Una Argentina atrapada en las mazmorras del tiempo

La reivindicación de la lucha armada de los setenta por parte de algunos de los oradores en los actos por los 41 años del último golpe militar encierra variables ciertamente más complejas, que no solo guardan vínculo con la pasmosa defensa de los atentados y delitos perpetrados por las organizaciones terroristas. Lo que de allí se desprende remitiría -en el mejor de los casos- a un estado latente de violencia, que contamina no sólo a la dirigencia política doméstica, sino también a la de otras en el continente americano. 

 

Las consignas setentistas la emprendían contra las pretendidas perversiones del liberalismo y las de su primo hermano, el imperialismo estadounidense (jamás definido con precisión por sus críticos). Tales reclamos sonarían algo obsoletos a la distancia, conforme no han variado en contenido, al comparárselos con los discursos contemporáneos. Cuando las organizaciones sociales, el kirchnerismo residual, la izquierda dura y el sindicalismo pejotista explicitan que el Presidente Macri es 'la dictadura', lo que hacen es verbalizar cierta nostalgia sobre los viejos tiempos. Este conglomerado político-social emplea una retórica en la que abundan conceptos tales como 'ajuste', 'represión', o 'desprotección de los más necesitados'. En simultáneo, cierto es que aquellos actores se encontraban, hasta hace no mucho, en veredas opuestas. Ello aplica, por ejemplo, a los líderes de la CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, que hoy son socios en la recurrente liturgia de la interrupción del tránsito, en compañía de Roberto Baradel, Aníbal Fernández, elementos de La Cámpora, sindicalistas ortodoxos, y agents provocateurs de profesión como Fernando Esteche y Luis D´Elía. Estos protagonistas reivindican, por momentos, una suerte de derecho a ocupar la centralidad de la escena pública -como si su movimiento portara la única llave de estabilidad institucional. Igual evaluación les cabe a los organismos de derechos humanos que, durante cierto tiempo, se han mostrado como entidades reguladores de la ética política y fiscalizadores de la república. 

 

El problema es que la puesta en escena de referencia destila retraso. Y al director, acaso por los mismos motivos, se lo observa distraído. Ya fuere por abierto desinterés o por sesuda estrategia -esto todavía es de difícil discernimiento-, Mauricio Macri exhibe cierta displicencia de cara a este escenario conflictivo. Nuevamente, el tiempo dirá si su impostura es adecuada o no. Macri sería ese presidente despolitizado que tiene enfrente a grupos en extremo politizados e ideologizados. Prueba de esa prerrogativa es el conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires, en el cual la de María Eugenia Vidal impuso que era necesario permitir que los manifestantes se desgastasen -y así lo reconocen los personeros de los sindicatos, con soterrada resignación. Todo lo cual remite a otro desafío: quizás dentro de un año, Vidal deba sentar a sus funcionarios a alternar con la trotskista Romina del Pla -con chances comprobables de convertirse en la nueva lideresa de SUTEBA. Corolarios del sindicalismo local: todo dirigente despojado de credibilidad puede terminar siendo reemplazado por otro, menos inclinado a la negociación y más volcado hacia el conflicto per se.

La Administración Cambiemos parece esforzarse por mostrarse distinta a la kirchnerista. No obstante, en ocasiones parece estar más preocupada por el envase que por el contenido. Cuando Vidal subraya que su gestión busca discutir a fondo el nivel educativo y el ausentismo en las aulas antes que un simple aumento salarial, la Gobernadora parece responder a los estímulos correctos. Con todo, los cambios propuestos por La Plata debieran debatirse en un ambiente más propicio y relajado, acaso para atender a su resolución en el largo plazo. Pero, ante todo, se impone la coherencia: hablar de 'revolución educativa' cuando un sinnúmero de escuelas acusan gravísimos problemas edilicios, o cuando la Nación no tiene potestad directa en la implementación de políticas educativas en cada territorio provincial, es poco juicioso. Lo propio podría aplicarse al transporte público: hace pocos días el Ministro del área en Nación, Guillermo Dietrich, se trasladó a Mar del Plata para anunciar una 'revolución' en la materia. Detalle que parece habérsele escapado al funcionario: desde hace casi ya dos años, el tren no llega a la ciudad costera.

La calle es hoy el espacio obligado de discusión política -tal como hace dos décadas. Hacia allí converge la dialéctica que conduce -o no- a la resolución de los problemas. Carlos Saúl Menem padeció los primeros piquetes hacia fines de los años noventa. Las protestas de la clase media ciertamente hicieron mella en Fernando De la Rúa. Para Néstor Kirchner, el control de la calle fue una obsesión, al igual que para Cristina Fernández. Macri aún no parece calibrar la verdadera dimensión del contexto callejero urbano/suburbano -terreno en donde se intercala la argumentación intragobierno al respecto de qué hacer con el descalabro de las manifestaciones (reprimirlas, o tolerarlas). En el ínterim, la Argentina ha metido la cabeza de lleno en la cuestión recurrente y circular que desemboca en la reivindicación perpetua de un pasado violento -explicitada cabalmente en la conmemoración de la lucha armada setentista del 24 de marzo por parte del núcleo kirchnerista residual. 

 

El profesor Richard Gillespie, autor de un monumental libro llamado 'Soldados de Perón. Historia Crítica de los Montoneros', refiere: 'La influencia política de Montoneros como modelo de cierto tipo de insurgencia sigue ofreciendo a los activistas políticos ciertas lecciones de cómo actuar y cómo no actuar en situaciones comparables', agregando luego que 'los piqueteros fueron conscientes de la experiencia montonera cuando planteaban su propia estrategia. Buscaron una forma de acción directa que fuese más difícil de combatir policial o militarmente, y que complicaría la justificación de la represión'. Gillespie puntualiza: 'Los dos movimientos tenían más impacto como fuerzas de resistencia o protesta, que en el cumplimiento de sus objetivos políticos y sociales. La experiencia montonera, como fuente de lecciones, sigue siendo relevante en la Argentina'. 

 

Algunos puntos de contacto son perturbadores, no sólo con la historia sino también con el presente regional. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia -cooptado por el chavismo duro- dictaba un fallo con el que asumía las funciones de la Asamblea Nacional. En pocas líneas, la primera línea de un poder judicial bajo control del régimen decidió disolver el parlamento. Diplomáticos de no pocos países han intrepretado sin tapujos que Nicolás Maduro puso en marcha un mecanismo de autogolpe, en mucho emparentado con el implementado en su oportunidad por el ex mandatario peruano Alberto Fujimori. El grueso de la dirigencia sindical y de organizaciones sociales que convocaron en Buenos Aires a marchar contra Macri es declaradamente admirador del modelo bolivariano vigente en Venezuela.

 

También puede asistirse a algún atisbo de coincidencias entre la Argentina y Colombia. En la Casa del Nariño, el presidente Juan Manuel Santos firmó un controvertido acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que algo más de la mitad de la ciudadanía rechazó en un referendo vinculante. La narcoguerrilla colombiana, en sus más de cincuenta años de existencia, pobló su accionar de desapariciones forzadas de personas, secuestros con posterior pedido de rescate, violencia sexual contra mujeres y niñas, homicidios con formato de masacre, destrucción de propiedad pública y privada, y abierta expropiación de fincas y tierras. En el año 2004, en ocasión de conmemorarse el 40 aniversario de la creación del grupo armado de la nación caribeña, se realizó un acto en Buenos Aires con la participación estelar de Madres de Plaza de Mayo y su conductora Hebe Pastor de Bonafini -quien no es otra que arenga hoy a la destitución de Mauricio Macri, y quien en tiempos pasados amenazó con ingresar con violencia a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia.

 

La República Argentina, cuya dirigencia aún desconoce con precisión los pasos a tomar con miras a dejar atrás el estancamiento económico y sus alarmantes índices de pobreza, se acerca -como ya señalamos en trabajos previos- a horas decisivas. Por momentos, el Gobierno Nacional cae presa de cierta indefinición, y buena parte del espectro opositor comienza a articular propósitos cada vez más inocultables. Como mar de fondo, subsiste el mismo conato de enfrentamiento, que no ha cejado en los últimos 45 años. La reciente reivindicación de la lucha armada así lo certifica. Podrán cambiar caras y metodologías, pero los objetivos vuelven a emparentarse con rencores jamás olvidados.

 

Así las cosas, el futuro no ofrece margen para la previsibilidad.