Argentina: para los contribuyentes, ha llegado la hora de ser 'solidarios'
Aunque parezca obvio, quienes contraen deuda en nombre de una nación no son los contribuyentes...
Aunque parezca obvio, quienes contraen deuda en nombre de una nación no son los contribuyentes, sino los gobiernos. Quienes negocian montos, tasas, plazos, y deciden a qué se va a aplicar ese dinero son, una vez más, las Administraciones.
Adviértase que, al hacer alusión a un gobierno, uno no ha de limitarse al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, el cual interviene normalmente en el proceso de decidir la toma del crédito, o en la definición del destino de esos fondos -donde también es obvio que el parlamento deberá dirimir la discusión y eventual aprobación del presupuesto, intervenir en la cruda decisión de no pagar la deuda, allí donde la mayoría se inclinara por esta alternativa.
Asimismo, en el listado de referencia habrá de incluírse de igual manera a los gobernadores de provincia, quienes usufructuarán parte de los créditos contraídos, y siendo ellos parte del proceso de toma de decisiones. Así se pudo certificar hace pocas horas, con los mandatarios del interior reunidos en torno del Presidente de la Nación, a criterio de anunciar y respaldar la propuesta efectuada a los acreedores de los bonos con jurisdicción extranjera. Sin lugar a dudas, ese proscenio habrá de depositarnos -una vez más- en la cesación de pagos, o default. Huelga colegir, complementariamente, que quienes integran el Congreso de la Nación suelen ser viejos conocidos, cuya ocupación de los escaños es recurrente -gobierno tras gobierno-, en tanto tienen por costumbre el reciclarse de un sitio a otro, ya fuere en el parlamento, o en el organigrama del Ejecutivo.
En ningún caso los contribuyentes podemos emitir opinión sobre esas decisiones. Realidad que se exhibe paradójica, conforme los mismos gobiernos que definen la obtención de créditos son los mismos que, al momento de tener que honrar esa deuda impagable, vociferan sin titubear que el acto de incrementar la deuda fue una 'barbaridad'. O, al decir de Ricardo Alfonsín en su cuenta de la red social Twitter: la deuda no se paga, 'para ahorrar dramáticos sacrificios a millones de compatriotas'. Planteo insultante para la inteligencia del público, si los hay.
Estos ciclos se reiteran cada vez con mayor frecuencia e, infortunadamente, somos quienes tributamos con impuestos los responsables eventuales de hacer frente al pago de los intereses sobre la deuda contraída. Al aproximarse el fin de ciclo de estos procesos, el gobierno de turno sale a declamar que los contribuyentes debemos 'ajustarnos el cinturón', y aprender a ser 'solidarios', o a 'hacer un mayor esfuerzo'.
A fin de cuentas, resulta curioso que los responsables primigenios de esta mala praxis sistémica se limitan a endilgar culpas sobre aquellos que no la tienen, mientras los primeros se mantienen incólumes en sus respectivos puestos y cargos, computando haberes cada vez más elevados, y sin resignar el cúmulo de beneficios y privilegios que siempre les ha sido propio.
Se trata, en rigor, de personas que han vidido del Estado durante toda su existencia o durante gran parte de ella, a caballo del esfuerzo sobrehumano del contribuyente promedio, al que acusan periódicamente de no aportar el 'esfuerzo' suficiente, mientras lo tildan de 'miserable' o de egoísta. Ese criterio de miserabilidad, en consecuencia, se hace extensible ipso facto -en la perspectiva de quienes gobiernan- al conjunto del electorado, sin importar que éste sea el que los ha depositado en la cumbre del proceso decisional político.
Será lícito subrayarlo: son los dirigentes políticos -todos ellos- los responsables exclusivos de la administración del Estado; no los contribuyentes. Ese núcleo de individuos nada produce para el país; sólo consumen y disfrutan de los recursos generados inicialmente por quienes abonan impuestos y tributos. Se asiste a encumbrados dirigentes muy afectos a rodearse de una parafernalia de pretendidos asesores, al tiempo que pergeñan novedosos y ocurrentes cargos para amigos o 'cuadros políticos' -como les gusta decir-; e insisten en ese sendero, aún en medio de la presente crisis económica y del triste saldo de la pandemia.
El resultado es que, con brutal elocuencia, ha quedado hoy expuesto que aquéllos ejércitos de asesores y asistentes se vuelven absolutamente innecesarios, mucho más en una administración pública inapelablemente sobredimensionada y en extremo onerosa para el contribuyente. Con resignación, será necesario consignar que esta mecánica es la que define a nuestra democracia -y que todo tiende a empeorar.
En el ínterin, el contribuyente promedio -que en mayoría pertenece a sectores de ingresos medios- ya no resiste. Sin importar que las exigencias en su perjuicio se incrementen a diario, y que ello resulte en una nula contraprestación. Hoy, muchos lo tenemos bien claro: jamás la dirigencia política hará esfuerzo alguno, como tampoco reconocerá ni confesará sus crasos errores.
Como parte del problema, la administración de justicia, al planteársele correctamente a sus miembros que deberían pagar impuestos al igual que el resto de la ciudadanía, aquéllos replican que el planteo no es aceptable, por cuanto no podrían desempeñar su tarea con los criterios de paz y seguridad demandados por la función. Este sector del Estado, al igual que la política, confiesa una indolencia y una indiferencia absolutas frente al ciudadano de a pie; que sin dudas cuenta con mayores argumentos que magistrados y fiscales a la hora de denunciar que el pago de impuestos 'implicaría una severa reducción' de los propios ingresos. Desgraciadamente, cuando ciertos jueces deben fallar en favor de algún contribuyente en oportunidad de un planteo impositivo, los primeros miran para otro lado, o bien utilizan otra vara, o alguna curiosa y desconocida Constitución.
¿Podría alguien dudar que, en estos tiempos, los impuestos y tributos que asfixian y agobian a la ciudadanía son, en todo concepto, inconstitucionales y confiscatorios? ¿Acaso el mantener la venda en los ojos de la justicia en este apartado, sirve en realidada para que la familia judicial conserve privilegios propios para que sus integrantes puedan 'trabajar en paz y seguridad'?
Siempre se diseñarán nuevos esquemas para confiscar un poco más al ciudadano corriente. Hoy, ese eslogan reza: 'La Patria nos necesita'. Lo cual deviene en un peculiar planteo, habida cuenta de que el concepto 'Patria' no parece englobar jamás a la dirigencia política.
La pandemia de COVID-19 parece haber contribuído para exponer más cabalmente este conjunto de deficiencias. Centenares de miles de compatriotas se mantienen encerrados en sus domicilios, negándoseles la posibilidad de trabajar y, en consecuencia, de llevar ingresos mínimos a sus hogares. ¿Cómo podrán mantener sus comercios, fábricas, estudios, consultorios, etcétera? ¿Cómo habrán de llevar comida para sus familias?
Como lamentable correlato a ese escenario, dignatarios del gobierno les reiteran que tienen la obligación de pagar el salario de sus empleados, que ni siquiera piensen en dejar de pagar impuestos y servicios. En simultáneo, se les ordena -bajo causa penal- que se mantengan en sus domicilios y que no desempeñen tarea ni trabajo alguno. Acaso en razón del largo acostumbramiento que muchos dirigentes políticos tienen a vivir del Estado -y desde la comodidad de sus altos salarios pagados en fecha- es que se atreven a insistir en lo imposible.
Peor todavía, no faltará aquel dirigente que sugiera a la ciudadanía que contraiga deudas, o que se acostumbre a la idea de perder su patrimonio. No hemos de olvidar, a tal efecto, que la Argentina no es vista en el mundo con buenos ojos.
En el epílogo, al ser consultado el Presidente de la Nación frente a la posibilidad de reducir los haberes de la administración pública -tal como lo han hecho no pocos países en esta crisis de dimensiones épicas-, su respuesta fue categórica: el planteo no le parecía 'justo'. Acto seguido, volvió a advertir a los contribuyentes que debían ser 'solidarios'. En el complemento, algún Senador explicó que la política 'no está para ser solidaria'. Y que esa responsabilidad le cabía estricta y exclusivamente a los contribuyentes.
Por estas horas, el Congreso de la Nación no funciona; en las próximas horas o días, sus miembros solo se reunirán para dirimir la puesta en marcha de un nuevo impuesto ('Impuesto Patria', le han llamado). Contribución redundante que, como en el cuento de nunca acabar, volverá a sobrecargar los hombros de los 'miserables' ciudadanos de a pie.
Al parecer, y en la curiosa perspectiva de la política, la solidaridad es para el Otro.
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Es Abogado en la República Argentina, especialista en Derecho Comercial y experto en temas relativos a la falsificación marcaria. Socio en el Estudio Doctores Porcel, fundado en 1921. Los textos del autor en El Ojo Digital pueden consultarse en http://www.elojodigital.com/categoria/tags/roberto-porcel.