Argentina: por qué la abundancia de Estado y de regulaciones afectan a los consumidores

Mancur Olson -economista y sociólogo (1932-1998)- centró su trabajo en relacionar la economía y las instituciones (fundamentalmente, las reglas de juego que imperan en una sociedad). Publicó tres libros de enorme valor; el primero fue La Lógica de la Acción Colectiva; el segundo, Auge y Decadencia de las Naciones; y, el tercero, Poder y Prosperidad.

 

Al leerse la primera publicación, el interesado comprenderá las razones detrás de la adopción de medidas tan disparatadas en la Argentina, en materia económica. Según su mirada, muchas veces los grupos de menor tamaño están mejor organizados a efectos de conseguir que el Estado le otorgue privilegios y ganancias extraordinarias, a pesar de estar perjudicando a sectores mucho más amplios de la sociedad.

 

Con un ejemplo, es lícito atender al postulado de Olson. Supongamos que existen diez fábricas de camisas en la Argentina, y que éstas consiguen que el Estado les brinde protección arancelaria con miras a restringir la competencia de productores del exterior. Supongamos que cada fábrica produce diez millones de unidades por año a un precio de AR$1.000 cada camisa pero, a partir de la protección arancelaria y al restringirse la competencia, les sea posible elevar el precio a AR$1.200. En total, el sector obtendrá entonces una renta de extraordinaria gracias al proteccionismo de AR$2.000 millones, con un promedio de AR$200 millones por fabricante.

 

¿Cuál es el costo adicional que tendrá que pagar cada consumidor por camisa, suponiendo que son 10 millones de clientes? Pues, AR$200 por unidad.

 

¿Por qué razón los diez millones de consumidores no se organizan para frenar el lobby de los productores de camisas, al ver que con el proteccionismo a la producción nacional salen claramente perjudicados? La respuesta que ofrecería Mancur Olson es que esos AR$200 millones que ganan extra cada uno de los productores justifican el esfuerzo de dedicar tiempo a hacer lobby para conseguir esas ventajas y organizarse para defenderlas. En cambio, será difícil que los diez millones de consumidores se organicen para contrarrestar esa campaña. El ratio costo-beneficio no le rinde a las mayorías.

 

Empresas de bajo costo

 

Lo propio podría trasladarse al ejemplo de las aerolíneas low cost. El Gobierno del presidente Alberto Fernández acaba de establecer un precio mínimo y máximo para los viajes de cabotaje en avión, con el fin de forzar a cobrar más caro y, así, evitar que le quiten clientes a Aerolíneas Argentinas -firma altamente ineficiente e impuntual, que les costará este año a los contribuyentes US$ 700 millones, a pesar de tener casi el monopolio del mercado interno dadas las restricciones a los nuevos competidores.

 

En su momento de crecimiento, las low cost llegaron a transportar unos 170 mil pasajeros por mes, conectando al interior del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Hoy, Aerolíneas Argentinas tiene una red de rutas similar a la que se le criticaba a los trenes ingleses que, se decía, confluían todos hacia el puerto de Buenos Aires, a modo de abanico.

 

La pregunta es, ¿por qué la presión de unos pocos burócratas logra perjudicar a millones de personas por año con esto de poner tarifas mínimas para los vuelos de cabotaje superiores a las que regían? Volviendo a Olson: 'los grupos más reducidos tienen estímulos para influir y quedarse con ingresos extraordinarios en perjuicio de los grupos más amplios'.

 

La Cámpora, que domina actualmente la gestión de Aerolíneas Argentinas, se organiza en beneficio de sus integrantes y de un grupo reducido de sindicalistas, en claro perjuicio para millones de consumidores, que tendrán que pagar más por un pasaje de avión o bien dejar de volar y soportar largos trayectos en ómnibus de larga distancia.

 

Otro ejemplo

 

También cumple con La Lógica de la Acción Colectiva la prohibición que existió para que el pedido de remises, por la conocida aplicación Uber, pudiera ser utilizada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los que tenían las licencias de taxis, que suelen concentrar varios permisos en sus manos, no querían la competencia de un nuevo jugador en el mercado e hicieron lo imposible para mantenerse solos.

 

Unos pocos se beneficiaban con esa restricción en tanto que miles de consumidores no iban a organizarse para contrarrestar el mayor costo que tenían que afrontar por la mencionada restricción de viajar en taxi.

 

Los ejemplos sobre grupos reducidos que se benefician a costa de amplios grupos son tantos en Argentina como regulaciones absurdas puede haber. Lo que sabemos es que esta nueva restricción a las low costs no es para proteger al consumidor, sino para beneficiar a La Cámpora que controla la empresa estatal como si fuera una propiedad privada y a los dirigentes sindicales que se benefician de dicha restricción, al costo de generarle a la sociedad un cargo de USD 700 millones por año que tienen que aportar los contribuyentes vía los impuestos tradicionales más, últimamente, el impuesto inflacionario.

 

Estados Unidos carece de línea de bandera; la población puede viajar en avión a precios más convenientes con un mercado desregulado, en 2019 registró un promedio de 3 viajes por cada habitante.

 

En la Argentina, por el contrario, sobre 46 millones de habitantes, vuelan al año 19 millones -en el mejor de los casos-, tomando como referencia 2019 que fue un año de desregulación de las tarifas. Es decir que han podido viajar, estadísticamente, menos de 1 persona por cada 2 habitantes.

 

Castigo al consumidor

 

En síntesis, las regulaciones absurdas no son para beneficiar al consumidor, sino principalmente para beneficiar a un grupo reducido de personas en detrimento de millones.

 

En la Argentina, un grupo de políticos y sindicalistas usan al Estado en beneficio propio y en perjuicio de millones de personas, lo cual también se ve en los disparatados costos que tienen para los contribuyentes la sobrepoblación de puestos altamente remunerados en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de los municipios.

 

Esos grupos reducidos tienen estímulos para organizarse en detrimento de los contribuyentes, quienes en su mayoría desconocen el costo por legislador que debe afrontar cada jurisdicción administrativa.

 

En definitiva, la Argentina es presa de grupos reducidos que logran usar al Estado para obtener privilegios que se diluyen entre millones de ciudadanos/contribuyentes que, por el momento, carecen de estímulos para organizarse y defenderse frente a la expoliación de esos grupos minoritarios, en especial de buena parte de la dirigencia política.