INTERNACIONALES: CRISTINA LOPEZ

Países para Edward Snowden

El delito de traición se tipifica normalmente como aquella conducta en la que el ciudadano de un país vende secretos a enemigos de esa nación.

16 de Julio de 2013
Cristina López es columnista de El Diario de Hoy (El Salvador) y estudiante de políticas públicas en Georgetown University.
 
El delito de traición se tipifica normalmente como aquella conducta en la que el ciudadano de un país vende secretos a enemigos de esa nación. Es de traición que EE.UU. está acusando a Edward Snowden quien, en el aura de misterio que lo envuelve, ya desbancó a Julian Assange por el título del soplón más famoso del mundo. La audiencia a la que Snowden reveló su información a través de un periodista investigativo fue la ciudadanía estadounidense y la del mundo. ¿Esta acusación de traición implica entonces que el gobierno de Estados Unidos considera "enemigos" a los ciudadanos que le otorgan poder y lo sostienen con sus impuestos y, además, a los ciudadanos del mundo, de quienes mucho de su comercio internacional depende?
 
Snowden, al revelar la manera en la que se ocupan los recursos de la inteligencia estatal estadounidense en contra de la misma ciudadanía con la excusa de prevenir el terrorismo, se ganó un poderosísimo enemigo, pero también muchos aliados entre quienes perciben que el poder transferido de la ciudadanía a los gobiernos no debería ser usado en contra de la misma ciudadanía que lo confiere. No faltó mucho para que algunos países que tienen entre sus políticas internacionales la oposición a EE.UU. (justificada más por tercermundismo ideológico que por estrategia geopolítica o comercial) aprovecharan la situación para buscar sacar crédito político internacional, ofreciendo a Snowden asilo y refugio seguro. En estos países, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la libertad de expresión y la desobediencia civil ante abusos estatales es muy apreciada, siempre y cuando no sea dirigida hacia sus gobiernos.
 
Ecuador exhibe un largo historial de episodios de mordazas legales y desapariciones sospechosas ante quienes critican la gestión gubernamental. Por su parte, no hace más de dos semanas que Nicaragua puso en vitrina sus prácticas de abuso de la fuerza ante las protestas pacíficas al gobierno de Daniel Ortega. En Venezuela, la estrategia de cooptación de medios que exhiban críticas sobre las maniobras de quienes ostentan el poder ha sido consistente, y el acoso a opositores y el uso de la inteligencia estatal con objetivos políticos han sido importados de la mismísima La Habana.
 
En El Salvador, también se han condenado las prácticas abusivas del gobierno estadounidense y, sin embargo, el espionaje político en la campaña electoral se está volviendo tan tradicional como la pinta y pega. ¿Cómo saber, en un país donde algo tan trivial como la información sobre los gastos o itinerarios del presidente se considera clasificada, las maneras en que las actividades del Organismo de Inteligencia del Estado violan sistemáticamente la privacidad y las libertades de los salvadoreños, solo por motivaciones políticas?
 
Ante la incertidumbre que vive Snowden, situación que genera incertidumbre sobre su seguridad jurídica y física, muchos insisten en que lo que Snowden necesita es que más países aboguen por sus derechos individuales, saliendo a la palestra para ofrecer asilo en sus territorios nacionales. Pocos agregan a esa reflexión la verdad al fondo de este contexto: antes que países para Snowden, lo que verdaderamente se necesita son más Snowdens para estos países.
 
Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 14 de julio de 2013.
 
Cristina López | The Cato Institute, sitio web en español