Ley 25.520: Oscar Parrilli versus Perfil. Pero, ¿qué hay de César Milani y Sergio Szpolski?

En el tramo final de la Administración de la Presidente Cristina Fernández, sus funcionarios y mecenas continúan tropezando con errores de garrafal factura; en rigor, los mejores hombres del Gobierno Nacional se aferran a decisiones apresuradas, sin medir las consecuencias de éstas. Así las cosas, y a raíz de la revelación de un listado con los algo más de un centenar de aspirantes a espías en la nueva AFI (Agencia Federal de Inteligencia) por parte de Revista Noticias, Balcarce 50 se ha propuesto denunciar al medio de Jorge Fontevecchia por, según se afirma, quebrantar los considerandos de la Ley de Inteligencia, 25.520. En el ínterim, sobra decir que los jóvenes que exhiben la pretensión de acercarse al mundillo de los servicios carecen de la condición más elemental -en el mejor de los casos, la idoneidad de aquellos se ve respaldada por amistades con capitostes de La Cámpora, o con Oscar Parrilli y Julio De Vido. El Ministro de Planificación, por cierto, ha nombrado a su secretario privado para oficiar de mediador ante los tribunales de Comodoro Py. El hilo conductor de las Administraciones kirchneristas parece ser el intolerable tráfico de influencias, actividad que no se toma vacaciones.

Retomando el tema puntual bajo análisis, será útil recordarle a la Excelentísima Señora 'Presidenta' que, en verdad y desde hace ya algún tiempo, la legislación 25.520 fue violada por el General César Milani -señalado desde numerosos espectros por corrupto y/o genocida-. Milani atropelló la Ley en cuestión el 21 de febrero de 2010, oportunidad en que, a través de conexiones, logró que Revista 23 (cuya dirección está a cargo de Sergio Szpolski) publicó el listado completo de personal de inteligencia que otrora revistara en el Batallón 601 del Ejército Argentino. Aquella lista develó las identidades de un aproximado de 4.300 personas; entre ellos, se contaba a analistas y profesionales universitarios, reclutados bajo las más estrictas normas de selección de personal. Una vez aprobados los cursos, los agentes permanecían a prueba por un período de un año, bajo permanente supervisión.

Cuando la jefe de Estado firmó de puño y letra el Decreto 4/2010 -que liberaba del secreto a los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas-, hábilmente desclasificó la información que solo poseían los elementos del espionaje, en relación a determinadas causas relativas a derechos humanos. Ante el requerimiento de los tribunales, advirtió en aquel DNU que 'aquel que inflingiera la Ley 25.520 -más precisamente, los alcances de su Artículo 17-, no guardando la confidencialidad y el más estricto secreto, sería pasible de sanciones previstas en el Libro II, Título IX, Capítulo II, Artículos 222 y/o 223 del Código de Procedimientos en materia penal'. En efecto, rubricaron el Decreto la propia Fernández de Kirchner, Julio Alak (Ministro de Justicia) y Nilda Garré, por entonces Ministro de Defensa.

Este frugal recordatorio permitirá trasuntar que los fundamentos aquí expuestos no difieren mayormente de los esgrimidos hace cosa de horas por Oscar Parrilli en su vendetta personal contra Noticias; más aún, estas argumentaciones no le fueron aplicadas al regente de medios oficialistas Szpolski, al incurrir en idéntico delito con Revista 23. Más allá de cualquier consideración, puede concluírse que, en este apartado, fenece aquella entelequia que reza que las leyes rigen para todos, sin distinción ni discriminación. A no ser que, como parece ser el caso, los mercenarios mediáticos del subsistema cercano a la Casa Rosada exhiban privilegios.

Incluso el lector podrá tener a bien recordar la oportunidad en que el propio Sergio Szpolski, en enero de 2012, amenazara al periodista de Diario Clarín, Alejandro Alfie. Su peculiar modo de dirigirse al trabajador de medios: 'De mí no escribís más; vas a vivir en tribunales y te voy a hacer mierda, incluso te voy a escrachar y 

embargar'. Complementariamente, Szpolski -amigo entrañable de la libertad de expresión y los principios fundacionales de la democracia-, se refirió en otra ocasión al trabajo de Alfie de la siguiente manera: 'Es tan responsable el que lo publica, como el que lo dice; mañana te llega carta documento'.

A la luz de estos prolegómenos, la opinión pública y ciudadana debería preguntarse: ¿por qué ningún fiscal actuó de oficio para enjuiciar al General César Milani y al ladino Sergio Szpolski, en su rol de Editor de '23'?

A estas alturas, parece claro que Milani jamás consideró los alcances y la real magnitud del perjuicio provocado centenares de familias. ¿O acaso podrán certificarse las versiones que emergen de los corrillos del espionaje, en el sentido de que la nómina de agentes secretos del 601 fue comercializada al mejor postor por personal militar? A tal efecto, conviene reparar en la identidad de un personaje ya mencionado por otros medios de comunicación, el ex agente -¿o seguirá activo?- Gerardo Martínez, secretario general del sindicato UOCRA y acérrimo cristinista. Fuentes fidedignas entienden que el legajo de Martínez fue suministrado por el Suboficial Mayor del Ejército Argentino Joaquín Conrado Pereyra (DNI 14.422.995, se adjunta fotografía). Este elemento del Ejército Argentino fue, en su momento, socio comercial del mismísimo General Milani en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, coincidiendo temporalmente con el instante en que se hizo entrega subterránea del listado con los 4.300 del Batallón 601. Pereyra revistaba a las órdenes del Coronel Ruano, y César Milani ocupaba la J-II de Inteligencia. Atrevidos informantes en el Edificio Libertador recuerdan que este buen señor comerció el nombre del gremialista Martínez por la módica suma de US$ 100 mil. ¿Quién aportó los fondos? Pues, el Señor Montoto, un allegado al Frente para la Victoria y profundamente vinculado a obscuros negocios en el área de la Defensa. Los listados de referencia fueron revelados con la anuencia y aval de la sexagenaria Dra. Nilda Garré -quizás, en un momento de debilidad, auspiciado por el más fino whisky escocés. Mientras tanto, el buen señor y Suboficial Mayor continúa regenteando un restaurant de dudosa reputación en la localidad de Caseros.

De a poco, las pesadas puertas de los tribunales se abren, para dar la bienvenida a cualquier ciudadano, letrado o fiscal que se proponga iniciarle proceso penal al General de Cristina, Don César Milani. Gris uniformado que hoy se muestra enteramente dedicado a repotenciar chatarra y a anunciarla por nueva. Notable 'vendedor de humo verde' y 'primer personero de la traición', en palabras de los atrevidos informantes del Libertador. Apenas caricias, para un personaje que continúa acopiando denuncias por enriquecimiento ilícito, que honra de la mano del usufructo de mecanismos fraudulentos. Todo ello, al servicio de la 'Patria Grande' y la recalcitrante y binaria cleptocracia gobernante.

La moraleja para esta historia está llamada a ser cifrada en idioma latín: A superbia initium sumpsit omnis perditio ('La soberbia es el inicio de toda perdición').