Sally Yates y la politización del Departamento de Justicia
El contrapunto del lunes por la noche, en relación a las expresiones críticas...
El contrapunto del lunes por la noche, en relación a las expresiones críticas de Sally Yates (ex Fiscal General) contra la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, exhibe a las claras las diferencias entre un Departamento de Justicia guiado por la política, versus uno guiado por los preceptos del Estado de Derecho.
En los comentarios que la propia Yates hizo circular en el seno del Departamento de Justicia (DOJ), afirmó que la repartición no defendería la orden ejecutiva contra la proliferación de recursos legales interpuestos a futuro, dado que ella no estaba 'convencida' de que la orden era 'legalmente defendible'. Más aún, Yates afirmó que, amén de sus responsabilidades legales, tiene una obligación para 'defender aquello que es correcto', y que obviamente no cree que esta orden ejecutiva en particular sea 'correcta'.
Pero Yates se equivoca.
Como fiscal general designada y fiscal general actuante, su obligación consiste, precisamente, en defender la legislación federal y las acciones ejecutadas por el presidente en conformidad con la legislación, allí donde existe base sólida para hacerlo, sin importar si acaso ella esté o no de acuerdo con el presidente desde el punto de vista de la política pública, o si estima que tal acción es lo 'correcto'. No hay dudas de que la orden ejecutiva presidencial es intrínsecamente defendible, y que el jefe de Estado tiene el derecho de contar con el DOJ para que defieda la orden ejecutiva en los tribunales.
En su orden ejecutiva, el presidente estadounidense cita una provisión de la ley federal sobre inmigración, Capítulo 8 del Código Penal Estadounidense, apartado §1182 (f), que le brinda discrecionalidad casi ilimitada para suspender 'el ingreso de inmigrantes de cualquier tipo en el territorio de los Estados Unidos de América' si, a su criterio, tal ingreso 'podría in en detrimento de los intereses de los Estados Unidos'.
Dado que el congreso cuenta con autoridad absoluta bajo la Constitución, a los efectos de determinar la política inmigratoria del país, la delegación de esa autoridad que ha concedido ante el presidente es perfectamente constitucional. La decisión de Yates se muestra motivada primariamente por cuestiones políticas y no por la ley, la cual -sin margen para la duda- motorizó a Trump y su decisión de eyectarla casi inmediatamente.
La constitucionalidad y legalidad de la orden ejecutiva es reforzada por el hecho de que, conforme Yates fue compelida a reconocer, la orden fue revisada oportunamente por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, que concluyó que era 'legal en sí misma' y que fue 'adecuadamente redactada'. Desde siempre, ha sido responsabilidad de la Oficina de Consejo Legal analizar las leyes aprobadas por el congreso y las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente, con el objeto de determinar su constitucionalidad, y si acaso pueden ser defendidas a posteriori (tras ser, eventualmente, desafiadas) en los tribunales.
Tal como lo explica su propio sitio web, la Oficina de Consejo Legal 'por delegación del/la fiscal general' que 'proporciona consejo legal con autoridad al presidente'. De tal suerte que el reclamo de Yates al respecto de que la orden ejecutiva es legalmente indefendible, cae directamente en las narices de la opinión de la Oficina de Consejo Legal -que representa la opinión legal del DOJ-, el cual certifica que la orden ejecutiva presidencial es, en efecto, 'legal'.
Conforme lo expresa un comunicado emitido por la Casa Blanca, tras rehusarse a defender la orden ejecutiva, Yates 'traicionó al Departamento de Justicia'. Queda expuesto, a partir de sus comentarios, que Yates tomó su decisión porque no le agrada la orden ejecutiva como herramienta de política pública. Tal como lo sindica el comunicado de la Casa Blanca, ello se debe a que Yates 'es débil en lo que respecta a cuestiones fronterizas, y extremadamente débil en lo que respecta a temáticas de inmigración ilegal'.
En igual sentido se expresaría el funcionario del DOJ, Jack Goldsmith: si a Yates no le agradaba ésta orden ejecutiva, el camino correcto para ella hubiese sido presentar la renuncia -y no comentar a los letrados del Departamento de Justicia que no les sería permitido defender una acción legal del presidente. No quedan dudas de que Yates terminará siendo retratada como una mártir por los progresistas y por los medios de comunicación que no ven con buenos ojos a la orden ejecutiva porque aquélla fue despedida de su cargo. Pero ella permitió que sus opiniones políticas interfirieran con sus obligaciones profesionales básicas, que se resumían en defender el Estado de Derecho y defender la orden ejecutiva emitida por el presidente -cuestión sobre la cual su propio Departamento ya había concluído que fue legalmente emitida.
Yates fracasó a la hora de cumplir con sus obligaciones como fiscal general actuante y, ciertamente, no es una mártir. Adicionalmente, Yates proporcionó la confirmación final sobre los modos en que el Departamento de Justicia fue politizado bajo la Administración Obama. Tomará algo de tiempo -y mucho trabajo- para que el designado Fiscal General Jeff Sessiones restaure el profesionalismo y la reputación del departamento.
Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2017/01/31/acting-attorney-generals-defiance-of-trump-shows-politicized-nature-of-doj/
Investigador en temas legales de la Fundación Heritage (Washington, D.C.). Ex comisionado de la FEC -Comisión Federal Electoral- en Estados Unidos, y ex Abogado para el Departamento de Justicia. Autor del libro 'Obama's Enforcer: Eric Holder's Justice Dept'. Publica sus artículos en español en el sitio web Heritage Libertad.