Las armas nucleares soviéticas en Ucrania: una moneda de cambio, no un impedimento

Cuando Rusia dio inicio a su condenable invasión en perjuicio de Ucrania, cierta narrativa puso el foco en la pasada decisión ucraniana de renunciar a las armas nucleares que habían quedado en su territorio, tras el colapso de la Unión Soviética. 

De haber mantenido Kiev ese armamento, reza el argumento de referencia, podría haber disuadido a Moscú de la incursión militar. Esta perspectiva enfatiza las armas nucleares como la última póliza de seguro contra una invasión; sin embargo, minimiza detalles de importancia, mientras que hace lo propio con el contexto histórico en torno a la decisión ucraniana. De la noche a la mañana, Ucrania se convirtió en la tercera potencia nuclear del globo; ello sucedió en 1991, al momento de declarar su independencia, tras el colapso de la URSS. El ejército rojo había emplazado un aproximado de 1.800 armas nucleares estratégicas y 4 mil tácticas en suelo ucraniano.

La cuestión de qué hacer con el notorio arsenal nuclear pronto se volvió una prioridad para Ucrania, Rusia y los Estados Unidos de América. La recientemente independizada Ucrania estaba ansiosa de ser parte de la comunidad internacional; Rusia buscaba minimizar el perjuicio provocado por la disolución de la Unión Soviética; y los Estados Unidos centraban su preocupación en la seguridad de las armas nucleares -conforme Rusia y las otrora repúblicas soviéticas se enfrentaban a intensos retos políticos y económicos.

Aún cuando Ucrania contaba con miles de armas nucleares estacionadas en su territorio, las mismas no le pertenecían. El comando y control es una característica central de una disuasión nuclear efectiva -variable que Kiev no tenía bajo su tutela. De acuerdo a la historia oficial, referida por la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas de los EE.UU., 'los códigos de lanzamiento planificados previamente permanecieron en los centros subterráneos de comando y control del ejército de cohetes … Nadie negó que la autoridad para lanzar las fuerzas nucleares, las terceras más grandes del mundo, permaneció siempre en Moscú'.

En otras palabras, Rusia retuvo el mando y control efectivos sobre las armas de destrucción masiva desplegadas en suelo ucraniano. Kiev no podía lanzar los misiles ni utilizar las ojivas y, en consecuencia, el arsenal carecía de valor como elemento disuasorio. Adicionalmente, incluso si Ucrania hubiese contado con el mando y el control, lo cierto es que carecía de la infraestructura para mantener ese arsenal a buen resguardo.

A raíz de aquéllas limitaciones operativas y técnicas, las armas nucleares en territorio ucraniano simplemente no podían servir como disuasión efectiva. De todos modos, eran una valiosa moneda de cambio. Ucrania no podía usar las armas, pero podía canjearlas por otros beneficios.

El gobierno de Ucrania reconoció ese factor y, poco después de la independencia, acordó renunciar a las armas nucleares, convirtiéndose en signataria de acuerdos internacionales como el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y el Tratado de No Proliferación (TNP). La entrega de las armas nucleares, asimismo, obsequió una vía para mejorar la relación de Ucrania con los EE.UU., en virtud de que Washington había dado inicio a un programa cooperativo de reducción de amenazas, con miras a asegurar el material nuclear en la antigua Unión Soviética. Más aún, Ucrania debía lidiar con una notoria crisis económica a principios de la década de 1990, en donde se registraron un proceso de hiperinflación y una contracción significativa del PBI nacional. En pocas palabras, Ucrania tenía más para ganar si se deshacía de las armas nucleares, que si las conservaba.

Si bien existían claros beneficios en el intercambio de armas nucleares, Kiev desconfiaba de Moscú, y no quería entregar las armas de forma gratuita. En enero de 1994, Ucrania, los EE.UU. y Rusia convinieron una declaración trilateral. A cambio de garantías de seguridad escritas, US$ 2.500 millones en condonación de deuda, el apoyo de Washington en torno a la reducción cooperativa de amenazas y ensamblajes de combustible para sus plantas de energía nuclear, Ucrania acordó transferir todas las armas nucleares fuera de su territorio y unirse al TNP. A finales de aquel año, se formalizaron las garantías de seguridad tipificadas en el Memorandum de Budapest, que incluía el respeto a la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Estas garantías de seguridad se mantuvieron durante veinte años, hasta que Rusia violó el acuerdo en 2014 al anexarse Crimea.

Complementariamente, será lícito tener en cuenta que el Memorandum de Budapest, a diferencia del tratado que estableció la OTAN, no es un tratado de defensa, y no compromete a los Estados Unidos a una intervención militar en nombre de Ucrania -en caso de que ésta sea atacada. El convenio menciona consultas entre las partes y con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de conflicto, pero no llega al nivel de un tratado de defensa.

Dadas las circunstancias del momento, Kiev tomó la decisión acertada al renunciar a las fuerzas nucleares que la antigua Unión Soviética había desplegado en su suelo. Ucrania también obtuvo importantes beneficios económicos y de seguridad al renunciar a las mismas, cuestiones centrales en un contexto de dificultades económicas que enfrentaba. Finalmente, Rusia violó las garantías de seguridad que firmó en el Memorando de Budapest; no obstante, el acuerdo apuntaló dos décadas de paz entre Kiev y Moscú.

La invasión de Rusia a Ucrania es una gran tragedia sin sentido. Resulta tentador mirar al pasado en busca de soluciones fáciles que podrían haber evitado el horrible desarrollo. De todas maneras, resulta crítico no ver el pasado abrazándose al optimismo. Las armas nucleares que quedaron en Ucrania tras el desmoronamiento de la Unión Soviética funcionaron mejor como moneda de cambio que como variable disuasoria; en tal sentido, Kiev obtuvo beneficios económicos y de seguridad tangibles por decidir su intercambio.



* El autor, Eric Gómez, es director de Estudios de Políticas de Defensa en el think tank estadounidense The Cato Institute, en Washington, D.C.. Sus investigaciones se enfocan en el presupuesto militar y la posición de defensa de los EE.UU., así como también sobre el control de armas y asuntos relacionados a la estabilidad nuclear en el Este de Asia.