Desmontar el 8N, cualquiera sea el precio

La protesta salarial motorizada por el espectro raso de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval acaso haya servido de gatillo para exponer los alcances de una problemática cuyo tratamiento es necesario eludir, tanto para el subsistema político oficialista como para el opositor. El malestar -que ahora se ha desparramado peligrosamente entre otras fuerzas e incluso sindicatos que pugnan por nuevas paritarias- remite, por supuesto, al abuso de la remuneración "fija no remunerativa". O, en el slang suburbano, a la manipulación desprolija del "pago en negro".

Desde su esencia, el fenómeno del pago en negro o "Parte B" -conforme la nomenclatura utilizada en el sector privado- lleva un riesgo inherente de potencial implosión para el modelo sobre el cual la dirigencia justifica su supervivencia. Y el desbarajuste es extensible a cualquier rubro de la economía, sea estatal o privada. El propósito más visible, para cualquier administración, consiste simplemente en ahorrarle erogaciones futuras a la seguridad social y, en el proceso, destinarle solo un puñado de monedas a los jubilados del mañana. La ANSES -con el aval de, prácticamente, todos los juzgados del país y la Corte Suprema de Justicia- tiene a la estafa como única y perceptible orientación. Cuando no reconoce, abiertamente, que lo mejor sería que la clase pasiva actual se desvaneciese en un vaporoso santiamén.

De tal suerte que, aún cuando los reclamos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad surjan operativamente de los alcances destructivos derivados del Fallo Zanotti de Ricardo Lorenzetti y sus pares, la molestia está llamada a convocar a cada vez más adherentes. Porque el grito ya ha encontrado eco en múltiples sectores y su desactivación se ha convertido en una verdadera misión imposible para la Presidente de la Nación. En medio de la ruidosa protesta, la totalidad de los circuitos beneficiados por el abono de sumas fijas no remunerativas ha alzado la voz para que los manifestantes retornen, de una vez, a sus casas. Así, se ha visto a Mauricio Macri, Juan Urtubey y la suprema magistrada Elena Highton de Nolasco -entre otros muchos- plantarse en la vereda opuesta de lo observado en los edificios Centinela y Guardacostas, por la vía de expresiones que rozan con el ridículo. Es que, sin contar al Gobierno Nacional y sus ministerios, no existe provincia ni distrito del país que no eche mano de la economía negra para solventar su funcionamiento. Escenario en donde no interesa mayormente el color partidario de los portavoces: estos necesitan alimentar la silenciosa continuidad de un status quo que solo sabe fogonear miseria para jubilados y pensionados. El abono a perpetuidad en "Parte B" equivale a un futuro abundante en privaciones y padecimientos para millones de ciudadanos. En tiempos presentes, su utilidad está a la vista, puesto que lo que debiera percibirse en blanco va a parar -al final del día- a la caja política. Generadora de formidables dirigentes que solo justifican su razón de ser en la confección de obras y discursos dilapidando el dinero del sumiso contribuyente.

No puede perderse de vista que incluso los referentes de la oposición se expresan -en privado, pero con firmeza- contrarios a las quejas ciudadanas presentadas en movilizaciones como la acontecida el pasado 13 de septiembre, o en la que se programa para el 8 de noviembre próximo -8N-. Demostración que, sin lugar a dudas, será masiva. Se trata del reconocimiento explícito de que su reinado como dirigentes se encuentra bajo fuego, con un previsible riesgo de Jaque Mate. Servirá de prueba para respaldar esta hipótesis el documento suscripto recientemente por legisladores oficialistas y sus pares de oposición (Eduardo Amadeo, Patricia Bullrich, Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra) con la poco verosímil meta de "salvaguardar las instituciones democráticas".

Si Balcarce 50 declama no disponer de una solución plausible para hacer frente a la demanda de gendarmes, suboficiales de Prefectura y el elemento de las Fuerzas Armadas que ahora se pliegan, de a poco, al petitorio, ello se explica en dos sencillas razones. La primera (reflejada en la frialdad de las cifras) consiste en que los dineros del Estado se han evaporado sin remedio. La segunda se fundamenta en la públicamente conocida cerrazón de Cristina Elisabet Fernández Wilhelm a la hora de negociar. Acorralada por la bomba de tiempo de subsidización que ella misma ha programado, con el objetivo de ganar las elecciones de octubre de 2011, se sabe sin escapatoria. Como complemento, la entrega de Arce y Schenone le impide hacer rodar (al menos, de momento) la cabeza de la Ministro Nilda Garré. Sucede que, en esta instancia, ceder un ápice le significaría reconocer que su poder se ha diluído por completo. En el ínterin, hasta en la propia Casa de Gobierno la pregunta del millón se esfuerza en dilucidar para quién juega, efectivamente, el Teniente Coronel Sergio Berni, en tanto que la Secretaría de Inteligencia -dato que se les ha escapado a muchos analistas- obvió, adrede, reportar sobre la crisis de seguridad que se encontraba a un tris de la detonación. En momentos en que la frase de moda reza "Ahora se nos planta cualquiera", el hecho de que encumbrados funcionarios cristinistas se encuentren a sí mismos dudando a viva voz sobre el estado de la psiquis de la jefe de estado, no es poca cosa. El silencio que impera en la Casa Rosada es todo un reflejo: para el mediodía, pocos empleados permanecen en el edificio. Desde luego que otro condimento que aporta al diagnóstico deberá, por fuerza, concluir que lo que está sucediendo puertas adentro de la Administración parte de una interminable sucesión de sanguinolentas vendettas entre las microcorporaciones nestorista y cristinista. Descarnada mise-en-scène de la que son protagonistas obligados Nilda Garré, el General César Milani, Sergio Berni, y el pulido agent provocateur Aníbal Fernández. En cualquier caso -y, a raíz de la ríspida personalidad de los actores involucrados-, lo que sorprende es por qué las esquirlas del culebrón no saltaron mucho antes.

En la cúspide expresionista del desconcierto oficial, reposa una confesión compartida por más de un alto responsable del gobierno. Esta se atiene a la faena destinada a desmontar el escenario de movilización ciudadana del 8N, pero resulta ineludible que el cóctel explosivo de la protesta en las fuerzas tomó a la Presidente y sus otrora bien entrenados dignatarios por sorpresa. El efecto más nocivo de la debacle en el rubro de la seguridad es que Cristina Fernández Wilhelm -está visto- se ha quedado sin el recurso humano potencialmente necesario para hacer cumplir cualquier legislación o Decreto de Necesidad y Urgencia que persiga disuadir a los ciudadanos de manifestarse. En esta encerrona con enfoque de caja negra -por cuanto sus mecanismos son de anticipación imposible-, los ministros tampoco pueden permitirse el lujo de efectuar declaraciones grandilocuentes que pudieren caldear aún más los ánimos. A no ser que la estrategia oficial termine de orientarse hacia la provocación desmedida, a caballo de a repetición de la acusación destituyente y la identificación personalizada de los supuestos arquitectos de un putsch que nadie olfatea. Toda vez que determinado núcleo de aparentes referentes de la Rosada no estén pensando en la alternativa viable de la búsqueda de la inimputabilidad, para ser explotada por las más altas esferas del circuito decisional.

El párrafo anterior bien podría constituírse en el prólogo -mas no necesariamente en el epílogo- de esta historia. Se ha citado un rango variable de torpezas que, de súbito, observan la potencialidad de multiplicar en varias veces la cantidad de individuos que se aprestan a salir a las arterias y plazas del país dentro de poco más de treinta días.

Cualquiera sea el resultado de la crisis de seguridad, los más fieles personeros del Gobierno Nacional podrían apostarlo todo a los números devueltos por el cómputo final de los comicios venezolanos. "Siempre nos quedará Caracas", se atreverá a apuntar alguno de aquéllos.

O, quizás, tampoco.

Matías E. Ruiz, Editor
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