La Argentina y los años setenta: los 'trastornos' del revisionismo

Los modos de administrar terror son variopintos. Un formato -más directo- fue empleado por las fuerzas armadas argentinas en los años setenta. La segunda variante porta una mascarada de progresismo, y el subsistema kirchnerista supo explotarlo con presteza. Concluído el ciclo político de Néstor y Cristina Kirchner, se imponen ciertas preguntas. ¿Acaso algo comienza a cambiar? De a cuentagotas, puede apreciarse un nuevo paradigma, que pone el foco sobre la violencia en el pasado no tan reciente. Algunos síntomas de este pretendido cambio: el periodista Alfredo Leuco, acostumbrado a la corrección política en sus editoriales, se atrevió a plantear, pocos días atrás: 'Es necesario que haya nuevos organismos de Derechos Humanos'; Darío Lopérfido, Director del Teatro Colón, apuntó que era menester revisar la cifra de 30 mil desaparecidos; Graciela Fernández Meijide (quien debió padecer la desaparición de un hijo en tiempos del Proceso), casi fue magnánima con Jorge Rafael Videla, al señalar: 'Era un tipo que estaba anticoagulado, viejo, con quebradura de cadera, se iba en sangre. ¿Qué ventaja sacó el país dejándolo en prisión en ese estado? Creo en la justicia y los derechos humanos, si puedo pedir el mismo nivel de justicia para mi hijo que para mi peor enemigo'.

Otra frase igualmente contundente fue pronunciada por el propio Mauricio Macri, en oportunidad de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El Presidente diría: 'El golpe de Estado de 1976 consolidó el período más oscuro de nuestra historia'. Tal expresión remite a un profundo cambio respecto del eje discursivo de la Administración anterior, según la cual la violencia dio inicio el 24 de marzo de 1976. A fuer de ser honestos, fue ésta la postura que primó en la opinión pública y el periodismo desde 1983. El entonces presidente Raúl Alfonsín prefirió omitir la violencia ejercida durante los años previos al golpe, en especial el accionar de la 'Triple A', conforme ello hubiese implicado investigar al propio peronismo, en los roles encarnados por el gobierno de Perón y su viuda. Más allá del proceso que se le siguiera a las Juntas, la mirada de la justicia se posó sólo sobre la cúpula de Montoneros. El kirchnerismo, ni bien llegado al poder, prefirió calificar a militantes montoneros y del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) como 'jóvenes idealistas'. Esta prerrogativa sentó las bases para una mirada en extremo compasiva de cara a los miles de asesinatos legados por la guerrilla. En la actualidad, parece asomar un novedoso consenso. La familia judicial, mientras tanto, ha dejado vía libre a comentarios que incomodarán a un reconocido periodista de investigación, ex militante de Montonero, devenido en 'ministro sin cartera' del gobierno saliente.

En cualquier caso, la política sobre derechos humanos no deja de mutar en temática resbaladiza para la gestión Macri. De alguna manera, las nuevas autoridades exhiben cierta percepción culposa hacia algunos organismos. Asimismo, comienzan a observarse ciertos movimientos cuya meta sería avanzar algún formato de encuadramiento punitivo para los crímenes de la guerrilla de izquierda en los setenta -y, en simultáneo, salen a la luz un cúmulo de irregularidades, detectadas en causas ocupadas en los denominados 'Juicios por la Verdad'. Adicionalmente, subsiste una demanda para poner la lupa sobre la sumatoria de los hechos registrados durante los años de plomo, despojada de consideraciones estrictamente políticas. Moraleja: cada cual habrá de ocuparse de los monstruos que su espectro supo generar. Así fue como la Argentina prefirió olvidar a cuantiosas víctimas -y la autocrítica ha brillado por su ausencia.

Conforme supo describirse desde este espacio, la persecución judicial que allegados al kirchnerismo decidieron interponer contra ciudadanos -con el solo objetivo de sustentar una agenda política- ha sido, cuanto menos, aberrante. Un caso que bien sirve para certificarlo es el del magistrado marplatense Pedro Federico Hooft (los prolegómenos se explorarán en El Ojo Digital próximamente, con la debida profundidad). Con rigor autoritario, y por intermedio de una denuncia presentada por Eduardo Luis Duhalde (ex Secretario de Derechos Humanos bajo Néstor Kirchner), Hooft fue acusado por delitos de lesa humanidad. Aún cuando el juez obtuvo su sobreseimiento en 2013, el perjuicio ocasionado ha sido irreparable -pero las acusaciones han seguido su curso. Lynette Hooft, hija del referido, se dio a la publicación de un texto el próximo-pasado 30 de marzo, del que pueden extraerse párrafos contundentes: 'Fueron diez años atravesados por escraches, pintadas agraviantes en nuestra casa; en la Facultad de Derecho, donde mi padre era docente (...) Un día, despertamos con nuestro barrio empapelado de afiches injuriosos. También debimos apagar el fuego de un muñeco con el rostro de mi padre colgado en el ingreso a los Tribunales. Además, padecimos un dolor inconmensurable ante la estigmatización, las presiones y persecuciones por ser hija o familiar del Juez Hooft'. El hostigamiento arrancó durante 2006 y, recién siete años después, se llegó a una sentencia absolutoria -lo cual no sirvió para atemperar los ataques. 

Y los testimonios conmovedores se multiplican: 'Mi padre, el Capitán Héctor Cáceres, murió en el enfrentamiento armado de Río Pueblo Viejo, en Tucumán, el 14 de febrero de 1975, a manos del grupo terrorista ERP. No sólo falleció cumpliendo una orden del gobierno constitucional (PEN número 261/75), sino que además dio su propia vida al ir en rescate de su compañero, Rodolfo Ritcher, quien se encontraba gravemente herido en el suelo. Yo tenía tan sólo siete meses cuando esto ocurrió. Nunca llegué a conocer a mi padre en persona. No tengo memorias ni recuerdos de él. No sé y nunca sabré cómo era su voz, su aroma o sus gestos. Nunca pude sentir un abrazo, una caricia, ni siquiera un reto de su parte. No he podido compartir un atardecer, ni ir al cine juntos. El no pudo estar en los momentos difíciles de mi vida, cuando más lo necesitaba. No tuve su guía, ni sus palabras de aprobación, ni su aliento. Lo tuve que aprender solo. Al ver a Macri y Obama en el Parque de la Memoria el 24 de marzo pasado, sin hacer mención alguna a los miles de personas que han sido asesinadas, heridas y secuestradas por grupos terroristas, siento que se reabre un profundo dolor. El derecho a la verdad es un derecho humano fundamental. De la misma manera que los hijos de desaparecidos tienen derecho a la verdad, los hijos víctimas de los grupos terroristas argentinos también tenemos el mismo derecho a la misma verdad'.

Como ya se dijo, la República Argentina también carga sobre sus hombros el registro miles de víctimas del terrorismo entre los años 1969 y 1979 -año este último el de la contraofensiva montonera. Desde 2003, el kirchnerismo obstaculizó cualquier posibilidad de debate serio al respecto. Y, acaso con la crisis económico-social de 2001 aún fresca en la memoria colectiva, la ciudadanía prefirió no sumarse al reclamo de una discusión más abarcativa (y, por ende, justa). Algunos datos para ilustrar el panorama oculto: en los diez años mencionados, el país padeció 5.215 atentados con explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros de personas, y 2.402 episodios de robo de armamentos (ya fuere de comisarías o de bases del Ejército). En una de las últimas audiencias del proceso contra la CNU -que se lleva a cabo en Mar del Plata-, declararon los autores de un libro sobre el accionar de dicha organización en La Plata, Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal; ambos ex periodistas de 'Miradas al Sur', propiedad del Grupo Szpolski, vinculado al kirchnerismo. Tanto Cecchini como Leal se confesaron militantes del PRT-ERP, y reconocieron que los grupos de izquierda de aquellos años contaban con el apoyo de gobernadores de provincia, como ser Oscar Raúl Bidegaín (Buenos Aires), Jorge Cepernic (Santa Cruz), Alberto Martínez Baca (Mendoza) y Ricardo Obregón Cano (Córdoba). Ceferino Reato -periodista reconocido por lo extensivo de sus investigaciones en la materia- refiere que, en ocasión del homicidio de José Ignacio Rucci, abundan testimonios que corroboran el apoyo de Bidegaín a las células de milicianos montoneros que luego darían muerte al sindicalista.

El proceso versus CNU, en el ínterim, también acopia sospechas de no pocas irregularidades. La mayor acaso coincida con el cambio de fiscal en la causa, a raíz de que el inicialmente designado no cayera en gracia del entonces Procurador Esteban Righi -ex ministro del Interior de Héctor Cámpora-: Juan Manuel Pettigiani en su momento había descartado de plano la tipificación de delito de lesa humanidad que les hubiese cabido a integrantes de la Concentración Nacional Universitaria. En tanto se acepta que la CNU estaba enrolada en lo que se conocía como 'derecha peronista', los cuestionamientos de rigor hoy apuntan al objeto procesal del juicio: la figura de 'asociación ilícita'. En paralelo, se cuestiona los hechos investigados, a saber, los ocho homicidios perpetrados con diferencia de pocos meses, y que comenzaran en marzo de 1975. A tal efecto, presentaciones de testigos interponen serias dudas contra la supuesta autoría de los imputados en la comisión de los delitos de referencia. Las objeciones argumentan que la coordinación, logística y preparación necesarias para llevar a cabo los cinco crímenes que asolaron Mar del Plata durante la madrugada del 21 de marzo vuelve imposible la participación de los acusados -en su mayoría abogados. Quienes respaldan el objeto del juicio, por su parte, afirman que esa logística fue posible, precisamente, gracias al apoyo estatal con que contaban, a través de la 'Triple A' y de fuerzas de seguridad. En las audiencias más recientes, algunos testimonios verifican la teoría de la infiltración, especialmente de parte de elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas (Batallón 601). Alfredo Cuesta -de profesión, letrado, y militante de la Juventud Peronista en 1975- declaró que el denominado '5x1' fue perpetrado por un grupo de desconocidos.

En el proceso marplatense, el principal imputado es Gustavo Demarchi -ex Fiscal entre los años 1974 y 1976-, acusado de ser el líder de la CNU. Colateralmente, la parte acusadora menciona que, al menos, Demarchi amparó el funcionamiento de estas organizaciones desde su rol en la fiscalía. Quienes defienden el planteo de la defensa argumentan que, en la época de referencia, la instrucción era brindada por fuerzas de policía, y no por la fiscalía. Gustavo Demarchi -detenido desde febrero de 2011- ejerce su propia defensa. Argumenta que su figura es víctima de un ataque personal y de índole política, a consecuencia de haber oficiado de defensor legal de particulares en causas contra los actuales miembros del Tribunal Oral en lo Criminal, Roberto Falcone y Mario Portela (ambos en extremo cuestionados en el ámbito de la justicia local y, a la vez, impulsores del caso CNU). En tal contexto, sostiene Demarchi que corresponde prestar atención al papel desempeñado por la ex senadora Susana Salerno: su declaración fue pieza fundamental para incriminar al fiscal ahora en el banquillo. En su oportunidad, Salerno fue denunciada penalmente por el propio Demarchi, por malversación de fondos en su rol de administradora del Complejo Punta Mogotes -a posteriori, Salerno buscó asesoría legal en la Defensoría de Pobres y Ausentes, alegando no contar con fondos. En la Defensoría bajo mención, Salerno contó con los buenos oficios de Daniel Adler; Adler es hoy una figura reconocida por el público, luego de que el programa del periodista Jorge Lanata (Periodismo Para Todos, PPT), recordara su participación en el jury de enjuiciamiento contra Gustavo Campagnoli. Daniel Adler luego sería designado fiscal en la causa CNU... en reemplazo de Pettigiani.

'Se pierde de vista que la Corte Suprema de Justicia, en el Caso Lariz Iriondo (alias 'Josu', ex miembro de ETA que asesinó a cuatro agentes de policía españoles; el Reino de España pidió su extradición y el gobierno argentino negó el requerimiento), proclamó que el Terrorismo no es delito de lesa humanidad. Sin embargo, la misma Corte estableció en el caso 'Arancibia Clavel' que la mera participación en una asociación ilícita -delito autónomo, de peligro y tipicidad subjetiva, propio de las dictaduras- sí constituye delito de lesa humanidad. Esta contradicción consigna que este proceso tiene por meta involucrar a opositores del kirchnerismo', apunta un prestigioso letrado marplatense. Al exigir el gobierno de la República Argentina la extradición de Beatriz Arenaza, con miras a que se le siguiera proceso en la causa CNU, Madrid negó la misma, aduciendo que el mero hecho de haber participado en una posible asociación ilícita no califica como lesa humanidad; ergo, los supuestos crímenes habían prescripto.

'Para que el delito de Asociación Ilícita sea punible, se exige siempre un grado de participación. La figura no es aplicable a aquellos que sólo han sido miembros de dicha Asociación', fundamenta un reconocido magistrado marplatense, de órbita federal. En el proceso CNU, solo un puñado de imputados están acusados de ser parte de la asociación ilícita, enmascarada en la organización de rigor.

Mucho se ha hablado del sendero de espinas legado por el kirchnerismo en lo económico. Pero, a la luz del debate que el subcapítulo de los derechos humanos arrojara en las últimas semanas, acaso sea preciso extender las funestas consecuencias de la herencia al terreno judicial y, por qué no, cultural. Ni bien se profundice sobre el particular, muchos habrán de descubrir -presas de la perplejidad o la indignación- que los gobiernos siempre cuentan con apoyo para hacer y deshacer a su antojo. Ese respaldo, en el caso de Néstor y Cristina Kirchner, también supo provenir de la sociedad civil.