Estados Unidos: golpe a la organización narco de Raúl Flores Hernández
Como resultado de numerosas investigaciones de largo plazo llevadas a cabo por...
10 de Agosto de 2017
Washington, D.C. – Como resultado de numerosas investigaciones de largo plazo llevadas a cabo por DEA (la agencia antinarcóticos estadounidense), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro americano (OFAC), hay identificado el día de la fecha al ciudadano mexicano Raúl Flores Hernández (foto) y a la Organización Flores Dedicada al Tráfico de Drogas (de aquí en más, denominada Flores DTO) como Importantes Traficantes de Narcóticos, conforme lo tipificado en el Acta de Designación de Líderes Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Además de la Flores DTO, OFAC ha designado a 21 ciudadanos mexicanos y a 42 entidades en México por proporcionar asistencia a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández y a la Flores DTO y/o ser dueños o estar bajo comando de la Flores DTO, sus miembros y socios de confianza. La presente acción coincide con la mayor designación en el Kingpin Act contra la red de un cártel de drogas mexicano, por parte de OFAC. Como resultado de la iniciativa, la totalidad de los activos de estos individuos y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense son congelados, y los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido involucrarse en transacciones de cualquier naturaleza con ellos.
La Procuraduría General de la República (PGR) de México confiscó diversos activos en esta fecha, pertenecientes a Raúl Flores Hernández y a la Flores DTO, incluyendo el Grand Casino en el área de Guadalajara. Esta acción conjunta es el resultado de una investigación de varios años de parte de la OFAC americana, y que fuera coordinada en su momento con DEA, Investigaciones en Seguridad Interior (DHS), Aduana y Protección de Fronteras de EE.UU., y el Gobierno de México. La designación es parte de un esfuerzo colaborativo de mayor alcance con agencias del gobierno mexicano, incluyendo a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas (UIF) mexicano, a criterio de interponer sanciones financieras, entre otros instrumentos, para provocar disrupción en las organizaciones del narcotráfico en México.
Aún cuando opera de manera independiente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con la cúpula del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos de México. Las relaciones de Flores Hernández con estos cárteles le han permitido a la Flores DTO operar desde los años ochenta en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México. En marzo de 2017, se formularon acusaciones de orden federal por cargos de narcotráfico en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California, contra Flores Hernández.
La organización Flores (Flores DTO) incluye a un número significativo de los miembros de la familia de Flores Hernández y a socios de confianza, sobre los que reposa para promocionar sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, y para mantener control sobre sus activos. Los miembros de la familia de Flores Hernández designados hoy incluyen a María Icela Chavez Martinez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los socios de Flores Hernández designados son Fernando Gustavo Alvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Victor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cardenas, y Mario Alberto Fernández Santana. Muchos de estos individuos controlan o bien son dueños de firmas mexicanas que operan en el seno de la red de la Flores DTO.
Entre las designaciones de OFAC, revista también el jugador profesional de fútbol mexicano Rafael Márquez Alvarez (conocido como Rafa Márquez, foto), y el cantante mexicano Julio César Alvarez Montelongo (Julión Alvarez). Ambos individuos han mantenido relaciones extendidas en el tiempo con Flores Hernández, y han actuado como intermediarios en su nombre y de su organización, y han controlado activos en su nombre. También han sido designados los ciudadanos mexicanos Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, por actuar en representación o para Rafa Márquez.
Las 42 entidades designadas hoy funcionan en un amplio andarivel de industrias y servicios en México, como ser deportes y entretenimiento, salud y rehabilitación, bares y restaurantes, turismo, apuestas y producción de artistas musicales. Numerosas entidades clave ahora designadas incluyen un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbí, Asociación Civil; el Grand Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum, Inc., S. de R.L. de C.V., que ha administrado populares bares y restaurantes en la zona de Guadalajara; un centro de rehabilitación para deportistas, Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.; y una compañía productora de música, Noryban Productions, S.A. de C.V.
El grueso de las entidades designadas hoy se encuentran registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos se han registrado en el estado de Sinaloa. Numerosas entidades operan subsidiarias en otros estados, como ser Michoacán y Coahuila.
Desde junio del año 2000, más de dos mil individuos y entidades han sido nombradas en conformidad con el Acta Kingpin americana, dado su rol en el tráfico internacional de narcóticos. Las penalidades por violar el Acta varían desde reprimendas civiles hasta US$1,437,153 por cada violación registrada, hasta llegar a penas criminales severas. Las penas para oficiales corporativos podrían incluir hasta treinta años en prisión, y multas de hasta US$ 5 millones. Las multas criminales para corporaciones pueden llegar a los US$ 10 millones. Otros individuos pueden hacer frente hasta a diez años de prisión y ser pasibles de multas tipificadas en el Título 18 del Código Penal de los Estados Unidos, por violaciones contra el Acta Kingpin.
La Procuraduría General de la República (PGR) de México confiscó diversos activos en esta fecha, pertenecientes a Raúl Flores Hernández y a la Flores DTO, incluyendo el Grand Casino en el área de Guadalajara. Esta acción conjunta es el resultado de una investigación de varios años de parte de la OFAC americana, y que fuera coordinada en su momento con DEA, Investigaciones en Seguridad Interior (DHS), Aduana y Protección de Fronteras de EE.UU., y el Gobierno de México. La designación es parte de un esfuerzo colaborativo de mayor alcance con agencias del gobierno mexicano, incluyendo a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas (UIF) mexicano, a criterio de interponer sanciones financieras, entre otros instrumentos, para provocar disrupción en las organizaciones del narcotráfico en México.Aún cuando opera de manera independiente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con la cúpula del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos de México. Las relaciones de Flores Hernández con estos cárteles le han permitido a la Flores DTO operar desde los años ochenta en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México. En marzo de 2017, se formularon acusaciones de orden federal por cargos de narcotráfico en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California, contra Flores Hernández.
La organización Flores (Flores DTO) incluye a un número significativo de los miembros de la familia de Flores Hernández y a socios de confianza, sobre los que reposa para promocionar sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, y para mantener control sobre sus activos. Los miembros de la familia de Flores Hernández designados hoy incluyen a María Icela Chavez Martinez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los socios de Flores Hernández designados son Fernando Gustavo Alvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Victor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cardenas, y Mario Alberto Fernández Santana. Muchos de estos individuos controlan o bien son dueños de firmas mexicanas que operan en el seno de la red de la Flores DTO.
Entre las designaciones de OFAC, revista también el jugador profesional de fútbol mexicano Rafael Márquez Alvarez (conocido como Rafa Márquez, foto), y el cantante mexicano Julio César Alvarez Montelongo (Julión Alvarez). Ambos individuos han mantenido relaciones extendidas en el tiempo con Flores Hernández, y han actuado como intermediarios en su nombre y de su organización, y han controlado activos en su nombre. También han sido designados los ciudadanos mexicanos Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, por actuar en representación o para Rafa Márquez. Las 42 entidades designadas hoy funcionan en un amplio andarivel de industrias y servicios en México, como ser deportes y entretenimiento, salud y rehabilitación, bares y restaurantes, turismo, apuestas y producción de artistas musicales. Numerosas entidades clave ahora designadas incluyen un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbí, Asociación Civil; el Grand Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum, Inc., S. de R.L. de C.V., que ha administrado populares bares y restaurantes en la zona de Guadalajara; un centro de rehabilitación para deportistas, Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.; y una compañía productora de música, Noryban Productions, S.A. de C.V.
El grueso de las entidades designadas hoy se encuentran registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos se han registrado en el estado de Sinaloa. Numerosas entidades operan subsidiarias en otros estados, como ser Michoacán y Coahuila.Desde junio del año 2000, más de dos mil individuos y entidades han sido nombradas en conformidad con el Acta Kingpin americana, dado su rol en el tráfico internacional de narcóticos. Las penalidades por violar el Acta varían desde reprimendas civiles hasta US$1,437,153 por cada violación registrada, hasta llegar a penas criminales severas. Las penas para oficiales corporativos podrían incluir hasta treinta años en prisión, y multas de hasta US$ 5 millones. Las multas criminales para corporaciones pueden llegar a los US$ 10 millones. Otros individuos pueden hacer frente hasta a diez años de prisión y ser pasibles de multas tipificadas en el Título 18 del Código Penal de los Estados Unidos, por violaciones contra el Acta Kingpin.