Juan Carlos López Mena, Presidente por un día

El día primero de octubre, la llamada de las 11:52 de la mañana -sumada a otras que se efectuaron aquel día- seguramente perturbarán el buen desarrollo de las fiestas navideñas de los integrantes del gobierno.

Según han declarado ante la Justicia indagados y testigos, en aquella fecha, el presidente del BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay) le endosó su cargo, su autoridad, sus responsabilidades y sus directivas al empresario López Mena.

El funcionario de la institución financiera, Raúl García -quien fuera encargado de confeccionar el aval a la empresa española COSMO, equivalente a US$ 13,6 millones- declaró ante la Justicia que quien le dio las indicaciones de cómo hacerlo fue el dueño de la aerolínea BQB y la naviera Buquebús, Juan Carlos López Mena, por órdenes directas del presidente del BROU. Este último, lógicamente, cedió sus potestades por órdenes superiores. Y, en un caso de “obediencia debida”, el funcionario actuó en consecuencia, tal como lo hubiera hecho Calloia.

De acuerdo a las atribuciones que se le habían endosado, el hombre de negocios habría llamado ese día -en dos ocasiones- por teléfono al funcionario del BROU para darle indicaciones precisas. Le dijo, incluso, que el aval debía establecer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como beneficiario de la garantía. Lo lógico -y, por ende, legal- hubiera sido que el fideicomiso que administra los bienes de Pluna perteneciera a la órbita del beneficiario.

Por ello, el Ministerio de Economía debió hacer una cesión de los créditos al fideicomiso. Con ese documento, el organismo se presentó ante el BROU para cobrar, pero el servicio jurídico del banco entendió que no podía pagarle, puesto que la cesión no se efectuó correctamente. Ahora bien; quien intimó al banco fue el MEF, aunque se desconoce cuándo se efectivizará el pago.

El funcionario presente en el Juzgado del Crimen Organizado declaró haber sido contactado inicialmente por el presidente del BROU, Fernando Calloia, para decirle que iba a ser comunicado luego con López Mena tiempo más tarde. Con la meta de tramitar el aval y que actuara conforme sus instrucciones del empresario.

Luego, Calloia ordenó que se hiciera lo que López Mena dijera. De hecho, en su declaración ante la Justicia, Calloia declaró que se le otorgó el aval a Cosmo debido a que López Mena hizo las gestiones. De estas declaraciones se desprende que, nuevamente, Calloia abusó de sus funciones, al endosarla y al ordenarle al funcionario, que hiciera y escribiera lo que López Mena le ordenara.

¿Es legal abandonar funciones o cederlas a un privado para beneficio de una empresa? ¿Aceptaría un banco privado que un gerente general u otro funcionario de más alto rango ordenará al oficial de cuentas otorgar préstamos o fianzas de acuerdo a las instrucciones del cliente? ¿Cuánto duraría en su cargo ese funcionario, luego de constatarse dicha anomalía?

¿Qué responsabilidad observa un privado al que le son transferidas todas las responsabilidades de tal cargo? Lógicamente ninguna: no firmó, ni escribió. Solo pudo dar directivas u orientaciones que lo favorecieran y facilitaran el otorgamiento del aval al quien decía ser representante de COSMO, y que el BROU lo habría tomado como tal sin los papeles legales que lo acreditaran.

¿Qué sistema político (no hablamos de los protocolos bancarios serios) soporta que el presidente del Banco de la República ceda las responsabilidades, competencias y funciones a un privado y que, a posteriori, lo acuse de ser responsable de la errática gestión para otorgar la fianza (aval) para la empresa COSMO?

Lo más interesante de todos esto es que nadie ha informado si, en el momento de otorgar el aval, el “señor de la derecha” presentó la carta poder, legalizada en un consulado uruguayo, que lo acreditaba como representante de la empresa COSMO. Pues, de no haber ocurrido así, el aval se otorgó en forma personal al Sr. Calvo. Y si, acaso se presentó esa documentación: ¿en qué fecha se expidió? ¿En qué fecha ingresó al banco, y en qué fecha fue legalizada ante el consulado uruguayo correspondiente y en el MM. RR.?

Tampoco se ha confirmado si es real que, en el acta del remate se hace referencia a aquello de que “luego de escucharse varias ofertas, se optó por la mayor” cuando, en realidad, sólo existió una sola oferta. De comprobarse así, se constituiría otra duda: ¿fue confeccionada el acta antes (antedatada) o después del remate?

Desde su ya conocida irresponsabilidad, el gobierno continúa sin brindar una explicación a la ciudadanía frente a los entretelones del aval. Explicación que se encuentra obligado a darnos, pues de nuestros bolsillos saldrán los casi cuatrocientos dólares (US$400) que debemos cada uno de los tres millones de uruguayos... por el impulso mañanero del Presidente José Mujica y su contudente intención de clausurar PLUNA.