Estados Unidos y el homicidio de la Primera Enmienda: ¿qué es el lawfare?

Toda vez que Usted se traslada en cualquier punto geográfico de Europa -en donde permanecen centros gubernamentales e incluso tribunales- podrá, con frecuencia, ver alguna representación de la justicia en la forma de una mujer de ojos vendados, que sostiene una espada en una mano y una balanza en la otra. Ni bien la Humanidad comenzó a ponerse de acuerdo para dar forma a sistemas de gobierno, una de las primeras exigencias planteaba la necesidad de contar con una justicia que fuera igual para todos. Lo cual no equivale a negar que ciertos gobiernos se caractericen por mecanismos corruptos, diseñados para que el sistema judicial favorezca a sus propios fines; sin embargo, la anécdota sirve para reivindicar el reclamo de miles de años en pos de que la igualdad ante la ley fuera justo.

Ahora, en apariencia, aquellas personas que buscan justicia se percatan de que la misma les es negada a través de una plétora de artificios que han dado a los gobiernos un control cada vez mayor, traduciéndose ello en comportamiento criminal. En rigor, se asiste a un énfasis en el castigo para aquellos sobre quienes los gobiernos han decidido poner como ejemplo. Por ejemplo, si se observa el tratamiento que el gobierno de los Estados Unidos obsequia a los informantes -en donde cobran notoriedad los casos de Jeffrey Sterling y John Kiriakou-, se concluye que el castigo tiene por único fin el desalentar a cualquier ciudadano que porte el propósito de exponer el comportamiento criminal de quienes están a cargo.

Aún cuando, en la teoría, los informantes deben gozar de protección, por cuanto han dado un paso al frente con el objeto de revelar actividades ilegales detectadas en el seno de un gobierno, en la práctica, esa protección sólo llega a ser abstracta. Y luego están las instancias en las que la administración de justicia ha sido deliberadamente pervertida, como en el ejemplo de Julian Assange -a quien el gobierno estadounidense desearía extraditar, de tal suerte que termine siendo juzgado bajo los considerandos del Acta de Espionaje de 1917. No obstante, los cargos contra Assange se exhiben brumosos. Al mismo se le acusa de haber colaborado con Chelsea Manning a efectos de robar y luego publicar material clasificado, el cual presentaba claras evidencias sobre las atrocidades perpetradas por fuerzas armadas americanas en Irak, luego encubiertas. Y quizás yendo más al punto en el andarivel político, a Assange también se le imputa el haber participado en el robo de los correos electrónicos de Hillary Rodham Clinton, en 2016. Debería apuntarse aquí que el gobierno federal jamás ha aportado evidencia alguna frente a ese supuesto delito.

Así las cosas, un alto tribunal británico ha aprobado la solicitud de extradición de Washington, aunque el caso continuará mediando un esfuerzo final que buscará apelar esa decisión. Es probable que Assange sea condenado si es enviado a los Estados Unidos, a pesar del hecho de que su único delito fue el haber trabajado como periodista, y haber hecho lo que los buenos periodistas suelen hacer. Sin importar el resultado, su vida ha sido destruída sin remedio. Pasó ochenta y dos meses en la Embajada del Ecuador en Londres, tras haberle sido garantizado asilo; ahora, se encuentra en confinamiento en solitario en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh -sitio donde el Reino Unido envía a los terroristas. Assange ha permanecido en Belmarsh durante treinta y ún meses y, recientemente, sufrió un ataque cerebro-vascular (ACV). Se trata de un castigo cruel e inusual para una persona que no ha sido sentenciada por haber cometido delito alguno.

Acaso no sea poco razonable atender a consciencia a las desprolijidades emparentadas con un sistema de justicia criminal, hoy administrado por gobiernos 'democráticos' como los de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. En efecto, uno podría estimar que la manipulación de referencia podría sintetizarse como 'lawfare'. El concepto llegó a dominio público luego de conocerse un ensayo desarrollado por el Coronal Charles J. Dunlap, escrito entonces para el Centro Carr de la Universidad de Harvard. Dunlap definió al lawfare como el 'empleo de la ley como arma de guerra', incluyendo la 'explotación de incidentes reales, percibidos o incluso orquestados de violaciones en las leyes de la guerra, como medio no-convenciona para confrontar' a un oponente de magnitud. Es un 'método de la guerra en el cual la ley se utiliza como medio para consolidar un objetivo militar', así como también 'una cínica manipulación del Estado de derecho y del valor humanitario que aquél representa'. En los Estados Unidos, el lawfare ha sido asociado particularmente al término de la 'jurisdicción universal', esto es, que una nación o bien una organización internacional que funciona en determinado país puede confiscar e imputar a funcionarios de otro distinto. O, como en el caso Assange, un ciudadano australiano que reside en el Reino Unido puede ser extraditado para un juicio en Washington, a partir del supuesto robo de información clasificada -ejecutada por un informante de nacionalidad estadounidense.

En efecto, uno de los aspectos más perturbadores de la política exterior americana desde el 11 de septiembre de 2001 ha sido la presunción de que las decisiones tomadas por los EE.UU. son vinculantes para el resto del mundo, conforme se ejemplificara a partir de la advertencia del ex presidente George W. Bush, cuando sentenció: 'Hay un nuevo sheriff en el pueblo'. Al margen de los tiempos de guerra, ningún otro país ha buscado impedir que terceros países comercien uno con el otro, como tampoco ningún gobierno había buscado reprender a ciudadanos extranjeros recurriendo a sanciones con la cínica arrogancia demostrada por el ex Secretario de Estado Mike Pompeo. Con exclusividad, el gobierno estadounidense pretende penalizar a otras naciones soberanas por supuestos delitos que no tuvieron lugar en territorio americano y que no involucran a ciudadanos estadounidenses, al tiempo que insiste en que todas las naciones deben cumplir con las penas diseñadas por Washington. En simultáneo también, el gobierno de los Estados Unidos certifica su propia hipocresía, al reclamar inmunidad soberana toda vez que ciudadanos extranjeros o de los EE.UU. se dirijan a los tribunales para ponerlo como responsable de numerosos delitos.

Finalmente, no será sorpresa que el país que abierta y oficialmente ha incorporado el lawfare en su política exterior sea Israel. Su centro dedicado al lawfare, Shurat HaDin, es en parte financiado por el gobierno en Tel Aviv, y se ha involucrado en numerosos casos judiciables en territorio estadounidense, donde siempre encuentra una audiencia judicial amistosa en la Ciudad de Nueva York. La capacidad para demandar en los tribunales americanos por delitos imaginarios ha llevado a la construcción de una cultura del lawfare, en la que abogados buscan llevar a la bancarrota a un oponente, por vóia de costos legales y reparación de daños. Para sorpresa de nadie, el centro Shurat HaDin es un ligitante de magnitud contra entidades que no caen en el agrado de Tel Aviv. En su sitio web, por ejemplo, hace alarde de metodologías para llevar a sus rivales a la bancarrota financiera.

La Corte Federal para el Distrito Sur de Manhattan se ha convertido en una sucursal para demandar hasta la pobreza cualquier gobierno extranjero o ciudadano del país que fuere, sin mediar virtualmente requisito alguno para la presentación de un caso -alcanza sólo con mencionar 'terrorismo'. En febrero de 2015, una demanda planteada por el centro Shurat HaDin condujo a la sentencia de la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina por responsabilidad sobre ataques terroristas perpetrados en Israel entre 2000 y 2004. El jurado Federal de Nueva York suscribió perjuicios por US$ 218.5 millones pero, bajo una tipificación especial del Acta Antiterrorista, la cifra se triplicó automáticamente, quedando en US$ 655.5 millones. Parsimoniosamente, el centro Shurat HaDin afirmó que la resolución remitía a una acción de 'llevar a la bancarrota al terrorismo'.

Otra victoria legal para Israel y sus amigos se registró en una corte distrital federal en el Distrito de Columbia, el 1ero. de junio de 2020, cuando Siria e Irán fueron hallados culpables por el asesinato de ciudadanos estadounidenses en medio de ataques terroristas perpetrados por palestinos que tuvieron lugar en Israel. El Juez del caso, Randolph D. Moss, resolvió que los estadounidenses heridos y asesinados en siete ataques ejecutados por palestinos en el Estado de Israel eran elegibles para recibir beneficios por daños y perjuicios abonados por Irán y Siria, porque ofrecieron 'material de respaldo' a los grupos militantes Hamás y Yihad Islámica Palestina.

Lo que resulta interesante es que los Estados Unidos de América están copiándole a Israel el empleo del lawfare. Sus sanciones contra entidades extranjeras, respaldadas en información y comentarios de terceros, luego se utiliza para poner en marcha mecanismos para multar o enviar a prisión a cualquiera que aporte lo que se llama 'material de respaldo' a su caso. Algunos lectores podrían tomar nota sobre una reciente medida de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), dirigida contra el sitio web de noticias y análisis internacional Strategic Culture Foundation (SCF). Tal como se lo reconoce, la web no es demasiado amigable para la política exterior americana, pero el régimen Biden parece creer que la página funge como un instrumento maligno del servicio de inteligencia del Kremlin -basándose en ninguna evidencia, amén de la clara hostilidad de sus publicaciones contra la política de Washington. Durante la primera semana de noviembre, el Departamento del Tesoro emitió una 'misiva de caución' -fechada el 15 de octubre- contra mi persona y contra otros ciudadanos de los Estados Unidos, que contribuían con artículos para SCF. Las cartas fueron entregadas en mano por Agentes Especiales del FBI.

El contenido de la carta era bastante bizarro, describiendo cómo SCF era, desde ese momento, 'una entidad designada conforme a los considerandos de la Orden Ejecutiva 13848 del 12 de septiembre de 2018' que, a su vez, se respaldaba en una designación fechada el 15 de abril por parte de OFAC. 'Como resultado de la designación de OFAC, y a menos que se autorizara o planteara una excepción, la totalidad de los bienes e intereses de SCF sujetos a jurisdicción americana son bloqueados, y las personas de los EE.UU. tienen prohibido involucrarse en transacciones con sus titulares'.

Más adelante, la letra de la misiva refería que SCF 'interfirió o bien comprometió la confianza pública en las elecciones estadounidenses, conforme lo tipificado en las regulaciones que entienden sobre Interferencia Electoral de los EE.UU. (...) y las órdenes Ejecutivas emitidas bajo la autoridad del Acta de Poderes de Emergencia Económica Internacionales (...) Bajo la ley aplicable, cada violación contra las reglamentaciones señaladas arriba quedan sujetas a una pena monetaria civil máxima de hasta US$ 311.562, o dos veces el valor de la transacción subyacente'.

La muy clara intención de la carta del Tesoro y de la legislación que representa coincide con impedir que analistas y periodistas estadounidenses contribuyan con sitios web y publicaciones extranjeras, si aquellos sitios web y publicaciones son críticas de las políticas americanas. La amenaza de una multa punitiva de magnitud consigna la advertencia de que uno irá a parar a la bancarrota, o bien a prisión, si la carta es ignorada -lo cual es lawfare en su formato más efectivo. Según se ha visto, todos los periodistas con base en los EE.UU. han puesto fin a sus respectivos contactos con SCF.

En lo personal, yo podría compartir numerosas observaciones en relación a esta flagrante maniobra en pos de eliminar o, al menos, de controlar la libertad de expresión en los Estados Unidos de América. En primer lugar, me gustaría invitar a los lectores a visitar el sitio web de SCF, espacio en donde cada quien encontrará material desarrollado por numerosos y altamente respetables periodistas y escritores del globo, incluyendo también a una serie de ex funcionarios diplomáticos de carrera. Findalmente, como ex oficial de inteligencia que supo ejecutar operaciones para la CIA en medios de comunicación en Europa y Oriente Medio, rechazo categóricamente la descripción que se ha hecho sobre SCF como fachada de inteligencia. Las operaciones de inteligencia se basan en el control absoluto de agentes y activos por parte de la autoridad competente, lo cual significaría que las piezas publicadas por SCF hubieran tenido que ser diseñadas y pensadas para influenciar la opinión de cierta manera. He contribuído con SCF con una columna semanal durante casi ya tres años, y nadie jamás sugirió que escribo sobre ciertos temas para sesgar sus contenidos. Siempre me atuve a relatar tópicos de interés. Ese tipo de libertad nada tiene que ver con el modo en que opera una organización de inteligencia, punto que me ocupé de explicar a los correos del FBI.

En el epílogo, me gustaría observar que el verdadero perjuicio que hoy se lleva a cabo es dirigido a través del empleo de un modelo de lawfare tutelado por el gobierno, contra ciudadanos corrientes que ejercitan su derecho de expresarse en libertad. Es fácil afirmar que un servicio de noticias extranjero 'compromete la confianza en las elecciones estadounidenses', conforme se trata de una acusación que es menester probar. En efecto, no puede probarse, y funciona como un arma con capacidad de ser empleada para administrar disenso, y para estrechar las fronteras del relato aceptable. Al mismo tiempo, sirve para encubrir una desagradable realidad, esta es, que las elecciones estadounidenses en rigor han sido contaminadas por dos grupos, a los que se da en llamar Demócratas y Republicanos. Asistidos ambos por un poco creíble ecosistema de medios de comunicación; y no por alguien sentado en alguna oficina en algún rincón del Kremlin.


Artículo original, en inglés