¿Puede la democracia brasileña sobrevivir a la caída de Dilma Rousseff?

El escándalo de corrupción más grande en la democracia moderna de Brasil amenaza con derribar su gobierno. Cuando se analiza el proceso de destitución de Dilma Rousseff, los comentaristas se preocupan ante la eventualidad de que la democracia brasileña -de 28 años de duración ya- no sobreviva al conflicto entre el Estado de Derecho y el gobierno de la politiquería.

Para algunos, el Brasil de 2016 se parece al Brasil de 1964, cuando un presidente civil fue destituído y reemplazado por un régimen militar. Comentando la manifestación más multitudinaria que alguna vez se dio en las ciudades brasileñas, el editorial de The Observer del 20 de marzo dijo que 'las protestas [en Brasil], si no se controlan, podrían degenerarse hasta convertirse en una violencia generalizada, arriesgando una intervención de las fuerzas armadas'.

Las intervenciones militares usualmente son una causa de preocupación durante tiempos de turbulencia política en países en vías de desarrollo. Sin embargo, las comparaciones con el golpe de 1964 ignoran los cambios económicos, institucionales y políticos que se dieron durante la última mitad de siglo. Las condiciones suficientes para que se diera el golpe de 1964 ya no se aplican al Brasil de hoy.

Antes que nada, las fuerzas armadas brasileñas son mucho menos relevantes hoy que hace algunas décadas. En 1964, las fuerzas armadas llegaron al poder con el respaldo público de líderes democráticos. Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda, posiblemente los políticos con mayores posibilidades electorales en ese entonces, respaldaron a las fuerzas armadas, creyendo que los generales convocarían a nuevas elecciones. Es difícil imaginar a Marina Silva y a Aécio Neves, los dos candidatos más populares en las últimas encuestas, aceptando tal arreglo.

La alianza bizarra de 1964 entre los generales y los demócratas se dio luego de alegaciones de que las instituciones brasileñas eran incapaces de prevenir adecuadamente abusos de poder por parte del Ejecutivo. Hoy, el hecho sorprendente es que qué tan bien las instituciones como la policía federal y el ministerio público están desempeñando sus funciones. Por primera vez en la historia democrática de Brasil, los políticos en funciones están siendo exitosamente procesados por acusaciones de corrupción.

El país ha desarrollado los mecanismos autocorrectores que no tenía hace cinco décadas, cuando cayó en un Estado de excepción.

Si se han de establecer paralelos históricos con la crisis actual de Brasil, es más preciso considerar el año 1992, antes que 1964. Siete años luego de la caída de la dictadura, y cuatro años antes de la introducción de la constitución federal de 1988, el nuevo Brasil democrático tuvo que destituir a su primer presidente.

La destitución de Fernando Collor de Mello puso a prueba las recientemente formadas limitaciones al poder, requiriendo que Brasil desarrolle una resistencia a la turbulencia política desde una edad muy temprana. Si a la presidente Rousseff se le exigiera que abandone la presidencia previo a que finalice su segundo período, esta transición se daría en una república cuyas instituciones puede que no sean ideales, pero que han madurado considerablemente.

Una mirada breve al caso legal a favor de la destitución de la señora Rousseff también muestra mayores similitudes con los cargos de corrupción en contra de Collor en 1992, que con la oposición ideológica a Goulart durante 1964.

La señora Rousseff se enfrenta a tres acusaciones principales:

• Maquillar las cuentas fiscales;
• Recibir financiamiento para su campaña presidencial a través del esquema de corrupción en Petrobras
• Utilizar maniobras políticas para proteger a su antecesor Lula da Silva de una acusación criminal

Nadie niega la motivación política detrás de la destitución de Rousseff. No obstante, es difícil descartar el caso legal en contra de ella como un golpe de Estado manufacturado desde el poder judicial.

Finalmente, los actuales partidos políticos han cultivado un ambiente en el que el poder es más equilibrado que durante la década de 1960. Si la Señora Rousseff es destituída, el poder será desplazado hacia el PMDB, partido centrista que ha trabajado durante las últimas décadas como el principal estabilizador del gobierno.

De acuerdo a fuentes de la prensa brasileña, Michel Temer, el vicepresidente de la señora Rousseff, trataría de emular a Itamar Franco, el reemplazo de Collor en 1992. Como sucedió con Franco, Temer tendrá que negociar con los partidos políticos para que el gobierno funcione y para designar un equipo técnico en el frente económico, de tal manera que se restaure la confianza en la economía.

Un gobierno del PMDB no soluciona la crisis ideológica de largo plazo que sufre la élite política de Brasil. Los movimientos anticorrupción de Brasil han repudiado a los políticos del establishment en todas partes, y el PMDB muy bien podría ser la personificación del establishment político.

Aún así, cuando se trata del proceso de destitución, hay muy poca evidencia de que un outsider no político podría tomar el gobierno de la Señora Rousseff a la fuerza.

El fantasma militar de 1964 no tiene oportunidad de ser revivido.