Argentina: la economía no podrá enfrentar otra cuarentena, por más leve que sea

Ante el aumento de los contagios, o lo que se ha dado en llamar segunda ola de COVID-19, nuevamente el gobierno ha comenzado a analizar la puesta en marcha de restricciones en ciertas actividades económicas y de traslado, con el objetivo de impedir el colapso del sistema sanitario -N. del E.: horas después de publicado el presente texto, la Administración Alberto Fernández decidió implementar nuevas medidas.

En estos casos, se desconoce si acaso la preocupación oficial es la salud de las personas, o que se anuncie en los medios de comunicación que los establecimientos de atención sanitaria están colapsados.

Lo cierto es que, si se llega a este límite, ello se debe a la pésima campaña de vacunación encarada por la Casa Rosada. De contar con una vacuna que iba a inmunizar a la gente, hemos pasado a tener una vacuna que disminuye los efectos del COVID-19. Es decir que el Poder Ejecutivo y algunos médicos 'expertos' decidieron cambiarle el significado al verbo inmunizar -conforme ha sido definido por la Real Academia Española-, luego de que el Presidente de la Nación se vacunara y terminara contrayendo el virus.

La pregunta es: ¿puede la economía soportar otra cuarentena, aunque fuera leve? La realidad es que la economía argentina se encuentra estancada desde 2011, es decir que lleva diez años de estancamiento económico y, además, está por cumplir el tercer año consecutivo en recesión. La última crisis comenzó en abril de 2018, y ya se ingresó en abril de 2021 con una economía que no termina de recuperar los puestos de trabajo perdidos, en particular en los sectores marginales y de cuentapropistas.

Adicionalmente, si se observa el último dato del Estimador Mensual de la Actividad económica, en su versión desestacionalizada, se verifica que aún no se ha alcanzado el nivel de febrero de 2020, mes anterior a la cuarentena que decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), primero, y el Dispo después.

Es decir que, a pesar de la flexibilización que tuvo la cuarentena en los meses posteriores a la parte más feroz que fueron los primeros meses de 2020, en particular abril, luego fue mejorando; pero todavía no llega a los niveles precuarentena. Tampoco se ha logrado recuperar los puestos de trabajo perdidos en virtud del confinamiento; y tampoco la cantidad de empresas que cerraron a causa de las medidas restrictivas, por ser decretadas 'no esenciales'.

De acuerdo con datos de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) las empresas que presentaron liquidaciones de salarios ante el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) disminuyeron en 20.000 entre febrero de 2020 y diciembre; y registraron 165.000 puestos de trabajo en el sector formal que no se recuperaron.

Los datos de pobreza que informó el Indec la semana pasada revelaron que en la Argentina existen 19 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, y 4,4 millones de personas que son indigentes, es decir, que no cuentan con los ingresos suficientes para poder alimentarse adecuadamente para no desnutrirse.

A eso, habrá que agregarle que un 57,7% de los chicos hasta 14 años son pobres, y que tampoco asisten a clases. La mayoría de los niños han visto crecer a sus padres sin trabajar viviendo de planes sociales, con lo cual eso es lo que aprendieron y, como corolario, el sistema los mantienen en la ignorancia, pues no se los habilita para asistir a la escuela.


Pobres paliativos

En septiembre de 2019, se votó la Ley de Emergencia Alimentaria gracias a legisladores que, harto compungidos mientras gastaban fortunas en el Congreso, llevaron el presupuesto de asistencia alimentaria a AR$21 mil millones. Para este año, sólo la Tarjeta Alimentaria tiene previsto asignar casi AR$94 mil millones, casi 4,5 veces más que en 2019 'cuando los medios hablaban de la gente durmiendo en la calle y abrían los clubes de fútbol sus puertas para darles un plato caliente de comida y un sitio dónde dormir. Dos años después, se observan más personas en situación de calle; la crisis alimentaria es mucho más grave; y la pobreza se ha situado en niveles insospechados.

¿Puede un país destruido económicamente permitirse el lujo de frenar la actividad económica con otra cuarentena? Otro frenazo implicaría caída en la recaudación impositiva, más gasto público para cubrir los planes de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y algún otro plan social.

Eso implicaría aumentar el déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria -como ocurrió el año pasado-, pero partiendo de un piso de inflación del 4% mensual que promedió en el primer trimestre 2021 y seguir disparando el endeudamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual ya supera los $3,2 billones en Leliq y Pases.

Por otro lado, se sabe que los nuevos pobres son en su mayoría sectores de clase media baja que se encontraron de golpe con cero ingresos. El dueño de un quiosco se quedó sin ventas, el mozo del restaurante o del bar dejó de percibir su principal recurso que es la propina, el señor que tiene su pequeño local en el aeropuerto no vende nada, en su momento el taxista o el remisero pasaron a tener cero clientes; y así, uno podría ofrecer abundantes ejemplos.


Ultimo recurso

Conforme lo revelara el informe presentado hace pocos días por el Indec al respecto del impacto del COVID-19 en el Gran Buenos Aires, el público debió recurrir a sus ahorros para sobrevivir, vendió algunas de sus pertenencias para subsistir, mientras que otras se endeudaron.

Ni la macroeconomía está en condiciones de sobrevivir a una nueva cuarentena, por más leve que sea, ni la microeconomía de muchas familias puede soportarla.

Tantas décadas de mala praxis económica, repleta de populismo redistribucionista que ahuyenta las inversiones productivas, han dejado la economía exhausta, una desocupación del 11% sin contar el desempleo encubierto en empleo público a puro ñoqui, ni la caída de la oferta laboral y los inactivos considerados como “ocupados”, y consecuentemente un nuevo pico de pobreza e indigencia.

Ya buena parte de la población trabaja desde su casa. Basta con caminar el microcentro porteño para advertir la desolación. Los dueños de locales dejaron de percibir ingresos, porque sus inquilinos ya no están en capacidad de pagar alquileres.

Se entiende que a muchos funcionarios públicos les cueste entender este problema de tener que generar ingresos, pues sus vidas han transcurrido siempre en el Estado, y desconocen lo que es ganarse el favor del consumidor. Solo esperan a que la AFIP cobre impuestos a quienes producen, para transferírselos a ellos.

Sin embargo, la realidad es que la naranja se quedó sin jugo; ya no queda más para exprimir. Establecer nuevas restricciones a la actividad económica puede tener derivaciones inesperadas en una población agotada de tanta decadencia.