POLÍTICA ARGENTINA: PABLO PORTALUPPI

Argentina. Caso Hooft: el relato en toda su crudeza

El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Federico Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad el 6 de mayo de 2006

02 de May de 2016
El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Federico Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad el 6 de mayo de 2006, mediante una querella criminal iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo por entonces del fallecido Eduardo Luis Duhalde. Los términos exactos de la denuncia: 'engranaje funcional y partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad'.
 
El 5 de marzo de 2013, fue suspendido provisoriamente en sus funciones y privado del 40% de su sueldo. Un año después, exactamente el 17 de marzo de 2014, dio inicio el debate oral y público ante el Jury de Enjuiciamiento presidido por el Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Hitters. El Jury lo integraban, además, cinco conjueces, representantes de distintos Colegios de Abogados bonaerenses, y cinco legisladores nacionales. Finalmente, a fines de abril del mismo año, el Jury absolvió al Juez con un contundente 8 a 2, y decidió restituirle su cargo y su sueldo completo. No obstante, la causa continúa.
 
El caso Hooft se ha convertido, a todas luces, en un emblema del relato. Se asiste a un discurso instrumentado desde las entrañas del kirchnerismo, propagado por el periodismo paraoficial de entonces, y vehiculizado por letrados locales. El tratamiento mediático del proceso fue eminentemente parcial y omitió informaciones sensibles que desnudan en toda su crudeza la manipulación de la historia a lo largo de la última década.

Juez HooftAl magistrado se lo acusa de una supuesta falta de acción en la tramitación de Hábeas Corpus presentados en su Juzgado en 1977, en especial ante detenciones ilegales ocurridas en lo que se llamó La noche de las corbatas, donde fue secuestrado un grupo de abogados marplatenses. Vinculado a este caso, cobró suma relevancia en la causa contra Hooft el testimonio de la esposa de una de los juristas desaparecidos, Marta García, cónyuge de Jorge Candeloro (en los hechos, la única testigo de fuste) quien afirmó haber visto al Juez en la Comisaría Cuarta de la ciudad, que oficiaba en aquellos años como centro de detención, y no haber hecho nada por los detenidos ilegalemente. 
 
El Dr. Hooft, al momento de los hechos, era Juez Provincial. La ley 20.840, llamada de 'Seguridad Nacional. Subversión económica y otros', promulgada por el Congreso el 28 de septiembre de 1974 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de octubre del mismo año, establece claramente la competencia federal de los hechos subversivos, en cualquiera de sus formas. En 1977 gobernaba el país una Junta Militar. La autoridad competente era el PEN (Poder Ejecutivo Nacional). Si un Juez Provincial recibía por respuesta una negativa ante la tramitación de un hábeas corpus sobre determinada persona, lamentablemente no es mucho más lo que podía hacer. Por eso, en aquellos tiempos el hábeas corpus resultó ser una herramienta insuficiente. Es más, le atribuyen a un polémico y sospechado Juez de Mar del Plata haber dicho: 'Los jueces hacían avioncitos con los hábeas corpus'.
El 12 de mayo de 2008, el Dr. Francisco Marcelo Razona, abogado en 1977 del padre del jurista desaparecido Jorge Candeloro, le envió una carta al Juez Hooft en todo esclarecedora, de las maniobras urdidas para inculparlo. En ella, el prestigioso letrado afirmaba que el motivo de la misiva obedecía a un “imperativo de conciencia en conocimiento de la inicua campaña desatada en su contra…..Ud daba ejemplo de dedicación, siempre preocupado por el trato a los detenidos, fiscalizaba permanentemente la Instrucción Policial…..inspeccionaba todas las dependencias policiales a cualquier hora y día….”. Luego, se refiere a lo más importante: “El referido Hábeas Corpus fue tramitado por mí. Yo hice el escrito inicial y acompañé al peticionante, Don Nicolás Candeloro. La acción tenía por objeto ubicar al Dr. Jorge Candeloro y su esposa Martha Haydee García, quienes habían sido detenidos el lunes 13 de junio de 1977 en la ciudad de Neuquén”. Y agrega: “El mismo día de la presentación de la acción ud dispuso el primer despacho requiriendo informes a todas las dependencias locales, para que se informara la detención, motivos y autoridad a cuya disposición se encontraban, con orden de que los informes debían ser presentados a las 8 hs del día siguiente en su Juzgado. Todas las contestaciones fueron negativas, con excepción del Coronel Alberto Barda, Jefe del GADA 601. Recién el 3 de octubre, Barda contestó informando que la persona en cuestión había sido abatida en un procedimiento militar”.
 
La testigo principal que da sustento a la acusación contra el Juez es Marta García, esposa de Jorge Candeloro, cuyo testimonio fue objeto de duras críticas por parte de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento que absolvió al Magistrado. El 11 de junio de 1985, la testigo declaró en el Juicio a las Juntas Militares, no haciendo mención a ninguna de las situaciones relatadas con posterioridad. Tampoco lo había hecho un año antes ante la CONADEP. Sólo contó que en el despacho del Juez Hooft se había encontrado una respuesta del Ejército ante la tramitación del hábeas corpus, donde se daba cuenta que su marido había sido abatido en un enfrentamiento al intentar escapar, precisamente el 28 de junio de 1977, día exacto de su presunta muerte luego de una sesión de torturas. En la edición reformada del “Nunca más”, editada en 2006 al cumplirse 30 años del golpe militar, todo lo que allí se dice es que “la comunicación (del Ejército) había quedado retenida en el despecho del Juez Hoff (SIC)”.
 
Sin embargo, y aún con el debido respeto que merece el sufrimiento por el que debió pasar la Sra. García estando detenida, hay que decir que su declaración fue mutando con el tiempo. Primero declaró que encontrándose detenida en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata pudo oír la voz del Juez Hooft, y luego, en otra declaración, adujo que lo pudo ver a través de la mirilla de su celda, llamándolo por su nombre, a lo que el magistrado desoyó su pedido y siguió caminando. Así lo refieren los votos de los miembros del Jury:
“La señora García, en ninguna de sus deposiciones anteriores reveló la circunstancia del llamado que le hiciera al Dr. Hooft en la ocasión en la que este realizaba sus visitas, como asimismo en ningún momento reveló el dato de que lo pudo ver al enjuiciado a través de una mirilla que estaba en su puerta. Las expresiones resultan ser muy vagas e imprecisas”. (Juan Carlos Hitters, Presidente del Tribunal).
 
“Resulta poco creíble que (Marta García) reconociera su voz, cuando jamás había hablado con Hooft. En su declaración ante este jurado el día 26/03/2014 manifestó que estando en la Comisaría Cuarta escuchó decir “Juez Hooft” y que para ella resultó una esperanza de vida, no pensó en que la sacaran, sino que le pudieran decir a su familia que estaba viva. Lo que marca una seria contradicción, ya que en el Juicio por la Verdad la testigo había dicho que un policía que vivía cerca de la casa de sus padres le había avisado a estos que ella estaba ahí, pero con la condición de que no dijeran nada. Pero no puedo dejar de expresar mi perplejidad ante una nueva mutación en la declaración de la testigo, diciendo ahora que cuando escucha decir que viene el Juez Hooft se asoma por la mirilla de su celda y ve al acusado. Asombro porque al comparar los dichos de la testigo con la realidad material que no requiere de prueba, es que las mirillas de las puertas ciegas de las celdas se encuentran del lado de afuera de las mismas, no del lado de adentro, están de ese modo para ser abiertas y cerradas por los carceleros” (Conjuez Héctor Martin).
 
Cabe agregar un dato: Marta García estaba detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Aquellos que estaban en esa condición, por la ya citada ley 20840, se encontraban separados de los presos comunes. Un Juez provincial, y no Federal, como era el Dr. Hooft al momento de los hechos, sólo tenía acceso a estos últimos, por lo que, al decir del Conjuez Atilio Roselló, “el encuentro narrado por la señora de García jamás podría haber ocurrido”. Las visitas de Hooft a dependencias policiales están reconocidas por la defensa, ya que las mismas se realizaban en cumplimiento de sus funciones como Juez Provincial, de acuerdo a la competencia que le otorgaba la legislación vigente en ese momento. Asímismo, en otro párrafo del voto del Dr. Hitters, el Presidente del Tribunal afirma que “tengo en cuenta la actitud y compromiso asumido por el Dr. Hooft en relación a las condiciones de alojamiento advertidas en las visitas a Comisarías en la época de mención (...) Al menos en tres oportunidades los jueces penales redactaron notas dirigidas a la Suprema Corte reclamando por las condiciones de alojamiento de personas detenidas a disposición de la justicia provincial”.
 
El 11 de agosto de 1978 el médico Francisco José Vázquez es interceptado por una comisión policial de civil en pleno centro de Mar del Plata. Encapuchado y esposado, lo conducen en un auto a un paraje cercano a la ruta 226 en dirección a Balcarce, donde lo golpean y torturan reiteradamente mediante la aplicación de corriente eléctrica en todo su cuerpo, en especial en los genitales. Los policías fueron procesados. El 25 de julio de 1979 se conoció la sentencia: como autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales agravados – tormentos, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y a inhabilitación absoluta y perpetua el Oficial Marcelino Blaustein, a cargo de aquel operativo. Quien firmó la sentencia fue el Juez Pedro Federico Hooft. En una de sus declaraciones, Marta García manifestó que al verlo por la mirilla de su celda en la Comisaría Cuarta, el Juez Hooft estaba acompañado por el Inspector Marcelino Blaustein. Sin embargo, este, en su declaración ante el Jurado, sostuvo que aquel nunca acompañaba a los magistrados, que lo hacía el cabo de guardia. Como afirma el Conjuez Eduardo López Wesselhefft, “el testimonio (de Blaustein) lo aprecio con el máximo de la estrictez atento su carácter de procesado y condenado por el Dr. Hooft”.
 
El jueves 2 de diciembre de 1976 a las tres de la madrugada, descienden de un automóvil dos personas y abren fuego con itakas contra la vivienda particular del Juez, ubicada en Laprida y Sarmiento, haciendo blanco en las diferentes ventanas. Según las crónicas de la época, algunos de los proyectiles pasaron a escasa distancia de Hooft y su esposa. En una de las habitaciones dormían los cuatro pequeños hijos del matrimonio. Al realizar la denuncia en el destacamento policial más cercano, un integrante de la familia juró oír decir a un policía: “¿No se murió el hijo de puta?”. Mientras el Juez tuvo que dormir en los dos meses posteriores al atentado en cualquier lado, trasladándose de un lugar a otro, su esposa y sus hijos debieron mudarse a un convento en las afueras de Necochea, en medio de la nada.

Resulta imposible no vincular este atentado con diferentes causas que instruyó el Juez Hooft contra funcionarios policiales desde el año 1976. Entre ese año y 1983, el Magistrado dictó sentencias condenatorias en al menos siete causas contra policías por los delitos de torturas, apremios, vejámenes ilegales y privación ilegal de la libertad. En una de ellas, el abogado defensor de los funcionarios policiales involucrados fue el actual Juez del TOF nro. 1 Roberto Falcone, uno de los impulsores de los Juicios por la Verdad en Mar del Plata.
  
El 7 de julio de 1979, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) emite un informe sobre la subversión, titulado “Panorama Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el derecho de Habeas Corpus”. En un párrafo, se puede leer textual: “PEDRO CORNELIO FEDERICO HOOFT; Juez penal de Primera Instancia del Dto. Judicial de Mar Del Plata, persona muy relacionada con la CURIA DE ESTA CIUDAD, de cuya tendencia se desconfía, no es por supuesto partidario de la filosofía del proceso actual, en abierta beligerancia con la Policía de esta Ciudad, cosa que demuestra públicamente, (clases que brinda a sus alumnos sobre PROCEDIMIENTO PENAL, en la facultad de esta ciudad) y de cuya personalidad e idoneidad en su cargo no se hacen méritos, pues al parecer se hallaría afectado por una seria neurosis depresiva y delirios de persecución”. 
 
¿Qué se esconde detrás de todo esto?. “Quien motorizó las denuncias contra Hooft es el Dr. César Sivo, abogado ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Si lees los párrafos de las denuncias contra Hooft de la Secretaría de Derechos Humanos, son casi un calco de la denuncia presentada por el propio Sivo”, refiere un reconocido abogado marplatense. En el año 2002, Pedro Hooft procesó al Fiscal ante el TOF nro 1 Marcelo García Berro, en el caso conocido como “El loco de la ruta” donde desaparecieron tres prostitutas. El abogado defensor de García Berro fue César Sivo. También cabe mencionar que la Corte Suprema inició el Sumario nro 3001-259/90 contra el Dr. Sivo por una denuncia realizada por Hooft por graves irregularidades en sede judicial en la década del ´90. 
 
La causa contra Hooft tuvo seis jueces, ya que uno tras otro se fueron excusando. Para la defensa del magistrado, “esto se daba por las inconsistencias de las acusaciones en su contra”. El Juez actual de la causa pertenece a la localidad de Azul, y es el Dr. Martín Bava, un hombre en extremo allegado al polémico camarista local Jorge Ferro.

Un hecho muy recordado en esta causa fue la grabación que hiciera el hijo del cuestionado Juez, Federico Hooft, al entones Fiscal Claudio Kashimoto. Allí, el malogrado letrado confesaba el armado de la causa, definiéndola como un “gran verso”, y admitía las fuertes presiones que sufrió por parte del Fiscal de Cámara para firmar el pedido de indagatoria del Juez. Confesión que, a estas alturas, parece anecdótica; a tal efecto, alcanza con repasar la contundencia de los argumentos de los miembros del Tribunal que decidieron absolver a Hooft, y pese a lo cual, la irracional tozudez de los acusadores hace que se persista en accionar por la vía penal.      
     
Aún resuenan las palabras del fallecido ex Fiscal Julio Cesar Strassera: “Yo tuve a la vista casi todos los hábeas corpus del país. Y pude ver que los expedientes a cargo del Juez Hooft eran impecables”.

 
Sobre Pablo Portaluppi

Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Periodismo. Columnista político en El Ojo Digital, reside en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Su correo electrónico: pabloportaluppi01@gmail.com. Todos los artículos del autor, agrupados en éste link.