Al respecto de la ofensiva autoritaria de Nayib Bukele en El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, acaparó la atención cuando anunció, en junio pasado, que obligaría a la población de su país a usar Bitcoin como moneda de curso legal. El 7 de septiembre, la Ley Bitcoin entró en efecto, convirtiéndose así en el primer país en adoptar una criptomoneda como una divisa de curso legal. La ley es innecesaria, adefeciosa, y sumamente impopular. De hecho, más de un 95 por ciento de los salvadoreños no quieren ser obligados a usar Bitcoin.

El Salvador ha estado dolarizado desde el año 2001. Fue entonces que el colón fue archivado, el dólar se convirtió en la moneda de curso legal, y todas las demás monedas fueron legalizadas. El régimen dolarizado y competitivo ha funcionado de maravilla. Desde 2001, la tasa de inflación anual promedio de El Salvador de 2,03 por ciento ha sido la más baja de América Latina. Adicionalmente, las hipotecas a 25 años plazo están disponibles con un interés de alrededor de 7 por ciento. El crecimiento del PIB per cápita y de las exportaciones en ambos casos han superado aquel de gran parte de los países latinoamericanos.

¿Por qué introducir una idea no comprobada en un sistema monetario que está funcionando bien? Esta es solo una pieza en el esquema más amplio de Bukele para obtener el poder absoluto. El camino que Bukele está marcando con sus palabras y hechos atraviesa todas las etapas utilizadas por los líderes populistas en su camino hacia el establecimiento de los regímenes totalitarios.

Solo considérese los contenidos de la denominada Ley Bitcoin. Contraria a la visión libertaria promovida por algunos partidarios de las criptomonedas, el Artículo 7 de la nueva ley salvadoreña hace del Bitcoin no solo la moneda de curso legal, sino de “curso forzoso”. Si un salvadoreño le ofrece a un comerciante o institución financiera Bitcoin, este tiene que ser aceptado.

Las leyes de curso forzoso como el Artículo 175 del código civil de Unión Soviética son algo corriente en países comunistas, y también lo son durante las ocupaciones militares.

En poco más de dos años y medio desde que fue electo, Bukele ha aplastado a los dos partidos políticos poderosos que podrían haberle hecho oposición. Se ha valido de tácticas ilegales y abusivas como cortar el financiamiento de su competencia antes de las elecciones para la Asamblea Nacional en febrero de 2021. Por si ello no hubiese sido suficiente, invadió la Asamblea Nacional con soldados armados, en una abierta demostración de su poder.

El 1 de mayo, con el control de la Asamblea Nacional, Bukele despidió al fiscal general, quien había iniciado investigaciones de burdos actos de corrupción en el gobierno de Bukele. Al mismo tiempo, despidió a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, quienes habían intentado aplicar el Estado de Derecho para disciplinar a Bukele. El presidente reemplazó esas espinas fastidiosas, con individuos sumisos. Poco después, el mandatario ordenó a la Asamblea Nacional que exonere a su gobierno frente a la obligación de tener que presentar los gastos relacionados con la pandemia. Más aún, Bukele anunció luego que reescribiría totalmente la constitución salvadoreña, y que eliminaría la cláusula que impide el gobierno mediante un partido único.

Este mes, los lacayos de Bukele en la Asamblea Nacional aprobaron dos leyes que removerán de sus cargos a todos los jueces y fiscales mayores de sesenta años. Esta medida se dio porque algunos de los mayores de edad tenían bajo la mira a Bukele. El golpe de gracia para Bukele en su búsqueda del poder absoluto se dio justo la semana pasada, cuando miembros de la Sala de lo Constitucional, elegida a dedo por el presidente, dieron luz verde para que se candidatice para la reelección en un periodo consecutivo, algo que está taxativamente prohibido por la constitución salvadoreña.

Precisamente, ¿hacia dónde se dirige esta búsqueda de poder absoluto de Bukele? Va a llevar a El Salvador hacia una montaña de problemas. Menos de un mes de que fuera aprobada la Ley Bitcoin, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó, el 1 de julio, la Lista Engel —una lista de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, Guatemala y Honduras. De los 14 salvadoreños nombrados, 11 son cercanos a Bukele, incluyendo su jefe de gabinete, su ministro de trabajo, el viceministro de seguridad y un asesor legal. Los catorce salvadoreños mencionados han sido sancionados.

Como reacción a esto, y para desviar la atención del público, Bukele intentó superar la noticia. En una dramática aparición en televisión, inició su propia campaña anti-corrupción. Según Bukele, no era su administración o amigos quienes eran corruptos, sino sus antecesores. De manera que ordenó el arresto de un ex presidente y varios ex ministros. También expulsó a Daniel Lizárraga, un periodista respetado de El Faro, una publicación de noticias digitales en El Salvador, que había estado investigando la corrupción dentro del gobierno de Bukele. Irónicamente, las nuevas iniciativas anti-corrupción de Bukele empezaron poco después de que se haya librado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), el organismo anticorrupción del país.

El golpe más reciente contra la mano autoritaria de Bukele se dio el 5 de septiembre cuando el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un comunicado de prensa sorprendente dirigido a Bukele. El título lo dice todo: 'El fallo acerca de la reelección en El Salvador socava la democracia'. Considerándose, además, la adopción del Bitcoin como moneda de curso forzoso, éste ciertamente no será el último llamado a de atención. Ahora que la citada legislación ha sido implementada, El Salvador está posicionado para violar 27 de las regulaciones sobre los activos virtuales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es el policía que vigila el lavado de dinero, y que también monitorea el financiamiento de terroristas a nivel internacional. Una vez que El Salvador sea señalado, se enfrentará a sanciones por parte de las 39 naciones miembros del GAFI, y lo propio harán las más de doscientas naciones afiliadas.

Como la mayoría de los autoritarios, Bukele tiene su costado delirante. Entiende el jefe de Estado centroamericano que la Ley Bitcoin le proveerá un flujo sin fin de financiamiento para sus grandilocuentes planes.