamente de la negociación de candidaturas y del calendario que pretende modificar.

La pregunta central no es si la suspensión beneficia exclusivamente a una fuerza, sino si las reglas resultantes pueden defenderse desde una perspectiva general y mantenerse como razonables bajo gobiernos de distinto signo. Una reforma cuya legitimidad depende de quién controla transitoriamente la Casa Rosada carece de una fundamentación institucional robusta.

 

Elección interna, representatividad y renovación partidaria

La eliminación de un mecanismo estatal de primarias desplaza mayor responsabilidad a los estatutos, autoridades partidarias y acuerdos entre organizaciones. Esa transferencia puede ser apropiada si va acompañada de transparencia y de una democracia interna real. Sin esos requisitos, la selección de candidaturas corre el riesgo de convertirse en un proceso predominantemente discrecional.

Los partidos no son administraciones públicas ordinarias, pero desempeñan funciones constitucionales de representación. La selección de candidatos determina quién podrá competir por cargos que ejercen poder estatal. En consecuencia, sus procedimientos deben permitir algún grado significativo de escrutinio, previsibilidad y control interno.

La promesa de renovación política también depende de esto. Cuando el ingreso a una lista requiere negociar exclusivamente con dirigentes establecidos, las barreras para profesionales, actores comunitarios o corrientes minoritarias pueden crecer. Las PASO no resolvieron completamente ese problema, y en numerosas elecciones funcionaron como ratificación de candidaturas únicas. Suprimirlas tampoco lo resuelve: cambia el lugar institucional donde debe formularse la respuesta.

 

Economía política de la decisión

La reforma puede reducir gastos operativos y simplificar campañas, pero también alterar costos de negociación política. Estos últimos no aparecen necesariamente en el presupuesto nacional: pueden manifestarse en rupturas partidarias, litigios, disputas por candidaturas y mayores exigencias financieras para competir desde fuera de estructuras consolidadas.

Una evaluación completa debería distinguir costo fiscal directo, costo social de concurrencia electoral, calidad de información que reciben los votantes y capacidad de las organizaciones para resolver conflictos. Si el objetivo es racionalizar gastos, podrían evaluarse alternativas de organización, tecnología y selección de internas efectivamente competitivas. Si el objetivo es modificar la distribución de poder dentro de los partidos, corresponde reconocerlo expresamente y discutir sus consecuencias políticas.

Una sociedad no mejora necesariamente su democracia celebrando más votaciones, pero tampoco la mejora automáticamente reduciéndolas. La cantidad de instancias electorales es una variable instrumental; la calidad de la representación es el fin sustantivo.

 

La oposición y la exigencia de consistencia

Las fuerzas opositoras pueden defender las PASO en nombre de la participación, cuestionar su aplicación concreta o proponer alternativas. Para sostener una posición convincente deben demostrar cómo sus propias organizaciones utilizan las primarias y qué mecanismos de acceso garantizan a corrientes disidentes.

La defensa abstracta de un mecanismo poco utilizado para competir internamente puede parecer oportunista. De igual manera, la denuncia oficialista de sus costos pierde parte de su fuerza si no se presenta una evaluación transparente de ahorros y efectos. Un debate riguroso exige someter a todos los actores a estándares equivalentes de coherencia y evidencia.

En última instancia, las reformas de representación suelen tener efectos que exceden las expectativas de sus promotores. Modificar el acceso a candidaturas puede transformar el comportamiento de partidos, alianzas territoriales y electores, incluso después de que desaparezcan los líderes que impulsaron la reforma.

 

Conclusión: el problema no es votar menos, sino decidir quién elige

La suspensión de las PASO para 2027 plantea un interrogante sobre la distribución de autoridad dentro de la democracia argentina. El ahorro fiscal y la simplificación administrativa merecen examen; no son argumentos irrelevantes. Pero resultan insuficientes si se los utiliza para eludir el debate sobre quién selecciona a quienes competirán por el poder.

La tesis de este análisis es que la calidad de la reforma dependerá de la fortaleza de las reglas que sustituyan al mecanismo suspendido. Sin controles internos, transparencia y procedimientos previsibles, una modificación presentada como reducción de burocracia podría convertirse en un aumento de discrecionalidad partidaria. Con instituciones alternativas sólidas, en cambio, la suspensión podría abrir una discusión legítima sobre el alcance del papel estatal en la organización de la competencia. Javier y Karina Milei, el PRO, los gobernadores y las oposiciones tienen una responsabilidad compartida: demostrar que las reglas que propongan seguirían siendo aceptables si mañana debieran competir bajo ellas desde una posición minoritaria. Ese es un criterio más exigente y duradero que cualquier conveniencia electoral inmediata.

Fuentes: Senado de la Nación; iProfesional, negociaciones del 17 de noviembre; TN, acuerdo político con el PRO.

 

 

Senado de la Nación; información periodística de TN e iProfesional, 17 de noviembre de 2026
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