Argentina: pacientes mentales y adictos severos, a la calle
Varias ambulancias recorren centros con pacientes graves...
28 de Enero de 2018
Varias ambulancias recorren centros con pacientes graves. Padres y autoridades serias que se desempeñan en las obras sociales, ruegan ambos por un sitio donde se provea asistencia. Pero lo cierto es que nadie los quiere; se trata de patologías severas y éstas son tratadas con desdén y abandono social y político. Son afortunados aquellos pacientes que cuentan con una obra social que les brinde al menos una ambulancia con enfermero especializado y médico -y que cuenten con algún familiar que se preocupe de verdad. En la República Argentina, la escasez de centros dedicados al tratamiento especializado de patologías adictivas severas es notorio. Amén de que, en muchos casos, a los pacientes no se los recibe -terminando en una franca situación de abandono-, con suerte se procede con un protocolo de intoxicación de índole meramente superficial; con lo que los problemas del afectado retornan a las pocas horas de volver al consumo. En pocas palabras, nuestro país -en lo que al tema drogas respecta- se caracteriza por la confección de 'lavaderos' y 'tintorerías': la calle es el destino final de estos nuevos homeless, como también lo son la prisión o el cementerio. A fin de cuentas, sucede lo de costumbre: ni los presos ni los muertos hablan. Conforme ya se ha apuntado desde este espacio: son los nuevos 'nadies'.
Ya desde hace años, el Estado Nacional ha hecho a un lado toda política necesaria para lidiar con la oferta indiscriminada de sustancias (en donde es menester incluír también al alcohol). Las autoridades políticas han procedido sin tapujos con la desarticulación de sistemas preventivos y de atención precoz para las adicciones. De igual manera, escuelas e instituciones educativas en general carecen de programa preventivo alguno. La consecuencia es que las familias no cuentan ya con orientación, en lo que hace a la salud de sus hijos; mientras se banalizan los perjuicios generados por el consumo, particularmente en la población adolescente. La legislación no permite la apertura de nuevos centros de tratamiento, en extremo necesarios -en virtud de propuestas que vienen impidiéndolo desde el 2010 hasta la actualidad. Se insiste: los afectados van a parar a las calles.
Así, pues, el actual panorama argentino en mucho recuerda a la experimentada por la ciudad de Nueva York en la década del noventa, instancia en la que miles de pacientes vagaban -en calidad de homeless- por las calles de la urbe. La oportuna intervención del renombrada psiquiatra mundial, Dr. Luis Rojas Marcos, hizo frente a una perniciosa implementación de políticas de 'desmanicomialización', creando el denominado Proyecto Ayuda (HELP): gracias a éste, se configuró un servicio médico móvil que atendió y hospitalizó a enfermos mentales graves, muchos de ellos personas desamparadas o conocidas como 'sin techo'. Entre estos grupos, se detectaron patologías crónicas y enfermedades infectocontagiosas de variada índole. El Dr. Marcos rescató a la ciudad ante la eventualidad de la implementación de medidas extremas, cuando se clausuraron centros de atención psiquiátrica para patologías severas. En 1955, los psiquiátricos en los Estados Unidos albergaban a un aproximado de 550 mil pacientes; en los ochenta, 150 mil -no existiendo servicios de cobertura para salud mental en las distintas comunidades. A consecuencia de esto, miles de enfermos mentales habitaban en las calles, bajo los puentes y en los túneles de los subtes de las ciudades; naturalmente, sin recibir los cuidados médicos mínimos necesarios.
Ya desde hace años, el Estado Nacional ha hecho a un lado toda política necesaria para lidiar con la oferta indiscriminada de sustancias (en donde es menester incluír también al alcohol). Las autoridades políticas han procedido sin tapujos con la desarticulación de sistemas preventivos y de atención precoz para las adicciones. De igual manera, escuelas e instituciones educativas en general carecen de programa preventivo alguno. La consecuencia es que las familias no cuentan ya con orientación, en lo que hace a la salud de sus hijos; mientras se banalizan los perjuicios generados por el consumo, particularmente en la población adolescente. La legislación no permite la apertura de nuevos centros de tratamiento, en extremo necesarios -en virtud de propuestas que vienen impidiéndolo desde el 2010 hasta la actualidad. Se insiste: los afectados van a parar a las calles.
Así, pues, el actual panorama argentino en mucho recuerda a la experimentada por la ciudad de Nueva York en la década del noventa, instancia en la que miles de pacientes vagaban -en calidad de homeless- por las calles de la urbe. La oportuna intervención del renombrada psiquiatra mundial, Dr. Luis Rojas Marcos, hizo frente a una perniciosa implementación de políticas de 'desmanicomialización', creando el denominado Proyecto Ayuda (HELP): gracias a éste, se configuró un servicio médico móvil que atendió y hospitalizó a enfermos mentales graves, muchos de ellos personas desamparadas o conocidas como 'sin techo'. Entre estos grupos, se detectaron patologías crónicas y enfermedades infectocontagiosas de variada índole. El Dr. Marcos rescató a la ciudad ante la eventualidad de la implementación de medidas extremas, cuando se clausuraron centros de atención psiquiátrica para patologías severas. En 1955, los psiquiátricos en los Estados Unidos albergaban a un aproximado de 550 mil pacientes; en los ochenta, 150 mil -no existiendo servicios de cobertura para salud mental en las distintas comunidades. A consecuencia de esto, miles de enfermos mentales habitaban en las calles, bajo los puentes y en los túneles de los subtes de las ciudades; naturalmente, sin recibir los cuidados médicos mínimos necesarios. Los 'nadies' de las calles
El Estudio de la Asociación de Homeless en los EE.UU. halló que un diseño erróneo de la llamada desmanicomialización -como lo era confundir a toda institución con un manicomio y desterrando la idea de centros psiquiátricos especializados (como hay en todo el mundo y en todas las especialidades)- condujo al incremento de la falta de atención psiquiátrica, con pacientes vagando por las calles y aumentando, en simultáneo, los encarcelamientos y el deceso de los mismos. Las patologías severas, de esta manera, quedaban afuera de cualquier perspectiva de tratamiento. Así fue como se implementó el programa AOT (tratamiento ambulatorio asistido), para aquellos pacientes con riesgo para sí mismos y para terceros, con participación de un tribunal civil, que dio lugar a seguimientos en el tiempo y a la habilitación para la toma de decisiones médicas.
El punto crítico de un programa de salud mental coincide con la atención de la población más vulnerable, esto es, los pacientes severos. En la República Argentina, esto parece difícil de entender; a la postre, el grueso de aquéllos no recibe tratamiento.
Aquellas personas que se exhiben en estado de intoxicación con patologías orgánicas propias de conductas adictivas (pérdida de reconocimiento de la realidad, falta de conciencia, pérdida de la noción sobre las consecuencias de sus acciones) comportan un doble riesgo: por un lado, la escasez de centros de atención de patologías severas y, por otro, una lectura de la Ley de Salud Mental, que hace que un paciente sin noción de la realidad circundante sea inquirido sobre su interés en tratarse. Como es lógico, éste suele contestar negativamente, por lo que retorna al circuito de la adicción. En otros casos, en una guardia de hospital se le proporciona sedantes o tranquilizantes, o bien suero; a los dos días, regresa al ámbito de la narcosis. Con lo cual, el panorama local dista de ser auspicioso.
La calle suele ser el destino para estas personas en estado de abandono, potenciándose el caso de individuos sin techo que consumen vino en formato 'tetra brik' o paco, en departamentos tipo aguantadero. Acaso el método perfecto para incrementar el emerger de pacientes con demencia precoz. Lo cierto es que se ha ido consolidando un verdadero circuito que contribuyó al aumento de una epidemia que ya se exhibe en franco descontrol en algunos centros urbanos. Todo esto sucedió paralelamente a la introducción en todo el país de cadenas de venta, distribución y comercialización de estupefacientes, que van desde los barrios marginales, los circuitos VIP y las zonas más ricas en soja y petróleo del país (basta con atender al mapa de las riquezas argentinas, si de lo que se trata es de monitorear las rutas del comercio de estupefacientes).
Existen intentos actuales para intentar revertir este delicado panorama: el apagón estadístico que padeció la Argentina desde 2010 hasta hace pocos meses ha sido de una gravedad acentuada. Fueron siete años sin conocerse datos sobre la epidemia, que devuelve hoy un tendal de personas afectadas. De acuerdo a estadísticas de SEDRONAR, la población más castigada ha sido la franja de entre 12 y 17 años de edad, en la que se incrementó el consumo de marihuana en un 150%, de cocaína el 200%, y de éxtasis el 200%. Estos incrementos porcentuales son notorios, y se ven reflejados en la realidad de las calles y en no pocas familias. La población afectada que no consulta llega a un 60%, lo cual se traduce en la existencia de una amplia franja de pacientes que desconoce que necesita acudir a consulta. Por ende, ahora se habla de un remarcable fracaso en la totalidad de los mecanismos preventivos -los cuales, en última instancia, remiten a la necesidad de fomentar la detección precoz.
A lo largo del país, se registran cuatro franjas de afectados: a) aquellos que están en tratamiento a partir de su adicción; b) aquellos que no están en tratamiento, a pesar de su adicción; c) las personas que se caracterizan por uso problemático, en donde es menester que el Estado y las organizaciones sociales fomenten intervenciones tempranas con campañas de información e intervenciones precoces; d) personas que no se caracterizan por un uso extendido de sustancias, a las cuales podría alcanzarse con programas informativo-preventivos. A criterio de optimizar los procedimientos de información, se precisa contar con un programa respaldado en tres pilares fundamentales: a) la educación para la salud, centrada en una cultura preventiva desde las escuelas, familias, organizaciones culturales, medios de comunicación, etc.; b) un sistema sanitario que cuente con una red territorial de cuidados, de acuerdo a la gravedad de las patologías (centros de desintoxicación, comunidades terapéuticas, centros psiquiátricos, etcétera); c) un sistema judicial acorde, cuya función sea la de acompañar las distintas fases y eventos que ilustran el alcance de la epidemia en cada comunidad.
El punto crítico de un programa de salud mental coincide con la atención de la población más vulnerable, esto es, los pacientes severos. En la República Argentina, esto parece difícil de entender; a la postre, el grueso de aquéllos no recibe tratamiento.
Aquellas personas que se exhiben en estado de intoxicación con patologías orgánicas propias de conductas adictivas (pérdida de reconocimiento de la realidad, falta de conciencia, pérdida de la noción sobre las consecuencias de sus acciones) comportan un doble riesgo: por un lado, la escasez de centros de atención de patologías severas y, por otro, una lectura de la Ley de Salud Mental, que hace que un paciente sin noción de la realidad circundante sea inquirido sobre su interés en tratarse. Como es lógico, éste suele contestar negativamente, por lo que retorna al circuito de la adicción. En otros casos, en una guardia de hospital se le proporciona sedantes o tranquilizantes, o bien suero; a los dos días, regresa al ámbito de la narcosis. Con lo cual, el panorama local dista de ser auspicioso.
La calle suele ser el destino para estas personas en estado de abandono, potenciándose el caso de individuos sin techo que consumen vino en formato 'tetra brik' o paco, en departamentos tipo aguantadero. Acaso el método perfecto para incrementar el emerger de pacientes con demencia precoz. Lo cierto es que se ha ido consolidando un verdadero circuito que contribuyó al aumento de una epidemia que ya se exhibe en franco descontrol en algunos centros urbanos. Todo esto sucedió paralelamente a la introducción en todo el país de cadenas de venta, distribución y comercialización de estupefacientes, que van desde los barrios marginales, los circuitos VIP y las zonas más ricas en soja y petróleo del país (basta con atender al mapa de las riquezas argentinas, si de lo que se trata es de monitorear las rutas del comercio de estupefacientes).
Existen intentos actuales para intentar revertir este delicado panorama: el apagón estadístico que padeció la Argentina desde 2010 hasta hace pocos meses ha sido de una gravedad acentuada. Fueron siete años sin conocerse datos sobre la epidemia, que devuelve hoy un tendal de personas afectadas. De acuerdo a estadísticas de SEDRONAR, la población más castigada ha sido la franja de entre 12 y 17 años de edad, en la que se incrementó el consumo de marihuana en un 150%, de cocaína el 200%, y de éxtasis el 200%. Estos incrementos porcentuales son notorios, y se ven reflejados en la realidad de las calles y en no pocas familias. La población afectada que no consulta llega a un 60%, lo cual se traduce en la existencia de una amplia franja de pacientes que desconoce que necesita acudir a consulta. Por ende, ahora se habla de un remarcable fracaso en la totalidad de los mecanismos preventivos -los cuales, en última instancia, remiten a la necesidad de fomentar la detección precoz.
A lo largo del país, se registran cuatro franjas de afectados: a) aquellos que están en tratamiento a partir de su adicción; b) aquellos que no están en tratamiento, a pesar de su adicción; c) las personas que se caracterizan por uso problemático, en donde es menester que el Estado y las organizaciones sociales fomenten intervenciones tempranas con campañas de información e intervenciones precoces; d) personas que no se caracterizan por un uso extendido de sustancias, a las cuales podría alcanzarse con programas informativo-preventivos. A criterio de optimizar los procedimientos de información, se precisa contar con un programa respaldado en tres pilares fundamentales: a) la educación para la salud, centrada en una cultura preventiva desde las escuelas, familias, organizaciones culturales, medios de comunicación, etc.; b) un sistema sanitario que cuente con una red territorial de cuidados, de acuerdo a la gravedad de las patologías (centros de desintoxicación, comunidades terapéuticas, centros psiquiátricos, etcétera); c) un sistema judicial acorde, cuya función sea la de acompañar las distintas fases y eventos que ilustran el alcance de la epidemia en cada comunidad.
