ESTADOS UNIDOS: PHILIP GIRALDI

Secretos de Estado: Obama va demasiado lejos

La actual Administración estadounidense ha estirado toda provisión legal cuestionable más allá de lo que resulta tolerable, llegando a descartar demandas privadas.

19 de Abril de 2015

Se ha dicho que la Administración Barack Obama ha empleado el privilegio del secreto de Estado más que todos sus predecesores en la Presidencia, combinados. Existe una clara ironía, inherente al hecho de que, en rigor, Obama se candidateó en 2008 específicamente comprometiéndose a crear un gobierno más abierto y transparente.

La versión contemporánea del privilegio de los secretos de Estado fue invocada exitosamente por primera vez en 1953, en una caso que involucraba secretos militares. La intención era dotar al gobierno de un mecanismo para intervenir en procesos judiciales, de existir algún peligro frente a que información clasificada pudiera revelarse, como parte del proceso legal. En la práctica, esto significó que, si la parte acusadora o la defensa en un juicio buscaban utilizar información gubernamental para armar sus respectivos casos, el Departamento de Justicia (DOJ) estaría en capacidad de intervenir ex parte in camera y, luego de presentar su caso, quizás obtener una resolución de parte del magistrado interveniente que versara que la información buscada fuera inadmisible en su uso, sobre la base de la seguridad nacional.

Originalmente, el privilegio de los secretos fue utilizado rara vez, y con una especificidad considerable; enfocándose -por ejemplo- en documentos o testimonios de que el gobierno estaba en capacidad de declamar daño en perjuicio de la seguridad nacional, u otras consideraciones relacionadas. Los lineamientos del Departamento de Justicia claramente expresan que el privilegio no puede invocarse para 'ocultar violaciones de las leyes, ineficiencias o errores administrativos', o para 'prevenir desgracias o vergüenza para una persona, organización o agencia del gobierno de los Estados Unidos'. En la práctica, sin embargo, aún si el error o la vergüenza son las verdaderas razones para la acción, siempre puede afirmarse que el asunto involucra a la seguridad nacional, de tal suerte que los lineamientos son, esencialmente, inocuos. En efecto, la afirmación de privilegio de 1953 fue, en sí misma, fraudulenta. Luego de que los papeles relativos al accidente de una aeronave militar fueran finalmente desclasificados en 2000, se determinó que la fuerza detrás del encubrimiento fue ahorrarle vergüenza a la Fuerza Aérea, en relación al pobre mantenimiento efectuado sobre sus propios aviones.

La decisión de declarar a la información admisible no depende del juez interviniente, sino de que él o ella puedan o no revisar, en verdad, el documento relevante o cualquier otra evidencia bajo cuestionamiento, respaldándose frecuentemente en el testimonio de un representante del gobierno o en una declaración jurada del DOJ, relativa al impacto potencial. Si el magistrado concuerda con el caso presentado por el gobierno, el acceso a la información será denegada sin discusión futura, y el proceso puede, entonces, proceder.

Pero el desviarse de los precedentes referidos a cómo se supone que funcionen los secretos de Estado ha convertido a las protecciones frente al proceso ampliamente irrelevantes. En la actualidad, el privilegio es más utilizado por el gobierno no para impedir la exposición de una pieza de información, sino fehacientemente para intervenir con el objeto de impedir que un juicio tenga lugar. La Administración George W. Bush utilizó el privilegio de los secretos de Estado para bloquear litigios relativos a abducciones o torturas, cuyo ejemplo más notable fue la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) en 2007, núcleo que representó a cinco víctimas de secuestros; la demanda fue presentada contra Jeppesen DataPlan, subsidiaria de Boeing Company que había participado del proceso. El Departamento de Justicia de Bush amordazó en dos oportunidades al soplón del FBI, Sibel Edmonds, sobre la base del secreto de Estado; el objetivo: impedir de manera preventiva que ella dijera nada sobre episodios de corruptela en el departamento de investigaciones federales.

La Administración Bush incluso llegó a bloquear todo recurso legal para aquellos que habían sido torturados. El ciudadano canadiense Maher Arar, quien fuera detenido por agentes del gobierno estadounidense en 2002 y que luego fuera entregado a Siria -donde fue torturado- fue impedido de acceder a cotes estadounidenses luego de que se conociera que habíá sido acusado bajo información imprecisa. El ciudadano alemán Khaled el-Masri fue torturado en un black site del gobierno de Estados Unidos en Afganistán, tras ser detenido en Macedonia. Finalmente, sería liberado; cuando se determinó que había sido detenido equivocadamente. Tanto a Arar como a el-Masri les fue negada la posibilidad de demandar al gobierno estadounidense, por la vía del privilegio de los secretos de Estado.

La Administración Obama ha ampliado el empleo de los secretos de Estado para detener cualquier desafío presentado al programa de asesinato a través de drones, e incluso para defender listas de no-vuelo. La recurrente apelación al privilegio de los secretos de Estado por parte de Administraciones que, en apariencia, buscan evitar el escrutinio o la rendición de cuentas, ha conducido inevitablemente a abusos en términos de cómo es empleado aquel recurso. Uno se muestra inclinado a esperar resultados bizarros cuando un gobierno puede declamar con regularidad que cuenta con secretos que no puede compartir, y que potencialmente impiden cualquier acción retributiva por vía del sistema judicial. Con toda corrección, podría sugerirse que este tipo de acción es sintomática de un Estado totalitario, y así es.

Un caso reciente en una corte Federal de Nueva York, que involucró una demanda luego descartada por el juez interviniente, apenas ha recibido cobertura mediática, aunque exhibe claramente el modo en que los remedios judiciales que tienen por objetivo la ilegalidad del gobierno son gradualmente reprimidos por el Departamento de Justicia. Dado que el gobierno ni siquiera tomaba parte del caso de Nueva York, ello también genera preguntas sobre la predisposición de la Casa Blanca de trabajar mano a mano con organizaciones privadas, con miras a ejecutar el tipo de 'acciones clandestinas' que alguna vez fueron competencia de las organizaciones de inteligencia.

El acusado en el proceso de Nueva York era United Against Nuclear Iran, que exhibe un presupuesto de US$ 2 millones. El grupo, que obtuvo el status educacional 501(c)3 -que le permite limitar la identificación de sus donantes- tiene oficinas en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, y postea sus hallazgos en una cartelera en la esquina de Times Square. Se describe a sí misma como comprometida en 'la guerra psicológica y económica' contra Irán, y registra actividad en Capitol Hill proporcionando 'testimonio experto' para comités del congreso, para incluir 'ayuda' en la preparación de legislación. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Irán en julio de 2014, los tres testigos externos convocados pertenecían a United Against Nuclear Iran (UANI).

Meir Dagan, ex cabeza del Mossad, se ubica en el panel de consulta de UANI, que  también incluye al ex senador estadounidense Joseph Lieberman, al ex Consejero de Seguridad Interior Fran Townsend, al ex Director de la CIA James Woolsey, y al ex diplomático de carrera Dennis Ross, todos los cuales han sido vistos frecuentemente pujando por intereses israelíes. Lieberman, Townsend, Ross y Woolsey bien podrían tener fácil acceso a información generada por el gobierno de los Estados Unidos, aún cuando ya no ocupan sus respectivos cargos.

UANI se muestra activa en los medios de comunicación, pero quizás sea más conocida por sus iniciativas de 'nombres y vergüenza', en la que expone a compañías que -según dice- hacen negocios con Teherán, en violación de las sanciones estadounidenses. UANI intimida periódicamente a sus objetivos, difamando sus prácticas comerciales, así como también exigiendo examinar sus libros contables y realizando auditorías por parte de uno de sus propios contadores -todo ello seguido de una revisión ejecutada por un 'consejero independiente'.

UANI fue demandada por el multimillonario griego Victor Restis, a quien la organización había difamado durante 2013. Restis, declamando difamación, entiende que la exposición fue fraudulenta y, en parte, implementada para dañar su negocio. Interpuso una demanda para que UANI y el multimillonario Thomas Kaplan entregasen documentación y detalles relativos a relaciones entre aportantes de UANI, que aquél insistía estaban vinculados al caso. Kaplan vociferó en cierta oportunidad: 'Nosotros [UANI] hemos hecho más para poner a Irán de rodillas que cualquier otra iniciativa del sector privado'.

Restis buscó exponer las conexiones de Kaplan y a sus asociados tanto dentro como fuera del gobierno, pero el Departamento de Justicia intervino dos veces en el caso, argumentando que la exposición de la documentación buscada dañaría la seguridad nacional. Como en todos los casos lindantes con el secreto de Estado, el encuentro entre el juez y los abogados del Departamento de Justicia se lleva a cabo en secreto, y ni los abogados de la parte acusadora ni de la defensa tienen acceso a material presuntamente clasificado. En las iniciativas del secreto de Estado, de cualquier manera, el DOJ suele indicar qué agencia ha solicitado la intervención, y proporciona algún indicio de qué es lo que estaría involucrado. Pero, en el caso de referencia, no existieron indicios de por qué UANI contaría con información sensible, ni cuál sería el posible interés del gobierno en el asunto. La segunda intervención del DOJ probó ser decisiva, conforme el Juez Edgardo Ramos acordó descartar la demanda, el 26 de marzo.

El compartir información de inteligencia o documentación de agencias del cumplimiento de la ley a una organización privada para ser explotada, es un acto ilegal, y también es ilegal que el gobierno lleve a cabo una acción encubierta, siendo que una actividad que podría ser negada en forma plausible [N. del T.: plausible deniability, en inglés, se refiere al modo en que acciones clandestinas pueden ser negadas o no reconocidas por una Administración, por razones de seguridad nacional] , y no relacionada a posteriori con alguna agencia federal, si es que el hacerlo podría influenciar a la opinión pública en los Estados Unidos. En este caso, la sola y aparente preocupación del Departamento de Justicia fue que la actividad podría verse expuesta. No había indicativo de que el DOJ iría contra UANI por contar ésta con información que casi con certeza fue producto proporcionado por la sección del Departamento del Tesoro responsable por sanciones, ni por la Oficina para Inteligencia Financiera y Terrorismo -encabezada por el Subsecretario David Cohen.

Existe, desde luego, especulación frente a que UANI es más que una fachada para la inteligencia israelí o estadounidense. Esto bien podría ser cierto y no debería sorprender a nadie, pero el asunto más importante es el derecho de los individuos a litigar para obtener reparaciones por daños inflingidos por un tercero, sin interferencia gubernamental. Aún si uno acepta la necesidad de tener algo similar a la opción del secreto de Estado en los libros, la introducción del Departamento de Justicia en una disputa en la que el gobierno ni siquiera es parte, da lugar a posibilidades desagradables.

Probablemente, nadie se sorprendería al deducir que la Casa Blanca podría estar utilizando el privilegio de los secretos de Estado de manera indiscriminada, con el objeto de desestimar cualquier pesquisa en una situación que encuentre embarazosa, o donde existe potencialmente una responsabilidad criminal, como parece ser el caso en Nueva York. En el Caso Restis v. UANI, existe clara evidencia de que algo está muy mal, y de que hay encubrimiento. O bien cierta información clasificada fue obtenida criminalmente, o bien fue compartida con una organización privada de forma ilegal por parte del propio gobierno, para consolidar un acoso más efectivo contra personas y compañías inocentes. O quizás se trate de un intento deliberado, orquestado por partes actualmente desconocidas, con miras a dar forma a la opinión pública en los Estados Unidos, por vía de afirmaciones alarmantes que versan sobre cómo el pérfido Irán y corruptos hombres de empresa se ponen de acuerdo para eludir sanciones. Los objetivos pudieran ser ambos. Pero, en cualquier caso, el hecho de que la demanda fuera descartada fue otro indicativo de que la tendencia en la Casa Blanca es torcer las reglas para producir un resultado deseable; y esta tendencia va en aumento.


Traducción al español: Matías E. Ruiz | Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/obamas-state-secrets-overreach/ | Traducido y republicado con permiso de The American Conservative (Estados Unidos)

 

Sobre Philip Giraldi

Especialista en contraterrorismo; ex oficial de inteligencia militar de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (CIA). Se desempeña como columnista en medios de EE.UU., y Director Ejecutivo del Council for the National Interest. Otrora articulista en la revista The American Conservative, Giraldi publica ahora en el sitio web Unz.com. En español, en El Ojo Digital.