Quien define la excepción es quien manda; el caso de Chile

Carl Schmitt, un famoso abogado constitucionalista alemán que defendió el derecho de Adolf Hitler a imponer su tiranía sobre Alemania, en razón de que el parlamento germano le había investido de la totalidad de los poderes (con más de dos terceras partes de los votos), compartió en su momento una observación no ideológica sino factual que lo hizo famoso, previo a que aquello otro sucediera: quien define la excepción es el soberano.

 

Esa observación fue planteada por Schmitt, como parte de sus esfuerzos en pos de demostrar que la democracia liberal no era viable. La razón era que, en su perspectiva, ese sistema era débil e incapaz de contener crisis serias como las que tenían lugar en las décadas del veinte y del treinta -muy parecidas, por cierto, a las que se registran hoy en América del Sur. En la perspectiva de Schmitt, ese tipo de crisis sólo podía ser manejada por un tirano que no tuviera que andar consultando con nadie el modo de resolverlas.

 

El letrado alemán echó mano de la institución romana de la dictadura temporal, a efectos de ilustrar sus argumentos. De acuerdo con esa institución, el senado romano, al tener que confrontar con una severa crisis de gobernabilidad (llámese: una guerra, rebeliones, o depresiones económicas), podía designar temporalmente a un dictador, quien estaría a cargo por el tiempo estipulado de resolver el problema, aunque sin deber lidiar con las restricciones que la legislación podía imponerle en su tratamiento de los ciudadanos.

 

Esto era aceptado como parte de la institucionalidad de la República Romana; se hablaba de esto como una posibilidad en la República de Weimar (Alemania), cuando ésta transitaba las crisis de los veinte (hiperinflación, problemas con el pago de las deudas por reparaciones de la Primera Guerra Mundial) y de los treinta (Gran Depresión). Schmitt alegaba que la instalación de una tiranía, aún de carácter perentorio, terminaba inmediatamente con la democracia liberal porque, aunque no existiera crisis, siempre estaría detrás del gobernante la sombra de aquel que podía decidir si la excepción había tenido lugar, o no. Es decir que quien determinaba la excepción y convocaba al tirano temporal era el soberano.

 

La situación planteada por Schmitt se manifestaba claramente en los regímenes latinoamericanos que, si bien podían contar con un presidente civil, éste era derrocado inmediatamente por las fuerzas armadas en un escenario de crisis, o si el mandatario elegido hacía algo que los militares no aprobaran.

 

En el lenguaje del letrado alemán, la definición de la excepción al régimen democrático los convertía, de hecho, en los soberanos y, como tales, en los tiranos detrás de la silla civil.

 

Naturalmente, podría argüirse que las propias instituciones democráticas y las asambleas legislativas podrían determinar la existencia de aquella excepción, otorgándole mayores poderes al presidente con el objeto de administrarla —en la práctica, obsequiándole poderes de dictador por un tiempo limitado—. No obstante, Schmitt aseguraba que ninguna de las instituciones democráticas tenía las agallas para imponer el orden en tiempos de convulsión, como las que el partido comunista estaba creando en su época en Alemania. El abogado incluso entendía que la democracia liberal era tan débil que no podría lograr que sus soldados expusieran su vida por un ideal que él consideraba abstracto: la libertad. De allí, su respaldo por Hitler.

 

La historia probaría que Schmitt estaba equivocado. En medio de la Gran Depresión, Alemania se respaldó en el dictador, Gran Bretaña apuntó a formar, constitucionalmente, un gobierno nacional de coalición; Estados Unidos y otros países se inclinaron por gobiernos liberales democráticos. Doce años más tarde, en 1945, quedó claro que a las democracias liberales les había ido mucho mejor, que habían podido manejar sus crisis en libertad y que, además, habían ganado una guerra contra el Eje, en la que sus soldados habían dado su vida para defender lo que para Schmitt era sólo una abstracción: la libertad.

 

En los años ochenta, América Latina pareció haber abandonado el modelo del ejército decidiendo la excepción. Chile fue uno de los países que pareció abandonarlo en 1990.

 

Pero hoy, treinta años más tarde, Chile parece haber retrocedido a tener un poder detrás de las instituciones democráticas: multitudes de agitadores que han probador ser capaces de imponer una decisión de cambio constitucional al resto del país —en este caso, un millón de manifestantes versus 19 millones de chilenos—, y totalmente fuera del debido proceso.

 

Detrás de ese millón de manifestantes existe un grupúsculo todavía más pequeño, que es el que organizó todo, convirtiéndose en el grupo de poder más poderoso de Chile. Schmitt estaría impresionado.