Glaciares, piquetes y los costos del progreso
La Argentina continúa atravesando la tensión entre el progreso y la resistencia corporativa.
La Argentina continúa atravesando la tensión entre el progreso y la resistencia corporativa. En los últimos días, dos ejes han cristalizado esta disputa: la reciente reforma a la Ley de Glaciares y la suspensión del programa Volver al Trabajo. Ambos eventos, aunque distintos en su naturaleza, reflejan una misma dialéctica: el conflicto entre quienes apuestan por una inserción inteligente en el mercado global y aquellos que han hecho de la obstrucción y el asistencialismo su razón de ser.
La reforma aprobada en la madrugada del jueves redefine el objeto protegido por la norma de 2010, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan funciones hídricas específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia. Es decir: se pasa de una prohibición genérica e indiscriminada a un esquema de evaluación caso por caso, técnicamente fundado y con las jurisdicciones locales como autoridad de aplicación.
El argumento oficial es tan sencillo como contundente: a más de quince años de su sanción, la ley ha demostrado graves falencias interpretativas que consolidaron un ecosistema de profunda inseguridad jurídica, paralizando no solamente inversiones de explotación minera, sino también actividades de prospección y exploración.
Los números del contexto internacional son elocuentes. En 2025, la minería chilena logró retornos por 63.253 millones de dólares, que representan el 59,1% de sus exportaciones nacionales de bienes. Perú no se queda atrás: el país cerró 2025 con exportaciones mineras por 62.848 millones de dólares, un crecimiento del 27,2% respecto a 2024, con la minería representando el 67,5% del valor total exportado. Canadá directamente juega otras ligas: en 2024 exportó más de 153.000 millones de dólares en minerales y metales, representando más del 21% de todas las exportaciones de mercaderías del país.
Mientras tanto, la Argentina terminó 2024 con exportaciones mineras por apenas 4.647 millones de dólares. En el ranking Mining Contribution Index del Consejo Internacional de Minería y Metales, nuestro país ocupa el puesto 107 sobre 110, con 17,6 puntos, mientras Chile figura en el puesto 38 con 61,2 puntos. La brecha no es climática ni geológica: Perú, Chile y Canadá también cuentan con glaciares, cordilleras y ecosistemas sensibles. Lo que no tienen es una norma que durante quince años funcionó como un seguro de parálisis.
La reforma es también un acto de federalismo. Las provincias incorporan nuevas facultades para determinar qué cuerpos integran el Inventario Nacional de Glaciares, y las autoridades locales asumen la responsabilidad de retirar o incorporar áreas del listado de protección oficial, siempre de acuerdo con criterios científicos que lo justifiquen. Los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan apoyaron el proyecto justamente porque entienden los beneficios para el territorio que administran, sus necesidades y sus posibilidades de desarrollo.
Los bloqueadores profesionales
No obstante, los obstaculizadores no tardaron en aparecer. Greenpeace —organización que cobra cuotas en euros mientras financia campañas en Argentina— colgó pancartas en el Congreso y convocó a demandas colectivas. También anunciaron una acción judicial para declarar la reforma inconstitucional. El problema de fondo es que Greenpeace no distingue entre un glaciar estratégico y una formación periglacial sin función hídrica relevante. Para ellos, todo debe bloquearse. Es la lógica del prohibicionismo absoluto disfrazado de ambientalismo. Cabría preguntarle a Greenpeace: ¿qué recursos considera legítimos emplear? ¿Cómo puede desarrollarse un país? Mas relevador será investigar a los financistas de la conocida ONG.
Otro es el caso del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Apenas unas horas después de la sanción, el mandatario presentó una acción de amparo colectivo solicitando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país. El argumento tiene lógica para él. Ziliotto no tiene glaciares en su provincia ni minería en discusión, pero sí una narrativa facciosa que defender.
El piquete como modo de vida
A pocos días de la votación, el martes 7 de abril, Buenos Aires amaneció cortada. Más de 70 organizaciones sociales y piqueteras realizaron una jornada nacional de protesta con más de 100 bloqueos en todo el territorio nacional. El eje central del reclamo fue el rechazo a la finalización del plan Volver al Trabajo.
El programa social otorgaba una asignación mensual cercana a los 80.000 pesos y funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo. La baja impacta a cerca de 900.000 beneficiarios. El gobierno de Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, decidió no renovarlo y reemplazarlo por un esquema de vouchers de capacitación laboral: la lógica es pasar de la transferencia monetaria sin contraprestación a la formación laboral.
En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal tuvo que intervenir para retirar neumáticos que los manifestantes pretendían incendiar. Al mismo tiempo, en la autopista Buenos Aires-La Plata realizaron cortes con quema de gomas que interrumpieron la circulación. La provincia ya está acostumbrada a esta toma de rehenes disfrazada de protesta. Las personas que no pueden ir a trabajar, llevar a sus hijos al médico o abrir su negocio pagan el precio.
¿Quién lo financia?
La pregunta que los medios rara vez formulan es la más pertinente: ¿de dónde sale el financiamiento de todo esto? Movilizar más de setenta organizaciones, cortar cien puntos del país, sostener semanas de "plan de lucha progresivo" con estructura logística, comunicaciones y abogados para amparos judiciales tiene un costo significativo. Las organizaciones piqueteras no operan en el vacío. Muchas de ellas administran —o administraron— recursos del propio Estado en forma de planes sociales, contratos o subsidios canalizados a través de sus estructuras. El Volver al Trabajo que reclaman no era solo un ingreso para sus beneficiarios: era también una estructura de poder y clientela que justifica la existencia de las mismas organizaciones. Cuando el Estado deja de terciarizar la política social a través de movimientos piqueteros, estos pierden razón de ser.
El ciclo es bien conocido: el gobierno financia agrupaciones que presionan cuando se interrumpe flujo. No es una defensa de los pobres. Es un negocio más que lucrativo.
El daño es autoinfligido
Argentina tiene glaciares y reservas mineras que, bien gestionadas, podrían financiar décadas de desarrollo. ¿Cuál es el problema entonces? Una cultura institucional que convierte cualquier intento de modernización en un litigio; organizaciones que viven de perpetuar la dependencia estatal; gobernadores que anteponen la lógica facciosa al interés de sus propias provincias y ciudadanos.
La reforma de la Ley de Glaciares es un paso en la dirección correcta: más federalismo, más evaluación técnica, menos prohibición burocrática. Lo que Chile y Perú construyeron durante décadas con su minería —empleo privado, exportaciones, ingresos fiscales— Argentina lo deja en el subsuelo, bloqueado por amparos, piquetes y retórica catastrofista. Mientras tanto, los neumáticos siguen ardiendo en el Pueyrredón.