Colombia: la extrema izquierda incita a la violencia, mientras los medios de comunicación le obsequian cobertura

'Me arrojaron al suelo en la estación de policía y, sin misericordia, comenzaron a pegarme y a insultarme (...) Luego, un hombre me despojó de mi uniforme y abusó sexualmente de mí, mientras me golpeaba'. La que antecede, es la declaración de una agente de policía de Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, en donde una serie de violentas manifestaciones conmovieron al país durante más de un mes.

Hasta el momento, y a lo largo de las protestas, casi mil civiles y más de 960 oficiales de policía resultaron heridos. Dos agentes fueron asesinados, mientras que al menos dieciséis ciudadanos han sido abandonados por muertos -por motivos vinculados a las manifestaciones. Adicionalmente, se conoció de dos casos en los que bebés recién nacidos perecieron dentro de una ambulancia, porque los manifestantes atacaban el vehículo, impidiéndole avanzar.

Centenares de estaciones de policía, edificios públicos (incluyendo el edificio del Congreso en Bogotá), establecimientos comerciales, bancos, vehículos del transporte público -junto a sus respectivas estaciones- e iglesias fueron, o bien atacados con violencia, o bien incendiados por los manifestantes.

Miles de caminos fueron bloqueados en toda Colombia, entorpeciendo la entrega de alimentos, oxígeno y otros insumos básicos -con su programa de entregas demorado o paralizado.

Sin embargo, existe sólo una narrativa que se proyecta hacia el exterior del país, a la hora de explicar qué es lo que sucedió. Aunque será necesario apuntar cómo y por qué hemos llegado a esto.

Durante los últimos seis años, la izquierda radicalizada ha perdido tres elecciones nacionales; no obstante ello, ha reafirmado sus intenciones de todos modos. En 2016, una facción de burócratas no elegidos por la ciudadanía negociaron un tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -organización terrorista compuesta por guerrilleros que combatieron al gobierno en Bogotá durante décadas. A consecuencia de esos acuerdos, se garantizó impunidad para los mismos, su participación en la política, y una intolerable indulgencia para que sus elementos continúen involucrados en el contrabando de estupefacientes.

En las urnas, el pueblo colombiano votó con el objetivo de rechazar los convenios de paz, en oportunidad de llevarse a cabo un referendo. La campaña del 'No' se alzó con la victoria, obteniendo más de seis millones de votos -pero el acuerdo terminó implementándose, sin importar el resultado.

Pocos días atrás, uno de los líderes de las FARC que en su oportunidad se benefició con los convenios, fue presuntamente asesinado en territorio venezolano, al registrarse un intercambio de fuego entre capos de la droga. El liderato político remanente de las FARC conserva sus asientos en el Congreso de Colombia.

El pueblo colombiano no solo rechazó el citado tratado, sino que ratificó esa decisión al elegir como presidente a Iván Duque -quien en su momento marchó contra esas conversaciones- en 2018. Con más de diez millones de votos, la elección de Duque fue registrada como la victoria más amplia de un candidato en comicios nacionales. Al elegir al actual jefe de Estado, la ciudadanía en Colombia rechazó las propuestas del principal oponente a Duque: el ahora senador por la extrema izquierda Gustavo Petro.

Petro necesitaba contar con una oportunidad para cobrarse la derrota ante su otrora oponente, y la tuvo, cuando la Administración Duque propuso una reforma impositiva en marzo pasado, en réplica al elevado gasto estatal consolidado a consecuencia de la pandemia. El proyecto contenía numerosas medidas impopulares, y careció de respaldo político en el parlamento -ya previo a su publicación. Difícil pensar en una instancia más idónea para relanzar una campaña presidencial contra Duque, que este terrible error cometido por el actual mandatario.

Y así fue: Petro y sus socios convocaron a una protesta nacional de carácter 'indefinido', aunque todos en Colombia saben que el límite para la misma es muy específico: y coincide con mayo de 2022, fecha de la próxima elección presidencial. Cada 'Paro Nacional' fogoneado por Petro y sus vínculos políticos ha sido ruinoso para el país; mientras tanto, los manifestantes recurren a acciones cada vez más hábiles para provocar disrupción en la vida de la nación.

A modo de concesión frente a las turbas, Duque quitó del Congreso su plan de reforma impositiva y de salud, tras lo cual el ministro de Hacienda puso su renuncia a disposición.

Hoy, el mensaje es claro: si Usted no puede imponerse a través de comicios democráticos, entonces puede imponer su agenda por la fuerza. Sin embargo, las turbas han recibido mucho más de lo esperado -pero no tienen intención de poner fin a las protestas.

Y esta no es la peor parte de la historia. Para empeorar la situación, allí está la muy versátil campaña de desinformación montada por aquellos que se benefician de la violencia. Se ha informado de más de 7 mil cuentas falsas creadas en Bangladesh, utilizadas específicamente para desinformar, fraguar videos de enfrentamientos entre oficiales de policía y manifestantes, y comerciar en el concierto internacional la falaz idea de que el gobierno de Colombia asesina a civiles echando mano de la brutalidad.

Tristemente, numerosas organizaciones internacionales se han comprado este relato, al tiempo que lo utilizan para comprometer a las instituciones en Colombia.

Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugirió que las autoridades policiales en Colombia están utilizando la violencia sexual como método para controlar el orden público. Pocos días después, la mujer que denunció abuso sexual por parte de la policía en ocasión de desarrollarse las manifestaciones admitió haber mentido, al revelar el fiscal general las serias discrepancias registradas en su relato y las evidencias recopiladas.

¿Estará la Comisión Interamericana en condiciones de nombrar a sus fuentes a la hora de defender sus argumentos, además de citar exclusivamente a ciertos medios de comunicación?

La estrategia que exhiben estos agentes de la desinformación conduce a la diseminación de mentiras para incitar a la violencia y, acto seguido, a denunciar a oficiales de policía que responden a actos vandálicos -el objetivo es intimidarlo.

Hace poco también, un líder político declaró falsamente que muchas ambulancias transportaban armamento. Esa misma noche, más de quince ambulancias fueron destruídas.

Durante todo el mes de mayo, senadores colombianos y reconocidas figuras políticas han circulado falsos videos en Twitter, denunciando que policías incendian bancos, asesinan a civiles y abusan de su autoridad.

Las manifestanciones, a fin de cuentas, no hieren al presidente. La violencia ya se ha cobrado miles de víctimas en todo el territorio colombiano, y la responsabilidad recae en todos y cado uno de los líderes políticos y sociales que han ayudado a diseminar noticias falsas. ¿Por qué, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos se llaman a silencio frente a casos como el del bebé que pereció en una ambulancia atacada por vándalos? ¿Por qué el silencio frente al caso del policía que lucha por su vida tras padecer quemaduras luego de que le fuera lanzado un cóctel Molotov?

La comunidad internacional tiene derecho a conocer la verdad sobre lo que está sucediendo en Colombia.

Hoy, muchos líderes locales están exigiendo que el presidente preste oídos a las víctimas de las preotestas, y no sólo a aquellos dispuestos a intimidar y a imponer su voluntad recurriendo a la violencia extrema. La democracia colombiana se encuentra hoy bajo amenaza, y el resultado definirá quiénes son los que dictan las leyes; si las turbas, o los funcionarios elegidos en las elecciones.

Artículo original, en inglés

* El autor, Julián Hoyos, es miembro de la organización Conciudadanos, en Colombia.