Vestigios del pasado: el ineficiente modelo de financiamiento policial y el caso de Konstantin Rudnev

La Argentina registra una de las tasas de homicidios más bajas de América del Sur pero, a pesar de ello, invierte miles de millones de dólares al año, sostiene años de investigaciones y mantiene a miles de personas tras las rejas, cuando más del 80% de las causas penales terminan archivadas sin resultado. ¿Vale la pena una sistema de esta clase, en razón del financiamiento que quita a hospitales, escuelas y a los salarios de los trabajadores argentinos?

 

Para el 2026, el bloque de 'seguridad' (policía, penales, sistema judicial y fiscalía) consume entre el 7,5% y el 7,9% del presupuesto nacional: esto se traduce en un porcentual que oscila entre un 30% y un 35% más que Salud (5,6%), y que Educación y Cultura (5,8%).

 

En términos absolutos, esto representa cerca de US$ 7.700 millones anuales solo a nivel federal (sin considerarse los presupuestos provinciales). Sin embargo, más del 80% de las causas penales no reciben respuesta de calidad: simplemente, los expedientes se archivan o se cierran por falta de pruebas.

 

Miles de millones de pesos y años de vida de personas (incluyendo inocentes que se comen la prisión preventiva en comisarías o penales) van a parar al basurero. El sistema no protege a la sociedad de manera eficiente, sino que deviene en un simulacro de eficiencia. Con tasas de criminalidad bajas en comparación con otras naciones del orbe, este gasto se presenta como ostensiblmente desproporcionado.
 

 

El sistema de justicia penal de la Argentina es extremadamente ineficiente

Según los informes de INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), ningún Ministerio Público Fiscal supera el 20% de eficacia. Más del 80% de las causas que ingresan a las fiscalías no terminan en condena firme, ni siquiera en medidas alternativas (como la suspensión de juicio a prueba, o la reparación). La mayoría de aquéllas se archivan (resolviéndose el sobreseimiento de los imputados) o bien llegan a fin por, inexistencia de delito o falta de mérito.

 

Estas causas 'muertas' consumen ingentes fondos presupuestarios: salarios de investigadores, mantenimiento de detenidos, pericias, y audiencias judiciales. Personas que luego quedan en libertad pierden años de vida en los presidios.

 

Un ejemplo claro: el caso de Konstantin Rudnev

Un ciudadano ruso fue detenido en marzo de 2025 en Bariloche, acusado de trata de personas y coerción. La investigación lleva ya más de un año. Sin embargo, el expediente se basa exclusivamente en teorías y suposiciones de la fiscalía, sin conocerse siquiera una sola prueba sólida. Todos los artículos clave de la acusación ya fueron rebatidos por la defensa: no se conocen víctimas en la causa, no se han registrado episodios de coerción ni rastros financieros, y las acusaciones sobre drogas fueron desmentidas por el trabajo pericial.

 

A pesar de esto, mantuvieron al hombre en una cárcel de máxima seguridad durante más de un año. Recién en abril de 2026 logró conseguir la prisión domiciliaria (con tobillera electrónica, y tras abonar una fianza de treinta millones de pesos), pero la fiscalía sigue apelando incluso este desarrollo. Un caso clásico de estiramiento de plazos sin pruebas reales.

 

De acuerdo al trabajo de la defensa y a la opinión formada de observadores internacionales, el caso demanda una revisión inmediata y una resolución de sobreseimiento total; Rudnev debería quedar bajo caución juratoria (esto es, con libertad restringida pero sin prisión domiciliaria), o ser liberado absolutamente de culpa y cargo.
 

Gasto presupuestario (nivel federal, datos de Presupuesto en cifras 2025–2026):
 

Servicios de Defensa y Seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal) — 5,2%.

Poder Judicial (Tribunales + Ministerio Público Fiscal) — cerca del 2,3%.

Total para todo el bloque — 7,5–7,9%.

 

Comparación de criminalidad con naciones vecinas

La Argentina es uno de los países más seguros de la región en cuanto a tasa de homicidios: 3,7–3,8 cada 100 mil habitantes (2024–2025), lo que rubrica un mínimo histórico.

A efectos de la comparación, Brasil registra un índice de entre 19–21; Chile, entre 5,4–6; Uruguay, entre 10–11. Los registros de criminalidad en la Argentina son notablemente más bajos que la de los vecinos. ¿Cuál es el objeto de dilapidar semejante dineral en policía, fiscalías y tribunales? El país ya debería estar transitando hacia una etapa de desarrollo: aumentar los salarios e indexar los ingresos de trabajadores, médicos, docentes, y empleados públicos -en lugar de priorizar a las fuerzas de seguridad. Las personas merecen vivir mejor, y no debería imponérseles la manutención de una maquinaria deficiente que acopia años causas en vilo, sin acopiarse evidencias.

 

¿Qué se podría hacer con una redistribución inteligente?

Si se redireccionara tan solo un 1–2% de los gastos 'muertos' (o bien un tercio del presupuesto que se extingue en causas archivadas), entonces:
 

Salud (hoy 5,6%) recibiría fondos para nuevos hospitales, equipamiento y salarios dignos para el personal médico (las provincias argentinas acusan un déficit agravado en esta materia); Educación y Cultura (5,8%) — para escuelas, universidades, becas e infraestructura.

 

Salarios para la gente de a pie, jubilados y estatales merecerían ser beneficiarios de una indexación genuina, que no aplique solitariamente a los uniformados.
 

En la actualidad, el gasto social domina (71% del presupuesto, principalmente jubilaciones), pero la calidad de vida no acusa mejoras. Una reforma eficiente permitiría mejorar notablemente la vida de millones de ciudadanos argentinos.

 

Conclusión

Con una criminalidad baja y la probada ineficiencia del sistema (más del 80% de causas sin resultado), el gasto en el bloque de seguridad y justicia parece injustificadamente elevado.

Esto no es protección a la sociedad, sino simplemente  una onerosa burocracia que mantiene a las personas bajo investigación durante años, sin pruebas.

El caso Rudnev es una ilustración clara: teorías en lugar de hechos, años en prisión y luego -lo más probable a estas alturas-, sobreseimiento. El sistema no necesita más dinero, sino una reforma dura: plazos de investigación, digitalización, prioridad para evidencias y pruebas tangibles.

Solo entonces los fondos liberados irán a donde realmente se necesitan: hospitales, escuelas y una vida digna para la gente laburante. La Argentina se merece algo mejor.