El Caso Agostina Vega y la industria del género
El pasado sábado 23 de mayo, Agostina Vega abandonó su domicilio en Córdoba, para nunca regresar.
El pasado sábado 23 de mayo, Agostina Vega abandonó su domicilio en Córdoba, para nunca regresar. Una semana más tarde, su cadáver fue hallado descuartizado, en cercanías de una vivienda abandonada, en el barrio Ampliación Ferreyra. La autopsia determinó que la joven había muerto por asfixia mecánica en algún momento entre la una y las tres de la madrugada del domingo. Agostina contaba apenas 14 años de edad.
Hasta la fecha, el único imputado es Claudio Barrelier (34), ex pareja de su madre biológica. Barrelier se desempeñaba en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, donde había ingresado como becario en 2021, merced a la gestión de Ricardo Moreno, concejal peronista y letrado penalista. El dirigente ya había defendido a Barrelier al haber sido imputado por privación ilegítima de la libertad de otra mujer. En aquel entonces, fue beneficiado con la libertad transcurridos veinte días, a pesar de que la denunciante había aportado evidencias sólidas, y de que se había encontrado su ropa en ocasión de realizarse el allanamiento pertinente.
En 2015, cuando era estudiante del CENMA N°232, Barrelier grabó un video titulado 'Las actitudes', en el que recorría las calles de Córdoba consultando a vecinos su opinión en torno a la violencia de género. A lo largo de los últimos días, se viralizaron varipintos fragmentos de ese material. Acaso para ejemplificar mejor que nadie las consecuencias del peculiar tratamiento feminista.
Un nuevo ritual
El 3 de junio, once años después de la primera marcha, miles de personas volvieron a ocupar la Plaza del Congreso, nucleados en torno al eslogan 'Ni Una Menos'. El Caso Agostina fue el detonante y las consignas, las de siempre. 'Vivas, libres y desendeudadas nos queremos', rezaba uno de los carteles más retratados en la prensa tradicional.
Toda vez que el ímpetu que obsequia energía a la manifestación es legítimo, la problemática invita a considerar lo que sucede después. Al extinguirse las marchas, tras evidenciar las redes una saturación de posteos, luego de que conductores de tevé se disfrazan con pañuelos verdes, la conversación retorna al punto de partida: el patriarcado, la cultura sexista, los 'micromachismos', el lenguaje inclusivo. Mientras tanto, el asesino circulaba libre. El sistema judicial lo soltó, un político lo cobijó, los protocolos de seguimiento no se cumplieron. Nada de eso es vertido en las consignas oportunistas.
Análisis económico del derecho
En 1960, el economista ingles Ronald Coase público un trabajo titulado El Problema del Costo Social. Allí, el futuro Premio Nobel analizaba los modos en que el derecho influye en la resolución de externalidades y conflictos de intereses. Nacía, de esa manera, el análisis económico del derecho.
Treinta años después, Gary Becker, otro Nobel, extendió el estudio más allá de las leyes comerciales, al evaluar económicamente el delito, la unión matrimonial y diversas conductas humanas. Su conclusión principal fue que los delincuentes responden a incentivos. Un individuo comete un delito, cuando el beneficio esperado supera el costo. Es decir, cuando la probabilidad de ser capturado, multiplicada por la severidad de la pena, es lo suficientemente baja como para que el crimen 'valga la pena'. La consecuencia lógica es que elevar cualesquiera de esas dos variables reduce la tasa de delito. No hay misterios aquí; ni es preciso amplificar la existencia de talleres de género para certificarlo.
La evidencia empírica posterior a Becker matizó la jerarquía entre ambas variables. Estudios como el de Grogger (1991) detectaron que los delincuentes son más sensibles a la certeza del castigo que a su severidad. En términos de política pública, esto significa que, más importante que endurecer las penas, es asegurarse de que quien quebranta las leyes pague las consecuencias.
El caso de Agostina es, en sentido estricto, una demostración perfecta. Barrelier ya había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad. Abundaban evidencias, pero su liberación logró consumarse.
La figura legal del femicidio
El femicidio fue incorporado como figura legal en 2012 en los considerandos de la Ley 26.791, como agravante de la figura de homicidio. De acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, el 56% de los homicidios de mujeres son cometidos por parejas o familiares; en el caso de los varones, ese porcentaje retrocede al 11%. Sin embargo, será lícito preguntarse: desde un punto de vista jurídico, ¿tiene sentido que el sexo de la víctima y no el móvil o las circunstancias del crimen determine la pena?
El principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución de la Nación Argentina, establece que casos análogos deben recibir tratamiento análogo. ¿Es un homicidio con desmembramiento, cometido contra alguien a quien el agresor ejerció poder y control previo, diferente si la víctima es mujer o si es un comerciante? En consecuencia, la figura del femicidio, ¿no vendría a vulnerar en flagrancia el principio de igualdad ante la ley?
Para el citado análisis económico del derecho, la cuestión relevante no remite a preguntarse por el sexo de la víctima, sino por la gravedad objetiva del daño y la disuasión que genera la pena. La eliminación física de una persona, tras haberla privado de su libertad, tras haber sido imputado y luego liberado el perpetrador, describe un perturbador ciclo que certifica un fallo institucional en toda regla -con independencia del género de la víctima.
Cifras que incomodan
La Administración Milei eliminó el Ministerio de la Mujer, recortó el presupuesto de género, y prometió derogar el femicidio del Código Penal. Pese a esto, los homicidios sufridos por las mujeres se redujeron. Según lo informara el Registro Nacional de Femicidios -dependiente de la Corte Suprema de Justicia-, en 2025 se registraron 200 víctimas directas de 'femicidio' contra las 228 de 2024 -un retroceso del 12,3%. Al tomarse el año 2023 como base, la reducción acumulada asciende al 20%. El Ministerio de Seguridad registró, de igual modo, una baja del 10,8% en los homicidios dolosos con víctimas mujeres durante 2025, y una reducción acumulada del 23,5% en dos años.
Resulta difícil explicar desde la teoría oficial por qué los casos disminuyen durante un ciclo de gobierno que eliminó el ministerio, puso fin a los talleres, suprimió el lenguaje inclusivo y redujo el presupuesto de género al mínimo.
Los homicidios de mujeres retrocedieron, porque lo propio sucedió con los homicidios en general; a su vez, estos redujeron su ocurrencia porque las políticas de seguridad se modificaron. Aportaron al resultado una mayor presencia policial, el incremento en la certeza de castigo, y la sensación de menor impunidad percibida. No puede hablarse de un desfase entre homicidios y femicidios. La pretendida cultura patriarcal no se impone frente a un sistema que funciona un poco mejor.
El kirchnerismo y sus lemas
El último presidente feminista fue Alberto Fernández. El ex mandatario se mostraba orgullosamente junto a carteles del Ni Una Menos mientras el Ministerio de la Mujer no se ocupaba de contener a su propia esposa cuando ésta fue a denunciarlo. Durante la marcha, Cristina Fernández se asomó a su balcón para aplaudir a las manifestantes. La misma dirigente que fue aliada política de José Alperovich, acusado de violación por su propia sobrina, Jorge Capitanich, ligado al caso Cecilia Strzyzowski, y Fernando Espinoza, denunciado por su ex secretaria privada. El peronismo que marchó contra la violencia es el mismo que votó en contra del Registro de Violadores, de la ley de reincidencia, de la ley antimafia, de la extinción de dominio, del proyecto Ficha Limpia, de la ley del arrepentido y de bajar la edad de imputabilidad.
En el Caso Agostina, el vínculo es directo. El culpable fue cobijado, contratado y defendido por un concejal peronista, conforme surgiera de un audio filtrado en el que el funcionario municipal sintetiza su filosofía con involuntaria elocuencia: 'Metí 500 en la Muni; uno se echó un moco'.
El PJ cordobés terminó eyectando a Moreno de su banca; su yerno, que se había desempeñado como patrocinante de Barrelier hasta que aparecieron los restos de Agostina, renunció a la defensa por 'diferencias técnicas irreconciliables'. Su sistema de protección funcionó... hasta que la presión pública lo hizo insostenible.
¿Qué medidas dirimió el gobierno de la Provincia de Córdoba? La vicegobernadora, Myrian Prunotto, inauguro un nuevo Banco Rojo en el Hospital Córdoba como símbolo de concientización contra la violencia de género...
La industria de la visibilización
Disociar causas y efectos es más que un problema científico o filosófico. La Tercera Ley de Newton describe el fenómeno de acción-reacción, y el binomio no es vano. Aquí se pretende aleccionar a los hombres que no han cometido ningún delito, pero se evita castigar a los verdaderos culpables.
Unos días después del caso, emergieron los moralistas de oportunidad. El indignado conductor de televisión, el periodista que convierte el dolor en rating, el influencer que sube su story violeta, y el intelectual que encuentra en cada femicidio la confirmación de su marco teórico. Curiosidad marginal: ninguno de estos personajes de la vida propone endurecer el código penal; ninguno exige que los protocolos se cumplan. Tampoco ninguno de ellos se ha preguntado los motivos que llevaron a Barrelier a quedar en libertad, después de una denuncia por privación ilegítima de la libertad.
El dirigente que contrató a Barrelier dijo que, de quinientos, 'uno se mandó un moco'. El fiscal que lo liberó actuó, según el propio Moreno, 'de acuerdo a derecho'. El protocolo de seguimiento no se cumplió. El sistema falló en cada uno de sus eslabones institucionales concretos, identificables y corregibles.
Nadie exigió la renuncia del fiscal en ocasión de la marcha del 3 de junio. Nadie cuestionó al partido que puso al agresor en la municipalidad. Los carteles eran contra el patriarcado y un lema que pide estar 'desendeudadas'.
Ya son once años de marchas con el mismo diagnóstico e idéntico despliegue mediático de no-soluciones.
¿No será hora de plantear un genuino cambio? Por el bien de la justicia y, sobre todo, por el bien de las mujeres.
Lautaro Bonino es Licenciado en periodismo (UP) con posgrado en Economía y Ciencia Política (UCEMA).