Ueno: anatomía de un colapso bancario con firma política

En apenas cuatro días, la caída del quinto banco paraguayo por depósitos arrastró a un presidente, al gobernador del Banco Central y a la cúpula de un conglomerado empresarial. Detrás del episodio asoma una trama de préstamos vinculados, supervisión comprometida y fondos previsionales expuestos que interpela la arquitectura institucional del país.

El 2 de noviembre de 2026, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió por unanimidad someter a ueno bank a un procedimiento de resolución, tras constatar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo legal. La medida, comunicada en la madrugada del día 3, congeló cuentas, tarjetas y la aplicación móvil de unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes: aproximadamente seis de cada diez adultos. Setenta y dos horas después, la Fiscalía había imputado a 27 personas, el ex gobernador del BCP se había entregado a la policía y el Senado había destituido por unanimidad al presidente Santiago Peña, hoy bajo arresto domiciliario e imputado por presunta lesión de confianza. Pedro Alliana asumió la Jefatura del Estado la noche del 6 de noviembre, con mandato hasta agosto de 2028.

La velocidad del desenlace no debe confundirse con su claridad. El expediente reúne tres planos —la gestión de la entidad, la calidad de la supervisión y el papel del poder político— que este análisis examina por separado, distinguiendo lo acreditado de lo imputado. Advertencia de rigor: ningún cargo ha sido probado en juicio, y todos los imputados conservan la presunción de inocencia.
 

Un banco sistémico construido en treinta meses

La trayectoria de ueno constituye, en sí misma, el primer indicador de riesgo. El Grupo Vázquez —conglomerado cuyo principal accionista es Federico Miguel Vázquez Villasanti— adquirió en 2021 la Financiera El Comercio y la reconvirtió en una plataforma de servicios financieros articulada en torno a la aplicación móvil. Obtuvo licencia bancaria plena a finales de 2023 y en junio de 2024 absorbió Visión Banco, entidad con décadas de implantación. Al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos de un sistema de 16 bancos: quinto por depósitos y primero por número de clientes.

El crecimiento se financió también en los mercados internacionales. En marzo de 2026, ueno colocó bonos por 350 millones de dólares con vencimiento en 2031 y un rendimiento inferior al 7%, la mayor emisión corporativa de la historia del país. A junio, el banco declaraba activos por 4.200 millones de dólares, depósitos por 2.800 millones y un ratio de capital regulatorio del 14,5%, por encima del mínimo del 12%.

La paradoja analítica resulta elocuente. El 16 de octubre, Fitch Ratings confirmó la calificación ‘BB’ de ueno y elevó su calificación de apoyo gubernamental en reconocimiento de su creciente importancia sistémica; al mismo tiempo, revisó la perspectiva a negativa por la velocidad de expansión del balance y el elevado peso de los activos intangibles, que situaban su capital básico ajustado en el 10,3%. El mercado percibía simultáneamente que ueno era demasiado relevante para caer sin consecuencias y que su colchón de capital era más delgado de lo que sugerían sus estados contables. Una expansión a ese ritmo, sostenida por capital de calidad discutible, convierte cualquier deterioro de cartera en un problema de solvencia.
 

El balance bajo la lupa: préstamos vinculados y la operación Vinanzas

El núcleo de las imputaciones apunta al crédito a partes vinculadas, que la legislación paraguaya limita al 20% del capital regulatorio. El 5 de junio de 2026, la Superintendencia de Bancos ordenó a ueno encuadrar en ese tope los préstamos a empresas del grupo; en octubre, el BCP reconoció que el límite se había excedido, aunque sostuvo que se había corregido en plazo.

La forma de esa corrección es el punto crítico. Según la prensa paraguaya, en junio ueno transfirió una cartera de créditos por 74,4 millones de dólares a Vinanzas SA, sociedad vinculada, que incluía acreencias sobre firmas relacionadas con el grupo. El BCP halló indicios de que Vinanzas carecía de recursos propios para adquirirla y de que la operación habría sido financiada de manera indirecta por el propio banco. De confirmarse, el riesgo nunca abandonó el balance: simplemente cambió de rótulo. La Fiscalía sostiene que el mecanismo pudo ocultar la situación patrimonial real de la entidad, y los saldos bajo revisión superarían los 166 millones de dólares.

A ello se suman los hallazgos del proceso de regularización: créditos deficientemente documentados, operaciones con vinculadas no informadas en tiempo y gastos contabilizados indebidamente como activos. Este último elemento ayuda a explicar la brecha entre el 14,5% de solvencia declarado y el desplome por debajo de la mitad del mínimo tras los ajustes. Cuando parte del capital descansa sobre partidas activadas sin sustento, la depuración contable no erosiona el capital: lo hace desaparecer.

En el plano penal, los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera imputaron a ocho directivos y a otras 19 personas por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de las normas sobre llevanza de libros, y solicitaron prisión preventiva para Miguel Vázquez. El patrón no es inédito: las quiebras de los años noventa y la del Banco Alemán Paraguayo en 2002 compartieron el mecanismo de extracción de valor vía crédito a vinculadas, y de ese ciclo surgió la Ley 2334/03 de garantía de depósitos que hoy se aplica. La reincidencia sugiere que aquel marco perfeccionó la gestión de las crisis, no su prevención.
 

El supervisor comprometido: la puerta giratoria

La segunda capa del problema es institucional. Carlos Carvallo Spalding presidió la entidad hasta mediados de 2023 y, semanas después, fue designado por Peña al frente del BCP, su supervisor. El Banco Central alegó que Carvallo se había inhibido de toda decisión vinculada a ueno, pero la inhibición formal no neutraliza el problema estructural: el gobernador condiciona la carrera de los funcionarios que inspeccionan a su antigua entidad, y la mera percepción de parcialidad degrada cada resolución supervisora.

Las señales de alerta precedieron largamente a la intervención. En octubre, la Asociación de Bancos del Paraguay calificó de “incompleta” la respuesta del BCP a un pedido de informes del Senado, y el senador oficialista Gustavo Leite reclamó ante Reuters la renovación de las autoridades del organismo. Entre junio y octubre, el supervisor conocía el exceso en préstamos vinculados y transmitió al mercado un mensaje tranquilizador, mientras el banco anunciaba un plan de capitalización de 100 millones de dólares cuya ejecución nunca se confirmó.

La secuencia admite dos lecturas: un supervisor que, por prudencia comunicacional, evitó desencadenar una corrida mientras buscaba una salida ordenada, o uno que difirió la acción hasta que el deterioro se volvió inocultable. La distancia entre ambas define buena parte de la responsabilidad de la cúpula del BCP. Carvallo renunció el 3 de noviembre a pedido de Peña y se entregó a la policía el día 6; su reemplazante, Raúl Vera Bogado, aguarda la ratificación del Senado.
 

Fondos públicos y previsionales: la desactivación de los límites prudenciales

Lo que convirtió la insolvencia de un banco privado en una crisis de Estado fue la exposición pública. Según la propia entidad, ueno administraba entre 800 y 850 millones de dólares de organismos estatales y previsionales, de los cuales unos 295 millones eran depósitos a plazo del Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores formales; otros cómputos elevan esa exposición hasta 380 millones.

La investigación periodística paraguaya documentó la cronología regulatoria que acompañó ese flujo. En noviembre de 2023, el Consejo del IPS modificó la matriz de evaluación de entidades para sus subastas de certificados de depósito; el 12 de noviembre de 2024, una “actualización” del reglamento de inversiones eliminó el tope que impedía colocar en una entidad un monto superior a su patrimonio efectivo. Según datos expuestos por el diputado Mauricio Espínola, los fondos del IPS en ueno equivalían al 93% de ese patrimonio en octubre de 2024 y al 106% al cierre de noviembre, días después del cambio. En julio de 2026, el director de Inversiones del IPS admitió que la entidad había sobrepasado el límite por emisor fijado por la Ley 7235/2023 en una cuantía cercana a 120.000 millones de guaraníes.

El IPS sostiene que la nueva matriz era más exigente, que ueno pagaba la segunda tasa más alta del sistema y que su participación, del 9,7% de la cartera, respetaba el límite legal del 10%. Ambos relatos pueden ser parcialmente compatibles. Lo indefendible desde la gestión de riesgos es suprimir un tope ligado a la solvencia del depositario justo cuando la exposición a un único emisor se aproxima a él. Concentrar ahorro previsional en una entidad de crecimiento acelerado, capital reducido y accionistas vinculados al Ejecutivo constituye, como mínimo, una falla grave de gobierno corporativo público.
 

La responsabilidad de Peña: lo acreditado, lo imputado y lo controvertido

El vínculo del expresidente con el grupo controlante es documental. Según su propio relato, Peña invirtió hacia 2019 en Credicentro, la financiera del Grupo Vázquez luego transformada en ueno Holding. El 31 de agosto de 2023, quince días después de asumir, declaró acciones por 6.144 millones de guaraníes (1,58% del capital, cuarto accionista del holding). Su salida se instrumentó en una asamblea del 22 de marzo de 2025 que amortizó sus acciones, comunicada a la Superintendencia de Valores —dependiente del BCP de Carvallo— a comienzos de abril, cuando la prensa ya había expuesto la participación. Peña sostiene que nunca fue accionista directo del banco.

Sobre esa base, la acusación parlamentaria articuló cuatro cargos: conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvío de fondos previsionales y participación en un encubrimiento institucional que involucraba al BCP. La Fiscalía, por su parte, lo imputó por presunta lesión de confianza y ordenó su detención; quedó bajo arresto domiciliario.

Conviene separar las capas. Acreditado: la condición de accionista del holding durante diecinueve meses de mandato, la designación de un ex presidente de la entidad al frente de su supervisor y el crecimiento de la exposición estatal bajo su Gobierno. Imputado, pendiente de prueba: que Peña haya instruido decisiones de supervisión o de colocación de fondos públicos. Controvertido en lo procesal: la defensa sostuvo que la renuncia del 5 de noviembre dejaba sin objeto el juicio político; la bancada colorada impidió el quórum para tratarla y el Senado destituyó al mandatario con 44 votos en dos jornadas. Esa celeridad, que remite al juicio contra Fernando Lugo en 2012, alimenta un argumento de debido proceso que la defensa anticipa llevar ante instancias internacionales.

El estándar difiere según el foro. El mal desempeño no exige probar un delito: bajo ese criterio, la designación de Carvallo y la tolerancia frente a la concentración de fondos públicos bastan para sostener la sanción. En sede penal, la Fiscalía deberá acreditar algo considerablemente más difícil: un nexo causal entre actos concretos del presidente y el perjuicio patrimonial.
 

La hipótesis de la interferencia política: tres escenarios

La cuestión de fondo es si el colapso de ueno fue producto de una red de protección política o de una cadena de omisiones. La evidencia disponible permite delinear tres escenarios no excluyentes.
 

Escenario 1: captura por proximidad

La convergencia de accionistas, funcionarios y depositantes públicos alrededor de un mismo grupo generó un entorno en el que nadie necesitaba ordenar nada: bastaba con que cada eslabón —supervisor, fondo previsional, Ejecutivo— se abstuviera de actuar con el rigor exigible. Los contratos estatales de ITTI, tecnológica del mismo conglomerado, multiplicados desde 2023 según la prensa paraguaya, refuerzan la imagen de un ecosistema favorecido.
 

Escenario 2: interferencia activa

La tesis de la acusación parlamentaria: instrucciones presidenciales para flexibilizar la supervisión o dirigir fondos hacia ueno. Hasta la fecha no se conoce evidencia documental pública de órdenes directas; su verificación dependerá de los registros incautados en el allanamiento al BCP del 6 de noviembre y de las declaraciones de imputados con incentivos crecientes para cooperar.
 

Escenario 3: instrumentalización intrapartidaria

La ruptura entre Peña y Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y principal valedor de su candidatura en 2023, precede al colapso. Trascendidos difundidos durante la crisis atribuyen a Cartes haber advertido al presidente que pusiera orden en “su” banco, y fueron senadores del propio oficialismo quienes elevaron el tono contra el BCP en octubre. El comunicado de Cartes del 4 de noviembre, que rechazó situar al partido del lado del “latrocinio”, quebró la mayoría que blindaba a Peña y abrió la sucesión hacia Alliana, considerado próximo al líder colorado, mientras el Congreso descartaba la acusación paralela contra el vicepresidente. Dato estructural: el grupo de Cartes controla Banco Basa, competidor directo en el mercado. Nada de ello atenúa las irregularidades atribuidas a ueno, pero sugiere que el ritmo de la rendición de cuentas responde también a una recomposición del poder dentro del partido gobernante.
 

Evaluación

A juicio de El Ojo Digital, los escenarios 1 y 3 explican mejor la dinámica observada que el 2: la captura por proximidad generó la vulnerabilidad; la fractura interna determinó el momento y la magnitud del castigo político. El riesgo resultante es una rendición de cuentas selectiva. Dos indicadores tempranos: si la investigación alcanza al Consejo del IPS, a la Superintendencia de Bancos y a otros funcionarios mencionados en la denuncia parlamentaria, como el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, sin imputación conocida; y la independencia del Ministerio Público, puesta en duda en julio, cuando una denuncia previa contra Peña recayó en un fiscal que había pedido desestimar otra contra Cartes.
 

Riesgo soberano y contagio: lo que miran los mercados

El BCP y la Asociación de Bancos presentan el episodio como un caso aislado, y la tesis tiene sustento: según Moody’s, el Fondo de Garantía de Depósitos disponía en septiembre de unos 1.600 millones de dólares de liquidez, el doble de los depósitos asegurados de ueno. La cobertura alcanza 75 salarios mínimos por persona y entidad (cerca de 38.000 dólares), y una ley de emergencia habilitó un anticipo de hasta 40; los primeros pagos comenzaron el 5 de noviembre. Persiste, sin embargo, una asimetría relevante: alrededor del 97% de los depositantes estaría íntegramente cubierto, pero ese universo representa apenas un 30% del dinero depositado. Empresas, fondos e instituciones públicas absorberán la mayor parte de las pérdidas.

El canal de transmisión más delicado es el soberano. Los diferenciales de la deuda paraguaya, que rondaban los 125 puntos básicos, tocaron un máximo intradía de 157 el 5 de noviembre y cerraron en torno a 144, mientras el guaraní se depreciaba con fuerza. Paraguay conserva el grado de inversión en el escalón inferior de Moody’s y S&P; Fitch lo sitúa en ‘BB+’. Moody’s advirtió el 6 de noviembre sobre las debilidades de gobernanza expuestas, aunque estimó que el impacto puede acotarse si la resolución es ordenada. Un recorte de cualquiera de ambas agencias expulsaría al país de los índices de grado de inversión.

En el frente corporativo, la calificadora FIX rebajó al Grupo Vázquez de ‘A+py’ a ‘Cpy’, dado que ueno aportaba el 59% de su EBITDA. Los bonos 2031 de ueno, que ya cotizaban en torno a 87 centavos en octubre, afrontan quitas probablemente severas, habida cuenta de la calidad de los activos.
 

Conclusiones accionables

• Para inversores y acreedores: la variable decisiva de los próximos noventa días es la permanencia de Paraguay en el grado de inversión. Indicadores a seguir: el cumplimiento del calendario de pagos del Fondo de Garantía de Depósitos, la ratificación de un gobernador del BCP con autonomía verificable y cualquier traslado de depósitos públicos o corporativos desde entidades medianas hacia la banca extranjera.
• Para reguladores y legisladores: cuatro reformas inmediatas: períodos de carencia obligatorios entre la dirección de una entidad supervisada y la del supervisor; supervisión consolidada de conglomerados que combinan banca, seguros y proveedores tecnológicos del Estado; deducción íntegra de intangibles del capital conforme a Basilea III; y restablecimiento de topes de exposición de los fondos públicos ligados al patrimonio efectivo del depositario.
• Para analistas políticos y diplomáticos: la destitución clausura el capítulo presidencial, no el institucional. El Gobierno de Alliana nace dependiente de la estructura que conduce Cartes. Si la investigación se detiene en Peña, Carvallo y la cúpula de ueno, la lectura externa será que la rendición de cuentas opera como herramienta de recomposición partidaria antes que como garantía sistémica.
• Lectura de fondo: ueno es el desenlace previsible de un sistema financiero pequeño en el que la proximidad entre poder político y capital bancario constituye el principal riesgo prudencial. Sin contrapesos institucionales robustos, la próxima crisis será cuestión de tiempo y de calendario electoral.