Argentina: el problema no es sólo el déficit fiscal, sino el nivel del gasto público

La semana pasada, el kirchnerismo se encontró, una vez más, con la dura realidad que corrobora que no puede hacer lo que se le antoja, la mayor parte del tiempo. Aún subsiste un mínimo de instituciones que le ponen algún límite. El rechazo contra el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, con una gran cantidad de artículos agregados con el fin de potenciar el gasto público, fue un descaro de un gobierno que tuvo dormido el presupuesto durante tres meses en el Legislativo, pretendiendo que, de un día para otro, aprobaría la ley de leyes.

 

Al respecto de la cuestión presupuestaria, hay varios temas a considerar, dada la falta de seriedad que acompaña a su tratamiento. En primer lugar, un presupuesto de ingresos y gastos de la Nación implica que los legisladores debatan: 1) cuánto se va a gastar en total, 2) en qué se va a gastar y, 3) cómo se financiará ese gasto.

 

Si algún sentido tiene discutir en el Congreso de la Nación un presupuesto, pues ese sentido repara en el hecho de que los representantes de los contribuyentes debatan en qué se invertirán o gastarán sus recursos. El gasto público se compone de recursos que salen de los contribuyentes vía impuestos y, por lo tanto, no es dinero de los legisladores; es dinero de los contribuyentes. Esto implica una absoluta responsabilidad del legislador a la hora de decidir cuánto dinero se le quitará al contribuyente, aspecto que exige ser prolijo en la discriminación del gasto. Justificar cada uno de los gastos implica argumentar en qué se utilizará el dinero de personas que se desloman trabajando cada día de la semana -incluso privándose de consumir o invertir, para financiar el gasto.

 

Si los legisladores se propone subsidiar a alguien tiene que decir a quién, por qué monto, por cuánto tiempo y, fundamentalmente, por qué razón, entonces alguien habrá de recibir dinero generado por el trabajo ajeno. En la Argentina, nos hemos acostumbrado a que éste debate no se plantee con la debida claridad. Es más, el presupuesto original 2022, que luego quedó desvirtuado por el agregado de nuevos artículos, se compone de un total de 4.851 páginas. Es imposible confeccionar un estricto control del gasto en semejante esperpento, en cualesquiera de sus párrafos puede colarse un gasto o erogación que nadie vio previamente, que puede comportar una naturaleza arbitraria, y que no tiene bases para su financiamiento. Se asiste, en rigor, a un mecanismo ideal para esconder gastos y que éstos pasen desapercibidos.

 

Adicionalmente, solo basta con atender al Presupuesto, para advertir que se trata de una monumental transferencia de recursos de los contribuyentes hacia personas que viven del trabajo ajeno; más aún, se destinan recursos a servicios básicos que el Estado ha de prestar, y que son mínimos: 1) Seguridad, 2) Justicia y 3) Defensa son una cuestión marginal en el Presupuesto. El grueso del mismo está destinado a los llamados servicios sociales. En efecto, el 65% del gasto va a ese rubro, mientras que los jubilados reciben monedas, salvo la vicepresidenta que tiene una suculenta jubilación; cada vez, el país contabiliza más personas bajo la línea de pobreza, más desocupados, más indigentes, y cuenta con una peor educación. En definitiva, más que servicios sociales, ese rubro debería llamarse clientelismo político.

 

No obstante, subsiste un punto importante a resaltar. Aún debatiendo el presupuesto, el Poder Ejecutivo puede modificar -por vía de Decreto de Necesidad y Urgencia o DNU- la asignación de las partidas que fueron votadas por los legisladores, incrementar el gasto y también el endeudamiento. Hasta el mes de noviembre, el Poder Ejecutivo emitió catorce DNUs con modificaciones presupuestarias y aumentos del gasto público. Es decir que el presupuesto original por el cual se decidió cuánto iba a gastar el Estado y cómo se iba a financiar ha quedado ya totalmente desvirtuado.

 

El total de incrementos de gastos autorizados por DNU en el presupuesto original fue de AR$2,6 billones, lo que remite a un incremento del gasto público presupuestado originalmente del orden del 31%. Se trata de un disparate que desvirtúa el concepto de cuánto tendrán que pagar los contribuyentes de impuestos para financiar ese nivel de gasto.

 

Sin embargo, otro dato a tener en cuenta es que algunos legisladores de la oposición argumentaron, entre otras causas, que no votarían la Ley de Presupuesto, porque incorporaba un mayor déficit fiscal. El argumento no es incorrecto; pero resulta incompleto, e incluso frágil.

 

Es cierto que el presupuesto debería estar equilibrado entre ingresos tributarios y gastos. Pero, conforme lo consignara alguna vez mi amigo Armando Ribas sobre su propia herejía económica: 'Prefiero un déficit fiscal de 2% del PBI con un gasto público del 15% del PBI, que equilibrio fiscal con un gasto público del 48% del PBI'.

 

Porque, en el epílogo, el más serio problema de la Argentina no es solamente el déficit, que en nuestro caso también bordea la frontera de lo disparatado, sino el nivel de gasto público consolidado que incluye lo que gastan la Nación, las Provincias y los municipios, en virtud de que, del bolsillo del contribuyente, parte el dinero para financiar a los tres órganos del Estado. Y, si los impuestos no alcanzan, entonces hace su ingreso la emisión monetaria con su consiguiente impuesto inflacionario, un endeudamiento público superior, e incluso con las confiscaciones de activos -tal como sucediera en oportunidades anteriores, en donde se destaca el ejemplo del Plan Bónex de 1989.

 

Finalmente, nuestro argumento refiere que es más relevante el nivel de gasto público que el déficit fiscal, porque implica qué parte de la riqueza que genera un sector de la población le será quitado mediante el monopolio de la fuerza, para ser transferido a ciudadanos que se benefician de ese dinero, para vivir sin trabajar.

 

En su ensayo intitulado La Ley, Frederic Bastiat distingue entre el robo común de un simple ladrón y lo que llama el robo legalizado. Frente al primero, recuerda el autor, hasta una persona puede defenderse; el problema surge cuando el Estado utiliza el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a las personas, para luego transferirlo a quien no le corresponde. El problema reside, pues, en el robo legalizado.

 

Si uno recorre las casi cinco mil páginas del Presupuesto Nacional, se topará con que su contenido es un fiel reflejo del ya comentado robo legalizado -en razón de que algunos sectores recurren al Estado para que éste le quite a otro su trabajo con el fin de obsequiárselo a él en nombre de la solidaridad social. El Presupuesto expone cabalmente, y bajo el argumento de la solidaridad social, a una sociedad de saqueadores que se aferran al Estado para robar el trabajo ajeno. Y son los legisladores quienes terminan aprobando o sancionando positivamente ese robo.

 

En tal virtud, no corresponde poner el acento en el déficit fiscal, sino en la inmoralidad de un Presupuesto que se apropia del trabajo ajeno y que refleja el comportamiento de una dirigencia política dispuesta a robar con tal de mantener el clientelismo político y, otros, con el argumento de impedir un estallido social. No se puede tocar mucho el gasto, porque estalla socialmente el país -dirán algunos políticos. ¿Acaso piensan que la Argentina no se encamina hacia un estallido con semejante nivel de destrucción de riqueza?

 

A la postre, el gasto público que refleja el Presupuesto es la más clara expresión de una sociedad que se esmera en vivir a costa del trabajo ajeno, buscando para ello la complicidad de la dirigencia política. Se asiste a un gigantesco robo legalizado del trabajo ajeno. Y ese monumental robo se traduce en una presión impositiva confiscatoria que ahuyenta a las empresas y a la inversión, con lo cual se destruyen puestos de trabajo, el resultado se traduce en un endeudamiento impagable, en emisión monetaria que nos ha dejado sin moneda, y en confiscaciones de activos líquidos que hacen huir el ahorro al exterior. La contrapartida del nivel de gasto público es, por supuesto, la pésima asignación de recursos y la destrucción de inversiones.

 

En síntesis, el Presupuesto debe estar equilibrado, esto es cierto. Pero el problema fundamental es el nivel de gasto público, a lo que hay que agregar la arbitrariedad de un gobierno que puede cambiar las partidas presupuestarias y el monto total a gastar, sin contar con autorización alguna del Poder Legislativo.