Argentina; políticas de Estado: utopía, trampa y propaganda

Los resignados oídos y los agobiados ojos de radiotelevidentes y lectores han percibido la expresión 'políticas de Estado' hasta el hartazgo, y hasta superar el más letal de los aburrimientos. Al final del suplicio, poco o nada queda en claro; más aún, lejos de atenuarse la frenética saturación, contrataca con renovados bríos, usufructuando la momentánea distraccíon de la víctima.

Advertido de la necesidad de echar luz sobre la fangosa cuestión, un analista de fuerte presencia en los medios escribe: 'Las políticas de Estado son aquellas compartidas por todas las expresiones  políticas relevantes de un país, y cuya ejecución no depende, en consecuencia, de los cambios que puedan producirse en los gobiernos por los resultados electorales' (Rosendo Fraga; La Nación, Buenos Aires - 11 de noviembre de 1998). La cita, con nuestro subrayado, nos deja sin conocer el campo de significación de la expresión: nos advierte que requiere de una pluralidad que sume a las manfiestaciones relevantes, sin señalar el método a aplicar para distinguirlas. El saldo es, de momento al menos, deficitario.

Un senador provincial se lanza al ruedo, y consiente que un prestigioso medio recoja sus reflexiones: 'Pensar en una verdadera política de Estado debería tener como objetivo lograr que todos los habitantes de nuestra Provincia, independientemente del lugar y de las condiciones socioeconómicas del hogar del que provienen, tengan un acceso equitativo a bienes tan preciados como la alimentación, vivienda, agua potable, cloacas, educación, trabajo digno y atención médica, etcétera, entre otras cosas' (La Capital, Santa Fe - 2 de mayo de 2018). Se trata de un inventario de aspiraciones tan obvias y compartidas que no puede materializarse en una política, como suma de recursos e instrumentos del Poder. Navegando en las apacibles aguas de los fines, evita las turbulencias propias de la discusión acerca de los medios. La pretensión sería (como veremos reiterarse más adelante con nuevos ejemplos) la de un texto propagandístico, destinado a sumar voluntades y a sortear la discusión de fondo, la única que puede desarrollar la extensión significativa y aproximarse al objeto que pretende describir.

Cuando el asunto es encarado por estudiosos académicamente serios de la sociedad y sus relaciones con el Poder, el lector curioso debe digerir pócimas como la que sigue: 'Las políticas estatales permiten una visión del Estado en acción, desagregado y descongelado como estructura global, y puesto en un proceso social en el que se entrecruza complejamente con otras fuerzas sociales y apunta directamente a la reconceptualización del tema del Estado y la Sociedad' (Oslak y O'Donnell; 'Estado y Políticas Estatales en América Latina'; 2008). A su vez, en el otro extremo, candidatos hay -a la Primera Magistratura- que simplifican la cuestión, al punto de reducir el discurso nuevamente a una estratagema destinada a cautivar electores: 'Necesitamos un gran acuerdo de diez políticas de Estado, porque la Argentina no tolera más que, cada vez que cambia un Gobierno, cambian las políticas de un lado a otro. En diez temas, nos tenemos que poner de acuerdo de acá a veinte años'. El orador se entrega a la tentación del inventario que capta simpatías universales: 'Necesitamos una Moncloa para la educación, saber qué vamos a hacer con la inmigración, con el Código Penal, con el desarrollo federal y económico de la Argentina, con la lucha contra la pobreza, bajar impuestos y recuperar el crédito para que los que realmente mueven la economía, que son el comerciante y pequeño y mediano empresario'  (Sergio Tomás Massa; 3 de Febrero de 2019 - Ambito.com).

Hasta ahora, estoico lector, nos atrevemos a declamar que el concepto política de Estado implicaría un nivel de coincidencia o acuerdo entre actores personales e institucionales acerca de un número que se imagina reducido de fines de acción estatal. La notable mancomunidad debería atravesar airosa las miserables vicisitudes de la política rastrera, doméstica y pedestre, ignorando inconcebiblemente la discusión acerca de los medios a emplear para alcanzar el objetivo.

Un organismo de la Iglesia Católica emite un documento en el que, animado de sano impulso vital, entremezcla un voluntarismo acaso ingenuo con una áspera ignorancia respecto del mecanismo interno que mueve a los Estados ,a los mercados y a los grupos de interés: 'La Comisión Nacional de Justicia y Paz condenó este jueves el trabajo "en negro" y la explotación laboral, llamó a recrear la "cultura del trabajo" y reclamó a la dirigencia política que la generación de trabajo "decente" sea una política de Estado. El organismo eclesial exhortó a los empresarios a "generar puestos de trabajo con salarios justos y plena vigencia de las leyes laborales, anteponiendo el bien de las personas al lucro e instó a priorizar las acciones tendientes a generar empleo genuino, productivo y de calidad y velar por la abolición del trabajo esclavo y en negro"' (En Internet, Valores Religiosos; 'La Iglesia pide políticas de Estado para generar empleo 'decente'").

En la República del Perú, se dió a conocer un documento intitulado Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (Plan bicentenario del Perú hacia 2021). Podemos indicar la reiteración de rasgos comunes asociados a la expresión que comentamos: una propuesta con fines de alcance social, un listado de aspiraciones básicas de toda comunidad humana y un planteo de perdurabilidad en tanto se propone atravesar el tiempo, sorteando los avatares de la política gubernamental. Ilustramos lo afirmado repasando el capítulo Equidad y Justicia Social: a) Reducción de la pobreza; b) Igualdad de oportunidades; c) Acceso universal a la educación y promoción de la cultura y el deporte; d) Acceso al empleo pleno, digno y productivo; e) Promoción de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición; f) Fortalecimiento de la familia y protección de la niñez.

Podemos ya señalar que la expresión políticas de Estado aparece entrampada en una seria dificultad: si se limita a inventariar fines, no es más que literatura vaga e imprecisa. Con frecuencia, se la emplea con fines proselitistas y es una herramienta temible en manos de los populismos de todo signo, en la medida en que diseñan un horizonte de mejoras sociales sin determinación de medios ni recursos genuinos y verosímiles que lo tornen posible. Si se propusiera internarse en el fangal de los medios a emplear, difícilmente alcanzaría a los consensos y apoyos críticos que le habrían de permitir cruzar airosa gobiernos y gobernantes. Toda incursión en la zona de instrumentos idóneos para concretar políticas se enfrentará, más temprano que tarde, con la cuestión del peso específico asignado al derecho de propiedad en todo el amplísimo espectro significativo del vocablo. La fijación del rol del ciudadano frente a la facultad de acumular, disponer y administrar su patrimonio, inevitablemente divide aguas, a menos que el acuerdo excluya a ciertos partidos con lo que se conseguiría una homogeneidad de opiniones viciada de nulidad por discriminaciones arbitrarias. Si la cualidad de las políticas de Estado estriba en una persistencia estratégica en la persecución de ciertos y determinados objetivos, resulta evidente que, sin consenso en torno a los medios, el saldo será apenas literatura oportunista.

El editorial de un matutino tradicional manifiesta una preocupación asociada a la cuestión que tratamos: 'Desde el regreso definitivo de la democracia en 1983, hubo orientaciones neoliberales, proteccionistas y otras difíciles de calificar. Un gobierno avanzaba en una dirección y el siguiente debía hacer profundas correcciones, pero también terminaba complicado y enredado por el mismo problema: la falta de acuerdo en políticas de Estado a largo plazo' ( La Capital, Rosario; Santa Fe - 12 de mayo de 2017).

Desde el Poder Judicial de la Nación, el que fuera presidente de la Corte Suprema, en un documento que firmara en agosto de 2017, propone 'Discutir Políticas de Estado', dada la importancia decisiva del rol del Poder Judicial en el diseño estratégico de la Nación. Estas 'políticas' deben: a) Estar basadas en consensos básicos para que puedan ser perdurables en el tiempo y no estar sujetas a las oscilaciones pendulares que provocan los cambios de opinión; b) Concentrarse en la soluciones de fondo que, aunque lleven tiempo, son las únicas que atienden los requerimientos de la población; c) Orientarlas hacia las soluciones concretas más que a los diagnósticos reiterados'. El abnegado lector ya habrá advertido que, aún desde sitiales de alta jerarquía, se abusa de las generalidades, de la imprecisión y de los horizontes difusos.

Con frecuencia, en el discurso político (en el sentido de mensaje dirigido a captar adhesiones) se emplea la expresión de manera incorrecta al violentar las leyes de la lógica aristotélica. Un diputado provincial se entusiasma: 'Es necesaria la discusión sobre una nueva Ley del Deporte (...) Poner todo en una ley asegura que haya Política de Estado. Nos previene de que venga un gobierno neo-liberal y suceda lo que hoy está sucediendo a nivel nacional'. Es notable el modo en que una herramienta basada en el consenso es sugerida, en este caso, como idónea para convalidar una visión sesgada e intolerante que representa una flagrante contradicción en los términos (Agencia de noticias DERF; 27 de marzo de 2019).

En otros casos, se pide el apoyo del elector, ya que el mismo es presentado como vital para la continuidad de una estrategia de poder en curso. Un precandidato a gobernador asegura: 'Tenemos Políticas de Estado que se sostienen en el tiempo. Vamos en el camino correcto, pero todavía falta mucho por hacer. No arriesguemos lo que hemos ganado. Acá hay políticas de Estado que se sostienen en el tiempo, y que garantizan los derechos' (Rufino Web - 28 de marzo de 2019). En este caso, se asiste a una identificación de la expresión con la perdurabilidad de una Administración determinada. Poca o ninguna afinidad encontramos con la idea central que se atribuye genéricamente a políticas de Estado, en el sentido de acuerdo, basado en la renuncia parcial de posiciones en aras de un objetivo a plasmarse en el futuro y que redituará en precisos beneficios a la sociedad que justifican el sacrificio. Al plantear esta observación, no olvidamos que subsiste el irresuelto problema de la explicitación de los medios, dificultad que veremos reiterarse a los largo de esta reflexiones.

Voces relativamente autorizadas se internan irresponsablemente en la jungla significativa que nos desvela. Así, desde la Conferencia Económica para América Latina (CEPAL), su número dos, el ítalo-argentino Mario Cimoli, comparte su hipótesis: 'La inestabilidad en la Argentina no le permite tener Políticas de Estado'. (El Cronista; Buenos Aires - 16 de octubre de 2018). Es este ejemplo, se valora como esencial la continuidad de una estrategia en torno a un tópico determinado. Sin embargo, se asiste a un reduccionismo que parece ignorar la discusión sobre el contenido de cada una de las políticas y sobre el mecanismo de construcción de consenso en un sistema democrático.

Cuando se exige al Presidente de la Nación una política de Estado, se incurre en una variante más de las contradicciones inherentes a cierto uso de la expresión ya que, sin consenso, no habrá estrategia compartida. La decisión del Poder Ejecutivo, aunque aplaudida mayoritariamente, no será política de Estado si no es resultado de un círculo de consentimientos; y no lo será aún así, hasta que la vigencia en el tiempo certifique la solidez del programa. Véanse estos dignos ejemplos en los que se incurre en la confusión entre políticas de Estado y políticas de gobierno: a) 'Marcha contra el ajuste y el acuerdo con el FMI. El intendente de Florencio Varela pidió al Presidente Macri, políticas de Estado para los trabajadores y no para los fondos extranjeros' (Portal 'Cuatro Medios' - 7 de abril de 2019); b) 'El titular del sindicato de Patrones Fluviales hizo un llamado de atención a los funcionarios políticos sobre la necesidad "de políticas económicas para cambiar un poco la realidad de crisis en la que estamos (...) Hay que cambiar el sistema de gobierno; tenemos que trabajar para que los que vienen no hagan lo mismo que los que se van' (Portal 'Línea Sindical' - 26 de febrero de 2019).

Pero el propio Poder Ejecutivo parece resignificar el concepto de la expresión, al reducirla a la cristalización de un acto de voluntad política generada en uno de los Poderes del Estado. En un tweet, afirmó: 'Para este Gobierno, el reconocimiento de las comunidades indígenas y las políticas hacia los pueblos originarios son Política de Estado' (17 de diciembre de 2005, siete días antes de ser elegido para la Primera Magistratura).

En un diario de Centroamérica, hallamos una meditada preocupación por atribuir una significación precisa a la expresión que estamos analizando: 'El otro elemento que determina una Politica de Estado se refiere al pilar de la concertación sociopolítica. En acuerdo entre el gobierno y las fuerzas de la oposición es fundamental para hacer sustentable este tipo de políticas. Constituye una quimera o un engaño hablar de asuntos de Estado sin negociar seriamente con la oposición. Desde luego, los asuntos que deben transformarse en Políticas de Estado deben ser muy bien escogidos dejando el resto como parte del compromiso electoral y el juego democrático' (La Nación, Costa Rica - 1ero. de junio de 2008).

Entre nosotros, la expresión funciona como sinónimo de decisión política, generalmente promovida por el Poder Ejecutivo, asumida con convicción y perserverancia: 'Políticas de Estado: cómo, con una adecuada regulación, se logra un mayor desarrollo económico. Una nueva ley otorga a las empresas de innovación tecnológica estabilidad fiscal y bajas impositivas para duplicar el empleo (...) 'Hay consenso, no hay grieta. La industria del conocimiento es Política de Estado', dice el Secretario de Emprendedores y Pymes' (Portal 'iPro-up' - 7 de abril de 2019).

La prestigiosa cadena británica BBC News descubre en Canadá lo que parece representar un modelo de política de Estado, en el que emergen el consenso y la ratificación de la perdurabilidad como rasgos distintivos de la misma: 'Canadá tomó una decisión pionera en el mundo allá por 1971: la adopción del multiculturalismo como política de Estado. Más de cuarenta y cinco años después, la diversidad cultural es una de las señas de identidad del país norteamericano. En 1973, Ottawa creó el Ministerio de Multiculturalismo y, en 1983, esta idea se convirtió en un principio básico del Estado a través de la Ley de Multiculturalismo' (9 de noviembre de 2017).

La disparidad de usos de la expresión es tan variada como sorprendente. Interesar al Jefe de una Iglesia para que adhiera y promueva una estrategia en un asunto de la sociedad civil puede advertirse en un reporte de AICA (Agencia Informativa Católica Argentina), vocero oficial del Vaticano: 'Envían al Papa propuestas de Políticas de Estado para prevenir el narcotráfico. En el documento, se asegura que la Argentina es un país de "fabricación de drogas", y afirma que las políticas de prevención y represión de estupefacientes han sido un verdadero fracaso' (22/10/2015/).

Puede suceder que un Estado se comporte de manera uniforme a lo largo de un lapso relativamente considerable, frente a un número determinado de situaciones específicas. Los sectores conformes con el cuadro descripto se apresuran a festejar el hecho, y a exhibirlo como un ejemplo de unidad de acción de la sociedad por encima de las disputas por el Poder. En la declaración siguiente de un economista chileno, pueden advertirse las claves señaladas: 'A nivel regional, la política exterior de Chile tiene carácter de Política de Estado. Surge de un consenso entre las fuerzas de centroizquierda, que integran la Coalición Democrática, y la centroderecha Coalición para el Cambio (...) Acá no hay, en lo referente a la estrategia de inserción internacional, posición de derecha o de izquierda. Hay un consenso nacional y política de Estado. Es el modelo surgido del consenso y del acuerdo entre las fuerzas políticas' (J. Castro en La Prensa, Buenos Aires - 24 de enero de 2010). Es evidente cierto tono imperioso y aún con atisbos de autoritarismo emergiendo de un texto que decide clausurar la cuestión con el argumento de que fuerzas mayoritarias lo han convenido. Aparece aquí el interrogante acerca de cuál es el nivel de democracia (es decir, cuál es la intensidad y transparencia del debate que legitima el cerco alrededor de asuntos vitales) como para que el concepto política de Estado no destile cierto tufillo fascistoide imposible de ignorar. Es evidente que el consenso liquida el debate cuando se convierte en imposición de los centros de Poder estatal. Los grupos políticos relevantes suelen actuar corporativamente, como organizaciones de superficie de intereses gravitantes, allí donde el juego democrático convalida los apetitos de secta de los sectores privilegiados y usufructuarios de prebendas excluyentes.

Alguien cree que simplifica el problema, formulando dos preguntas que aparentan inocencia: '¿Qué Estado queremos? O, ¿Cuánto Estado queremos?'. El intento de explicarlo muestra su secreta complejidad: 'Muchos de los actores económicos y políticos más influyentes que supuestamente comparten los consensos contemporáneos, difieren acerca de qué Estado y cuanto Estado debe haber en la Argentina. En segundo lugar, debe evitarse caer en la trampa de considerar que las políticas de Estado sugieren únicamente consensos cuando, en realidad, el conflicto es inherente a ellas. La política es búsqueda de consensos, pero también es terreno de resolución de conflictos materiales y simbólicos' (Cavarozzi y Berensztein; Diario Clarín, Buenos Aires - 15 de noviembre de 1998).

Voces autorizadas que evaluaron el problema notan una variante de la trampa-consenso. Sería inadmisible -dicen- que el acuerdo implique abdicar de la discusión y el replanteo de líneas de acción estatal en un área determinada del interés nacional, porque representaría una grave amputación de un recurso clave de la democracia: precisamente, el disenso, la facultad de negar la viablilidad de una estrategia y descubrir que en realidad oculta la protección de ventajas sectoriales espurias, o indicar que una crisis global impone la revisión de los postulados iniciales de una Política de Estado.

En la Argentina, la expresión ha sido vaciada de sentido, ya que se la ha reducido a un eficaz e inteligente instrumento de propaganda. Empujada a su menesteroso destino, sobrevive en el discurso proselitista, aunque su histórica vitalidad está dando ya las primeras e irreversibles muestras de senilidad. En esa condición, repite sin advertirlo, el mismo y somnífero inventario que la condenó a un pasado escasamente glorioso.