Avogadro: Quien avisa...

Quien crea que lo que sucede en Ecuador es sólo una violentísima guerra entre bandas de narcotraficantes que se disputan mercados y rutas comerciales, asociadas a los grandes cárteles mexicanos y colombianos, se equivocará de medio a medio. Más allá de lo anecdótico y puntual que aparece en la superficie, y como lo prueba la detención de venezolanos por participar en las acciones terroristas, se trata de la más infame reacción del “socialismo del siglo XXI” ante una ola que, como siempre ha sucedido en nuestra historia continental, recorre toda su geografía y hoy lo lleva a la derrota. En resumen, desde Quito y Guayaquil llegan avisos que deben encender luces rojas en los tableros de mando de los países de la región, ya que muchos de ellos ya están siendo agredidos por el narcoterrorismo transnacional, apoyado y financiado por las dictaduras bolivarianas y por Rusia e Irán, en una nueva versión de su guerra general con Estados Unidos.


El Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que reúnen a quienes pretendían extender el mito de la “Patria Grande” y habían conseguido instalar foros como la Unasur y la CELAC, no están dispuestos a admitir su fracaso. Tras los triunfos de Gabriel Boric y Gustavo Petro, creyeron que la historia los favorecería, pero las sociedades están demostrando que están hartas de los populismos saqueadores que hoy sólo consiguen subsistir en la Nicaragua de Daniel Ortega, en la Cuba de Miguel Díaz-Canel, en la Venezuela de Nicolás Maduro y, algo, en la Honduras de Xiomara Castro.

Y fueron castigados duramente en los plebiscitos constitucionales de Chile, en las elecciones provinciales de Colombia y en los cruciales ballotages de Argentina y Ecuador, y están sumamente complicados en Bolivia por la pelea interna del MAS (que enfrenta a Evo Morales con el Presidente Luis Arce), en Perú, cuyos procesos políticos tienen décadas de inestabilidad y han llevado a la cárcel, o al suicidio, a muchos mandatarios, y hasta en México, hoy presidido por Andrés Manuel López Obrador, tal como se verá en las próximos comicios presidenciales. Por supuesto, perdieron El Salvador a manos de Nayib Bukele, y nunca lograron éxito alguno en Paraguay o Uruguay; y Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder después de un oscuro trámite judicial, dispone de fuertes instituciones legislativas dispuestas a impedir cualquier deriva autoritaria.

Las noticias provenientes de este tan sufrido continente relatan rivalidades entre distintos grupos de narcomenudeo y, hasta allí, nada que ignoremos los argentinos, que todos los días vemos a Rosario y a tantos otros lugares del país desangrarse en manos de criminales; de la desidia y la innegable complicidad de políticos, jueces, fiscales, policías, financistas y empresarios, obtienen la protección necesaria para matar con impunidad a sus competidores y sembrar un indiscriminado terror, casi siempre desde el interior de las cárceles, donde inexplicablemente acceden a celulares.

El Presidente Daniel Noboa Azim ha respondido con dureza a la irracional violencia que azota a su país, donde los vándalos –sin duda inspirados por el ex Presidente Rafael Correa, condenado por corrupción y refugiado en Bélgica- tomaron por asalto canales de televisión y universidades, retienen y asesinan rehenes y amenazan públicamente al Estado ecuatoriano; suspendió las garantías ciudadanas y ordenó a las fuerzas armadas intervenir en las operaciones antiterroristas, a las que calificó como “conflicto armado interno”, una instrucción que fue acatada por los uniformados sin cuestionamiento alguno.

Eso obliga a preguntarse qué sucederá en Argentina, donde la Ley de Defensa, por inspiración del kirchnerismo vengativo y asociado a los narcos, les impide actuar dentro del territorio nacional, salvo que se trate de la invasión de un ejército oficial extranjero, cuando debamos enfrentar una guerra total contra los mismos enemigos, aquí sumados a los antiguos terroristas de Montoneros y ERP, los peruanos de Sendero Luminoso y de tantas otras organizaciones subversivas que combatieron al Estado argentino y fueron derrotadas en el campo militar.

En otro orden de cosas, en el juicio que la Argentina perdió en los tribunales de Nueva York, la Juez Loretta Preska rechazó un pedido para diferir hasta el 20 de febrero el plazo para ofrecer garantías y, así, evitar el embargo de los bienes que puedan identificarse como de propiedad del Estado, condenado al pago de la monumental suma de US$ 16.100 millones. Hace muchos años, en una nota a la que titulé “Cristinita, ¿otros US$ 5000 millones?” expliqué por qué los Kirchner, siempre a través de sus testaferros, la familia Eskenazi, volvería a robar esa enorme suma. Espero que algunos de los más corajudos fiscales federales tome ya cartas en el asunto y denuncie penalmente a los responsables de tamaño saqueo.

Y también ansío que, así como ha aceptado modificar algunos puntos del paquete legislativo que envió al H° Aguantadero para su discusión, Javier Milei también ordene a su Ministro de Justicia dar marcha atrás con la prohibición a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera de actuar como querellantes en las causas por corrupción. Me parece absolutamente inaceptable que, para justificar tamaño dislate, Mariano Cúneo Libarona haya utilizado argumentos tales como la constancia de persecución política a opositores, o sea, al lawfare, un invento kirchnerista para intentar auto-absolverse.