Argentina: crónica urgente de una nación en estado de coma

El brutal apartamiento del Juez Claudio Bonadío de la causa Hotesur no debería sorprender. Más allá de la indignación que pudiere provocar este hecho en determinados círculos sociales, lo cierto es que se asiste a una consecuencia previsible del estado de putrefacción que carcome a los tres poderes del Estado desde hace ya años -antes, incluso, del advenimiento del kirchnerismo. En tal caso, las administraciones del oficialismo actual ayudaron a alcanzar el clímax.

Bonadío no ha sido más que otro de los tantos integrantes de un sistema de justicia peligrosamente acostumbrado a pactar con los oficialismos poderosos -así sucedió durante la era menemista, y durante los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner. Esta simbiosis incluso podría extenderse, sean sciolistas o macristas quienes se hagan del poder del Estado. Las Administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández adquirieron su faceta autoritaria porque los votos de la ciudadanía así lo permitieron; y a lo propio contribuyó la inacción de buena parte del Poder Judicial que tanto se rasga las vestiduras hoy. Los abusos del poder K pueden rastrearse hacia sus orígenes en la política, en Santa Cruz. Adicionalmente -ya desde 2003-, la conformación de la nueva Corte se convertiría entonces en la excusa para dar comienzo a su sistemática cooptación de dirigentes, empresarios y magistrados. ¿Cómo se hace para dudar de un Presidente que, a contramano de la historia, propone jueces en apariencia independientes para integrar el máximo tribunal de justicia?

En tanto muchos procuran olvidarlo, Bonadío fue quien, entre otras cosas, sobreseyó a los secretarios privados de la Presidente en las causas que se les seguía por delito de enriquecimiento ilícito. Además, fue defendido públicamente en 2010 por los diputados ultrakirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, integrantes ambos del Consejo de la Magistratura. Estos dos hechos tal vez no se granjearían mayor relevancia, de no ser por el extendido estado de sospecha que se abate sobre los funcionarios de la Nación. Así como era lícito 'pensar mal' sobre aquel sobreseimiento, también podría sospecharse del apartamiento actual de Bonadío por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal, cuyos integrantes -Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler- son sospechados (cuándo no) de portar un kirchnerismo explícito. En rigor, se trata de la misma Cámara que confirmó la desestimación de la denuncia de Alberto Nisman y que casi aparta al Ariel Lijo de la causa Ciccone, poco después del pedido de indagatoria al Vicepresidente Amado Boudou -que oportunamente interpusiera el magistrado.

El conjunto de estas decisiones podría leerse como procederes normales en la administración de justicia, sino fuese porque ya es de común aceptación que el sistema se encuentra viciado desde sus raíces y entrañas. Desde la hoy olvidada marcha del "18F" por la muerte de Nisman que la ciudadanía viene suplicando por algo puntual: es hora de que la Justicia asuma su responsabilidad desde el inicio de un Gobierno, y no cuando se asiste a las últimas horas de éste. La cercanía del fin de ciclo hace que todo sea demasiado tarde; pecarán de no ser creíbles ante la sociedad, o de ser 'escarmentados' por aquella Administración a la que bien supieron servir.

Desde mediados de 2014, a partir del procesamiento del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, la secuencia de los hechos sería intolerable en una República que se preciara de ser normal: hacia fines del año pasado, la aparente 'guerra' desatada entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se pareció más a una extorsión recíproca. Luego, sobrevino la comentada denuncia de Alberto Natalio Nisman contra la propia Cristina Fernández. A posteriori, se registraron: la extraña muerte del fiscal, la marcha por su memoria, la desestimación de dicha denuncia, primero por parte de Daniel Rafecas, reemplazante de Bonadío en la causa Hotesur, y luego por la Cámara ya referida. La remoción del Juez subrogante Cabral, que a su vez, según publicara el diario La Nación, se encontraba negociando con el Gobierno. Y por último, el affaire Bonadío.

Con todo, un dato no puede soslayarse: entre la marcha del 18F y la desestimación de la denuncia, registróse un repunte en la imagen de la Presidente de la Nación. Su candidato, Daniel Scioli, seguía manteniendo una importante intención de voto. Por lo que la lectura caía de maduro: el poder del kirchnerismo permanecía casi intacto. La sociedad decidió neutralizar el efecto Nisman, y arrojar todo aquello que no quería ver al interior de un armario.

Y así se llega a este momento, en mucho, peor que el de 2001. Aquellos aciagos tiempos eran sólo de debacle económica; la catástrofe trajo aparejado un reclamo por transparencia que se iría diluyendo, a medida que las finanzas comenzaban a emprolijarse. Hoy, la mediocridad que caracteriza al ciudadano promedio lo invita al conformismo, dándose aquél por satisfecho en la medida que se le permita seguir comprando en doce cuotas, y en la medida pueda conservar su empleo. Nada le interesa sobre la corrupción institucional, así se trate de un Vicepresidente doblemente procesado, de un fiscal muerto, o de una jefe de Estado sospechada de lavado de dinero. En cualquier caso, las imperfecciones del sistema democrático subsisten: el día de mañana podrían sufrirlo Mauricio Macri, o hasta el propio Scioli... para que luego retorno el peronismo a 'rescatar' a la Patria.

Mientras tanto, en medio de lo que constituyó una postal tan patética como locuaz del momento que ahora padece la República -horas después del 'escarmiento' a Claudio Bonadío-, el candidato oficialista recaudaba fondos en una cena de gala, en compañía de los Pimpinela, Carlos 'Chino' Tapia, Nacha Guevara y Carlos Bilardo. En un segundo plano, la oposición -salvo honrosas excepciones-, hacía silencio. Como la sociedad a la que bien sabe representar.