INTERNACIONALES: TRAS SUCESIVOS RECLAMOS ARGENTINOS

Golpe al Uruguay : el Banco Mundial bloqueó préstamos para papeleras

El gobierno uruguayo analiza por estas horas el impacto que generará en su economía la noticia más relevante de la jornada : la marcha atrás del Banco Mundial para otorgar los créditos necesarios para la instalación de las controvertidas papeleras. Las maniobras entorpecedoras del cuestionado gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, finalmente cumplieron el objetivo.

21 de Julio de 2010
A la espera de que se aclaren los potenciales daños ambientales y sociales, el Banco Mundial informó que ha suspendido el proceso para el financiamiento de dos plantas de celulosa de papel, cuyas controversias han tensado las relaciones entre el Uruguay y la Argentina. Los proyectos están ubicados en Fray Bentos, en la ribera uruguaya del río Uruguay, y tienen en cartera una inversión total por 1,860 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial dijo que potencialmente financiaría hasta 400 millones. La oficina del ombudsman del Banco informó que los estudios de impacto ambiental realizados para ambas plantas no abordan adecuadamente las preocupaciones relacionadas con impactos en el turismo y agricultura, y no se ha consultado debidamente a empresas o individuos potencialmente afectados en Argentina y Uruguay. Indicó que su peritos retornarán esta semana a ambos países para discutir detalles del informe preliminar que llevó al Banco a tomar esa decisión. La decisión fue adoptada el viernes, pero el Banco la dio a conocer en el fin de semana. El informe, de 21 páginas, partió de una reclamación presentada al ombudsman el 23 de septiembre por más de 39.000 personas de los dos países y apoyada por el grupo civil Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), de Argentina. Los proyectos de celulosa de papel son patrocinados por el grupo ENCE, de España, con el nombre de "Celulosas de M Bopicuá"; y Oy Metsa Botnia, de Finlandia, con el nombre de "Orión". Ambos proyectos se encuentran bajo consideración del Banco como clientes potenciales de su brazo financiero, la Corporación Financiera Internacional, pero ninguno de los dos ha sido todavía aprobado, dijo el Banco. Los proyectos, sin embargo, están ya en una primera etapa de construcción en Uruguay, ya que fueron autorizados por el gobierno de ese país hace dos años. ENCE ha estado operando en Uruguay por más de 15 años, pero ésta es su primera incursión en la industria de la celulosa en el país. Proyecta producir 500.000 toneladas de celulosa por año. El costo del proyecto será de 660 millones de dólares, con una posible inversión del Banco Mundial de 200 millones. El proyecto Orión marca el ingreso de la corporación finlandesa Botnia a Uruguay. En octubre del 2003 Botnia anunció la posibilidad de instalar una planta de celulosa con una inversión de 1.200 millones de dólares y una posible participación del Banco Mundial de 200 millones. Las controversias ambientales y socioeconómicas generadas por ambos proyectos han tensado las relaciones entre Uruguay y Argentina, llevando incluso al gobierno de Montevideo al retiro para consultas de su embajador en Buenos Aires. A pesar de las denominadas cuestiones "ambientales" mencionadas, lo cierto es que los ambientalistas no han podido probar en ningún caso que el emprendimiento tendrá efectos nocivos sobre el medio ambiente. Analistas políticos han señalado oportunamente que las quejas argentinas están originadas simplemente en la decisión de las empresas extranjeras de instalarse en Uruguay y no en nuestro país. El motivo por el que se optó por el vecino país está relacionado con los altos niveles de inseguridad jurídica, el cambio permanente en las condiciones y las reglas de juego para las inversiones, y el desmesurado poder de los sindicatos en la Argentina. Todo esto, sin mencionar el hecho de los elevados costos de la electricidad, y los permanentes aumentos que las empresas deben enfrentar como consecuencia del mal manejo de la economía por parte de la Administración Kirchner. Otros analistas han ido aún más lejos y se preocuparon por destacar el elevado pedido de "retornos" -coimas- que funcionarios del gobierno de Busti habrían reclamado a las empresas extranjeras para operar en Entre Ríos. Los inversores decidieron, entonces, modificar sus planes y seleccionar al Uruguay como destinatario de los emprendimientos, y a partir de aquí, tanto Busti como la Cancillería argentina comenzaron con el boicott.
El Ojo Digital Internacionales, Associated Press y El País de Uruguay