La Justicia Federal desestima el pedido de clausura del Casino Flotante

Dos fallos se opusieron al dictaminado por el juez Roberto Gallardo. En primer lugar el juez en lo Penal, Ariel Lijo y luego el juez federal del fuero Civil y Comercial, Luis María Márquez, dieron a conocer fallos en los que confirman la validez jurídica de que el Casino Flotante siga funcionando. Para ambos magistrados la jurisdicción en lo relacionado con el barco, le sigue perteneciendo a la Nación, con lo cual desautorizaron los dichos de Gallardo sobre clausura. Márquez, quien ya se había expedido sobre el tema dándole la razón, a la empresa acerca de que el Casino se encontraba en jurisdicción de la Nación, emitió un fallo en el que ratificó la medida de no innovar. Por su parte, Lijo le pidió al Gobierno porteño, a la Prefectura, a la Gendarmería y a la Policía Federal que no realizaran la clausura del barco. El fundamento a tal decisión se basaba en que el tema del Casino Flotante debía resolverlo la justicia nacional y no la de la Ciudad. El Casino Flotante ha sido objeto de numerosas pujas en administraciones pasadas. El motivo es la elevada cantidad de ganancias que la empresa explotadora obtiene gracias al negocio de la sala de juegos. Y por supuesto, sobre tal negocio siempre penden las sospechas acerca de los "retornos" que los empresarios deben aportar a las autoridades políticas de turno (tanto del ámbito de la Ciudad como el nacional), a cambio de detener los intentos de cierre de sus operaciones, o incluso de evitar operativos de Prefectura Naval -la fuerza con jurisdicción en las aguas donde el casino opera-. De hecho, el motivo por el cual el casino opera en lo que técnicamente son las aguas del Río de la Plata y no los terrenos de la Ciudad de Buenos Aires, obedece, según comentarios, a las "elevadas tasas de retorno" que las autoridades municipales exigían para permitirle operar a la empresa explotadora.