SOCIEDAD: LUZ VERDE DEL GOBIERNO PARA LAS MAFIAS

Ley del donante presunto : las mafias del tráfico de órganos festejan junto al Gobierno

El Ministro de Salud y dueño de parte del negocio de la cadena de farmacias "Dr. Ahorro" festejó la publicación en el Boletín Oficial de la "Ley del Donante Presunto". La promulgación de tal legislación permitirá a las mafias del tráfico de órganos -muy activas en la Argentina- hacer jugosos negocios a partir de las personas que no manifestaron su oposición a donar.

21 de Julio de 2010
La modificación a la legislación sobre transplante de órganos, convertida en ley ayer por la Cámara de Senadores de la Nación, introduce la figura del "donante presunto", pero mantiene la consulta con los familiares sobre la última voluntad del fallecido. "La modificación de la ley es cambiar el destino de la decisión del cuerpo. Que sea del individuo, en vida, quien decida porque sino la decisión la tienen los familiares. Se trata de trasladar la responsabilidad de cada persona estando en vida, que se respete hasta el momento de la muerte. En tanto, hay cuestiones técnicas que pueden discutirse", dijo José Gaspar Argüello, titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (CUCAIMIS). Se trata de un cambio impulsado por el ministro de Salud y Ambiente, Ginés González García -que participa con total impunidad en el negocio de la cadena de farmacias "Dr. Ahorr"-. El objetivo es acelerar el proceso de puesta a disposición de órganos para aquellos que lo necesitan. En ese sentido, Arguello sostuvo "el hecho de discutir el tema ayuda al sistema porque de alguna manera busca un cambio cultural". El artículo 19 en el que reside la principal modificación de la Ley 24.193, establece que aún si el vínculo familiar no determina su consentimiento a la extracción de los órganos, la decisión final dependerá de la justicia. La legislación ya aprobada determina que “la ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiera manifestado”. Pero el análisis profundo que corresponde a una noticia de tal magnitud, no ha sido explorado por los medios de la Argentina. La promulgación de la ley es, a todas luces peligrosa, pues juega notablemente a favor de las mafias del tráfico de órganos que pululan por el país, y que mantienen contactos en altas esferas políticas, así como también entre la comunidad médica nacional. Gracias a la "Ley del Donante Presunto", toda persona que no haya especificado su oposición a donar órganos, se convierte en un objetivo potencial de estas mafias. El crimen organizado dentro de este rubro trabaja en silencio junto con "profesionales" de la medicina, expertos en "aplanar" artificialmente las gráficas de los electroencefalogramas de víctimas de accidentes que podrían ser salvadas, pero que constituyen un mejor "negocio" luego de fallecidas. En su desesperación, los familiares de personas enfermas que precisan de un órgano para continuar viviendo, han presionado al Gobierno para la promulgación de esta ley, pero en el camino han olvidado que el fin no justifica los medios a la hora de salvar a sus seres queridos. En este sentido, los familiares de pacientes en lista de espera de INCUCAI y Juan Carr se han asociado para criticar duramente y en forma pública a aquellos ciudadanos responsables que alertan sobre la existencia de las mafias de tráfico de órganos, ignorando de cabo a rabo lo que sucede en los oscuros pasillos de muchos hospitales públicos y privados. Al parecer, también muchos olvidan las innumerables veces que los archivos de INCUCAI fueron "extraviados" o incendiados por manos "torpes". Infortunadamente, la Dra Giubileo -asesinada por sicarios de estas mafias mientras investigaba la muerte de pacientes con retardo mental, localizados en instituciones públicas-, no está con vida para poder dialogar con los arriba mencionados y ayudar a arrojar luz sobre la cuestión. El tráfico de órganos en la Argentina no sólo es una realidad comprobable : se conoce su asociación no sólo con médicos y la política, sino también con la Justicia, sugestivamente inoperante a la hora de condenar a aquellos doctores que han modificado resultados de electroencefalogramas, y a individuos que secuestran a personas por horas, sólo para sacarles sangre con jeringas y luego declarar a sus víctimas que "no sirven para lo que estaban buscando". Porque extraer sangre en forma compulsiva no es un delito. Gracias a las gestiones de Juan Carr y su "Red Solidaria" -de brazos siempre abiertos para recibir los dineros de Kirchner-, y Ginés González García -Dr. Ahorro, para los amigos-, conoceremos nuevos episodios de secuestros y de ablación clandestina de órganos durante los próximos años. El factor común que podrá leerse en los DNI de estas futuras víctimas será que manifestaron donar órganos o que simplemente no hicieron declaración al respecto.
El Ojo Digital Sociedad