La guerra algorítmica y los límites de la decisión humana

La transformación tecnológica de la guerra contemporánea no puede comprenderse estrictamente a través de la velocidad de los misiles, la autonomía de los vehículos no tripulados (UAVs) o la precisión de los sensores. Su dimensión más profunda reside en la reorganización del proceso decisional: la capacidad de recopilar información, identificar patrones, formular hipótesis y convertirlas en órdenes operativas en períodos cada vez más breves. La inteligencia artificial ha intensificado esa transformación, al facilitar el procesamiento de volúmenes de datos que desbordan la capacidad humana de análisis directo. La aceleración,, sin embargo, introduce una paradoja: cuanto más rápido puede producirse una recomendación, mayor puede resultar la dificultad de verificar sus fundamentos previo a constatar que sus consecuencias sean irreversibles.

La guerra de los Estados Unidos e Israel con Irán ha situado estas cuestiones en el centro del debate. Investigaciones periodísticas y comunicaciones institucionales han descrito la utilización de herramientas avanzadas de análisis para apoyar operaciones militares. Sin perjuicio de ello, la existencia de sistemas de inteligencia artificial en procesos de planificación no demuestra automáticamente que se hayan seleccionado y atacado objetivos sin intervención humana. Esa distinción técnica y jurídica es fundamental a efectos de evitar la confección de conclusiones imprecisas y de preservar la responsabilidad de quienes autorizan el empleo de la fuerza.

El 21 de septiembre de 2026, los senadores estadounidenses Jack Reed, Mark Warner y Chris Coons solicitaron investigaciones de los inspectores generales de Defensa e Inteligencia sobre supuestos errores relacionados con herramientas de inteligencia artificial. La comunicación oficial mencionó informaciones sobre datos geoespaciales desactualizados asociados con una operación en Minab, Irán, y sobre información falsa generada por IA que habría intervenido en otro expediente de inteligencia. La solicitud constituye un hecho verificable; los alegatos investigados no deben presentarse como conclusiones definitivas. Este plafón de cautela representa, precisamente, el tipo de disciplina que debe exigirse a una tecnología cuyo uso puede afectar vidas humanas.

La automatización no implica ausencia de control humano -o no debería

El lenguaje público suele reunir bajo una misma denominación instrumentos muy diferentes. Un sistema puede clasificar imágenes, organizar documentos, sugerir áreas de atención o facilitar comunicaciones. Otro puede controlar funciones de navegación. Un tercero puede seleccionar y obsequiar un criterio cinético después de su activación. Sus riesgos y consecuencias jurídicas no son idénticos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja explica que un arma autónoma es aquella que, una vez activada, puede seleccionar y atacar objetivos sin nueva intervención humana. No todos los drones artillados pertenecen a esta categoría. Una aeronave dirigida a distancia por un operador que identifica el objetivo y decide emplear el armamento no es equivalente a un sistema que determina por sí mismo cuándo y contra qué actuar.

La diferencia tampoco depende, exclusivamente, de la presencia de algoritmos complejos. Algunas capacidades automáticas se basan en reglas técnicas relativamente simples y no necesariamente en modelos de aprendizaje automático. Por otro lado, una herramienta de inteligencia artificial puede intervenir en tareas de análisis sin asumir ninguna función de disparo o ejecución plena. Confundir los conceptos impide sopesar apropiadamente riesgos, responsabilidades y posibles medidas regulatorias.

La cuestión central es identificar en qué nodo se sitúa la decisión humana significativa, qué información recibe quien debe adoptarla, y cuánto tiempo dispone para comprobarla. La presencia formal de una persona en una cadena de autorización no garantiza control efectivo si las recomendaciones se presentan de manera opaca o si los procedimientos exigen aceptación casi automática.

La inteligencia artificial y el problema de los datos

Los sistemas analíticos dependen de la calidad de la información disponible. Una herramienta capaz de procesar imágenes, señales y documentos puede identificar correlaciones relevantes, aunque también reproducir errores contenidos en sus fuentes. Los datos desactualizados, las etiquetas incorrectas y las diferencias entre condiciones observadas y condiciones actuales pueden afectar el output.

El problema se intensifica cuando una recomendación aparece acompañada de indicadores numéricos que generan una impresión de precisión. Una probabilidad estimada no equivale a certeza, y su significado depende del método utilizado, de las condiciones de validación y de la población de casos sobre la cual fue desarrollada. Trasladar una puntuación estadística a una decisión de vida o muerte exige un nivel de cautela incompatible con la confianza automática en una interfaz tecnológica.

Las herramientas generativas introducen riesgos adicionales porque pueden producir explicaciones plausibles que no corresponden a hechos. La presentación de una respuesta ordenada y lingüísticamente convincente puede dificultar la detección de información inexistente. En tal virtud, los sistemas destinados a tareas sensibles necesitan mecanismos de comprobación independientes y procedimientos que identifiquen incertidumbres.

Los argumentos mencionados en la solicitud de los senadores estadounidenses habrán de examinarse desde esta perspectiva. Si una decisión incorpora información geográfica incorrecta o datos no verificados, el problema no corresponde únicamente a la tecnología: involucra la arquitectura de supervisión que permitió convertir una recomendación en fundamento operativo. La determinación de responsabilidades concretas requiere investigaciones competentes, y evidencia documental.

La velocidad como ventaja y como amenaza

La capacidad de analizar información con rapidez puede mejorar conocimiento situacional y reducir ciertos errores derivados de sobrecarga cognitiva. En entornos donde los datos se actualizan de manera continua, una herramienta que identifica anomalías puede facilitar tareas que resultarían impracticables mediante revisión completamente manual.

En cualquier caso, la velocidad de procesamiento no garantiza calidad de juicio. Una decisión militar exige considerar contexto, proporcionalidad, potencial presencia de civiles y condiciones que pueden cambiar entre la observación y la acción. La compresión excesiva del tiempo disponible para evaluar esos factores puede incrementar el riesgo de errores.

La disuasión también puede verse afectada. Cuando distintos actores disponen de sistemas capaces de producir alertas y recomendaciones en segundos, una interpretación incorrecta puede desencadenar respuestas sucesivas antes de que existan oportunidades diplomáticas para corregirla. La automatización de funciones de análisis debe acompañarse de límites operativos y procedimientos que permitan interrumpir decisiones ante incertidumbres relevantes.

La mejora tecnológica debería medirse por su capacidad para aumentar fiabilidad, no exclusivamente por reducir segundos. En determinadas situaciones, la decisión responsable puede consistir precisamente en demorar una acción hasta disponer de información más completa.

El derecho humanitario no desaparece frente a la función algorítmica

El derecho internacional humanitario establece obligaciones aplicables al empleo de la fuerza en conflictos armados. Entre sus principios, se encuentran la distinción entre objetivos militares y personas o bienes protegidos, la proporcionalidad y la adopción de precauciones factibles para reducir daños civiles -lo que comúnmente se denomina daño colateral. El empleo de inteligencia artificial no elimina esas obligaciones, ni transforma automáticamente una decisión en jurídicamente aceptable.

La dificultad emerge cuando un sistema produce recomendaciones cuya lógica no puede explicarse de manera suficiente. Los responsables deben evaluar qué elementos llevaron a identificar un objetivo, si las fuentes son fiables, y qué consecuencias previsibles podrían derivarse de una operación. La opacidad tecnológica puede dificultar esa evaluación si los procesos están diseñados exclusivamente para maximizar velocidad.

El C.I. de la Cruz Roja ha solicitado nuevas reglas internacionales jurídicamente vinculantes para determinadas armas autónomas. Su posición diferencia sistemas imprevisibles, aquellos diseñados para dirigir fuerza contra personas y otros instrumentos que podrían quedar sujetos a restricciones de uso. Esta proposición no constituye todavía una norma universal aprobada, sino una mera recomendación institucional cuya negociación depende de los Estados.

La organización señala que las funciones de selección y ataque autónomos plantean cuestiones particularmente graves cuando la persona responsable no puede anticipar contra quién, cuándo y dónde se aplicará la fuerza. El análisis no requiere adoptar una postura simplificada favorable o contraria a toda automatización: exige distinguir tipos de sistemas, ámbitos de empleo y posibilidades reales de control.

La responsabilidad en una cadena tecnológica compleja

Los sistemas militares modernos pueden incorporar programas desarrollados por empresas privadas, infraestructuras comerciales, datos proporcionados por distintas agencias y plataformas estatales de integración. Esa diversidad de participantes plantea dificultades para determinar responsabilidades cuando acontece un error.

El diseñador de una herramienta puede conocer limitaciones técnicas que no resultan evidentes para quienes la utilizan. El operador puede observar una recomendación sin disponer de información completa sobre los datos empleados. Los mandos pueden exigir resultados dentro de plazos que condicionen el procedimiento de verificación. La responsabilidad institucional debe examinar cada eslabón de la cadena, sin diluir las obligaciones de quienes toman decisiones finales.

Una contratación pública rigurosa necesita definir requisitos de seguridad, trazabilidad y auditoría. No basta con exigir que una herramienta produzca resultados satisfactorios en demostraciones controladas. Deben considerarse condiciones cambiantes, fallos previsibles, manejo de información sensible y procedimientos para suspender el uso cuando aparezcan anomalías.

El debate sobre propiedad intelectual y secreto empresarial también adquiere importancia. Las compañías pueden tener intereses legítimos en proteger tecnologías, pero la administración debe conservar capacidad suficiente para investigar errores y garantizar cumplimiento jurídico. Un sistema cuyo funcionamiento resulta inaccesible a los órganos competentes de supervisión puede generar una dependencia incompatible con responsabilidades públicas.

El Pentágono y las relaciones con la industria

El Departamento de Defensa estadounidense mantiene vínculos con empresas de infraestructura digital y desarrolladores de modelos avanzados. La cooperación permite acceder a capacidades especializadas y acelerar determinadas iniciativas, pero también genera controversias sobre condiciones contractuales, uso permitido y mecanismos de supervisión.

El 4 de noviembre, el responsable tecnológico del Pentágono, Emil Michael, anunció que el gobierno presentaría una descripción de normas y regulaciones aplicables a los laboratorios de inteligencia artificial. Según la cablera Reuters, explicó que el propósito consistía en proporcionar un marco de confianza pública, y evitar un acopio descoordinado de regulaciones. El anuncio todavía no constituye una nueva legislación aprobada, en tanto su alcance concreto deberá evaluarse cuando se publique el documento anunciado.

La contratación militar enfrenta dilemas de dependencia tecnológica. Una administración que utilice herramientas comerciales en tareas sensibles necesita asegurar continuidad, capacidad de sustitución y protección de datos. De igual modo, habrá de examinar el modo de resolver desacuerdos con proveedores sobre funciones permitidas o riesgos éticos.

Las empresas, por su parte, deben evaluar responsabilidades jurídicas, condiciones de seguridad y reputación pública. La participación en proyectos militares puede aportar recursos e innovación, pero también generar tensiones entre usos comerciales y aplicaciones de alto impacto. La transparencia sobre límites contractuales puede ayudar a distinguir escenarios que a menudo se presentan de manera excesivamente uniforme.

Los drones y la erosión de determinadas ventajas tradicionales

La proliferación de vehículos no tripulados ha modificado el debate sobre costos y protección de infraestructuras militares. Sistemas relativamente accesibles pueden representar riesgos para instalaciones cuya defensa exige recursos considerablemente superiores. Sin embargo, el análisis técnico no debe reducirse a la idea de que una plataforma económica vencerá, invariablemente, a otra más costosa. La eficacia depende de condiciones de empleo, protección disponible, organización y capacidad de respuesta.

Un examen exhaustivo de imágenes satelitales y testimonios publicado por Associated Press documentó daños relevantes en instalaciones estadounidenses de Oriente Medio durante la guerra con Irán. La investigación describió impactos sobre infraestructura de detección, edificios y otros componentes militares. Estas observaciones ayudan a comprender la necesidad de revisar procedimientos defensivos, pero no demuestran por sí solas que la inteligencia artificial haya sido responsable de la ocurrencia de cada incidente.

La modernización militar requiere combinar protección física, mantenimiento, comunicaciones, vigilancia y capacidad para responder a amenazas diversas. Incorporar IA a sistemas de análisis puede ser útil, pero claramente no sustituye decisiones sobre infraestructura, entrenamiento y disponibilidad de recursos.

La explotación de vehículos no tripulados también incrementa exigencias de control sobre el espacio aéreo y de coordinación con otros sistemas. La integración responsable debería reducir riesgos de identificación equivocada y proporcionar procedimientos claros para gestionar situaciones inesperadas.

Inteligencia, sesgos y disciplina analítica

Los organismos de inteligencia deben lidiar hoy con la necesidad de combinar información procedente de fuentes variopintas y someterla a evaluaciones independientes. Las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar clasificación y detección de relaciones, aunque desde luego no eliminan sesgos en la recolección de datos ni problemas institucionales de coordinación.

Reuters informó, el pasado 3 de noviembre, sobre dificultades de intercambio de información entre componentes de la comunidad de inteligencia estadounidense durante la administración Trump. Funcionarios actuales y anteriores describieron tensiones capaces de afectar la elaboración y circulación de evaluaciones. Estas informaciones no permiten atribuir automáticamente errores específicos a la inteligencia artificial, pero muestran que la calidad del análisis depende también de procedimientos humanos e institucionales.

La tecnología puede amplificar un sistema de información bien organizado y también reproducir deficiencias de una estructura fragmentada. Si las agencias no comparten datos relevantes o si existen incentivos para evitar conclusiones incómodas, la incorporación de modelos avanzados no garantiza una evaluación más rigurosa.

La independencia analítica resulta fundamental. Los sistemas deben permitir expresar incertidumbre y perspectivas alternativas, incluso cuando contradigan expectativas de los responsables políticos. Una herramienta que presenta predicciones sin intervalos de confianza adecuados o que favorece automáticamente interpretaciones dominantes puede debilitar el juicio en lugar de fortalecerlo.

La República Popular China y la dimensión geopolítica de la automatización

La competencia tecnológica entre los Estados Unidos y la República Popular China incorpora capacidades de inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y sistemas no tripulados. Ambas potencias consideran que la superioridad tecnológica puede influir sobre seguridad e influencia internacional. Sin embargo, el disponer de modelos avanzados no equivale necesariamente a contar con doctrinas operativas, datos adecuados y personal formado para emplearlos de manera responsable.

La presión competitiva puede generar incentivos para acelerar despliegues. Si una administración teme quedar rezagada, podría reducir tiempos de pruebas o asumir riesgos que consideraría inaceptables en circunstancias menos tensas. La prevención de ese resultado requiere procedimientos institucionales capaces de resistir decisiones motivadas exclusivamente por urgencias políticas.

La cooperación internacional enfrenta dificultades porque los Estados pueden interpretar determinados requisitos de transparencia como riesgos para su propia seguridad. Sin embargo, establecer límites compartidos a funciones especialmente peligrosas podría reducir riesgos de errores y escalada que perjudican a todas las partes.

La historia del control de armamentos muestra que la competencia estratégica no excluye toda forma de negociación. Los acuerdos requieren definiciones claras, mecanismos de verificación y aceptación de obligaciones recíprocas. La naturaleza digital de algunas capacidades introduce desafíos nuevos, pero no elimina la utilidad de procedimientos diplomáticos.

La discusión de noviembre sobre armas autónomas

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado la importancia de la reunión de revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales prevista para los días 16 a 20 de noviembre de 2026. La organización considera esa instancia una oportunidad para pasar de discusiones generales a negociaciones de reglas más precisas. Como el encuentro todavía no se ha celebrado, no corresponde anticipar acuerdos ni presentar propuestas como decisiones de los Estados.

El debate incluye restricciones sobre tipos de objetivos, ámbitos geográficos, duración de activación y mecanismos de intervención humana. Estos temas pertenecen a la esfera de gobernanza y derecho internacional, no a una descripción de procedimientos operativos que deban reproducirse sin contexto.

La distinción entre autonomía de navegación y autonomía en selección y aplicación de fuerza continúa siendo esencial. Un sistema puede desplazarse sin control continuo y permanecer sujeto a una decisión humana sobre el uso de armamento. Las obligaciones jurídicas y los riesgos cambian cuando esa segunda función también se automatiza.

Las negociaciones deberán abordar definiciones aplicables a tecnologías cambiantes. Una regulación demasiado ambigua puede resultar difícil de cumplir; una excesivamente dependiente de una arquitectura técnica específica podría volverse obsoleta. El objetivo debería ser identificar funciones y consecuencias relevantes, independientemente de la marca o del tipo de software utilizado.

La protección de civiles como criterio decisivo

La utilidad de una tecnología militar no puede evaluarse exclusivamente por su rendimiento frente a objetivos definidos. En igual sentido, debe considerarse su capacidad para reducir errores, proteger a personas no participantes en hostilidades y permitir investigación posterior de decisiones. Un sistema que mejora eficiencia operativa, pero introduce riesgos superiores de daño indiscriminado, plantea dificultades jurídicas y éticas fundamentales.

La intervención humana debe ser efectiva y no meramente ceremonial. Los responsables necesitan comprender limitaciones, disponer de información suficiente y conservar autoridad para modificar o cancelar decisiones. Estas condiciones requieren entrenamiento, diseño institucional y procedimientos de supervisión.

Los errores pueden surgir por información incompleta, condiciones cambiantes o fallos de organización. La atribución de responsabilidades debe examinar hechos concretos y evitar conclusiones basadas únicamente en la presencia de IA. Una investigación rigurosa necesitará distinguir qué datos estuvieron disponibles, qué recomendación produjo el sistema y qué decisiones tomaron las personas involucradas.

La protección de civiles constituye una obligación central incluso cuando la tecnología promete mayor precisión. La exactitud matemática de una clasificación no determina por sí sola la legalidad de una operación. Las circunstancias del objetivo, las consecuencias previsibles y las precauciones factibles siguen demandando una evaluación responsable.

Tres escenarios de evolución tecnológica

Un primer escenario contempla la expansión de herramientas de apoyo al análisis con controles humanos robustos, auditorías y normas internacionales que limiten funciones especialmente peligrosas. En ese caso, la inteligencia artificial podría contribuir a mejorar determinadas tareas sin desplazar la responsabilidad de decisiones críticas.

Un segundo escenario supondría una adopción desigual, con capacidades avanzadas desplegadas antes de que existan mecanismos suficientemente maduros de supervisión. Los riesgos incluirían errores de clasificación, dependencia de proveedores y dificultades para investigar incidentes. La respuesta requeriría fortalecer evaluación y responsabilidad institucional.

El tercer escenario estaría marcado por una competencia geopolítica que favoreciese una autonomía creciente en funciones de selección y empleo de fuerza. Esta posibilidad incrementaría las preocupaciones sobre previsibilidad y pérdida de control. No constituye un resultado inevitable, sino un riesgo cuya reducción depende de decisiones actuales.

La utilidad de estos escenarios reside en distinguir tendencias tecnológicas de elecciones políticas. La innovación amplía posibilidades, pero los Estados determinan qué funciones autorizan, bajo qué condiciones y con qué controles. La responsabilidad no desaparece ante la complejidad de un algoritmo.

La verdadera frontera del poder militar

La guerra algorítmica suele presentarse como una competencia por operar más rápido que el adversario. Esa formulación contiene una parte de verdad, pero resulta incompleta. La eficacia estratégica también depende de seleccionar objetivos legítimos, preservar información fiable, sostener recursos y reconocer cuándo la continuación de una operación produce costos superiores a sus beneficios.

La inteligencia artificial puede contribuir al análisis y a la coordinación, aunque en ningún caso sustituye juicio político, derecho humanitario ni responsabilidad de mando. La velocidad carece de valor si conduce a decisiones que no pueden justificarse o a daños que socavan los objetivos estratégicos perseguidos.

La experiencia de la guerra con Irán ha puesto de manifiesto el carácter urgente de estas cuestiones. Las solicitudes de investigación presentadas en el Congreso estadounidense, los debates sobre proveedores tecnológicos y las propuestas del C.I. de la Cruz Roja muestran que la discusión ya no pertenece exclusivamente a laboratorios de investigación. Se desarrolla en instituciones responsables de decisiones cuya repercusión humana puede ser irreversible.

La cuestión decisiva no consiste, entonces, en determinar si las máquinas participarán de manera creciente en las operaciones militares: esa transformación ya se encuentra en curso. La pregunta es si los Estados serán capaces de conservar procedimientos de verificación, límites jurídicos y responsabilidad humana suficientes para que el aumento de capacidad tecnológica no se convierta en una pérdida de control político y moral.

Una fuerza militar puede hoy procesar más datos que nunca y continuar interpretando equivocadamente la realidad. Es capaz de producir recomendaciones en microsegundos y demandar horas para comprender y asimilar sus consecuencias. La superioridad tecnológica no se mide únicamente por la rapidez con que se ejecuta una decisión, sino por la capacidad de adoptar la decisión correcta, justificarla y asumir plenamente su responsabilidad.