La inseguridad y las protestas. Los casos de Tres Arroyos y Junín. Mario Meoni, el intendente cuestionado

La problemática de la falta de seguridad o "inseguridad" no constituye novedad alguna para los argentinos. El tema ha cobrado, por fin, la importancia que los medios masivos de comunicación le debían, y que normalmente derrochaban el espacio de sus páginas y transmisiones en el reportaje de actos de gobierno generados por una clase política que -hoy se observa más que nunca- se encuentra en su totalidad disociada de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Increíblemente, los encargados de dar soluciones (sin importar se trate de intendentes, presidentes o jueces) siguen recurriendo a la herramienta de acusar del origen de la falta de seguridad a intereses mediáticos o políticos. Infortunadamente, los periodistas de ciertos medios colaboran a la hora de defender a un sistema que, como todo parece señalarlo, se beneficia de la marginalidad y de la delincuencia. Como siempre, el ciudadano que protesta es tildado de "desestabilizador" y "reaccionario". Y, como también es noticia vieja, los declamadores de los "derechos humanos" parecen ponerse siempre del lado del malhechor. Ya se había adelantado desde estas páginas : la sociedad argentina, poco a poco comenzó a perder la paciencia de cara al problema, y a poco estaba de movilizarse para reclamar soluciones rápidas. Iniciativa que, lejos de cuestionarse, debe ser aplaudida a rabiar. Delincuentes de todas las edades entran por la puerta de la comisaría y son liberados a las pocas horas, sin importar la magnitud del delito que cometen. Este ejemplo ya está grabado en la memoria colectiva de todos los argentinos, que no entienden de las ventajas de vivir en un sistema "democrático" en el que solo el que delinque tiene derechos. La Argentina ha popularizado mundialmente una grotesca versión de una democracia que no se basa ya en libertades sino en el libertinaje más radical. Este es el único país del mundo en donde alguien puede subirse a un vehículo, asesinar a alguien atropellándolo y luego ser representado por un abogado que dirá que el victimario "no tuvo la intención de matar". Las picadas callejeras están garantizadas por las leyes. También los motochorros, personajes que, en opinión del poder judicial, no merecen estar presos por más de 24 horas. Vivir entre rejas, alarmas, cámaras de vigilancia y tras la falsa protección de puertas blindadas es ya una costumbre para cualquiera que tenga la intención de vivir en una casa en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier ciudad o pueblo del país. Muchos nos hemos acostumbrado a esto, y por cierto, no es normal. El hartazgo, finalmente, dio sus frutos. Vecinos y comerciantes de las localidades de Tres Arroyos y Junín, salieron a la calle para manifestarse a partir de la pobreza que caracteriza al accionar de aquellos que deben administrar justicia, para el caso, fiscales y jueces. El caso de Tres Arroyos es notorio pues los vecinos de aquella localidad debatieron y no dudaron : solicitaron en forma espontánea la remoción o separación de dos magistrados y un fiscal de la ciudad. Acusaron al fiscal de no defender a las víctimas de la inseguridad y a los jueces, de liberar en forma automática a delincuentes de prontuario. Los funcionarios bajo mención son el juez de Garantías Rafael Oleaga, el juez de Menores Alberto Gallardo y el fiscal Carlos Lemble. Hoy, estas personas a duras penas pueden vivir en Tres Arroyos, pues son enemigos declarados de la ciudad, y no sin razón. El caso de Tres Arroyos llamó la atención a partir de la publicación de un artículo en el matutino La Nación, pocos días atrás. Se relataba un fenómeno común a muchas localidades del interior, donde los delincuentes son sorprendidos in-fraganti cometiendo un ilícito por la policía, son apresados pero los jueces ordenan su liberación no más de tres horas luego de ser detenidos. Lo relata el propio intendente de Tres Arroyos, Luis Sánchez : "aquí son conocidos los casos en los que los delincuentes son detenidos, luego liberados y retornan a las casas de las víctimas para burlarse de ellas". Se menciona también el caso de un menor que fuera liberado -luego de haber cometido dieciseis ilícitos- por la justicia local y que, tal vez con el objetivo de rematar con broche de oro su clandestino quehacer, apuñaló a la doctora Bárbara García siete veces. La profesional se debate hoy entre la vida y la muerte. También está el caso del comerciante Oscar Herrera, oriundo de González Cháves -localidad cercana a Tres Arroyos-, quien fuera baleado en la cabeza por delincuentes en su propio negocio. A partir de este caso, los residentes de González Cháves también llevaron adelante una importante movilización. Pero tal vez uno de los ejemplos más polémicos lo ha dado el residente local Daniel Tarquinus, acusado de agredir a un funcionario judicial cuestionado durante una manifestación por la inseguridad. El fiscal Carlos Facundo Lemble, antes mencionado, ha sido acusado por Tarquinus de ensañarse con él. Al parecer, Lemble quiere para él una pena de 37 años de prisión. Curiosamente, contra un vecino que -junto con otro nutrido grupo de manifestantes- solo pidió seguridad. El propio intendente Carlos Sánchez salió en defensa de Tarquinus -hoy bajo arresto domiciliario- en televisión. Vale también destacar que los residentes de Tres Arroyos no acusan de inacción a la fuerza policial. Por el contrario, la aplauden. Las quejas apuntan principalmente a la pereza y la mala intención de los jueces mencionados y el fiscal Lemble. A diferencia de lo que ha sucedido tradicionalmente con otros jefes comunales, alejados del padecimiento de sus ciudadanos, el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, parece sintonizar con los reclamos de los vecinos frente al agudo problema de la falta de seguridad que sufren : Sánchez se reúne regularmente con los referentes locales del comercio y los vecinos, para ponerse al tanto de sus reclamos. El propio alcalde se ha presentado recientemente en el programa "A Dos Voces" de Gustavo Sylvestre y Marcelo Bonelli para dar cuenta de los hechos de inseguridad que tienen lugar en su localidad. Pero, como no podía ser de otra manera, fue por momentos ninguneado por los conductores del programa e interrumpido hasta el cansancio. Eso sin mencionar el pobrísimo espacio que la emisión dedicó a la problemática de la falta de seguridad. Pero como es bien sabido, el canal TN jamás alentará protesta ciudadana alguna, a partir de la cercanía del Grupo Clarín con la Casa Rosada. También Junín se ha sumado a la escalada de protestas por la falta de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Junín ha recibido menor atención en los medios que Tres Arroyos, a pesar de ser una ciudad con más de cien mil habitantes. Pero el caso de esta ciudad ha sido citado por ciertos detalles bizarros que solo la dirigencia argentina puede alimentar : los residentes de Junín pagan una tasa mensual de entre $8 y $22 en concepto de seguridad ciudadana, y que en teoría debe dejar un aproximado mensual de $120,000 a la policía local. Pero los agentes del orden no cuentan siquiera con los fondos necesarios para movilizar sus alicaídos patrulleros, todo lo cual no "cierra". En el esquema de la falta de seguridad de Junín -con cinco homicidios sin esclarecer-, la figura del intendente Mario Meoni se alza como blanco de todas las críticas. Meoni es un radical kirchnerista que, para los vecinos, está sospechado de realizar manejos non sanctos con los casi $120 mil mensuales que se recaudan en concepto de seguridad ciudadana. Los propios vecinos pidieron realizar el pago de esa tasa pero jamás se vieron resultados. Por ello, ahora piden suspenderla. Meoni -para muchos, un impresentable- insiste en que no hay nada extraño con los ingresos por la tasa, dado que se formó una "comisión interdisciplinaria que controla los gastos". Pero nada dice el jefe comunal sobre los logros o los gastos realizados con el dinero aportado por los vecinos. Cabe destacar que $120,000 es demasiado para las comisarías de una ciudad de cien mil habitantes... De todos modos, Mario Meoni (fiel a cierta doctrina "progresista" escapada del kirchnerismo) fue aún más lejos y provocó la ira de todo Junín cuando sentenció que la protesta contra la inseguridad tenía motivaciones políticas. Es probable que su referencia tuviera relación con el hecho de que tomara parte de las manifestaciones el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones y delegado regional de la CGT, Carlos Pesce. Aunque, por el momento al menos, nada permite presuponer intencionalidad política de parte del gremialista. Mucho menos de parte de una ciudadanía hastiada. Y terminó de colmar la paciencia de los vecinos cuando sentenció que "el delito había disminuído, y que solo se da en el centro de la ciudad", una expresión que suena peligrosamente a la "escuela Arslanián". "Junín tiene problemas como el resto de la provincia", dispararía en otra oportunidad. Y el remate : la responsabilidad fue a partir de "un deterioro en la infraestructura policial y una desorganización en el trabajo". Un intendente de lo peor, en el pensar irrefutable de los vecinos. Las demostraciones de furia en las localidades de Tres Arroyos, Junín, González Cháves y otras tienen un efecto contagio importante y bien justificado. Los últimos acontecimientos ya le han generado importantes dolores de cabeza al Gobernador Daniel Scioli. A su llegada, Scioli ya tuvo un duro aterrizaje cuando piqueteros ideologizados y que procedieron con andamiaje guerrillero destruyeron un ministerio en La Plata. La justicia procedió como siempre lo hace : liberando a todos los perpetradores de destrozos y agresiones a los pocos días. Scioli no hizo absolutamente nada; solo confirmó que el Estado -ya sea provincial o nacional- no tiene, en una democracia "a la argentina" las herramientas para reprimir el delito y poner fuera de circulación a delincuentes. ¿Cómo lo confirmó? Revelando que el Estado provincial iniciaría demandas penales contra los grupos piqueteros que habían actuado. ¿Para qué sirven las fuerzas policiales y los organismos de inteligencia, en este esquema? Jueces y legisladores se echan la culpa unos a otros. Dicen los magistrados que operan bajo el escaso margen de discrecionalidad que les dan las leyes, lo cual no es siempre cierto. No por nada existen jueces que, pudiendo condenar delincuentes, los liberan, para que no "salgan peor" luego de su estadía en un penal. Mientras tanto, otros no dudan. Los legisladores provinciales y nacionales, por su parte, tienen a su cargo la redacción del código procesal penal y, desde la llegada de la democracia, se han encargado de alivianar groseramente las penas y los procedimientos para procesar a marginales. Pero los legisladores del país solo se preocupan por cobrar sus sueldos -siempre superiores a $15 mil mensuales, en blanco- y de armar suculentos negociados, cuando no "levantan la mano" para recolectar "propinas". No está en su interés promover a la protección de la porción de la ciudadanía que pueden calificarse de personas trabajadoras y de bien. En ocasión del debate del "paquete Blumberg", se escuchó el razonamiento de ciertos diputados que opinaban que un delincuente que mata con un arma calibre 22 debe tener menor pena que alguien que asesina o quita vidas con pistolas nueve milímetros. Tendencia que revela por quiénes se preocupan más nuestros hacedores de leyes : claramente, el delincuente. Teme el Gobernador Daniel Scioli que las manifestaciones populares redunden en iniciativas ciudadanas clandestinas para armarse frente a la delincuencia, como está sucediendo en Tres Arroyos con las "brigadas de autodefensa". Creyó Scioli que podría impresionar a los bonaerenses con un discurso duro de "lucha contra la inseguridad", apenas asumido. Pero la crudísima realidad se hizo presente y lo sopapeó, enseñándole que el escenario no tiene mucho que ver con el imaginado por él : es mucho más complejo y peligroso. ¿Y cuál es la primera reacción de una dirigencia corrupta frente a las noticias de legítima defensa? Criticarlas porque son "disparates" o porque son expresiones de "justicia por mano propia". Ya se han leído las expresiones increíbles del editor general adjunto de Diario Clarín, Ricardo Roa, que critica a los ciudadanos de Tres Arroyos que se arman, sentenciando que su actitud es propia de un "costado ilegal y peligroso". En consecuencia, concluye Roa que los vecinos deben seguir soportando estoicamente robos, violaciones y homicidios, mientras se espera por el lento proceder de una justicia que nunca llega. El periodismo argentino es el fiel reflejo de la dirigencia del país : acomodado e insensible, tampoco atiende la necesidad del ciudadano. Al contrario, lo denigra, lo humilla, lo tortura psicológicamente. Reprime toda protesta. Pero no es Scioli el único personaje preocupado de la política. Por estas horas, la Casa Rosada tiembla y ya hay quienes sugieren que la Presidente está dando las órdenes para frenar "como sea" esta peligrosa oleada de noticias sobre la falta de seguridad ciudadana. No vaya a ser que las manifestaciones lleguen a Plaza de Mayo y golpeen las puertas de una Administración que, en materia de seguridad, "hace agua".