Se diluye la elección de comisarios por voto directo en Buenos Aires

El Ejecutivo provincial decidió modificar el proyecto original de creación de las policías comunales para establecer que, a partir del 2007, los comisarios que estén al frente de esas fuerzas sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos del distrito respectivo, en elecciones separadas de las generales, en lugar de ser designados -como prevé el actual texto de la iniciativa- sólo por el voto de los vecinos que integren los foros de Seguridad. Una decisión que implica también el rechazo de la propuesta de algunos intendentes para ser ellos, con los Concejos Deliberantes, los que designen a esos jefes policiales. Esta será, entonces, la segunda reforma sustantiva que se introducirá en el proyecto original, ya enviado a la Legislatura. La otra, como se había anticipado, determinará que las policías comunales podrán crearse sólo en los 95 municipios del interior de la Provincia que tienen menos de 70 mil habitantes, pero para ellos su implementación será optativa, según la decisión que tomen en ese sentido sus intendentes y concejos deliberantes, mientras que la primera idea era que la creación de estas fuerzas fuera obligatoria para ese grupo de comunas. Precisamente, la idea original era hacer lo más directo posible el acceso de la ciudadanía a cuestiones relacionadas con la seguridad, dado que estaba en manos de los electores la designación de tal o cual comisario, por voto directo. Pero luego de recibir fuertes presiones por parte de los intendentes del Conurbano y toda la provincia, el Gobernador Felipe Solá debió desistir y filtrar las ideas más revolucionarias del proyecto. Expertos han señalado que la crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires no sólo tiene relación con la corrupción entre los jueces y la lentitud del sistema judicial, sino que el factor principal lo constituye el hecho de que la Policía hace las veces de "tropa" para los negocios oscuros de los intendentes. Así se da en cuestiones relativas al juego clandestino, el tráfico de drogas e incluso la reducción de automotores. En este último caso, es conocido el modus operandi de los ladrones, que son elegidos mayormente menores de edad por la imposibilidad de ser encarcelados. Estos menores reciben encargos para robar una marca y modelo determinado, y cobran $400 por unidad. Acto seguido, los entregan a intermediarios, que cobran $10,000 aproximadamente por unidad robada y son vueltos a poner en el mercado en forma de autos mellizos. En la operatoria es común la participación de uniformados de la Policía Bonaerense, que responde a intereses de intendentes -que son siempre los dueños de desarmaderos de automóviles-. Las zonas de donde se sustraen los automóviles son previamente "liberadas" por la Policía, y en ese momento se produce el hurto del vehículo. La elección de autoridades policiales claramente terminaría con gran parte de este sistema de corruptela, eliminando la base del negocio de los intendentes y los concejales. Este es el motivo político de peso para oponerse a tal iniciativa.