Raúl Castells, preso político

El episodio que enfrenta a Raúl Castells con el Presidente Néstor Kirchner amenaza con convertirse en una fiel analogía de lo que en su momento fue el duelo entre Carlos Menem y Norma Plá (representante del movimiento de jubilados). En su momento, Plá -ya fallecida- organizó manifestaciones a Plaza de Mayo para protestar contra la política oficial para con los jubilados del país. Tiempo después, en un oscuro y confuso episodio, un policía federal le arrebató la peluca a Plá. La comparación entre los contrapuntos es válida, pero la diferencia es que con Néstor Kirchner no se juega : Raúl Castells estuvo preso por la intervención "de oficio" de un fiscal, sin el debido proceso y sin siquiera haber sido denunciado por las autoridades del casino Gala de Resistencia, Chaco, donde teóricamente ingresó para pedir dinero. Tampoco McDonalds lo denunció cuando ingresó a los locales de 9 de Julio y Corrientes, pero una intervención de la fiscalía de turno lo envió nuevamente a la cárcel. La furia de Kirchner contra las críticas de terminó de confirmar cuando, días trás, un grupo de empleados de ATE -destinados en Casa Rosada- propusieron hacer un paro y una pequeña manifestación en la Casa de Gobierno. El resultado : fueron inmediatamente a prisión y sólo salieron en libertad porque Kirchner entendió que "se le había ido la mano" y que hasta incluso los medios oficialistas comprados le pasarían factura. Castells es, a todas luces, un preso político. Y su condición brilla con más fuerza si se tiene en cuenta que su colega -aunque de veredas diferentes- Luis D Elía, tomó con el uso de extrema violencia una comisaría de la Policía Federal en la Boca, destruyendo propiedad estatal, robando bienes, haciéndose de los fondos de la caja chica de la repartición, e incluso llevándose armas de fuego. Y no fue preso. Ni siquiera fue citado a declaración. El mismo delito tendría en los Estados Unidos, una pena de prisión de 10 años como mínimo, ya que los delitos contra la propiedad federal se castigan con justa dureza. D Elía, acusado de liderar una especie de guardia pretoriana que opera tácticamente para el Presidente Kirchner, está protegido por sus fueros de diputado provincial. Lo cuestionable es, que aún tras haber sido sorprendido in-fraganti en este caso, nadie procedió a su detención, y las voces del fuero judicial que llamaron la atención sobre el tema fueron "debidamente" silenciadas. Lo que es más : el piquetero oficialista contó con la alevosa protección de la Administración de turno, y más teniendo en cuenta que ninguno de los funcionarios responsables del área de seguridad en el Gobierno actual pudieron ser citados por la toma de la comisaría. D Elía sostuvo oportunamente que la toma de la repartición se debió al hecho de que los policías no habían hecho nada para detener al autor del homicidio de uno de sus piqueteros. No sólo la excusa tuvo ribetes ridículos, sino que luego se comprobó que el piquetero asesinado traficaba drogas en el barrio de la Boca, y como no podía ser de otra manera, trabajaba para D Elía. La provocación de los piqueteros oficialistas fue aún más lejos, cuando sus tropas se presentaron "espontáneamente" en las estaciones de servicio de Shell para protestar porque la petrolera había subido sus precios. Coincidentemente, los piqueteros actuaban como ordenados por el Presidente Kirchner, que por esos días se ufanaba ante la prensa de que él sólo podía hacer quebrar a las empresas que "no trabajaban por el país". Los funcionarios allegados a Kirchner desmintieron hasta el cansancio la relación entre el Presidente y sus piqueteros. Pero las argumentaciones sonaron pobres a los ojos de la ciudadanía y la imagen pública del primer mandatario bajó con virulencia. Mientras el grupo de piqueteros del impune D Elía continúa haciéndose de recursos financieros del Estado y cometiendo tropelías con el guiño de los bizcos, Raúl Castells ha probado todos los sinsabores de las cárceles argentinas, y se ha vuelto un experto en cuestiones relacionadas con la huelga de hambre y los problemas de salud derivados de ella. Puede ser que los métodos de Castells tengan poco que ver con un reclamo democrático. Y también tendrá que dar las explicaciones del caso por el aparente uso indebido que hace de las donaciones que recibe en materia de dinero y alimentos. Pero la cuestión que subyace es la percepción ciudadana -ya confirmada-, de que Castells está pagando con creces el precio de ser un firme y auténtico opositor al doble discurso del gobierno kirchnerista.