Política migratoria imperial

El pasado viernes, el Departamento de Seguridad Interior de la administración Obama hizo público un memorándum comentando a los responsables de inmigración de Estados Unidos cómo deberían “hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación con ciertos jóvenes que fueron traídos a este país como niños y que el único hogar que conocen es este país”.

El movimiento de la administración es un intento de implementar los elementos principales de la ley DREAM, un controvertido proyecto de ley que ha sido propuesto ante Congresos controlados tanto por demócratas como por republicanos pero al que siempre le han faltado votos para ser aprobado como ley.

Habiendo fracasado en el Poder Legislativo, ¿cómo puede hacer esto el Ejecutivo?

La administración insiste en que tiene una amplia “discreción procesal” en lo que respecta al cumplimiento de la ley de inmigración. Nadie duda de que los jueces, los fiscales y las autoridades policiales deberían tener discreción sobre qué cargos imputar y cómo administrar algunos casos en particular. Aunque siempre hay excepciones a la regla. Pero la orden del viernes, que usa el término discreción unas 10 veces, parece ir más allá de la discreción hasta el punto de crear un esquema normativo contrario a la ley actual. Por tanto, la excepción se ha convertido en la regla.

Imagine a un jefe de policía instruyendo a los miembros de la fuerza policial para que no expidan multas por exceso de velocidad a nadie de menos de 26 años, independientemente de cuán rápido estuviera yendo el conductor. Eso no es discreción, eso es una instrucción normativa que cambia el significado de la ley. El antiguo jurista de la administración Bush John Yoo va más lejos aún:

Imagine el precedente que esta afirmación crearía. El presidente Romney podría bajar los tipos impositivos simplemente diciendo que no usará los recursos de las autoridades policiales para procesar a alguien que rehúse pagar el impuesto a las ganancias del capital. O podría revocar Obamacare simplemente rehusando a multar o procesar a alguien que lo viole.

Como cuestión de normativa, existen formas razonables y adecuadas para abordar el problema de los inmigrantes ilegales menores de edad que defendería los principios de la reforma de la inmigración y no abriría la puerta a una amnistía general. Encontrar una solución real mediante el proceso legislativo daría a la ley legitimidad y una mayor permanencia y podría incluso resultar en un acuerdo entre ambos partidos. Sería parte de una iniciativa más amplia para encontrar soluciones efectivas, razonables y proinmigración para salvaguardar las fronteras de la nación, fomentar el Estado de Derecho y administrar un sistema de inmigración y naturalización justo y positivo.

El problema fundamental es que la administración está tratando de implementar leyes que el Congreso no ha aprobado. El mismo presidente ha admitido que él no tiene la autoridad constitucional para implementar la ley DREAM: “La idea de hacer las cosas por mi cuenta es muy tentadora, se lo prometo, no sólo respecto a la reforma de la inmigración. Pero así no es como funciona nuestro sistema. Así no funciona nuestra democracia”, comentó el año pasado ante unos activistas hispanos.

De hecho,  la orden ejecutiva parece reconocer sus defectos constitucionales: “Este memorándum no confiere un derecho sustancial, un estatus inmigratorio o un camino hacia la ciudadanía”, admite el documento. “Sólo el Congreso, actuando mediante su autoridad legislativa, puede conceder esos derechos”. Aunque lo que la administración no puede lograr por la vía legal, parece estar decidida a conseguirlo por la vía de los hechos.

La administración está creando el hábito de sobrepasar sus límites. El pasado otoño otorgaba amplias dispensas para la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás si los estados implementaban estándares educativos nacionales no autorizados por el Congreso. “El Congreso no ha sido capaz de hacerlo, yo sí”, anunció entonces Obama. Luego están los nombramientos en receso por parte del presidente cuando el Senado no está en receso. Y la lista sigue.

En nuestro sistema de gobierno, el Congreso es el Poder Legislativo y es responsable de elaborar las leyes. Se supone que los presidentes “ejecutan fielmente” las leyes en la medida de sus capacidades, no que las reformen para que se ajusten a sus propios objetivos de aplicación de las normativas.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.

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