POLITICA: DR. ROBERTO PORCEL

Argentina: el desembarco de los fiscales militantes

Allá por octubre del pasado año, en un artículo publicado en esta misma tribuna, alerté sobre...
02 de Enero de 2015

Allá por octubre del pasado año, en un artículo publicado en esta misma tribuna, alerté sobre el avance de los 'fiscales militantes', frente a las implicancias derivadas de la ideologización y politización de la función judicial. La primera señal de peligro fue dada por el intento oficialista de reformar el Código Penal. Por estas horas, aquél pareciera encarnar un proyecto lejano, pero lo cierto es que no se registró hace tanto tiempo; el Gobierno Nacional quiso imponer la percepción de que el Código no tenía como fin desalentar al delincuente en la comisión del delito, sino que su meta era 'controlar' a aquellos que desean 'controlarlo'. En tal sentido, destaqué los modos empleados por el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, alentaba sin miramientos el fomento de la 'conciencia social' en los magistrados, como parte de un pretendido proceso de 'democratización', en tanto no ocultaba su aspiración de que los jueces se ciñan no a los códigos y a las leyes, sino a una visión política. En mi referida columna, finalizaba diciendo -cual profecía que pareciera hoy estar cumpliéndose-: imaginen Ustedes a los fiscales al momento de decidir si llevar adelante o no una investigación, privilegiando su 'visión política' por encima de los considerandos de la ley y del Código Penal.

En aquella instancia, la reforma del Código Procesal Penal era tan solo 'potencia'; apenas un proyecto. Hoy, lamentablemente ha mutado en 'acto', y es una realidad -amén de los planteos e impugnaciones que se han formulado en su contra y que todavía deben ser resueltos. Lo que entonces se presentaba como una posibilidad remota, ahora se ve plasmado en la designación de nuevos fiscales por parte de la Procuradora General de la Nación y, especialmente, en las destituciones y reasignaciones de funciones que han sufrido los fiscales Marijuan, Taiano y Ernst. Tan preocupante es el contexto que atraviesan el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ha merecido -desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- la preparación y posterior publicación de un comunicado con miras a manifestar su 'preocupación' ante las resoluciones dictadas recientemente por la Procuradora, Alejandra Gils Carbó; su objetivo: cubrir con fiscales subrogantes los 17 cargos de Fiscal General creados por el Anexo II de la Ley 27.063.

El enfrentamiento de los integrantes del Ministerio Público entre sí -y entre muchos de ellos y la propia Procuradora- ya no constituye un secreto para nadie. Numerosas misivas y declaraciones (que han llegado al público hace poco) dan buena cuenta de ello. No hay más que ver, por caso, la misiva remitida por el Fiscal Carlos Ernst a Gils Carbó, en la que denuncia un 'trato desaprensivo', o las declaraciones compartidas por el Fiscal Marijuan, en donde éste último acusa la persecución contra sus empleados. O para qué referirse al episodio que le tocara vivir al también Fiscal José María Campagnoli, a quien se buscó desplazar de sus funciones por todos los medios. También podemos recordar la denuncia del Fiscal Augusto Troncoso, ante supuestas actividades de espionaje ordenadas por la Procuración. Y lo propio sucede entre integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público y la Procuradora. A estas alturas, la cruzada de Gils Carbó contra el juez Claudio Bonadío ha tomado estado público, llegándose al extremo de sancionar al funcionario con una quita del 30% de su salario. Menos resulta ajena al enfrentamiento el gremio judicial, espacio que ha denunciado que la meta de la Procuración -en la designación de fiscales y empleados con jerarquía- no es otra que la de 'perseguir a opositores' y 'garantizar la impunidad' del gobierno saliente, más allá de 2015.

En definitiva, se ha logrado imprimir con un sesgo ideológico a la función jurisdiccional. Para un sector -el liderado por la Procuradora-, daría la sensación que primara el interés político por sobre la razón jurídica. El enfrentamiento entre los enrolados en la corriente autodenominada 'Justicia Legítima' y  los históricos funcionarios de carrera o no comprometidos 'ideológicamente' ya es manifiesto. Revistan aquellos que, contrariando el deseo del Secretario de Justicia, optan por resolver ateniéndose a los Códigos contra los que prefieren amoldarse a la pretensión política prefijada desde la estructura. Préstese la debida atención y pronto se advertirá que los fiscales y jueces que han sido objeto de embestida por parte de algún integrante de Justicia Legítima, son aquellos que tienen a su cargo causas con alto contenido político; ya sea por tratarse de temas como el de Papel Prensa (Clarín/Nación), tal el caso del fiscal Taiano, o por tener que intervenir en causas que involucran a personalidades relacionadas con el poder político -así ocurre con quienes entienden en el Caso Lázaro Báez (Marijuan y Bonadío), y antes con Campagnoli.

Sentirse un fiscal militante, por definición, es lo contrario a ser un fiscal independiente. Integrar una agrupación política o un nucleamiento ideologizado en el caso de jueces y fiscales, constituye de por sí un factor limitante que inhibe de toda imparcialidad, conforme siempre primará el interés político-ideológico por sobre cualquier otro; especialmente cuando a los protagonistas les toque intervenir en causas con implicancias para el sistema político. El enfrentamiento público entre la Procuradora y miembros del Ministerio Público a su cargo debería inhabilitarla para seguir en el cargo. No debido a la naturaleza del enfrentamiento en sí, sino a partir del probado condicionamiento politico y/o ideológicoA estas alturas, a nadie podría culparse por dudar de su 'imparcialidad' en el proceso de toma de decisiones. En simultáneo, no dejan de llamar la atención las designaciones de fiscales que, tras rendir exámenes escrito y oral y por el análisis de sus antecedentes, no quedaron en lugares expectantes -surge la pregunta: ¿por qué no se optó por aquellos que lograron las primeras posiciones? De otro modo, ¿cuál es la razón de ser de los concursos? En el caso de los recientemente designados como subrogantes en el fuero federal porteño, donde curiosamente tramitan causas sensibles contra funcionarios públicos y de narcotráfico -Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella-, quedaron situados en el noveno y undécimo lugar respectivamente. Aspecto clave sobre el cual reflexionar a consciencia.

El actual es un año electoral. Seguramente, los aspirantes a asumir la Primera Magistratura estarán mirando con atención este conflicto, y siguiendo las alternativas de su desarrollo. No sería de extrañar que, apenas llegados al cargo, se vean obligados a revisar designaciones y resoluciones.

 

Sobre Roberto Porcel

Es Abogado en la República Argentina, especialista en Derecho Comercial y experto en temas relativos a la falsificación marcaria. Socio en el Estudio Doctores Porcel, fundado en 1921. Los textos del autor en El Ojo Digital pueden consultarse en http://www.elojodigital.com/categoria/tags/roberto-porcel.

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