El mandato de vacunación forzada de Joe Biden podría comportar consecuencias inesperadas

El presidente estadounidense Joe Biden anunció, recientemente, que todos los empleados públicos deberán vacunarse contra del COVID-19, o bien enfrentarse a una posible terminación de su contrato. Estos no estarán exentos del requisito, si están de acuerdo con realizarse pruebas frecuentes. 

 

La Administración americana también anunció que será obligatorio para todas las empresas que cuenten con cien o más empleados a requerir que los mismos se vacunen, o bien se realicen pruebas semanales de COVID. Finalmente, el jefe de Estado recurrió a su autoridad para forzar a todos los hospitales que reciben fondos de Medicaid o Medicare, vacunen a sus trabajadores.  

 

No creo que el gobierno tiene el derecho de obligar a los individuos a vacunarse. Sin embargo, los empleados tienen el derecho de requerir que sus empleados se vacunen. Así como los propietarios de negocios tienen derecho de decirle a los clientes 'Sin camisa y sin zapatos, no hay servicio', también tienen el derecho de decir 'Sin vacuna, no hay servicio'. Idéntico principio se aplica en términos de empleo. Esta es una extensión de los derechos de propiedad y del derecho a la libertad de asociación. Por lo tanto, no tengo ningún problema, en principio, con el gobierno requiriéndole a sus propios empleados que se vacunen. 

 

No soy un experto legal o constitucional, pero sospecho que el gobierno federal probablemente puede usar una estrategia de tácticas suaves y duras con los establecimientos de cuidados médicos que reciben fondos federales de Medicaid y Medicare, porque ha utilizado el financiamiento federal en el pasado para obtener la obediencia de los estados y gobiernos locales. Sin embargo, no puedo opinar acerca de la constitucionalidad inherente a que el gobierno federal fuerce a los negocios privados a requerir que sus empleados se vacunen o realicen pruebas de COVID. Me refiero en este asunto a mis colegas, expertos en la materia. 

 

Haciendo a un lado las cuestiones legales, encuentro desalentador que la Administración Biden está ignorando el papel de la inmunidad natural. Numerosos estudios, incluyendo este reciente de Israel, muestra a las personas con infecciones anteriores de COVID-19 adquieren inmunidad que es igual o superior que aquella que tienen los individuos con inmunidad inducida por la vacunación. Por esta razón, Israel, el Reino Unido, y la mayoría de los países europeos ofrecen pases de entrada a las personas que demuestran que tuvieron una infección anterior de COVID-19, en lugar de una vacuna. 

 

No pocos investigadores creen que las personas con inmunidad natural no necesitan vacunarse o, en el peor de los casos, solo necesitan una, no dos vacunas mRNA. De tal suerte que la orden ejecutiva no toma en cuenta nada de esto. Uno de los problemas con las órdenes emitidas de arriba hacia abajo es que no toman nada de ello en cuenta. Uno de los problemas con esos mandatos, finalmente, es no matizan bien. 

 

La orden presidencial en relación de los empleados estatales y privados, asimismo, es poco probable que logre que quienes se resisten a vacunarse cambien de opinión. Antes, bien; preocupa que la medida tenga el efecto contrario, dando lugar a un endurecimiento de la decisión individual, buscando estas personas alivio en el creciente mercado negro de certificados de vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), muchos de estos apócrifos. Las empresas podrían acabar teniendo un número significativo de sus trabajadores sin inmunidad y arriesgándose a que el virus sea esparcido a los compañeros de trabajo. 

 

Las vacunaciones son la medida de reducción de daño más eficaz dentro de la caja de herramientas para combatir el COVID-19. Deberíamos alentar y convencer a las personas que todavía no han adquirido inmunidad, a que se vacunen. No obstante, la reciente medida del presidente es en extremo dura, y podría ser contraproducente.


* El autor, Jeffrey Singer, practica cirugía general en el área metropolitana de Phoenix, en tanto también se desempeña como académico adjunto en el think tank estadounidense The Cato Institute, en Washington, D.C..